CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION METROPOLITANA con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, once de enero de dos mil diecinueve.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña Carolina Jesús Lavín Aliaga, abogado, Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región Metropolitana, Presidente del Consejo Directivo y representante legal de la Corporación de Asistencia judicial de la Región Metropolitana, quien interpone recurso de protección en contra de don René Morales Rojas en su calidad de Contralor Regional de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, por la dictación del acto ilegal y arbitrario consistente en el Dictamen N° 11.832 de 17 de octubre de 2018, por el cual dispuso: - Regularizar los contratos de trabajo y jornadas laborales de sus funcionarios (CAJ) en un plazo de 20 días hábiles desde la notificación del oficio; - Proceder que la repartición pública remunere retroactivamente a sus funcionarios (CAJ), los 30 minutos destinados a colación, dado que para estos efectos, este período es parte de la jornada laboral; - Respecto de aquellos funcionarios que trabajaron 9,5 horas diarias, esto es 47.5 semanales, se les remunere retroactivamente la diferencia de tiempo que exceda la jornada ordinaria de trabajo de 45 horas semanales; - Según el inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo, los derechos contemplados en ese estatuto prescribirán en un plazo de dos años contados desde que se hicieron exigibles, términos que se interrumpe, por el reclamo formal del interesado o de quien lo represente ante la Contraloría, por lo que sólo proceden los anotados pagos retroactivos hasta 2 años contados hacia atrás desde el 21 de Diciembre de 2017, fecha de la presentación de la asociación ocurrente.- Señala que este acto constituye una evidente privación, perturbación y amenaza del legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que la Carta Fundamental reconoce a todas las personas naturales y jurídicas, contenidos en los numerales 2, 3 inciso 5º y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide se deje sin efecto el Dictamen N° 11.832, o cualquier otra medida que se estime pertinente para el restablecimiento del imperio del Derecho, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago solicitó informe a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana al tenor de la presentación realizada por dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios de la referida Corporación (ANFUC), quienes pidieron pronunciamiento del órgano contralor a fin de dilucidar si a los funcionarios de la recurrente les resulta aplicable lo establecido en el Decreto N°1.897 de 1965 del Ministerio del Interior.

Indica que mediante Oficio N° 46 de 2018 la Corporación de Asistencia Judicial informó a la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, que el régimen estatutario de los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana de Santiago, en conformidad a la Ley N°19.263 corresponde al Código del Trabajo y por ello, sólo tienen aquellos derechos establecidos en sus contratos de trabajo, por lo que no cabe la aplicación de una norma reglamentaria de menor jerarquía, que por lo demás ha de entenderse tácitamente derogada respecto de los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, mediante la dictación de una ley posterior. Siendo aplicable el Código del Trabajo, ha de aplicarse el artículo 34 del referido cuerpo legal, que en su inciso 1º señala: “La jornada de trabajo se dividirá en dos partes, dejándose entre ellas, a lo menos, el tiempo de media hora para la colación. Este período intermedio no se considerará trabajado para computar la duración de la jornada diaria”.

Precisa que el artículo 5 del mismo Código establece que los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo y que, el aparente conflicto normativo, se encuentra resuelto por la jurisprudencia administrativa, ya que el Dictamen N°70.674 de 2013, reconsidera la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N°41.611 de 1995, 10.550 de 2009, 65936 de 2010, 70.476 de 2011 y toda otra jurisprudencia contraria al referido pronunciamiento en el sentido expresado.

Expone que el actuar de la recurrida constituye un acto ilegal y como primera ilegalidad, denuncia que la recurrida concluye, sin justificación jurídica alguna y por el sólo hecho de ser los dependientes de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, funcionarios públicos, les resulta aplicable lo dispuesto en el Decreto N° 1.897 de 1965.

No obstante, la aplicación de la norma en comento, resulta ilegal, por cuanto el Código del Trabajo es una ley y el Decreto 1.897 de 1965 es un acto administrativo, al ser un reglamento. Por ello, no resulta posible la aplicación de un criterio de especialidad en un aparente conflicto de normas, toda vez que el referido criterio sólo es aplicable cuando las normas tienen la misma jerarquía, lo que en la especie no ocurre.

El dictamen impugnado, desatiende el espíritu de la ley N° 19.263 de 1993, y el espíritu de la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, la cual ha sostenido que el régimen estatutario de los funcionarios públicos regidos por las normas aplicables al sector privado es el Código del Trabajo, al privar de todo valor al pacto suscrito por las partes en los contratos de trabajo en los cuales queda expresada la voluntad de no imputar el horario de colación a la jornada de trabajo, en conformidad a lo previsto por el artículo 34 del Código del Trabajo.

Como segunda ilegalidad, reclama que la aplicación del Código del Trabajo debe ser íntegra y no parcial. En efecto, el dictamen recurrido intenta por medio de una torcida y errada interpretación de normas aplicar parcialmente el Código del Trabajo, pese a la jurisprudencia de la Contraloría General, que señala que respecto de los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana no procede la aplicación de lo prescrito en el artículo 34 del Código del Trabajo en cuanto a la jornada de trabajo, no obstante lo cual si resulta aplicable lo previsto en el artículo 510 del estatuto laboral en cuanto a los plazos de prescripción del cobro de las prestaciones que señala el propio dictamen que deberían pagarse.

Como tercera ilegalidad, denuncia que la interpretación realizada por la Contraloría Regional Metropolitana, se funda en una norma tácitamente derogada por la Ley N°19.263, la que excluye la aplicación de normas reglamentarias dictadas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley. En dicho sentido, hace presente que el Código del Trabajo tiene carácter de ley siendo publicado el 16 de enero de 2003 y la Ley Nº19.263 que fija las normas aplicables al personal de las Corporaciones de Asistencia Judicial, es de 10 de noviembre de 1993, sin embargo, la normativa que regula la jornada única es de carácter reglamentario y fue dictada el 26 de noviembre de 1965.

Destaca que la Ley 19.263 es del año 1993, es decir, posterior a la dictación del mentado decreto, y por tanto establece que el estatuto que regula a los funcionarios del Servicio es el Código del Trabajo, por lo que necesariamente no se aplica a las Corporaciones de Asistencia Judicial lo previsto en el referido Decreto N°1.897 de 1965, no sólo por el carácter especial de la normativa que las regula, sino que además, por el criterio temporal, al ser estas normas posteriores a la entrada en vigencia del Decreto N° 1897 de 1965, que lo derogaron tácitamente en su aplicación En cuanto a la cuarta ilegalidad, denuncia infracción al artículo 6 en relación con los artículos 9, 17, 19 de la ley Nº 10.336 y 6, 7, 19 N° 3. 63 N°2, 3, 4 y 20 y 98 de la Constitución Política. Al efecto, señala que la Ley N°10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, fija las atribuciones y competencias de ésta, estableciendo en su artículo 6 que: “Corresponderá exclusivamente al Contralor informar (...) en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen”. El ejercicio de esta atribución se efectúa mediante dictámenes.

En dicho contexto, el Dictamen impugnado resulta un acto ilegal, por cuanto excede las facultades interpretativas que la ley Orgánica Constitucional y la Constitución Política entregan a la Contraloría General de la República, ya que mediante el mismo se pretende cambiar la regulación de una materia que es de exclusivo resorte legal, como es el mandato contenido en la Ley N° 19.263, por medio de la aplicación de una norma de inferior jerarquía.

Asimismo, las facultades interpretativas de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, no pueden alterar la voluntad de las partes manifestada en el vínculo contractual.

En cuanto a la quinta ilegalidad, denuncia una carencia de motivación y fundamentos del dictamen, que infringe los artículos 8º y 19° N° 2 de la Constitución Política y los artículos 11, 80, 40 y 41 de la Ley N°19.880, ya que las normas citadas, obligatorias para los órganos de la administración del Estado, son aplicables a la Contraloría Regional Metropolitana.

Sostiene que el dictamen impugnado no cumple con el estándar requerido para cualquier acto administrativo y que en definitiva implica que debe necesariamente ser fundado, explicitando todos los elementos de juicio, razonamientos y conclusiones que ha debido tener la administración para formarse la convicción respecto de un asunto. En la especie, el acto recurrido no explícita los fundamentos de su decisión, detallando por ejemplo, la eventual primacía de una norma reglamentaria por sobre disposiciones legales expresas, no señala la razón jurídica por la cual una norma de carácter reglamentario del año 1965 tiene preponderancia por sobre normas constitucionales y legales dictadas con posterioridad, razonamientos básicos que permitirían al Servicio no sólo cumplir el mandato del órgano contralor, sino adaptar su normativa interna y contractual a sus disposiciones.

En relación a la sexta ilegalidad, denuncia que las Contralorías Regionales, detentan el control jurídico preventivo del actuar de los Órganos de la Administración, el cual, conforme al artículo 3º de la Ley N°19.880, consiste en decisiones formales que emiten los Órganos de la Administración del Estado, en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. En el caso de la Corporación, su Director General, emite actos administrativos denominados Resoluciones que pueden ser afectas o exentas de toma de razón. Si del juicio de conformidad -toma de razón-, no se advierte el respeto a la juridicidad en el acto administrativo, deberá abstenerse de tomar razón y representarlo por no ajustarse a Derecho.

Expresa que los actos administrativos correspondientes a contrataciones de personal, en General, salvo las excepciones que contemplaba el numeral 7.1.1 de la Resolución N°1600 de 2008, eran remitidos por la recurrente al Órgano Contralor para efectos del control de legalidad, situación que se continuó realizando con la entrada en vigencia de la Resolución N°10 de 2017 (1 de abril de 2017), con la particularidad que conforme a lo establecido en el numeral 12 de su artículo 6, ahora sólo quedaban afectos al trámite de toma de razón los contratos regidos por el Código del Trabajo, cuya remuneración bruta mensual fuere superior a 35 unidades tributarias mensuales.

Precisa que durante el periodo que ha determinado la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el Dictamen impugnado, que la recurrente debe remunerar retroactivamente a sus trabajadores los 30 minutos destinados a colación y la diferencia del tiempo que exceda la jornada ordinaria de trabajo, (2 años contados hacia atrás desde el 21 de diciembre de 2017), la Corporación ha remitido para el control de juridicidad preventivo del Órgano Contralor, innumerables Resoluciones afectas al trámite de toma de razón que aprueban contratos de trabajo con jornadas que incluyen tiempo de colación de media o una hora y que no son imputables a la jornada de trabajo, sino de cargo del trabajador, procediendo el organismo contralor a tomar razón de ellos.

Concluye que si el Contralor Regional Metropolitano de Santiago, estima que a la Corporación de Asistencia Judicial se le debe aplicar retroactivamente el Decreto N°1.897 de 1965 del Ministerio del Interior hasta del 21 de diciembre de 2015, debió necesariamente haber representado los actos administrativos afectos a toma de razón por ser ilegales en cuanto a la jornada establecida en dichos contratos, ya que sin toma de razón simplemente no existe la decisión administrativa, y no obstante el referido Contralor, optó por tomar razón de estos actos administrativos, validándolos por encontrarse ajustados a Derecho.

Estima que carece de toda lógica que, habiéndose tomado de razón los actos administrativos aprobatorios de las jornadas de trabajo de los funcionarios de la Corporación y habiéndose realizado auditorías de estos contratos, posteriormente se ordene, sin justificación alguna, regularizar estos mismos contratos de trabajo y las jornadas laborales indicadas en ellos, lo que constituye una vulneración a lo dispuesto en el artículo N°19 N°2 de la Constitución Política de la República, relativa a la igualdad ante la ley y prohibición de discriminaciones arbitrarias, lo que se traduce en la amenaza objetiva de la garantía contemplada en el numeral 24 del referido artículo, al imponer de manera arbitraria un mecanismo de pago de jornadas laborales retroactivamente.

En este sentido, invoca la teoría de los actos propios al cumplirse los requisitos de una conducta jurídicamente relevante desplegada por un sujeto frente a una situación determinada; una pretensión incompatible; una contradicción; y la identidad de sujetos En relación a la arbitrariedad del acto impugnado, expresa que el actuar de la recurrida es doblemente antijurídico, toda vez que además de ser ilegal en la forma es, además, arbitrario, toda vez que ante la evidente falta de fundamentación, no existe sustento constitucional, legal, ni fáctico para dar el sentido que el Contralor Regional Metropolitano pretende dar a las normas que aparentemente se encuentran en conflicto, ni para pasar por alto las propias instrucciones de la Contraloría General de la República en cuanto el Código del Trabajo constituye el régimen estatutario de los funcionarios públicos regidos por la citada norma legal.

Sostiene que el acto no ha sido expedido por la Contraloría en el correcto uso de sus facultades, sino como resultado de una denuncia practicada por una asociación de funcionarios, donde la arbitrariedad se presenta en el pronunciamiento, alejado de la razón y las leyes que regulan a la recurrente.

Cita jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República en dictámenes tales como el N°15.987 de 2004.

Concluye que la interpretación entregada por la Contraloría General en sus diversos dictámenes relativos a esta materia, es que aquellos servicios públicos regidos por el Código del Trabajo, en cuanto estatuto regulador, no pueden más que estarse a lo que las partes hayan pactado en el respectivo contrato de trabajo.

Destaca que el cambio de criterio significa para el servicio recurrente, que en la práctica, la Corporación de derecho público con patrimonio propio deberá asumir el pago de una suma aproximada de $2.000 millones por concepto de remuneraciones retroactiva como manda la Contraloría.

En relación a la privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales, explica que los derechos que la Constitución Política de la República garantiza y que han sido vulnerados por el acto impugnado son los siguientes:

1.- Artículo 19 N° 2, relativo a la igualdad ante la ley y a la prohibición de establecer diferencias o discriminaciones arbitrarias. Sostiene que la recurrida discrimina arbitraria y abusivamente sin que hayan variado las normas jurídicas aplicables a la situación específica. En efecto, la recurrente ha sido objeto de una discriminación arbitraria en la aplicación e interpretación de la ley, por medio de un aparente conflicto interpretativo entre normas de distinta jerarquía, puesto que ha regulado por medio del acto impugnado, al margen de la ley, la aplicación de la jornada única a los funcionarios públicos regidos por el Código del Trabajo, incurriendo en una discriminación arbitraria.

En definitiva, esta conculcación se produce al efectuar una interpretación normativa en forma errada y antojadiza, atentando contra el texto legal expreso, el espíritu de la legislación, los dictámenes y los informes vinculantes de la propia contraloría, aun cuando no se ha producido cambio en la normativa legal aplicable en la especie.- En relación a la infracción a la Prohibición de ser juzgado por comisiones especiales del artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental, sostiene que la Contraloría General de la República al dictar un dictamen fuera de sus facultades, afectando los derechos del recurrente, actúa como una comisión especial.

En lo que dice relación con la actuación de funcionarios fiscalizadores, se ha dicho que se excede en el marco de sus atribuciones, al interpretar situaciones jurídicas cuyo conocimiento es propio de los Tribunales de Justicia o de otra autoridad designada por la ley, vulnerando de esta forma la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales. En la especie, se violó esta garantía constitucional, al constituirse la Contraloría Regional en una comisión especial al pretender modificar por vía interpretativa un texto legal expreso, cuestión que es propia de ley y cuyo órgano naturalmente competente es el Congreso Nacional, constituyendo, además, una grave falta al principio de legalidad en su aspecto atributivo, toda vez, que la recurrida, en el caso sub lite, se está auto atribuyendo facultades de las cuales carece.

En cuanto al derecho de propiedad contenido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política hace presente que, la recurrente tiene el derecho de propiedad sobre los derechos a la igualdad ante la ley y el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, de forma tal que la única forma de privar de un derecho es por medio de una expropiación.

Asimismo, indica que se presenta esta vulneración en atención a la naturaleza jurídica del servicio recurrente, esto es, el de una Corporación de Derecho Público de carácter descentralizado que tiene patrimonio propio, que se encuentra constituido por la asignación que le corresponde del presupuesto del Ministerio de Justicia, más aquellos recursos obtenidos por costas judiciales y convenios municipales. De esta forma, la decisión de la recurrida afecta o al menos amenaza el presupuesto de este servicio en una cantidad aproximada de $2.000.000.000, significando un 10% del presupuesto anual, lo que de manera evidente afectará gravemente el cumplimiento de su deber constitucional y la garantía de toda persona de acceder a la defensa jurídica en la forma que señala la Ley.

Concluye que frente a la amenaza de ver mermado su presupuesto, podría afectar el funcionamiento de los 118 Centros de Atención Jurídico y Sociales desplegados en 4 regiones del país, es que se ha conculcado por el Dictamen l\I°11.832 ya referido el Derecho de propiedad protegido en el artículo 19 N°24 de nuestra Carta Fundamental Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1.- Dictamen N°11.832 de 2018 de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago; 2.- Dictamen N°54.296 de 2014 de la Contraloría General; 3.- Dictamen Nº70.674 de 2013 de la Contraloría General; 4.- Dictamen N°50.252 de 2008 de la Contraloría General; 5.- Dictamen N°55.490 de 2016 de la Contraloría General; 6.- Dictamen N°24.823 de 2002 de la Contraloría General; 7.- Dictamen N°55.344 de 2006 de la Contraloría General; 8.- Dictamen N°41.111 de 2008 de la Contraloría General; 9.- Dictamen N°49.757 de 2002 de la Contraloría General; 10.- Dictamen N° 39.628 de 1974 de la Contraloría General; 11.- Oficio N° 46 de 2018 de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región metropolitana de Santiago, dirigido a la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago; 12.- Informe Final de investigación especial N° 137 de 2016, sobre presuntas irregularidades ocurridas en la Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana; 13.- Set de 7 Copias de Contratos de Trabajo de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana, desde el 2015 hasta el 2018, cuyos actos administrativos fueron tomados de razón por el Organismo Contralor; 14.- Decreto N°334 de 2018, correspondiente al nombramiento de la suscrita como Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región Metropolitana.

Tercero: Que, evacua el informe requerido el Contralor Regional de la I Contraloría Regional Metropolitana Valentín Letelier don René Morales Rojas, quien solicita se desestime en todas sus parte el recurso de protección deducido, toda vez que al emitir el Oficio N°11.832 de 2018, ha actuado en ejercicio de facultades constitucionales, sin que exista ilegalidad o arbitrariedad alguna.

Funda sus alegaciones, señalando que el 21 de diciembre de 2017, doña nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, dirigentes nacionales de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana -ANFUC-, recurrieron a la Entidad Fiscalizadora para solicitar un pronunciamiento que determinara si corresponde que se aplique a los trabajadores de dicha institución la jornada única o continua de trabajo prevista en el decreto N° 1.897, de 1965, del entonces Ministerio de Interior, conforme al cual el tiempo destinado a la colación debe ser imputado a la jornada de trabajo.

Expone que a fin de obtener mayores antecedentes, el Organismo Contralor requirió de informe a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, quien manifestó que el régimen estatutario de sus funcionarios es el Código del Trabajo, no teniendo más derechos que los establecidos en sus contratos y en el código del ramo, por lo que no resultarían aplicables las disposiciones del referido decreto N° 1.897, de 1965, considerando, además, el dictamen N° 70.674, de 2013, de la Contraloría General, el cual, en su opinión, ya habría resuelto la controversia en cuestión.

Indica que luego de analizada la situación, la Entidad Contralora determinó mediante el oficio N° 11.832, de 17 de octubre de 2018 -impugnado por la presente acción cautelar- que los trabajadores de la CAJ, al estar revestidos de la calidad de funcionarios públicos, se encuentran afectos a lo prescrito en el Decreto N°1.897, de 1965, asistiéndoles, por tanto, el derecho a hacer uso del horario de colación, dentro de la jornada de trabajo, con cargo a ésta, cuando aquella sea igual o superior a 43 horas semanales. Asimismo, se concluyó que la jurisprudencia administrativa citada por la corporación para fundar su respuesta, contenida en el consignado dictamen N° 70.674, de 2013, había sido aclarada mediante su similar N° 55.490, de 2016, de manera que no corresponde su aplicación.

Finalmente, se ordenó a la CAJ regularizar los contratos de trabajo de sus trabajadores, a fin de cumplir con dicha regulación y remunerar retroactivamente los 30 minutos destinados a colación, pues de conformidad con la normativa antes citada, ese periodo es parte de la jornada laboral, teniendo en consideración para dicho pago retroactivo el plazo de prescripción previsto en el inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo.

Como primera alegación sostiene que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, señalando que de la lectura del libelo, se advierte que al deducir la presente acción en contra del oficio N° 11.832, de 2018, la actora no ha intentado amparar un derecho indubitado y no disputado, sino que busca impugnar el legítimo ejercicio de las atribuciones de la Entidad de Fiscalización sobre la materia de la especie, ya que se limita a discutir la interpretación realizada por la Institución Contralora de normas estatutarias que rigen al personal de la Administración del Estado, efectuada dentro del marco jurídico que regula sus atribuciones, pretendiendo que esta Corte emita un pronunciamiento acerca de las facultades que la Constitución Política y las leyes han conferido a esta Entidad de Fiscalización, toda vez que lo que cuestiona, en definitiva, es el criterio interpretativo aplicado para el caso de que se trata, que no es compartido por la actora, y la potestad de este Ente Contralor para decidir sobre el particular.

Se trata de asuntos en los que existe un derecho indubitado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, y que no admite cuestionamientos sobre puntos de interpretación jurídica, ya que ello implicaría dilucidar en este proceso discusiones normativas acerca del correcto sentido y alcance que debe darse a ciertos preceptos legales.

Luego, alega ausencia de ilegalidad o arbitrariedad, ya que el pronunciamiento impugnado no puede ser ilegal, toda vez que la Entidad de Control se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas en virtud de los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política; artículos 1°, 5°, 6° y 9° de la Ley N°10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría; Resolución N° 1.002, de 2011, de la Contraloría General de la República, sobre Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales, por lo que su actuación se ha emitido con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico sustantivo que regula la materia.

Respecto de la arbitrariedad, precisa que la actuación impugnada es el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho.

Puntualiza que la sola circunstancia que la actora no comparta la decisión de la Institución Contralora, en ningún caso transforma en arbitrario el aludido oficio N° 11.832, de 2018 y por ello, la acción cautelar no satisface los requisitos de procedencia.

Agrega que los trabajadores de la CAJ tienen la calidad de funcionarios públicos, por tener su origen en la ley, en razón de sus fines, de la naturaleza de sus recursos y del régimen jurídico a que están afectas y, por tanto, integran la Administración del Estado, ya que se desempeñan en organismos que forman parte de la Administración, sin que ello se vea alterado por la circunstancia de que se rijan por las normas aplicables al sector privado, según lo ordenado por la Ley N° 19.263, ya que dicho mandato no tiene otro alcance que fijar el régimen jurídico que regula el vínculo laboral de dicho personal, pero no altera la condición de servidores públicos que ellos poseen.

Agrega que tal carácter de servicio público de la CAJ y de funcionarios públicos de sus empleados, ha sido señalado reiterada e invariablemente por la Entidad de Control, entre otros, en sus Dictámenes N°s 8.714, de 1993; 74.723, de 2012, y 32.067, de 2013.

Expresa que los trabajadores de la CAJ se encuentran afectos al decreto N°1.897, de 1965, del ex Ministerio del Interior y pese a que la actora sostiene que su aplicación infringiría la Ley N°19.263, precisa que el artículo 2° de la ley N° 7.173 disponía “Autorizase al Presidente de la República para implantar y reglamentar la jornada única de trabajo, con un intervalo de treinta minutos, como mínimo de descanso, en todas las actividades nacionales, sean públicas o privadas, en la forma que más convenga a la economía nacional”.

A su turno, el artículo 210 de la ley N° 13.305 -este último cuerpo legal que la recurrente omite a lo largo de su libelo- prevé “Facultase al Presidente de la República para establecer jornada única de trabajo para toda o parte de la Administración Pública”. En este contexto normativo, el Presidente de la República, con arreglo a las facultades que le fueran conferidas, dictó el decreto N° 1.897 de 1965, del entonces Ministerio del Interior, que estableció la jornada única continua de trabajo para los servicios públicos de determinadas ciudades del país, entre las que se consideró a Santiago.

A su vez, en conformidad al N° 4 del citado texto reglamentario, la jornada única se interrumpirá por un lapso de 30 minutos para colación, intervalo que, respecto de los servicios públicos, se imputa a la respectiva jornada laboral y es de cargo del empleador.

Enseguida, añade que “Dicho intervalo no se imputará a la jornada efectiva de trabajo en las actividades privadas regidas por el Código del Trabajo”.

Señala que si bien el personal de la CAJ, se debe regir por las normas laborales aplicables al sector privado -por disponerlo así la Ley N°19.263-, no es menos cierto que dicho personal tiene la calidad de funcionarios públicos, tal como se precisó en el acápite precedente y de acuerdo con lo anterior, aparece con nitidez que estos servidores públicos, aunque se rigen por la legislación laboral común, no realizan actividades de carácter privado en dicha entidad, por lo que a su respecto, les resultan plenamente aplicables las normas establecidas con el decreto N° 1.897, de 1965.

Este último criterio, que, por lo demás, ha sido aplicado no solo a los funcionarios de la CAJ, sino que también a otros servidores que no obstante regirse por la legislación laboral común por expresa disposición de ley, no realizan actividades de carácter privado en el desempeño de sus cargos, tales como, el personal no docente de los establecimientos educacionales administrados por las municipalidades, el que por mandato de la Ley N° 19.464, se rigen por las disposiciones del Código del Trabajo y los profesionales de la educación, a los que de conformidad con el artículo 71 de la ley N° 19.070, también se les aplica supletoriamente el aludido estatuto laboral.

Sostiene que de aceptar la tesis propuesta por la recurrente supondría ignorar el carácter de servicio público que tiene la corporación y produciría una discriminación arbitraria respecto del resto de los funcionarios que forman parte de la Administración del Estado.

Destaca que el Código del Trabajo, como estatuto laboral que rige a los funcionarios de la CAJ, debe aplicarse en el marco de los principios y normas inherentes a la Administración del Estado. De esta manera, es perfectamente conciliable la aplicación del aludido texto reglamentario con los preceptos contenidos en el Código del Trabajo.

Luego, alega que el decreto N° 1.897, de 1965, se encuentra plenamente vigente, descartando las alegaciones de derogación tácita, ya que no se advierte de qué manera la emisión de dicha ley ha derogado tácitamente el consignado decreto, toda vez que dicho estatuto laboral debe aplicarse en armonía con los principios y normas inherentes a la Administración del Estado.

En segundo lugar, indica que el decreto N° 1.897, de 1965 fue dictado no sólo en virtud del citado artículo 2° de la Ley N° 7.173, sino también por disposición del artículo 210 de la ley N°13.305 -cuerpo legal que la recurrente omite a lo largo de su libelo- que prevé “Facultase al Presidente de la República para establecer jornada única de trabajo para toda o parte de la Administración Pública”.

Tan evidente es la vigencia del decreto N° 1.897, de 1965, que desde la fecha de promulgación, ha sido complementado reiteradamente en el tiempo, entre otros, a través de los decretos Nos 2.969, de 1996; 3.076, de 1997; 4.710 y 7.132, ambos de 1999; 181, de 2001; 619, de 2002, y 1.204, de 2007, todos del ex Ministerio del Interior; y 962, de 2010; 1.001, de 2010; 686 y 1.422, ambos de 2011, y 1.572 y 1.645, ambos de 2012, todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante los cuales se incorporaron los órganos y servicios públicos que integran la Administración Civil del Estado de otras comunas, provincias o regiones del país, al régimen de jornada única que dicho instrumento establece.

Agrega que el Dictamen N° 70.674, de 2013, citado por la recurrente para fundar su petición ha sido aclarado mediante su similar N° 55.490, de 2016 y si bien es cierto que el citado pronunciamiento, en el marco de un reclamo efectuado por el Comando de Bienestar del Ejercito, concluyó, en resumen, que las disposiciones sobre interrupción de la jornada laboral contenida en el mencionado decreto N° 1.897, de 1965, no le resultaban aplicables al personal afecto al Código del Trabajo contratado por el Comandante de Bienestar, precisar que el singularizado dictamen fue, posteriormente, aclarado a través de su símil N° 55.490, de 2016. En efecto, mediante el Dictamen N° 55.490, de 2016, la Entidad de Control, a propósito de una presentación realizada por la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de la Educación Municipalizada de Chile, determinó que a dichos servidores -regidos por el Código del Trabajo, conforme lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N°19.464-, les asiste el derecho a hacer uso del horario de colación, dentro de la jornada de trabajo, con cargo a ésta, cuando aquella sea igual o superior a 43 horas semanales, tal como ha sido reconocido en forma reiterada y uniforme por la jurisprudencia administrativa, hasta antes de la emisión del dictamen N°70.674, de 2013, por lo que aclaró dicho pronunciamiento en los términos expuestos.

Refiere que la toma de razón de los nombramientos y la realización de la singularizada auditoría no tuvieron como objeto verificar la legalidad de las jornadas de trabajo de los funcionarios de la CAJ, motivo por el cual, no ha actuado en contra de sus actos propios al emitir el oficio que se impugna, pues no representó ni objetó las jornadas de trabajo señaladas en los contratos de trabajo de sus funcionarios.

En lo que atañe al Informe de Investigación Especial N° 137, de 2016, sobre irregularidades en contratación de personal, señala que dicha fiscalización tuvo por objeto dar respuesta a las presentaciones de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, y de la Asociación de Funcionarios y Profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, AFUNPRO, mediante las cuales se denunciaba un eventual déficit presupuestario de esa corporación, debido a decisiones administrativas del Director General de la época, por lo que, al contrario de lo que indica la recurrente, en ningún caso dicha auditoria revisó las jornadas de trabajo de los funcionarios de esa repartición pública.

Estima que resulta inadmisible sostener que la Entidad de Control ha actuado en contra de sus actos propios, toda vez que tal como puede advertirse, ninguna de las actuaciones señaladas por la recurrente implicó el estudio de las referidas jornadas laborales, en orden a determinar si estas se encontraban a justadas o no a derecho, sino que solo se efectuó tal análisis a propósito de la presentación efectuada por la ANFUC, y que dio origen al aludido oficio N°11.832, de 2018.

En relación a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas, destaca que el derecho a la igualdad ante la ley, ha sido absoluta y estrictamente respetado por el Organismo de Control, toda vez que con motivo de la presentación efectuada por la ANFUC, emitió un pronunciamiento sobre el particular, instancia en la que, en uso de sus facultades constitucionales y legales, se efectuó una aplicación de la normativa y jurisprudencia administrativa vigente en la materia, por lo que mal podría afirmarse que el oficio impugnado implica dar a la entidad recurrente un tratamiento discriminatorio que haya quebrantado el referido derecho. En efecto, se ha aplicado el mismo criterio ante situaciones similares, precisándose en todos esos casos, que a pesar de que determinados funcionarios públicos se rijan por las normas contenidas en el Código del Trabajo, en virtud de un mandato legal, les asiste el derecho a hacer uso del horario de colación, dentro de la jornada de trabajo, con cargo a ésta, conforme lo prescribe el decreto N°1.897, de 1965, tal como se ha señalado en los dictámenes N°s 55.490, de 2016, y 52.303, de 2018, entre otros.

Indica que por el contrario, si la recurrida se hubiese pronunciado de manera distinta respecto de la situación planteada en el oficio impugnado, sí habría vulnerado el derecho de igualdad ante la ley que se invoca, particularmente, el de todos aquellos trabajadores de la CAJ que cumpliendo con las condiciones que prevé el mencionado decreto N° 1.897, de 1965, no tendrían derecho a la interrupción de su jornada con cargo a los empleadores, en circunstancias de que a los demás funcionarios públicos sí les asiste tal prerrogativa.

En relación al derecho del artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política, hace presente que no se advierte antecedente que demuestre de manera fehaciente cómo se ha producido la privación, perturbación o amenaza en él legítimo ejercicio de esta garantía. En ningún caso la Entidad de Control ha actuado como una comisión especial de aquellas a que alude la norma en estudio, ya que el Órgano Fiscalizador es un órgano administrativo, cuyo actuar y existencia se rige por el ordenamiento jurídico vigente y al emitir un pronunciamiento no ejerce jurisdicción ni actúa como tribunal, sino que con ello sólo cumple con su deber de control de los órganos de la Administración del Estado, entre los cuales se encuentran las Corporaciones de Asistencia Judicial, en cumplimiento de la función que le ha sido encomendada por los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, y 1o, 6o y 16 de la citada ley N° 10.336.

En relación al derecho del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política expresa que al no haberse lesionado ninguna de las garantías que se invocan con la emisión del oficio N° 11.832, de 2018, no se vislumbra la forma en que pudo afectarse el derecho de propiedad que tendría la actora sobre aquellos derechos.

En definitiva, mal se puede alegar una protección del patrimonio del individualizado servicio si el pago que es consecuencia del derecho reconocido por esta Entidad Fiscalizadora se encuentra ajustado a la ley y a la jurisprudencia administrativa recaída en ella, por lo que es preciso sostener que respecto de las sumas que la CAJ debe enterar a sus funcionarios, nunca ha estado en ejercicio legítimo del derecho de propiedad, sino que constituye una deuda que tiene con estos.

En consecuencia, dado que la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, no dio cumplimiento a la normativa a la cual se encuentra afecta, y a la jurisprudencia administrativa que le es obligatoria, la actora no puede invocar supuestos derechos incorporados al patrimonio de esa corporación.

Destaca que quienes sí se verían afectados en su derecho de propiedad por el accionar de dicha entidad pública son todos aquellos funcionarios que, habiendo cumplido las condiciones que establece el decreto N° 1.897, de 1965, les asistía el derecho a imputar el tiempo de colación a sus jornadas laborales, pues, al no serles reconocido tal derecho por aquella corporación, corresponde que dicha repartición les pague las remuneraciones pertinentes por lo laborado en exceso, por lo cual el recurso de protección que intenta debe ser rechazado.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1.- Oficio N° 11.832, de 2018, de la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago; 2.- Dictámenes Nos 8.714, de 1993; 41.611, de 1995; 74.723, de 2012; 32.067 y 70.674, ambos de 2013; y 55.490, de 2016, todos de la Contraloría General.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, no obstante las partes nada señalaron en sus escritos o alegaciones prestadas en estrado, respecto de la legitimación activa de la recurrente, esta Corte estima que, como primera cuestión, ha de dilucidarse dicho punto. Al efecto, se pone de relieve que la parte recurrente, reviste la calidad de Corporación de Derecho Público, toda vez que su origen se encuentra en la Ley Nº17.995 y su reglamento emana de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, según el Decreto con Fuerza de Ley Nº995. En consecuencia, dicha Corporación ha de ser calificada como un órgano descentralizado de la organización administrativa en Chile, el cual se encuentra supervigilado por la Contraloría General de la República, cuenta con personalidad jurídica diferenciada del Estado, lo cual no lo margina de su estructura de la cual continúa formando parte, posee patrimonio propio, tiene, en principio, autonomía decisional, opera el control de tutela o supervigilancia (internamente opera el control jerárquico); su jerarca es de exclusiva confianza. En tanto servicio público descentralizado, su finalidad es prestar asistencia jurídica y judicial gratuita a personas de escasos recursos. Además, proporcionarán los medios para efectuar la práctica necesaria para el ejercicio de la profesión a los postulantes a obtener el título de abogado.

Séptimo: Que, atendida la naturaleza jurídica de la recurrente, hay que precisar que la misma se encuentra supeditada al ejercicio de la función de control que despliega la Contraloría General de la República, cuyo mandato constitucional le exige ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración, entre otras. Dentro de sus atribuciones se encuentra, conforme lo establece el artículo 1° de la Ley N°10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, “vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo”. Por su parte, los incisos 1° y 2° del artículo 10 de la norma antes citada establece que: “El Contralor estará facultado para dirigirse directamente a cualquier Jefe de Oficina o a cualquier empleado o persona que tenga relaciones oficiales con la Contraloría o que le haya formulado alguna petición, a fin de solicitar datos e informaciones o de dar instrucciones relativas al Servicio.

El Contralor podrá solicitar de las distintas autoridades, jefaturas de Servicios o funcionarios, los datos e informaciones que necesite para el mejor desempeño de sus labores y podrá, también, dirigirse a cualquiera autoridad o funcionario para impartir instrucciones relativas a la fiscalización que legalmente le corresponda”.

Finalmente, conforme al artículo 51 de la referida ley, se establece que: “Las instituciones fiscales y semifiscales y, en general, todos los organismos creados por el Estado o dependientes de él, quedarán sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, salvo aquellas que actualmente lo estén a la de la Superintendencia de Bancos o de la Dirección General de Previsión Social”.

Octavo: Que, asentados los conceptos jurídicos previamente enunciados, esta Corte debe señalar que los derechos fundamentales surgen, como derechos de todo individuo de la especie humana y en consonancia con ello, la Carta Fundamental reconoce como titular de los mismos, ab initio, a toda persona, conforme lo señala el encabezado de su artículo 19, en relación con el inciso 1° del artículo 1°.

No obstante lo anterior, la titularidad de las personas jurídicas ha sido una cuestión que la jurisprudencia ha pasado por alto y no se ha detenido a analizar con la debida coherencia sistémica, a fin de guardar la debida correlación entre la naturaleza intrínseca de dichos derechos fundamentales, con la naturaleza intrínsecamente humana.

Noveno: Que, este problema ha sido abordado por la doctrina y al efecto se ha señalado que “en nuestro país, y sobre la base del enunciado inicial del artículo 19 (“La Constitución asegura a todas las personas”), del de legitimación activa genérica del artículo 20 (“El que…”) y de la regla de no distinción traspasada del derecho civil (allí donde el legislador no ha distinguido, no es lícito al intérprete distinguir), se ha hecho casi un lugar común la afirmación de que los derechos contenidos en el artículo 19 deben ser reconocidos, dentro de sus posibilidades, al menos dentro del contexto del recurso de protección, a las personas jurídicas en general; ocasionalmente, en extensión de la titularidad de los derechos constitucionales reconocidos a las personas morales. Por otro lado, es importante destacar que esta jurisprudencia no se ha limitado a reconocer derechos a las personas jurídicas de derecho privado, sino que ha hecho extensivo este reconocimiento a las personas de derecho público.

Esta posición no parece recomendable desde la perspectiva de una dogmática desarrollada a partir de la premisa de que los derechos son, ante todo, atributos de los individuos frente al poder, y que su reconocimiento a las personas jurídicas, como se ha dicho, es excepcional y reclama una especial justificación. Es importante reiterar que la estructura de la regulación iusfundamental en nuestra carta no permite predicar la aplicación irrestricta del artículo 19 a las personas jurídicas” (ALDUNATE LIZANA, Eduardo, Derechos Fundamentales, Décimo: Que, por otra parte, más improcedente resulta la aplicación extensiva del recurso de protección en personas jurídicas de derecho público, quienes se encuentran sometidas por mandato constitucional, al control y supervigilancia de un órgano llamado Contraloría General de la República, a quien el constituyente le confirió dicha potestad. En efecto, es del todo incoherente con el Estado de Derecho que se le otorgue al Estado la posibilidad de atribuirse, a través de sus propios órganos, la posibilidad de ser tutelados por la vía de protección constitucional que han sido creados para tutelar y resguardar a los individuos contra los abusos del Estado. Valga precisar que la noción de derechos fundamentales tiene como correlato normativo, la disposición contenida en el inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, la que establece que: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.

En este sentido, esclarecedoras resultan las palabras del profesor Nogueira, al señalar que “la denominación utilizada de derechos ‘esenciales’ o fundamentales, consideramos que explicita la prioridad axiológica y su esencialidad, respecto de la persona humana. Haya una sola fuente de la fundamentalidad de los derechos, su relación con la dignidad humana, ya que son expresión inmediata y positiva de la misma, constituyendo el núcleo básico irreductible e irrenunciable del estatus jurídico de la persona”

“(…) El criterio de fundamentalidad de los derechos es esencialmente material yo sustantivo, dice relación con la dignidad humana, la libertad y la igualdad que son su fuente y con los ámbitos que posibilitan la existencia y el desarrollo del ser humano, en un contexto histórico y cultural determinado (…)”. (NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales, Tomo I, Librotecnia, 2007, Santiago, p. 21)

Undécimo: Que, conforme lo que se viene razonando, esta Corte hace suyos los razonamientos de Lasagabaster, en el sentido que la reclamación de un derecho fundamental constitucional afectado por parte de un órgano del Estado plantea serias objeciones desde el punto de vista del principio de juridicidad, en la medida en que tendría que entenderse que los derechos constitucionales que se aleguen lesionados pasan a incorporarse a las competencias (al menos desde la perspectiva de su actuación procesal del respectivo órgano) (LASAGABASTER, Iñaki, Derechos Fundamentales y personas jurídicas de derecho público, en Martín-Retortillo Baquer, Serbastián (coord.) Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al Profesor nombre reservado de Enterría, Madrid, vol. II, 1991, p. 666).

En suma, reconocerle la posibilidad de recurrir de protección a un servicio público descentralizado en contra del mismo Estado, a juicio de esta Corte, lesiona el principio de juridicidad que impera en el Derecho Público y el marco normativo contenido en el artículo 7° de la Carta Fundamental, en tanto no pueden atribuirse otra autoridad que la que se le haya expresamente conferido en virtud de la Constitución o las leyes, razón por la cual, permitir el ejercicio de la presente vía cautelar, abriría la posibilidad que todo órgano de la Administración que sienta que una orden expedida por un superior jerárquico (no obstante la facultad de representación de ilegalidad), podría ser revisada por una instancia jurisdiccional de urgencia, como la acción constitucional de protección, trasladando las funciones de administración al órgano constitucional, cuestión que violenta, abiertamente, el principio de separación de funciones.

Duodécimo: Que, por otra parte, lo pretendido en el recurso de protección deducido es dejar sin efecto el Oficio emitido por la I Contraloría Regional Metropolitana Valentín Letelier, con la finalidad de que no se haga efectivo el pago retroactivo de diferencias remuneracionales de los trabajadores dependientes de la recurrente.

Analizados dichos antecedentes, la recurrente pretende despojar a los trabajadores de su dependencia, de derechos laborales reconocidos por la recurrida, sobre la base del ejercicio hermenéutico que esta última efectuó en el acto impugnado, luego de escuchados tanto los peticionarios, como la empleadora que hoy impetra esta acción constitucional.

El derecho pretendido, ciertamente, conculca la garantía de propiedad sobre las remuneraciones de las personas naturales que prestan sus servicios bajo subordinación y dependencia de la recurrente, quienes hoy, sí gozan de un derecho de carácter indubitado, emanado del órgano de control fiscal, a diferencia de lo que ocurre con la actora, quien en el ejercicio de su pretensión cautelar, no detenta ese derecho indubitado.

En efecto, el fundamento central de la acción constitucional, del cual se enarbolan diversas defensas, es la interpretación jurídica realizada por la I Contraloría Regional Metropolitana, respecto de la aplicación del Decreto N°1897 de 1965 del otrora Ministerio del Interior, cuestión que escapa de la competencia de esta Corte en sede proteccional, ya que la presente acción, atendida su naturaleza urgente y cautelar, tiene por única finalidad restablecer el imperio del derecho, logrando la protección de quien se encuentra en la posición de legítimamente afectado (presupuesto que a juicio de estos sentenciadores no concurre respecto de la recurrente), para lo cual el efecto producido es retrotraer a las partes a la situación inmediatamente anterior al momento en que se produjo el acto u omisión arbitrario e ilegal, quedando de esta forma la persona con la opción de poder ejercer su derecho de manera íntegra. A falta de derecho de carácter indubitado, no existe legitimación procedente para impetrar la acción cautelar pretendida y por ello, también, debe ser desestimada.

Décimo Tercero: Que, en el caso sub judice, esta Corte no puede retrotraer el status quo previo, por cuanto la Contraloría, únicamente, estableció la procedencia del pago de las prestaciones que se habían reclamado por parte de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, derecho que a su juicio, siempre ha existido a favor de los trabajadores dependientes de la Corporación de Asistencia Judicial y, en consecuencia, su decisión administrativa emana, precisamente de las facultades que le fueron conferidas constitucionalmente, motivo por el cual, la presente vía proteccional, no resulta el camino idóneo para dejar sin efecto dicha decisión administrativa.

Si el acto dictado excede de las competencias que la Constitución o la ley le han conferido al Contralor respectivo, la recurrente tiene como remedio jurídico idóneo, la herramienta contenida en el artículo 7° de la Carta Fundamental, esto es, la acción de nulidad de derecho público, proceso que sí permite a la judicatura revisar la legalidad del acto, ya no fundado en una conculcación de derechos fundamentales, sino en el cumplimiento irrestricto del principio de juridicidad en relación al Oficio impugnado.

En dicha acción, el sentenciador contará con todos los momentos o fases jurisdiccionales -a diferencia de la acción de protección- para analizar la fase de discusión, ponderar la prueba y decidir, fundadamente, si el acto adolece o no de un vicio de nulidad de derecho público que amerite su invalidación, sin que en el ejercicio de dicho acto, pueda estimarse una intromisión de poderes, por cuanto lo analizado versa, exclusivamente, en un control de juridicidad y no en uno político o administrativo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Carolina Jesús Lavín Aliaga, en representación de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana en contra de la I Contraloría Regional Metropolitana Valentín Letelier, representada por su Contralor Regional don René Morales Rojas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-82452-2018.