nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR LOS ANDES

Foja: 82 Ochenta y Dos C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de agosto de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que a fojas 12, con fecha 25 de julio de 2016, doña nombre reservado, recurre de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por don nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en descontar de sus remuneraciones de los meses de junio de 2016 la suma de $484.175 y en julio de 2016 $411.670.

Funda su recurso en el hecho que con fecha 01 de abril de 2016 suscribió un contrato de trabajo con su actual empleador Banco Santander para desempeñarse como ejecutiva de ventas, luego de haber estado más de un año sin empleo.

El 30 de junio de 2016 cuando le fue pagada su tercera remuneración, se percató que en su liquidación se le había efectuado un descuento que ascendía aproximadamente al 60% de su sueldo. Al momento de consultar el motivo, se le indicó que la recurrida envió la planilla de mes de junio al Banco Santander con los nombres de los trabajadores y montos que se solicita descontar.

Indica que al recurrir a una agencia de la recurrida se le informó que se había aplicado un descuento de sus remuneraciones por la suma de $484.175 por concepto de dos préstamos: 1.- por $1.600.000 a pagar en 30 cuotas mensuales con un dividendo de $79.857 con vencimiento la primera de ellas el 31 de enero de 2014 y así sucesivamente; 2.- por $2.300.000 con dividendo total de $100.810, venciendo la primera cuota el 31 de mayo de 2014. Una vez que se produjo el despido, desconoce la información específica respecto de las cuotas que quedaron pendientes de pago y luego, por este mismo procedimiento, con fecha 22 de julio, la recurrida obtuvo que se le descontara la suma de $411.670, dejándola con la exigua cantidad de $200.822 para la subsistencia de su hogar.

Sostiene que desde que se vio forzada a cesar en el pago de estas obligaciones, no ha sido notificada de demanda alguna y por ello, la acción de cobro de dicha deuda estaría prescrita y estima que la recurrida ha incurrido en una abuso de su posición privilegiada, por cuanto le basta con informar una supuesta deuda a su empleadora, para que proceda a descontar de sus remuneraciones hasta más de la mitad de su remuneración mensual y que genera una grave perturbación de sus derechos constitucionales.

Estima que el actuar de la recurrida vulnera su derecho a la propiedad previsto en el artículo 19 N°24, toda vez que tiene derecho de dominio sobre sus remuneraciones que percibe como trabajadora del Banco Santander, señalando que no existe norma alguna que le permita informar a un empleador una deuda que no es exigible, de acuerdo al artículo 22 de la ley N°18.883 que a su vez nos remite al cobro de las cotizaciones previsionales de acuerdo a ley 17.322. Asimismo, sostiene que el actuar vulnera el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, al valerse de un descuento directo a sus remuneraciones por el crédito que se le otorgó, despojándose de su legítimo derecho a la defensa y a oponer excepciones.

Pide que se deje sin efecto el descuento de su remuneración de los meses de junio y julio de 2016, por la suma total de $895.845 por concepto de CCAF Los Andes, disponiendo que la recurrida debe restituir el importe de sus deducciones y que se ordene a la recurrida abstenerse de informar y de requerir a su empleador, actual o futuro, el descuento de sus remuneraciones por estos conceptos.

2°) Que a fojas 78, informa la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicita el rechazo del recurso señalando que efectivamente otorgó dos créditos a la recurrente que fueron pagados hasta octubre de 2014. Las cuotas N°11 y 12 del primer crédito correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2014, se pagaron a través de un descuento de la remuneración de mes de junio de 2016 que fueron retenidos para la Caja de Compensación por la empresa Banco Santander Chile, así como también las cuotas N°7 y 8 correspondientes a los mismos meses y al segundo crédito y luego indica los montos que adeuda la recurrente por ambos créditos.

Sostiene que la recurrente al momento que se le otorgaron los créditos sociales, celebró un contrato de mandato con la Caja de Compensación Los Andes, en virtud del cual le confiere a la misma, la facultad de descontarle dichos montos de sus remuneraciones, por lo que no habría que realizar ningún aviso adicional a la recurrente.

En cuanto a la mención que hace la recurrente que la acción de cobro estaría prescrita, hace presente que de acuerdo al Código Civil quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla y que ésta debe ser declarada por sentencia judicial, lo que no ha ocurrido en la especie.

Arguye que la recurrida no ha incurrido en ninguna conducta arbitraria al efectuar los descuentos señalados porque está facultada por ley para descontar las cuotas del crédito social de acuerdo al artículo 22 de la ley N°18.833, normas a su vez que se encuentran contempladas en la ley N°17.322 que establece las normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar;

QUINTO: Que los antecedentes aportados por la parte recurrente y por la recurrida, apreciados conforme a las normas de la sana crítica, no constituyen elementos de convicción suficientes para estimar acreditado que los hechos invocados en el recurso, constituyan un acto ilegal o arbitrario que amague, altere o prive a la actora del legítimo ejercicio de derechos y garantías enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, puesto que lo alegado por la actora como actuar ilegal o arbitrario de la recurrida consiste en informar a su actual empleador la deuda contraída con la recurrida y que, en virtud de ello, se efectuó el descuento a las remuneraciones de los meses de junio y julio del año en curso.

SEXTO: Que, en efecto, los actos que se reclaman como arbitrarios e ilegales, son producto de los contratos de crédito social suscritos por la recurrente con la recurrida, en los cuales consta expresamente que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la caja acreedora”, según lo dispone el artículo 22 de la ley 18.833 y que además la parte recurrente otorgó mandato para efectuar dichos descuentos.

Que, asimismo, no puede ser materia de esta vía constitucional excepcional, que se declare que las cuotas que se le están cobrando a la recurrente se encuentran prescritas, pues ello debe ser demandado y declarado en la sede civil correspondiente.

SEPTIMO: Que, por lo tanto, la acción cautelar intentada debe ser rechazada al no haberse comprobado su fundamento.

Y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido en lo principal de fojas 12, por doña nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Hernán Crisosto.

N°Protección-82432-2016.

Pronunciada por la Undécima Sala, conformada por el Ministro señor Hernán Crisosto Greisse, por la Ministra señora Mireya Eugenia López Miranda y por la abogada integrante señora Claudia Candiani Vidal. Autorizada por el Ministro de Fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.