Protección contra Sociedad Educacional nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, tres de agosto de dos mil veintiséis.

Al folio 52: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado Rodrigo Patricio Samur Fajuri, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado y en contra de la Sociedad Educacional nombre reservado, sostenedora del Colegio nombre reservado, por la actuación que estima arbitraria e ilegal consistente en no renovar su matrícula para el año 2026.

Relata que la recurrida inició el proceso de renovación de matrícula para el año 2026, por lo que la apoderada solicito a dicha institución el enlace de pago WebPay, el que le fue enviado con fecha 11 de febrero del presente año por la secretaria del establecimiento educacional, procediendo al pago de la matrícula por la suma de $350.000, el que fue recibido y aceptado por el establecimiento sin ningún tipo de observación.

Con fecha 23 de febrero de 2026 el colegio comunicó que no renovaría la matrícula para el año 2026, mediante correo electrónico enviado a la apoderada, el cual desconoció que la matricula había sido pagada anteriormente, por lo que esta se encontraría aceptada, argumentando una resolución interna que, a la fecha de interposición del presente recurso, jamás fue enviada a la apoderada, sin existir procedimiento contradictorio ni instancia formal de apelación ante la medida arbitraria e ilegal que intenta hacer valer la recurrida.

Arguye que la gravedad reside además en que la recurrida intentó comunicar por intermedio de un correo electrónico su decisión unilateral a escasos días del inicio del año escolar, afectando gravemente la continuidad educativa, siendo totalmente extemporáneo e improcedente, atendido el pago realizado anteriormente.

Alega que las partes se encuentran vinculadas por el contrato de servicios educaciones el cual claramente establece que es un contrato anual, con renovaciones conforme a las fechas del colegio, debiendo para asegurar el cupo proceder al pago de la matricula, situación que si ocurrió, ya que habiéndose aceptado el pago de la matrícula para el año 2026, la recurrido incumplió su vínculo comercial, vulnerando con ello el principio de buena fe del artículo 1546 del Código Civil, como así mismo, en conductas contradictorias prohibidas por nuestro ordenamiento jurídico.

Agrega que el 16 de octubre de 2025, la Dra. nombre reservado emitió un informe clínico diagnosticando trastorno depresivo, ansiedad social y TDA del protegido, solicitando formalmente su promoción excepcional conforme al Decreto 67/2018, por lo que el colegio tenía pleno conocimiento de la vulnerabilidad emocional del alumno, haciendo que exclusión incremente el riesgo clínico del alumno pudiendo traer consecuencias graves en el menor y que podrían desatarse ante la angustia de ser relegado arbitrariamente de sus compañeros y siendo además que es último año escolar.

En cuanto al derecho, sostiene que se conculcó su garantía constitucional del derecho a la educación, del derecho de propiedad y de igualdad ante la ley.

Pide, en definitiva, que se acoja la presente acción de protección y se ordene a la recurrida Colegio nombre reservado dejar sin efecto la decisión unilateral de no renovación de la matrícula para el recurrente correspondiente al año 2026, ordenándose asimismo su reincorporación, con costas.

SEGUNDO: Que evacuó informe la recurrida Sociedad Educacional nombre reservado en el siguiente tenor.

Señala que doña nombre reservado es madre y apoderada del adolescente nombre reservado, respecto de quien, luego de actos constitutivos tanto de delitos de acción penal pública y de convivencia escolar, tomó la decisión de cancelarle la matrícula para el año 2026, así como también por la falta de cumplimiento a las obligaciones contraídas por la madre del estudiante.

Sostiene que dicha decisión fue tomada, en uso de sus facultades legales, toda vez que al ser un establecimiento educacional que no recibe aportes del estado, no debe informar a la Superintendencia de Educación de las medidas de expulsión o cancelación de matrículas, por lo cual no procede análisis por falta de competencia, por lo que no se conculcaron las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

TERCERO: Que, a petición de esta Segunda Sala, se solicitó a la recurrida ampliar el informe remitido a esta Corte, detallando en particular las circunstancias y antecedentes vinculados con los fundamentos esgrimidos respecto del acto recurrido, esto es, supuestos actos constitutivos de acción penal pública y de convivencia escolar, como también el no cumplimiento de obligaciones contraídas por la madre del estudiante, oportunidad en que señaló que dichos antecedentes se detallan en un reporte interno cronológico de los hechos, confeccionado por el equipo directivo del establecimiento, el cual acompaña.

CUARTO: Que, asimismo, a petición de esta Segunda Sala, se solicitó nuevamente a la recurrida ampliar su informe, precisando, en primer lugar, en forma exacta y circunstanciada, los hechos que habrían motivado la decisión de no renovar la matrícula del alumno para el año académico 2026; y, asimismo, pronunciarse de manera expresa y detallada sobre la alegación de la recurrente relativa a la aceptación del pago de matrícula y del denominado “Comprobante de Ingreso”.

A su vez, se solicitó a la Superintendencia de Educación que señale si el estudiante recurrente registra matrícula en algún establecimiento educacional durante el año 2026.

Respecto a lo informado por la recurrida, mencionó que respecto a la falta de cumplimiento a las obligaciones contraídas por la madre del estudiante referido a la falta de pago de las mensualidades en relación con el arancel, en tiempo y forma, precisa que en la especie el denominado “comprobante ingreso”, no constituye pago de matrícula, sino que simplemente un abono al total del capital devengado.

En cuanto a los actos constitutivos de delito, estos fueron consumados por el estudiante nombre reservado, quien destruyo puertas y ventana del inmueble, donde funciona el establecimiento educacional, lo que constituiría el delito de daños, tipificado en el artículo 487 del Código Penal. Asimismo, el menor adolescente, realizó la sustracción de alimentos del kiosco del Colegio, apropiándose de las especies, con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, configurándose así, lo que, en la especie, constituye el delito de hurto falta, consagrado en el artículo 494 bis del Código Penal.

Respecto a la informado por el Ministerio de Educación, señala que, según la Unidad Nacional de Registro Curricular, fue incorporado el 18 de marzo de 2026 para cursar 4º medio D, en el establecimiento educacional Colegio nombre reservado, Rol Base de Datos N°NUM000, de la comuna de Lo Barnechea, siendo retirado el 7 de abril del mismo año.

QUINTO: Que la acción de protección de garantías constitucionales, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre y legítimo ejercicio de las garantías fundamentales que allí se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión, arbitrario o ilegal, que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEXTO: Que, atendido lo informado por el Ministerio de Educación, según la Unidad Nacional de Registro Curricular, el estudiante recurrente fue incorporado el 18 de marzo de 2026 para cursar 4º medio D, en el establecimiento educacional Colegio nombre reservado, lo que impide que esta Corte pueda adoptar medida alguna al no existir derecho alguno que se encuentre actualmente vulnerado, por lo que el recurso no podrá prosperar.

SÉPTIMO: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo y que hace innecesario e impertinente cualquier mayor análisis con relación a las alegaciones vertidas por los intervinientes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y en contra de la Sociedad Educacional nombre reservado, sostenedora del Colegio nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-8243-2026.