nombre reservado con I CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 28 de abril de 2023, comparece Gonzalo Tello Bilbao, abogado, en favor de nombre reservado, abogada e interpone acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Huechuraba, representada por su alcalde, don Carlos Cuadrado Prats, y contra la Contraloría General de la República (CGR), representada por nombre reservado; por el acto arbitrario e ilegal consistente en Decreto N° 01.131.2023, de 3 de febrero de 2023, que aplicó la medida disciplinaria de destitución, ratificado en Oficio N° 1000.01.2023, de 24 de marzo pasado, lo que estima vulnera sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 9°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la actora era funcionaria de la municipalidad recurrida, siendo titular de un cargo de carrera y en tal calidad es fue objeto de un sumario administrativo ordenado instruir por Decreto Nº 01/2140/2020 de 9 de septiembre de 2020; si bien originalmente fue sobreseído, la II Contraloría Regional Metropolitana ordenó su reapertura por medio de Oficio E177129/2022. Tramitado el sumario, fue dictado el Decreto N° 01.131.2023 de 3 de febrero de 2023, el cual aplicó la medida disciplinaria de destitución y se ordenó remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República para su registro.

Indica que, atendido lo anterior ingresó recurso de reposición y en el tercer otrosí rectificación de la resolución impugnada, en el sentido que debían remitirse los antecedentes a la Contraloría General de la República, para efectos del trámite de toma de razón; sin embargo ambas solicitudes fueron rechazadas por Oficio N° 1000.01.2023 de 24 de marzo del año en curso. En consecuencia, de lo señalado es que el 13 de abril de 2023 se interpuso reclamo de ilegalidad del artículo 160 del Estatuto Administrativo.

Relata que la Municipalidad, sin objeción alguna de la Contraloría General de la República, registró, el 6 de abril de 2023, en la hoja de vida de la actora la medida disciplinaria y la inhabilidad de ingreso a la administración pública, en el registro SIAPER de dicha entidad, sin haber previamente resuelto el reclamo de ilegalidad, presentado con anterioridad, ni proceder a disponer la toma de razón del acto administrativo que dispuso la medida expulsiva, haciendo efectiva la Municipalidad de Huechuraba, la destitución con el mero registro señalado, considerando así afinado el sumario y teniendo a la recurrente como definitivamente destituida, dejando de pagar sus remuneraciones y, en definitiva, privándole de todos sus derechos funcionarios.

A continuación, cita la Resolución N°6 de la CGR, la cual actualiza la Resolución N°10, y donde se enumeran aquellos actos administrativos que requieren el trámite de toma de razón, detallando que en su artículo 11 enumera, entre ellos, en los Nº 5 y 6, los siguientes: “5. Sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias, en investigaciones sumarias y sumarios administrativos instruidos u ordenados instruir por la Contraloría General, en los servicios sometidos a su fiscalización. Se entenderán, asimismo, ordenados instruir por la Contraloría General, aquellos sumarios incoados de oficio por el servicio de que se trate, cuya instrucción haya sido confirmada o dispuesta en un informe de auditoría o en un pronunciamiento jurídico” y “6. Aplicación de medidas disciplinarias expulsivas”.

Agrega que la Municipalidad parece confundirse en base a lo dispuesto en el artículo 53 de la ley 18.695, que señala que: “las resoluciones que dicten las municipalidades estarán exentas del trámite de toma de razón, pero deberán registrarse en la Municipalidad cuando afecten a funcionarios municipales.”; y cita jurisprudencia en el sentido que indica.

Afirma que, el Decreto Nº 01/131/2023 debió ir a toma de razón por una doble causal: (1) al establecer una medida disciplinaria expulsiva y (2) de conformidad al Oficio E177129/2022, de la II Contraloría Regional Metropolitana se ordenó la reapertura del sumario.

Precisa que, la misma Resolución Nº 6 citada señala, en el artículo 1º que: “la toma de razón es un control obligatorio de juridicidad que se efectúa sobre los actos administrativos en materias de personal que traten materias que se consideren esenciales, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, las leyes, esta resolución y las que se dicten conforme a ella, antes de que éstos entren en vigor”. Es decir, la toma de razón es una forma de fiscalización jurídica a la que deben someterse los actos de la Administración, antes de que estos surtan efectos.

Denuncia como vulneradas las garantías constitucionales el derecho a la salud, sosteniendo que al haber cesado su cargo perderá su plan de salud. Respecto a la libre contratación y la libre elección del trabajo con una justa retribución, indica que la Municipalidad, sin dar cumplimiento a la Resolución Nº 6 de año 2019 de la CGR, no sólo procedió de manera ilegal y arbitraria a registrar la medida disciplinaria de destitución en el registro SIAPER de la entidad fiscalizadora sino que también, registró la inhabilidad de acceso a cargos públicos, que impide a la recurrente acceder a otros empleos públicos por un período de cinco años, más aún que mantiene un contrato de prestación de servicios a honorarios con la Municipalidad de Isla de Pascua. Finalmente, en relación al derecho de propiedad, hace presente que la recurrente ostenta un cargo de planta, del cual tiene derecho de gozar estabilidad, conforme lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley N° 18.883.

Solicita se acoja el recurso, ordenando que el Decreto N° 01.131.2023, de 3 de febrero de 2023, que aplicó la medida disciplinaria de destitución, ratificado por Oficio N° 1000.01.2023, de 24 de marzo pasado, no producirá efectos hasta la toma de razón del ente contralor, sin perjuicio de otras medidas que estime del caso adoptar, con costas.

Segundo: Que, con fecha 24 de mayo de 2023, evacúa informe don nombre reservado, Contralor General Subrogante por la recurrida Contraloría General de la República, solicitando sea desestimado el recurso incoado.

Indica que mediante Decreto Alcaldicio N° 01/2140, de 9 de septiembre de 2020 se ordenó instruir sumario administrativo, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiese asistir a doña nombre reservado -a la sazón Directora de Gestión de las Personas de dicho municipio-, en virtud de una serie de denuncias por acoso y/o maltrato laboral formuladas en su contra por funcionarias de esa entidad edilicia. Agrega que si bien en un comienzo dicho procedimiento fue sobreseído mediante decreto alcaldicio N° 01/2298 de 2020, la decisión fue impugnada ante esta Entidad de Control por don nombre reservado, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Huechuraba, en representación de las funcionarias afectadas por el acoso y/o maltrato laboral atribuido a la recurrente, mediante el reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 156 de la Ley N° 18.883. De esta manera, analizado el expediente sumarial respectivo, la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago acogió dicha reclamación a través del Oficio N° E177129, de 2022, ordenando al municipio disponer la reapertura del procedimiento disciplinario, retrotrayéndolo a la etapa indagatoria, sin perjuicio de resolver, en definitiva, según el mérito de todas las probanzas reunidas en el procedimiento, en un acto administrativo debidamente fundado. Finamente mediante decreto alcaldicio N° 131, de 3 de febrero de 2023 se aplicó la medida disciplinaria de destitución, el cual fue registrado electrónicamente por el municipio el 6 de abril de 2023 en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, SIAPER; posteriormente, el 13 de abril pasado, la recurrente dedujo reclamo de ilegalidad ante la II Contraloría Regional Metropolitana, el que se encuentra pendiente de resolver.

Sostiene que el Decreto Alcaldicio N° 131, de 2023, de la Municipalidad de Huechuraba, que aplica la medida de destitución a la recurrente, se encuentra exento del trámite de toma de razón, por expresa disposición de la ley. Agrega que la regla general en los actos municipales es que ellos se encuentran exentos de la toma de razón, conforme a lo establecido en el artículo 53 de la Ley 18.695. Además, agrega que la Resolución N° 6 del ente contralor, de 2019 que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, de las materias de personal que se indican, no resulta aplicable en la especie, toda vez que dicho acto administrativo, en su artículo 1°, inciso segundo, indica expresamente que las normas establecidas en esa resolución son, sin perjuicio de las disposiciones legales orgánico-constitucionales -como aquellas contenidas en la Ley N° 18.695- que eximan de toma de razón a determinados órganos de la Administración del Estado o materias, o que las declaren afectas, como asimismo, de aquellas que permitan la aplicación inmediata de decretos y resoluciones. En el mismo orden de ideas cita las disposiciones que contienen los actos administrativos que si deben ser sometidos al trámite referido, como el artículo 49 bis de la ley N° 18.695, para fijar o modificar las plantas del personal de las municipalidades, del artículo 6° de la ley N° 19.886, para las bases y la adjudicación de los servicios de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos domiciliarios, entre otros. Igualmente sostiene que el acto recurrido, en relación a la actora no ostenta la calidad de dirigente de una asociación de funcionarios de la Administración del Estado ni la instrucción del procedimiento sumarial dirigido en su contra fue ordenada por la Entidad Fiscalizadora, de manera que, en la especie, el Decreto Alcaldicio N° 131 de 2023, de la Municipalidad de Huechuraba, debía ser registrado en el SIAPER, lo que efectivamente ocurrió con fecha 6 de abril de 2023.

Refiere que, esa Entidad de Control se encuentra facultada para disponer la modalidad en que los actos municipales deben ser registrados, ajustándose la Municipalidad de Huechuraba a las instrucciones impartidas sobre la materia.

Alude que, en armonía con las atribuciones reseñadas precedentemente, el artículo 18 de la Resolución N° 18, de 2017, de esta procedencia -que fija normas sobre tramitación en línea de decretos y resoluciones relativos a las materias de personal que señala-, establece que los decretos alcaldicios relativos a la responsabilidad administrativa de los funcionarios regidos por la ley N° 18.883 -como es el caso de la señora nombre reservado-, deben ser registrados electrónicamente a través de la modalidad SIAPER Registro Electrónico, modalidad en virtud de la cual los servicios públicos y municipios, por medio de un formulario único, ingresan en la plataforma SIAPER la información que se solicite de los actos administrativos dictados en soporte papel que se encuentren sujetos al trámite de registro, incluidos el número y fecha del documento, según lo explicitado en el artículo 2 N° 3 de la citada resolución.

Hace presente que, el procedimiento sumarial dirigido en contra de la recurrente fue instruido por la Municipalidad de Huechuraba y no por esta Entidad de Control Por último, descarta la conculcación de los derechos fundamentales invocada – en síntesis - en la medida que ese órgano de control se limitó a actuar dentro de la esfera de las atribuciones constitucionales y legales de que ha sido dotada.

Tercero: Que, el 26 de mayo de 2023, comparece don Pablo Andrés Casanueva, abogado, en representación de la Municipalidad recurrida, solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

Refiere que, conforme a los antecedentes estos hechos se dan a propósito de un sumario administrativo sustanciado para determinar la responsabilidad de la recurrente respecto de diversas conductas denunciadas por tres funcionarias municipales que se relacionan con acciones de acoso laboral y trato discriminatorio, por lo cual mediante Decreto Alcaldicio Exento N°01/2140 de fecha 8 de septiembre de 2020, se ordenó instruir la correspondiente investigación sumaria, designando como investigadora a doña nombre reservado. Luego, mediante Decreto Alcaldicio N°01/2298 de fecha 23 de septiembre de 2020, se dispuso el sobreseimiento definitivo de dicha investigación sumaria.

Indica que en virtud de reclamo presentado por la Asociación de Funcionarios Municipales de Huechuraba, en representación de las denunciantes ante la Contraloría General de la República respecto del Decreto Alcaldicio Exento N°01/2298/2020, que había dispuesto el sobreseimiento, se ordenó la reapertura del procedimiento disciplinario y se dispuso elevarlo a sumario administrativo mediante Decreto Alcaldicio Exento N°01/229 de fecha 26 de enero de 2022.

Añade que, con fecha 2 de junio de 2022, la Fiscal instructora, declara agotada la investigación, cerrado el sumario y formula cargos, los cuales fueron ratificados por nuevo fiscal investigador don nombre reservado, dado la renuncia de la fiscal.

Agrega que se formularon los descargos, se dio apertura al término probatorio y en la vista fiscal de fecha 28 de enero de 2023, se desestimó los cargos formulados en contra de la recurrente en relación con la denunciante doña nombre reservado. Sin embargo, se tuvo por acreditado que la denunciada, doña nombre reservado habría infringido gravemente sus obligaciones en relación a las funcionarias municipales doña nombre reservado y doña nombre reservado, según el siguiente tenor:

Cargo N°1: Contravención a la prohibición establecida a todo funcionario público municipal en el artículo 82 la letra l) de Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, esto es "realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios".

Cargo N°2: La prohibición establecida a todo funcionario público en el artículo 82 letra m) de la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, esto es, "realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo." Cargo N°3: La obligación establecida a todo funcionario público en el artículo 58, letra g), de la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, esto es, "Observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por la ley N°18.575 y demás disposiciones especiales", Todo lo que en forma anterior, vulnera los artículos 13 y 52 de la Ley N°18.575 sobre observar el principio de probidad administrativa.

Explica que es en ese contexto, que el Fiscal propuso la medida disciplinaria de destitución prevista en el artículo 120 letra d) en relación con el artículo 123 de la Ley N°18.883, que fue adoptada por Decreto Alcaldicio N°01/131/2023 y, mantuvo la medida de suspensión preventiva establecida en la Resolución Fiscal N°01/2022, de fecha 26 de abril de 2022, con privación del 50% de sus remuneraciones, hasta que quedara ejecutoriado el recurso de reposición que pudiera interponer la afectada conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley N°18.883.

Así, el 6 de abril de 2023, conforme lo dispone el artículo 53 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, se remitió el citado Decreto Alcaldicio a la entidad contralora para su registro en el Sistema de Administración de Personal del Estado (SIAPER).

Refiere que lo alegado por el recurrente es la falta del trámite de la toma de razón por la Contraloría General del Decreto Alcaldicio que adopta la medida expulsiva, sin cuestionar la legalidad del procedimiento administrativo llevado a cabo y la respectiva sanción. Al respecto, la recurrida se ampara en el artículo 53 la Ley N° 18.695, en el sentido que las resoluciones que ellas dicten, las exime del trámite de la toma de razón, debiendo solo registrarse en la entidad de control cuando afecten a funcionarios municipales, lo cual es el caso de autos, olvidando la recurrente los criterios de jerarquía y especialidad, citando íntegramente lo dispuesto en Resolución N° 6 de la dicha institución fiscalizadora, en especial, que por el artículo 1 se indica que: “Las normas establecidas en la presente resolución son sin perjuicio de las disposiciones legales orgánico-constitucionales que eximan de toma de razón a determinados órganos de la Administración del Estado o materias, o que las declaren afectas, como asimismo, de aquellas que permitan la aplicación inmediata de decretos y resoluciones”.

Precisa que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la misma ley citada, que entre las resoluciones municipales se encuentran precisamente los decretos alcaldicios Cita jurisprudencia para sostener que el análisis sobre la procedencia de esta acción constitucional no ha de centrarse en un examen sobre la mera legalidad de la actividad administrativa, sino en cómo ésta conlleva una afectación de las garantías fundamentales especialmente tuteladas, puesto que, se trata de un instrumento de cautela de derechos fundamentales y no de una vía de control jurisdiccional sobre la legalidad de la actuación administrativa. Así, afirma que no se ha conculcado ningún derecho constitucional de la protegida, quien carece de un derecho indubitado que deba ser protegido por esta vía.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que en estrados se ha precisado por el recurrente que el acto impugnado de ilegal o arbitrario, consiste en haberse omitido por la Contraloría General de la República, el trámite de “toma de razón” del Decreto N° 01/131/2023, emanado de la Municipalidad de Huechuraba, que aplicó la medida disciplinaria de destitución a doña nombre reservado, vulnerando las garantías constitucionales de los numerales 9, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que el artículo 53 de la Ley N°18.965, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que las resoluciones que dicten las municipalidades estarán exentas del trámite de toma de razón, debiendo sólo registrarse en la Contraloría General de la República, cuando afecten a funcionarios municipales.

A su turno, la Resolución N° 6 del ente contralor, en su artículo 1° inciso segundo, confirma lo señalado disponiendo, “(…) Las normas establecidas en la presente resolución son sin perjuicio de las disposiciones legales orgánico-constitucionales que eximan de toma de razón a determinados órganos de la Administración del Estado o materias, o que las declaren afectas, como asimismo, de aquellas que permitan la aplicación inmediata de decretos y resoluciones”.

Séptimo: Que de la normativa referida se advierte que el trámite de toma de razón que echa de menos la recurrente, no es aplicable a las resoluciones dictadas por las municipalidades, las que sólo deben registrarse, como ocurrió en la especie.

En consecuencia, esta acción cautelar carece de todo fundamento, no existe arbitrariedad ni ilegalidad en el actuar de las recurridas, por lo que no han podido vulnerarse las garantías constitucionales denunciadas como infringidas por la recurrente, por lo que no se emitirá pronunciamiento a su respecto, por innecesario.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el Abogado Gonzalo Tello Bilbao, en representación de nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Huechuraba y de la Contraloría General de la República.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción de la Ministra M. Loreto Gutiérrez A.

Protección N°8241-2023.