EMPORIO LA ROSA S.A. con INSPECCION PROVINCIAL TRABAJO nombre reservado

nombre reservado, siete de febrero de dos mil diecinueve.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece don nombre reservado, abogado, quien recurre de protección a favor de Sociedad Emporio La Rosa Ltda., en contra de Inspección Provincial del Trabajo nombre reservado Poniente, representado legalmente por nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal que detalla en su presentación, fundando la acción cautelar en los antecedentes y consideraciones que expone.

Indica que, el día 30 de mayo de 2018, el fiscalizador don nombre reservado cursó multa administrativa al recurrente por una suma de 80 UTM bajo la resolución 4058/18/24, notificada con fecha 10 de septiembre 2018 mediante carta certificada. El recurrente, frente a lo anterior, presentó una reconsideración de multa ingresada el día 11 de octubre de 2018, sin perjuicio de lo cual, el día 17 de octubre de 2018, el recurrido dictó resolución ORD Nº 85, la que constituiría el acto ilegal y arbitrario, ya que esta resolución no da curso a la solicitud de reconsideración interpuesta, por considerar que la presentación no cumple con los requisitos legales al haber sido interpuesta extemporáneamente.

Agrega que lo anterior constituye un acto ilegal y arbitrario, en relación al artículo 25 de la Ley Nº 19.880, ya que la disposición mencionada señala que el plazo indicado es de días hábiles y no de días corridos.

Así las cosas, señala que considerar el plazo como de días hábiles sería un acto arbitrario y vulneratorio de los siguientes derechos:

1) Igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República.

Refiere que en este caso concreto, la resolución administrativa recurrida constituye un acto arbitrario e ilegal que contraviene al artículo 25 de la ley 18.880, ya que de forma injustificada habría negado a tramitación el recurso administrativo presentado oportunamente, dentro de plazo. Por lo tanto, indica que la adminsitración habría proporcionado un trato arbitrario y discriminatorio al recurrente al privarle de un recurso que la ley dispone para todas las personas, aplicando un plazo que no existe.

2) Derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que, al negarse la reconsideración administrativa presentada por el recurrente, este se encuentra obligado al pago de la multa cursada, sufriendo un detrimento injustificado en su patrimonio.

Segundo: Informando el recurso, la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado señala que las alegaciones de la recurrente serían no ajustadas a la legalidad vigente por los siguientes motivos:

a) Facultad de la Dirección del Trabajo: Indica que la Inspección Provincial del Trabajo debe ajustar su actuar conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, por lo tanto, en relación al artículo 511 del Código del Trabajo, este servicio tiene la facultad de reconsiderar las multas cumpliéndose los requisitos que la ley señala al respecto, por lo que su actuar se ajusta a sus facultades.

b) Legalidad de la actuación: Expresa que los plazos para estos efectos no están determinados tal como versa el artículo 512 del Código del Trabajo, el cual no establece si el plazo de 30 días es de días corridos o de días hábiles, y que lo habitual en el Código del Trabajo es que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles lo consigna expresamente.

A mayor abundamiento, cita el dictámen Nº 64.985 de fecha 20 de noviembre de 2009 en el cual se señala que el plazo del artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, lo que también señala el dictamen Nº 17.344 de fecha 10 de marzo de 2014, y que por consiguiente no sería posible aplicar supletoriamente el artículo 25 de la ley 19.880 a la materia.

Expresa que se debe aplicar el artículo 49 y 50 del Código Civil para este caso, siendo un plazo de días corridos que se cuentan hasta la medianoche en que termina el último día del plazo.

Indica que según el artículo 9 inciso final en relación al artículo 5 inciso tercero de la ley 10.366 los dictámenes de la Contraloría General de la República son vinculantes para servicios como la Inspección Provincial del Trabajo, en consecuencia, esta se encuentra obligada a resolver de la manera que lo ha hecho.

Arguye que el recurso de protección interpuesto no cumple los requisitos del artículo 20 de la Constitución Pólítica de la República, señalando que las argumentaciones de la recurrente carecen de todo sustento jurídico y hacen ineficaz la acción constitucional ejercida.

Estima que siendo legal la acción impugnada, y por carecer de rasgos arbitrarios,la resolución recurrida, esta se ajusta a derecho, siendo dictada con estricta sujeción a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la república y a lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo.

Además, sostiene respecto de la garantía establecida en el artículo 19 número 24 de la Constitución Pólítica de la República, que no observa el detrimento de patrimonio alegado, en cuanto el recurso no dice relación con dejar sin efecto la multa impuesta, sino con la admisión o no a tramitación de un recurso administrativo.

Concluye solicitando que se rechace en todas sus partes el recurso de protección interpuesto.

Tercero: Que el recurso de protección constituye, jurídicamente, una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, tanto la Excma. Corte Suprema como esta Corte, se han pronunciado en forma reiterada sobre la materia que motiva el presente recurso, y la jurisprudencia indica que el plazo de 30 días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, para presentar la solicitud de reconsideración ante la Inspección del Trabajo, no es de días corridos, como lo entiende la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. Se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa y al no existir norma expresa que establezca lo contrario, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Por otra parte la propia Contraloría General de la República ha señalado que: “Así, del examen de las disposiciones previamente citadas, se colige que el plazo contenido en el artículo 512 forma parte de un procedimiento administrativo especial sustanciado ante un órgano de la Administración, en el cual existe un aspecto específico que no ha sido contemplado por dicha normativa, esto es, si dicho término corresponde a días hábiles o corridos.

En tal sentido, con arreglo al artículo 1° de la ley N° 19.880, cuando la ley establece procedimientos administrativos especiales, sus disposiciones se aplicarán con carácter supletorio. Al respecto, la jurisprudencia de este Órgano de Fiscalización ha precisado mediante sus dictámenes N°s. 33.255, de 2004; 15.492, de 2008 y 90.462, de 2015, entre otros, que esa aplicación supletoria debe ser conciliable con el conjunto de preceptos que regulan el correspondiente procedimiento administrativo especial.

De ello se sigue que resulta procedente complementar el citado artículo 512 con el inciso primero del artículo 25 de la ley N° 19.880, acorde con el cual los plazos de días son de días hábiles, siendo inhábiles los sábados, los domingos y los festivos.

En consecuencia, cabe entender que el plazo previsto por el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles administrativos” (Dictamen N° 25.891 de 16/10/2018)

Quinto: La resolución de multa Nº 4058/18/24 fue notificada a Sociedad Emporio La Rosa Ltda. el 10 de septiembre de diciembre de 2018 y con fecha 11 de octubre de 2018 la recurrente presentó en la Inspección del trabajo una solicitud de reconsideración de multa, la que se encuentra dentro de plazo legal.

Sexto: Que, por estas razones, al resolver la Dirección del Trabajo que el plazo de treinta días establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo era de días corridos y, por tal razón, extemporánea la reclamación presentada por el recurrente, respecto de la multa impuesta por Resolución Nº 4058/18/24, ha ejecutado un acto ilegal, desde que se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley, presentado dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario que no puede ser aceptado Por las consideraciones anotadas, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y lo preceptuado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE, el recurso de protección deducido a fojas 20 por don nombre reservado en representación de "Sociedad Emporio La Rosa Ltda." y se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° 85 de fecha 14 de octubre de 2018 emanada de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, debiendo la recurrida admitir a tramitación el Recurso de Reconsideración planteado respecto de la Resolución de Multa Nº 4058/18/24 de 30 de mayo de 2018.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del abogado integrante señor Norambuena Hernández.

No firma la Ministro señora Solis, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo por encontrarse con feriado legal.

Protección 82357-2018.- Pronunciada por la Octava Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado, presidida por la ministro señora Marisol Rojas Moya e integrada por la Ministro señora Gloria Solís Romero y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández.