nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de julio de dos mil veintiséis.

Al escrito folio 12: a todo, téngase presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, ingeniera industrial, de nacionalidad peruana, y deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales de técnico extranjero, singularizada como solicitud 2026002674 y formulada al amparo de la Ley N° 18.156, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en los artículos 19 N° 24 y 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Menciona que, en su calidad de profesional extranjera, solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos previsionales de acuerdo con la Ley N° 18.156, cumpliendo íntegramente con los requisitos copulativos que la norma exige, esto es, la calidad de profesional, la afiliación a un régimen de seguridad social en el extranjero y la manifestación expresa de voluntad en su contrato de trabajo. Expone que, con fecha 20 de febrero de 2026, la recurrida notificó el rechazo de la solicitud, fundándolo en que el Oficio N° 67532-2025-SBS no se encontraría apostillado y en que dicho documento no sería suficiente para acreditar las coberturas exigidas.

Sostiene que ese rechazo es arbitrario, toda vez que el documento acompañado cuenta con la Apostilla de La Haya N° MRE[cuenta reservada] y el organismo emisor certifica expresamente coberturas de invalidez, vejez y muerte, cumpliendo con el estándar de protección integral que la jurisprudencia ha validado. Agrega que la administradora no precisa una causal específica de rechazo, limitándose a respuestas genéricas tales como falta de documentos y error en los antecedentes de suscripción del formulario, sin detallar qué documentos considera faltantes ni en qué consisten los supuestos errores, con lo cual vulnera el deber de motivación de los actos administrativos. Afirma haber acompañado todos los documentos que la Ley N° 18.156 exige, esto es, título profesional apostillado y traducido, vínculo laboral con constancia de afiliación previsional extranjera y certificado de afiliación al seguro social debidamente apostillado que comprende todas las coberturas legales.

Cita las normas contenidas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, en cuanto a la naturaleza y oportunidad de la acción; la Ley N° 18.156, cuya finalidad, según la sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N° 96.380-2021, es evitar que el profesional extranjero deba cotizar en dos sistemas por prestaciones idénticas; los artículos 7 de la Constitución y 11 y 41 de la Ley N° 19.880, sobre motivación de los actos administrativos; y los artículos 19 N° 24 y 19 N° 2 de la Constitución.

Pide que se tenga por interpuesto el recurso, se acoja a tramitación y se declare que el rechazo de 20 de febrero de 2026 es ilegal y arbitrario, ordenando que se reconozca la validez de la documentación suministrada y se proceda a un nuevo pronunciamiento que viabilice la devolución de sus fondos previsionales en un plazo razonable, restableciendo el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacuó informe solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, con costas.

Expone, en primer término, que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, pues lo reclamado supone un derecho controvertido y no indubitado, requisito indispensable de esta acción.

Refiere que, efectivamente, con fecha 20 de febrero de 2026 rechazó la solicitud de devolución de fondos de la recurrente, formulando reparo por cuanto el Oficio N° 67532-2025, emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP con fecha 2 de diciembre de 2025, no se acompañó apostillado ni legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y por cuanto el documento que da cuenta de la afiliación no resulta suficiente para acreditar las coberturas exigidas.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal, puesto que la Ley N° 18.156 es una norma de carácter excepcional, de interpretación restrictiva, que exige el cumplimiento copulativo de los requisitos de su artículo 1°. Precisa que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones contenida en los Oficios N° 5376, N° 12.954, N° 3141 y N° 21880, para acreditar la cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° el trabajador debe demostrar, mediante certificación de la institución de seguridad social debidamente legalizada, que contó con protección para todos los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, exigiéndose que la cobertura de salud sea integral. Añade que los documentos extranjeros no legalizados ni apostillados carecen de valor probatorio en Chile conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de la Apostilla.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que el contrato de trabajo de 2 de mayo de 2023 nada señala respecto de una afiliación a un régimen previsional extranjero, y solo en el anexo de 16 de abril de 2024 la trabajadora manifiesta su voluntad de mantener su afiliación en su país de origen, lo que configura una manifestación extemporánea y contradictoria que, según la jurisprudencia administrativa, obliga a hacer primar la afiliación al sistema previsional chileno.

Agrega que la recurrente cuenta con cédula de identidad chilena, residencia permanente y es propietaria de un inmueble en Chile, circunstancia que no garantiza su retorno y que podría irrogar un perjuicio al erario nacional. Sostiene, además, que los fondos de la cuenta de capitalización individual tienen por mandato legal un destino único y exclusivo de financiamiento de pensiones, conforme a los artículos 2, 23, 34 y 51 del Decreto Ley N° 3.500 y al artículo 64 de su reglamento, y que la facultad interpretativa en la materia corresponde a la Superintendencia de Pensiones según el artículo 3 del DFL N° 101, el artículo 47 N° 8 de la Ley N° 20.255 y el artículo 94 N° 3 del Decreto Ley N° 3.500. Invoca en su favor las sentencias de la Excma. Corte Suprema Roles N° 238.255-2023, N° 11330-2025, N° 6932-2025 y N° 20.366-2025, y de diversas Cortes de Apelaciones que respaldan su proceder.

Concluye que en la especie no concurre ninguno de los requisitos copulativos que el artículo 20 de la Constitución exige para la procedencia de la acción, esto es, un acto u omisión ilegal o arbitrario, un agravio y la afectación de una garantía constitucional.

TERCERO: Que, el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales cuando este resulte amenazado, perturbado o privado por un acto u omisión ilegal o arbitrario. En la especie, corresponde determinar si el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por el recurrente al amparo de la Ley N° 18.156, fundado en la insuficiencia de los documentos acompañados para acreditar la cobertura previsional en Perú y en la existencia de una doble manifestación de voluntad incompatible en los instrumentos contractuales, constituye un acto ilegal o arbitrario que amerite la intervención de esta Corte a través de la presente acción cautelar.

CUARTO. Que, del mérito de los antecedentes acompañados al recurso, en especial el informe evacuado por la parte recurrida y los documentos acompañados por la actora junto a la acción cautelar deducida, no se advierte que el acto impugnado adolezca de ilegalidad o arbitrariedad.

En efecto, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. ha fundado su decisión en la inobservancia de los requisitos legales que establece el artículo 1° de dicha ley, particularmente en que el Oficio Nº67532-2025 emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y Afp, de fecha 02/12/2025 no se encuentra Apostillado ni Legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores ni es suficiente para acreditar coberturas exigidas.

QUINTO: Que, en lo que se refiere al requisito invocado por la recurrida, la norma aplicable es el artículo 1° letra a) de la ley precitada, la cual, en lo pertinente, establece lo siguiente:

Artículo 1°: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un Ley 18.726 régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y…”.

SEXTO: Que, pues bien, conforme los antecedentes que obran en el proceso, aportados por la propia recurrente, el documento emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú, denominado “Oficio Nº67532-2025”, carece de apostillado o legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. En este sentido, la exigencia de apostillado o legalización no constituye una carga arbitraria impuesta por la administradora, sino una derivación razonable del deber de verificar la existencia de cobertura efectiva al momento de solicitar el beneficio, conforme a la doctrina administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

En esos términos, la recurrente no ha adjuntado los documentos idóneos para acreditar la exigencia contemplada en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, aplicable para estos efectos.

SÉPTIMO: Que, en tal virtud, siendo este un requisito necesario para la procedencia de la solicitud efectuada, lo que fluye de la sola lectura del precepto recién reproducido, la no concurrencia de cualquiera de esos supuestos impide dar curso a la solicitud de la actora, con lo cual ha de concluirse que la recurrida AFP Provida S.A, al denegar la devolución de las cotizaciones requeridas por la recurrente, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, pues se ha limitado a dar aplicación a la legislación vigente, señalando las razones que tuvo para así decidirlo.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el recurso debe ser desestimado, siendo inoficioso ponderar las garantías fundamentales que la actora estima vulneradas.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección constitucional deducido a favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-8232-2026.