nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de marzo de dos mil diecinueve.

A los folios 19 y 20: Téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, dueña de casa y de don nombre reservado, sin oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber vulnerado, mediante una actuación ilegal y arbitraria, los derechos fundamentales que garantiza la Constitución Política de la República en el artículo 19 N°s 8 y 21.

Pide se declare que son ilegítimos y deben cesar los cortes de agua y en general de suministros básicos, en la propiedad ubicada Cerro La Campana N°827, comuna de Pudahuel; que la autoridad policial debe instar por asegurar que los recurrentes vuelvan no puedan ejercer acciones en su contra que pongan en peligro su salud e impidan la explotación del almacén de su propiedad; adoptar aquellas medidas que esta Corte estime conducentes para restablecer el equilibrio jurídico; con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que el 9 de noviembre pasado, los recurridos procedieron a cortar el agua de la propiedad que arrienda la actora, dejándola sin suministro, tanto la casa en la que habita como el negocio que me sirve de sustento.

Expone que el 3 de julio de 2018, don nombre reservado procedió a entregar en arriendo la propiedad ubicada en domicilio reservado, que forma parte de una sola construcción con la casa habitación que ocupan los recurridos, situación éstos aprovecharon, ya que al encontrarse en ese sector los medidores correspondientes, cortaron la luz de su casa e incluso cerraron con candado la bodega en que guarda parte de las mercaderías del negocio que explota.

Hace presente que durante muchos años ha vivido en el inmueble, haciéndose cargo exclusivamente de pagar el total consumo por servicios básicos, sin que jamás tuviese problemas con doña nombre reservado, que era la antigua dueña del inmueble y que vendió la propiedad a don nombre reservado, para que éste sirviera el crédito hipotecario que le había permitido adquirir el inmueble.

Agrega que a mediados de 2018, el cónyuge de la Sra. nombre reservado volvió a la propiedad y desde esa fecha ha debido sufrir todo tipo de amenazas e insultos para que abandone el inmueble, llegando al extremo de cortarle el suministro de agua, lo que vulnera su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, toda vez que la falta de agua le impide mantener un ambiente limpio y sano sin poder vaciar los receptáculos del baño y lavar tanto los utensilios de cocina, lo que claramente está creándole un problema de salubridad.

Destaca que su única fuente de trabajo es un negocio que explota en la propiedad que arrienda, pero al no tener derecho a utilizar el agua se le hace imposible explotarlo y gran parte de la mercadería se destruyó, vulnerando su derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

Expone que tan grave es esta situación que ha debido mantener cerrado el negocio por miedo a la fiscalización del Seremi de Salud y le clausuren la patente por no cumplir las normas de salubridad. Añade que los recurridos, en un acto absolutamente arbitrario, se apoderaron de una parte del inmueble, que utilizaba como bodega, cambiando el candando y apropiándose de la mercadería que había en su interior, la que estaba conformada por artículos perecibles y verduras.

Conforme lo anterior, estima conculcadas las garantías del artículo 19 N°s 8 y 21, pues, en el primer caso, la han obligado a permanecer en la propiedad que arrienda sin agua, lo que por supuesto deteriora su ambiente, acumulando contaminación domiciliaria, al no poder mantener mínimas normas de salubridad, que perjudican el entorno de su familia.

En el segundo caso, indica que el actuar de los recurridos ha pretendido, mediante la coerción ejercida, imponerle la obligación de dejar la propiedad sin ejercer los derechos que como arrendataria le corresponden, abandonando su fuente de trabajo, pues sin contar con agua potable no es posible explotar un negocio del rubro almacén.

Concluye que la actuación de los recurridos es abiertamente ilegal y arbitraria al proceder en contravención a la normativa vigente y que su primera reacción fue realizar una denuncia en Carabineros, quienes se constituyeron el inmueble, tomando contacto con los recurridos quienes se negaron a restablecer el suministro, a pesar de que fueron conminados a hacerlo, pero al no existir orden judicial, estaban impedidos de restablecer el imperio del derecho sin una orden judicial que los faculte para ello.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó el contrato de arriendo celebrado entre la recurrente y don nombre reservado, respecto de la propiedad ubicada en Cerro La Campana N°827, comuna de Pudahuel.

Tercero: Que, previo emplazamiento, en forma legal, los recurridos no evacuaron el informe requerido, imponiéndoseles una multa que, hasta ahora, no ha sido enterada en la forma ordenada, motivo por el cual, se ordenó prescindir del mismo.

Cuarto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Quinto: Que, habiéndose acreditado por la recurrente la existencia del contrato de arrendamiento respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado, y no obstante haberse denunciado pormenorizadamente los hechos que motivan la presente acción cautelar, los recurridos nada dijeron sobre el particular.

De acuerdo a lo anterior y por aplicación de las reglas del onus probandi establecidas en el artículo 1698 del Código Civil, se tendrá por establecida la existencia del vínculo contractual de arriendo que favorece a la recurrente, respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado, y en consecuencia, debió ser carga de los recurridos acreditar el cumplimiento de la obligación de mantener el referido inmueble en estado de ser utilizado por la recurrente, conforme lo establece el inciso 3° del artículo 1547 del Código Civil.

Sexto: Que, ante la falta de otros antecedentes y presumiéndose la buena fe de la recurrente, esta Corte tiene por establecido que los recurridos han cortado el suministro de agua potable de la recurrente, sin contar con la debida autorización o justificación alguna para ello, hecho que por su implicancia debe ser calificado no sólo como arbitrario, desde que no se ha justificado ninguna razón que habilite para tal conducta, sino que, además, ilegal, desde que contraviene no sólo la ley del contrato en conformidad al artículo 1545 del Código Civil, sino el imperativo legal contenido en el artículo 1924 numerales 2° y 3° del mismo cuerpo legal, en tanto el arrendador es obligado a mantener la cosa en el estado de servir para el fin a que ha sido arrendada y a librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada.

Séptimo: Que, en este estado de cosas, la actuación de los recurridos ha conculcado no sólo la garantía de desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, en tanto la falta de agua potable impide la correcta explotación del local comercial de la recurrente, sino que a juicio de esta Corte se ha conculcado la garantía de igualdad del numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, no obstante no haberse señalado explícitamente en el libelo. En efecto, al no haberse dado razón suficiente para justificar la actuación denunciada, es indudable que a la recurrente se le ha discriminado, al no respetársele los derechos que emanan de su contrato de arrendamiento, tratándosela como una persona que no detenta tales derechos y por medio de una autotutela, se ha negado el suministro de un servicio esencial como lo es el agua.

Octavo: Que, al haberse acogido la acción cautelar por las garantías antes enunciadas, se omitirá pronunciamiento por la otra garantía supuestamente conculcada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se decide:

I.- Que, se acoge, con costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado y de don nombre reservado, sólo en cuanto se ordena que los recurridos cesen, de manera inmediata, con los actos consistentes en cortar el suministro de agua potable en la propiedad donde habita la recurrente, debiendo abstenerse en lo sucesivo de tales conductas, sin perjuicio del ejercicio de los derechos que el ordenamiento jurídico ha previsto, en el evento que estimen que les asiste alguna pretensión contra la recurrente.

II.- Que, atendido que los recurridos no han dado cumplimiento al pago de la multa impuesta de 3 U.T.M. en resolución de veintidós de febrero pasado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, ofíciese a la Tesorería General de la República y a la Contraloría General de la República para los efectos de su cobranza y de su inclusión en la lista de deudores fiscales.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-82.251-2018.