nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 12 de septiembre del presente año, nombre reservado y Constanza Paz Canepa Cubillos, abogadas, recurren de protección a favor de nombre reservado nombre reservado, en contra el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario de fecha 13 de agosto de 2019, consistente en la negativa a estampar la visa de la recurrente en virtud de sus facultades discrecionales, debido a que la misma habría cometido un delito en contra del mismo Departamento de Extranjería y Migración.

El acto recurrido vulnera las garantías de la recurrente, consagradas en el artículo 19 N°s 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Solicitan reestablecer el imperio del derecho y en consecuencia ordenar al departamento de Extranjería y Migración estampar la visa de la recurrente, dejando sin efecto la resolución que rechaza su solicitud de visa, permitiendo a la recurrente regularizar su situación migratoria en el país.

La recurrente funda su recurso señalando que es una ciudadana venezolana, que ingresó a Chile en busca de mejores oportunidades laborales el 11 de febrero de 2016, llegando a asentarse junto con ella su madre y hermanos el año 2018.

En este contexto, a inicios de abril de 2018, al encontrarse su visa temporaria próxima a vencer, solicitó información al Departamento de Extranjería y Migración sobre los pasos a seguir para actualizar su situación migratoria. Dicha autoridad le indicó que, como no tenía suficientes cotizaciones como para postular a una visa de permanencia definitiva, sólo podía solicitar una visa si se inscribía en el proceso de regularización extraordinario, por lo cual, la recurrente decidió inscribirse en el mismo, el día 26 de abril de 2018.

Así las cosas, con fecha 23 de agosto de 2018, la recurrente recibió un correo del Departamento de Extranjería y Migración, indicándole que: “El Gobierno de Chile le comunica que, en el marco del Proceso de Regularización Migratoria extraordinaria, en la cual usted se encuentra participando, se le ha otorgado visación Residencia temporaria, en calidad de titular, por el período de un año. En la notificación que se adjunta al presente correo se detallan las instrucciones a considerar para materializar este beneficio. En ella se enumera la documentación que debe presentar al momento de estampar y se le entregan las indicaciones del lugar, día y hora para realizar el estampado de su visa (…).”

Dentro de los documentos adjuntados al referido correo, se le citaba a la recurrente para el día 29 de agosto de 2018 a las dependencias del Departamento de Extranjería para materializar el referido trámite. Asimismo, dentro de los documentos requeridos para concretar el trámite de otorgamiento de visa, se solicitaba el Certificado de Antecedentes Penales de su país de origen.

Pues bien, la recurrente pensó que la referida documentación debía solicitarse y legalizarse en Venezuela, y, como no podía salir del país ni viajar a su país de origen para obtenerlos, su madre le comentó que tenía un compañero de trabajo llamado Eyker nombre reservado, quien realizaba dichos trámites, ya que, como les comentó tenía un tío que trabajaba en SAIME (Sistema Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) de Venezuela. Confiando en el compañero de trabajo de su madre, la recurrente le encomendó dicho trámite, considerando sobre todo, la premura de obtenerlos, ya que debía concurrir a estampar su visa temporaria en 6 días, siendo este el único documento que le faltaba para concurrir a regularizar su situación migratoria, con todos los requisitos exigidos por la autoridad.

Luego, con fecha 29 de agosto de 2018, a las 10:40 horas la recurrente concurrió a las dependencias del Departamento de Extranjería y Migración a regularizar su situación migratoria, de acuerdo a las instrucciones recibidas en el correo expedido por esta misma autoridad. En este contexto, se le solicitaron los antecedentes penales, ante lo cual, la recurrente entregó a la autoridad los documentos obtenidos por el colega de su madre. En ese momento, al verificar el código de validación de los mismos por parte del funcionario que la estaba atendiendo en esa oportunidad, el mismo se percató que dichos antecedentes eran falsos, pues pertenecían a otra persona, sin perjuicio de que estaban emitidos bajo el nombre de la recurrente. En ese instante, funcionarios de Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a la recurrente, explicándole que había cometido el presunto delito de falsificación de instrumento público, pues el documento expedido a la autoridad era falso. Ante esto, la recurrente prestó declaración ante la referida autoridad, indicando su sorpresa y explicando la situación en los términos ya señalados a lo largo de esta presentación, estos son, que había conseguido los antecedentes de parte de un compañero de trabajo de su madre y que no estaba en conocimiento de que los mismos fueran falsos.

Lo anteriormente señalado dio origen a una investigación en contra de la recurrente y el colega de su madre ya individualizado, por delito de falsificación o uso malicioso de documentos públicos, iniciando la causa RUC 1800865491-K ante la Fiscalía Centro Norte de Santiago, la cual finalmente fue archivada por falta de antecedentes.

Agrega que con fecha 8 de junio del presente año, la recurrente recibió un mensaje de SMS del Departamento de Extranjería, el cual le indicaba que su visa había sido otorgada, y que pidiera una cita en línea para concurrir a estamparla. Dada la confusa información entregada por el Departamento de Extranjería y Migración, con fecha 13 de junio de 2019 se envió a una tramitadora a las dependencias del referido servicio, a corroborar lo señalado en el mensaje de texto recibido por la recurrente. En ese lugar, se le indicó a la tramitadora que efectivamente la visa de nombre reservado estaba pendiente para estampar, pero que, antes de producirse el estampe de la misma, su situación penal debía ser esclarecida. En virtud de lo anteriormente expuesto, con fecha 1 de agosto de 2019, concurrió a Fiscalía Centro Norte de Santiago donde se le informó el archivo provisionalmente de la causa.

Posteriormente, con fecha 13 de agosto de 2019, un tramitador concurrió a las oficinas del Departamento de Extranjería y Migración , en donde fue atendido por la abogada de dicho servicio, quien le señaló expresamente que no iban a estampar la visa de la recurrente en virtud de sus facultades discrecionales, debido a que la misma habría cometido un delito en contra del mismo Departamento de Extranjería y Migración, y que en consecuencia, iban a rechazar su visa. Asimismo, le indicó que prontamente saldría el rechazo de dicha solicitud y que recién allí debería interponer un recurso de reconsideración para ver si se acogía y luego de todo aquello, podría regularizar su situación migratoria.

En virtud de lo anteriormente expuesto, decidió interponer el presente recurso de protección toda vez que, dada la extensa demora en los procesos llevados por el Departamento de Extranjería y Migración, se consideró que esperar la notificación de rechazo de la visa de la recurrente para luego, aguardar aproximadamente 1 año (o más) tras la interposición del recurso de reconsideración contra dicha resolución para tener una respuesta, cuya decisión es además incierta, sólo agravará la situación de angustia vivida por la recurrente relativa a su situación migratoria en Chile.

Señala que el actuar de la recurrida ha sido arbitrario e ilegal por cuanto la recurrente no ha sido condenada ni procesada por ningún tipo de crimen o delito, y tampoco se encuentra prófuga. Lo anterior, queda claro por el hecho de que la investigación desformalizada en su contra por la supuesta participación en el delito de falsificación o uso malicioso de instrumento público, fue archivada provisionalmente por Fiscalía y en consecuencia, no existe procedimiento penal de ninguna índole en su contra.

Por lo anterior, la recurrida ha vulnerado su derecho |a la integridad psíquica de todas las personas, ya que con su actuar la ha envuelto en una permanente incerteza respecto de su estatus migratorio; además se ha vulnerado su garantía de igualdad ante la ley al establecerse una diferencia arbitraria respecto de la aprobación de su visa y, finalmente, se ha atentado contra su derecho al debido proceso al ser juzgada de forma arbitraria por el departamento de Extranjería.

Segundo: Que la recurrida, Departamento de Extranjería y Migraciones, informa que mediante Resolución Exenta N°277.641 de fecha 23 de agosto de 2018, del Departamento, de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se regularizó la situación migratoria de la extranjera en comento y en consecuencia se le otorgó una visación de residencia por el plazo de un año.

La resolución antes señalada le fue informada a la extranjera por Notificación N°125.831/2018 de fecha 23 de agosto de 2018, en la cual, se le informó que a fin de hacer efectivo el beneficio otorgado debía pagar los derechos de la Visa otorgada y, una vez cancelados, acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para regularizar su situación migratoria, esto es, acompañar el certificado de antecedes penales del país de origen, en original y vigente, además de acompañar otros documentos, indicándole que dicho antecedentes debían presentarse el día 29 de agosto de 2018, al momento de estampar.

Agrega que por parte policial N° 4.7/00 de fecha 06 de septiembre de 2018, se informó al departamento que la recurrente había sido detenida el 29 de agosto, en dependencias del Departamento de Extranjería, al haber presentado un certificado de antecedentes falso. Consecuencia de lo anterior, se dictó la Resolución Exenta N°190.8.9.3 de fecha 12 de agosto de 2019, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por medio de la cual se dejó sin efecto la Resolución Exenta N°2 77.641 precitada, y en definitiva se rechazó la solicitud presentada por 1a extranjera en comento, por no cumplir con los requisitos que la legislación contempla.

Expone que por Resolución Exenta Nº 2.878 de fecha 26 de junio de 2018, del Subsecretario de Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se delegó en el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración la facultad de firmar las resoluciones exentas que rechacen o acojan las solicitudes de regularización de los extranjeros que se encuentren inscritos en el proceso extraordinario de regularización migratoria, así como, la facultad para otorgar dentro de dicho proceso visa temporaria por el plazo de un año; resolver los recursos de reposición, que se interpusieren en contra de las resoluciones que rechacen las solicitudes, entre otras.

Agrega que no se vislumbra cómo la negativa a estampar la Resolución Exenta N°277641 de fecha 23 de agosto de 2018, del Departamento de Extranjería y Migración, podría constituir un acto arbitrario o ilegal por el cual la recurrente sufre privación, perturbación o amenaza a alguno de los derechos resguardados por la presente acción de protección, ello por cuanto la resolución exenta antes señalada, fue dejada sin efecto por resolución exenta N°190.893 de fecha 12 de agosto de 2019 y se rechazó la solicitud de regularización presentada por la recurrente.

Así mismo refiere que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 del D.L. N°1.094 de 1975, Ley de Extranjería, se dispone: que.: "Deben revocarse los siguientes permisos y autorizaciones-: N°2 Los otorgados en Chile con infracción a Lo dispuesto en el artículo 63”.

Por su parte el artículo 63 N°4 señala que: "Deben rechazarse las solicitudes qué presenten los siguientes peticionarios: N°3 Los qué entren al país valiéndose de documentos de ingresos falsificados o adulterados o expedidos a favor de otra persona, y los que incurran en iguales falsedades con respecto a la documentación de extranjería otorgada en Chile, sin perjuicio de lo dispuesto en el. articulo 35 y de la responsabilidad penal a que haya lugar, y N°4 Los que no cumplan con los requisitos que habilitan para obtener el beneficio impetrado." Norma de carácter imperativo que se encuentra en los términos contempladas en los artículos 13.9 en relación al artículo 137 Nc3 y N°4 del D.S. N°597 de 1984, Reglamento de Extranjería.

De esta forma, indica que no es hecho controvertido en el presente recurso que la señora nombre reservado, presentó ante la autoridad un certificado de antecedentes penales de su país de origen falso, toda vez que de conformidad a los códigos de validación el documento presentado se encontraba emitido a nombre de otra persona. En consecuencia, la recurrente presentó un documento, falso, a fin de lograr estampar el beneficio otorgado por la Resolución Exenta N°277641 ya señalada, por lo que se configura la hipótesis de los artículos 65 en relación al artículo 63 N°3, ambos del D.L N°1.0.94 de 1974, Ley de Extranjería.

Por otra parte, manifiesta que, no es posible estampar la visa otorgada como se pretende por la interposición del presente recurso, toda vez que la recurrente no cumplió con los requisitos que la autoridad migratoria ha establecido, dentro de los plazos que se otorgaron para ello, lo que es indispensable para dar validez de la visación otorgada, por lo que el actuar de la autoridad no puede ser calificado de arbitrario o ilegal, toda vez que se ha. ajustado a la legislación migratoria vigente, existiendo causa legal para ello.

En cuanto a la supuesta vulneración de los derechos cautelados mediante la acción de protección, señala que ello no es efectivo, por cuanto es la propia recurrente quien presentó un documento falso para obtener su visación, exponiéndose a las consecuencias legales ya descritas, las cuales son iguales para todas las personas que se encuentren en la misma situación.

Finalmente, hace presente que las disposiciones administrativas en las que se funda el rechazo de la solicitud de regularización, apuntan a razones de bien común y orden social, objetivos diversos de los que pudieren haberse tenido a la vista por el Ministerio Público al evaluar la persecución penal de los hechos puestos en su conocimiento, más si se tiene en consideración que la recurrente está conteste en que presentó un documento emitido, a nombre de otra persona, por lo que es el propio actuar de la extranjera la que la pone en la hipótesis contemplada en la resolución exenta N°1.965 antes señalada, razón por la que, en definitiva, fue dejada sin efecto la Resolución Exenta N°277..641 antes referida, y en definitiva rechazada la solicitud de regularización presentada.

Tercero: Que en lo que atañe al asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamenta, debiendo interponer dicha acción en el plazo que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema dictado al efecto.

Quinto: Que, del análisis de los antecedentes, aparece que la cuestión que se reclama por esta vía cautelar, es la negativa a estampar la Resolución Exenta N°277641 de fecha 23 de agosto de 2018, del Departamento de Extranjería y Migración, que le otorgaba visación de residente temporaria en su calidad de titular por un año.

Sexto: Que, por otra parte, la recurrida sustenta su negativa en la circunstancia de haberse cometido un delito por la actora, al haber acompañado un documento falso al proceso, por lo que con fecha 12 de agosto de 2019 se dejó sin efecto la resolución exenta Nº277641 de 23 de agosto de 2018 y rechazó la solicitud de regularización, acto que no ha sido notificado formalmente a la señora nombre reservado, y de la cual podrá reclamar en su oportunidad ante la autoridad respectiva.

Séptimo: Que de lo dicho, luego de ponderar los elementos allegados a la presente causa, conforme a las reglas de la sana crítica, estos sentenciadores advierten que en presente caso doña nombre reservado, ante la solicitud de adjuntar los antecedentes necesarios para su visación definitiva, presentó uno que no sabía era falso y respecto del que se llevó a cabo un procedimiento por el Ministerio Público, que dispuso, en definitiva, el archivo provisional de la causa.

Por otra parte, en junio del presente año, la recurrente recibió un mensaje de texto, mediante el que se indica que su visa ha sido aprobada y debe pedir cita para estampar.

Previo a concurrir al Departamento de Extranjería, la recurrente tomó conocimiento de la decisión de 1 de agosto de 2019 del Ministerio Público de la decisión de archivo provisional de la causa, considerando que no existen antecedentes para imputarle una actuación dolosa en los hechos investigados.

Conforme lo anterior, el 12 de agosto de 2019 asiste a la Oficina de Extranjería, donde se le informa por la funcionaria que la atiende que no se realizaría la visación, por haber sido rechazada la regularización pedida.

Octavo: Que, conforme lo dicho, no se advierte la existencia de un motivo plausible para negar la visación requerida, habiéndose llevado a cabo el procedimiento de manera íntegra, la situación puntual del documento falso acompañado, no ha traído consecuencias jurídicas en su contra al haberse archivado provisionalmente la causa en que se investigaba, en todo caso, a los autos se ha acompañado por la recurrente el documento oficial que da cuenta de no contar con antecedentes penales en su país de origen, todos elementos que llevan a estimar que la actuación de la recurrida deviene en arbitraria, conculcándose la garantía de la igualdad ante la ley, desde que cumpliendo los requisitos para obtener la regularización de su permanencia en Chile, no se le ha permitido hacerlo.

Noveno: Que, en consecuencia, la decisión informada por la recurrida como motivo de hecho para justificar la decisión de negar la visación, esto es, la existencia de un ilícito no comprobado y que sólo sirvió a una investigación penal que fue objeto de una decisión de no perseverar, no tiene sustento, ello porque se invoca la comisión de un hecho delictivo, pero sin una sentencia de término que lo declare y le sirva de fundamento, lo que conlleva a la ausencia de motivaciones de hecho concretas y precisas.

Décimo: Que al no existir un motivo objetivo, que importe la existencia de un impedimento para obtener la regularización de la permanencia de la recurrente en nuestro país, resulta que el obrar de la recurrida resulta ser arbitrario y debe ser enmendado por esta Corte como se dirá.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sibre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el deducido por nombre reservado, y Constanza Paz Canepa Cubillos, abogadas, a favor de nombre reservado nombre reservado, en contra el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por don nombre reservado, consecuentemente, la recurrida deberá estampar, dentro del plazo de diez días de ejecutoriado el presente fallo, la visa de la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra señora María Soledad Melo Labra.

Rol Nº82247-2019.

No firma la Ministra señora Jessica González Troncoso, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora María Soledad Melo Labra e integrada por la Ministro señora Jessica González Troncoso y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández.