Protección contra Sección Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece el abogado Elías Rodrigo Lizama Novoa, en representación de nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Sección Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, por haber incurrido en la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la asignación de grado efectivo, correspondiente a 144 meses comprendidos entre los años 2004 y 2015, la que califica de ilegal y arbitraria y vulneratoria de las garantías establecidas en los N°s. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que ingresó a la referida institución policial en el año 2001 y que su retiro temporal fue aprobado por Decreto Exento N° NUM000 de fecha 9 de octubre de 2019.

Agrega que la Asignación de Grado Efectivo recibe un incremento cuando algún funcionario se desempeña en regiones con derecho a la Asignación de Zona como es el caso de las ciudades de Arica, en la que prestó servicios entre los años 2004 y 2008 y entre los años 2010 y 2015, e Iquique, en la que se desempeñó durante el año 2009, totalizando 144 meses con derecho a dicha asignación.

Refiere que, a través de Radiograma N° 225, de 30 de mayo de 2019, se comunicó a los funcionarios institucionales que se modificaría la base de cálculo de la gratificación de zona mediante la inclusión del estipendio en comento, a partir de mayo 2019, sin embargo, dicha decisión se dejó sin efecto al mes siguiente, lo que fue comunicado por medio del Radiograma N° 285, de 2 de julio de 2019, ello con el objeto de someter el asunto a la Contraloría General de la República y aclarar la pertinencia del procedimiento empleado.

Comenta que el aludido organismo de control se pronunció sobre el asunto mediante dictamen Nº E98928, de 26 de abril de 2021, concluyendo “(…) que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerado en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.”

Afirma que, sin embargo, la institución recurrida omitió dar cumplimiento y menos a regularizar su actuar arbitrario, sin generar ningún acto administrativo tendiente al pago de los saldos adeudados, e interpretó antojadizamente el aludido dictamen, estimando que la fecha de emisión del mismo servía de punto de inicio para el cumplimiento de la obligación que generaba este derecho.

Puntualiza que la situación fue clarificada mediante sentencia recientemente pronunciada por la Excma. Corte Suprema en los autos sobre acción de protección Rol N° 147.027-2023, en la cual el Máximo Tribunal del País despejó la interpretación del citado dictamen, estableciendo que el pago debía realizarse desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021, periodo dentro del cual se encuentra aquel reclamado en autos.

Sostiene que, de acuerdo a los antecedentes expuestos, se puede concluir que el pago suplementario por la recurrida en el mes de mayo de 2019 se efectuó de la manera correcta, lo que constituye un acto de reconocimiento tácito de la existencia de un derecho y de su actuar ilegal y arbitrario referente a la deuda de remuneraciones, de la misma manera que la solicitud de pronunciamiento al ente contralor, actuación que además daría cuenta de la inobservancia de la normativa vigente que regula el pago de remuneraciones.

Plantea que, contrario a lo sostenido por la recurrida, mencionada entidad fiscalizadora no creó el derecho, sino que se limitó a constatar jurídica y administrativamente su existencia.

Por lo anterior, pide que se acoja el recurso y se regularice el pago de las sumas de dinero, debidamente reajustadas, por concepto de la Asignación de Zona, considerando en su base de cálculo la Asignación de Especialidad al Grado Efectivo, de los meses a los que ha tenido derecho conforme a la ley, esto es, 144 meses comprendidos entre los años 2004 al 2015, por haber desempeñado funciones en la ciudad de Arica -Región Policial de Arica y Parinacota- e Iquique -Región Policial de Tarapacá-, con costas en caso de oposición.

Segundo: Que informando al tenor del recurso la Policía de Investigaciones opuso en primer lugar excepción de prescripción respecto de la pretensión del actor.

Sobre el particular aclara que la asignación de especialidad al grado efectivo fue introducida por el artículo 41 del Decreto Ley Nº 3.551, de 1980, publicado el 2 de enero de 1981, disposición que contemplaba expresamente que dicho estipendio no se consideraría para los efectos de la asignación de zona.

Añade que mediante el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1968, del mismo origen, Estatuto del Personal de Carabineros, incorporando dicho beneficio, lo que produjo la derogación tacita del estipendio de similar denominación concedido originalmente por el artículo 41 del citado Decreto Ley N° 3.551, con la única excepción de la regulación relativa a montos.

Reclama que, al no haber disposición especial que regule la materia, en la especie recibe aplicación el artículo 99 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que establece un plazo de prescripción para el cobro de asignaciones, de 6 meses contados desde la fecha en que se hicieron exigibles, por lo que a la fecha de interposición del recurso el derecho a reclamar tales emolumentos estaría prescrito.

En subsidio, alega que la presente acción constitucional es extemporánea, pues el recurrente no señala cómo tomó conocimiento de la ilegalidad, ni lo acredita de manera clara y fehacientemente mediante mecanismo legítimo que permita determinar de manera fidedigna el inicio del cómputo del plazo.

Plantea que el asunto pasó a ser de público conocimiento dentro de la población policial con la dictación de la sentencia de 15 de diciembre de 2022, por parte de la Excelentísima Corte Suprema, en la causa Rol N°12.008-2022, ratificado por la dictación de la sentencia en causa Rol N° 147.027-2023, el 05 de diciembre de 2023, de la misma Corte.

De lo anterior concluye que, al no existir certeza de la fecha en que el actor tomó conocimiento de la omisión que reclama, y atendido que el fundamento temporal de su petición ocurrió hace más de dos años, la acción constitucional debe ser declarada extemporánea.

Aún en subsidio, la institución policial evacuó informe indicando que el presente recurso no es la vía idónea para perseguir el cobro de remuneraciones no reclamadas en su oportunidad, por cuanto se trata de un mecanismo de protección de derechos indubitados, no de aquellos que se encuentren en discusión como ocurre en la especie de tal manera que la acción constitucional deducida no está en condiciones de prosperar.

Adiciona que resulta cuestionable que el recurrente haya intentado una acción excepcionalísima, sin antes agotar la vía administrativa, tendiente a exigir el cobro de estipendios que estima pagados de forma incompleta.

Hace presente que se ha solicitado que esa institución proceda con las operaciones financieras destinadas al pago de las sumas adeudadas al actor, con los reajustes correspondientes, sin señalar montos de dinero específicos, ni proponiendo una operación aritmética de cómo determinar la cuantía de los presuntos dineros adeudados, no habiendo petición concreta en ese sentido, razón por la que, de acogerse el recurso, se incurriría en el vicio de ultra petita.

Argumenta que el recurrente pretende la regularización del pago de la gratificación de zona desde su ingreso a la institución hasta el año 2022, pese a que la modificación legal en que sustenta su petición data del año 2009.

Concluye que no ha existido ningún acto ilegal o arbitrario que atente contra los derechos fundamentales del recurrente, puesto que la Policía de Investigaciones de Chile, ha realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer el pago a los funcionarios, a los cuales les asiste la asignación de especialidad al grado efectivo considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal. Además, en aquellos casos que las diferencias producidas por estipendios pagados parcialmente, tanto por un error en su cálculo o en la interpretación de la normativa aplicable, es aplicable el plazo de prescripción establecido en el ordenamiento jurídico.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que a fin de dilucidar si la presente acción constitucional de protección fue interpuesta dentro del término que señala el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, debe tenerse en consideración que son hechos que constan de los antecedentes los siguientes: a) La remuneración del actor se le pagó, de forma íntegra, al recurrente sólo hasta el mes de mayo de 2019, tras la emisión del Radiograma N° 225, suspendiéndose al mes siguiente. b) La Contraloría General de la República, mediante el Dictamen N° NUM001, de 26 de abril de 2021, resolvió que el pago realizado en mayo de 2019 era ajustado a derecho. c) A través de esta acción, se impetra el pago de los saldos remuneratorios de la asignación de grado efectivo, desde el año 2001 hasta la fecha del retiro temporal, el 9 de octubre de 2019. d) El recurso se interpone en esta Corte de Apelaciones, con fecha 21 de abril del año en curso.

Quinto: Que de los hechos descritos en forma precedente, aparece que la asignación reclamada, no obstante, el reconocimiento realizado por la Contraloría General de la República el día 26 de abril del año 2021, no fue pagado ni regularizado por la recurrida, omisión que no tiene efectos permanentes en el tiempo por cuanto la negativa de pago constituye un solo acto, sin que se haya acreditado que, con posterioridad, a lo decidido por el Ente Contralor, la recurrente haya impetrado o reclamado formalmente el pago de tal asignación.

Sexto: Que desde esta perspectiva y teniendo presente que el arbitrio se interpuso el día 21 de abril último, esto es, más allá del plazo contemplado en el Auto Acordado que rige la materia, se concluye que este dedujo extemporáneamente.

Conforme a lo concluido y razonado, resulta innecesario hacerse cargo de las demás alegaciones.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en contra de la Sección Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese y archívese.

Protección N°8220-2025.