Protección contra Hospital El Carmen - Centro Diagnóstico y el Hospital San Borja Arriarán

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de abril de dos mil veintiséis.

Al folio 16: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 4 de marzo de 2026, comparece nombre reservado interponiendo acción constitucional de protección en contra del Hospital El Carmen - Centro Diagnóstico y el Hospital San Borja Arriarán, por haber omitido otorgarle atención médica quirúrgica oportuna, tanto en el sistema público como en el privado, actuación que considera ilegal y arbitraria, atendido a que los establecimientos recurridos han omitido coordinar y ejecutar la cirugía de columna que le ha sido indicada, derivándola sucesivamente entre instituciones sin concretar la intervención requerida, vulnerando con ello el derecho a elegir el sistema de salud, sea estatal o privado, consagrado en el artículo 19 N° 9 inciso final de la Constitución Política de la República.

Expone que fue diagnosticada con espondilolistesis con radiculopatía y trastornos del disco lumbar, hernia del núcleo pulposo L4-L5, condición que le provoca dolores invalidantes de forma permanente, con pérdida de sensibilidad total en el lado derecho de su cadera, muslo y pierna, requiriendo bastón para desplazarse y siendo incapaz de caminar sin apoyo.

Señala que el 6 de febrero de 2023 solicitó en el Hospital del Trabajador los exámenes médicos necesarios para ser operada y que, posteriormente, solicitó ante FONASA el préstamo de libre elección para operarse en dicho hospital, lo que le fue rechazado en 3 oportunidades.

Agrega que su médico tratante del CESFAM Carlos Godoy, de la comuna de Maipú, realizó una interconsulta al Hospital El Carmen con prioridad alta, pero este derivó la interconsulta al Hospital San Borja, institución que tampoco cuenta con traumatología ni neurocirugía.

Añade que el Hospital San Borja recibió la interconsulta, pero que, dado que cuenta con muy pocos especialistas, no la han llamado, siendo incapaz de entregarle un documento que acredite que se encuentra en espera de una consulta médica, situación que perjudica el pago de sus licencias médicas y la ha dejado con orden de desocupar su vivienda por atrasos en el pago de arriendo.

Manifiesta que, al encontrarse sin medicamentos, dado que no puede comprarlos ni el sistema se los suministra, tiene miedo de quedar postrada, debiendo caminar con bastón y sin poder moverse sin apoyo, recibiendo únicamente inyecciones de betametasona en el CESFAM para paliar los dolores.

Denuncia que las instituciones recurridas han vulnerado su derecho constitucional a elegir el sistema de salud, consagrado en el artículo 19 N° 9 inciso final de la Constitución Política de la República, al negarle en la práctica el acceso a la cirugía que requiere, tanto por la vía pública como a través del mecanismo de libre elección de FONASA.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a las instituciones recurridas otorgar la cirugía de columna que requiere, ya sea a través del sistema público o privado, y que se le haga entrega de los medicamentos necesarios para el tratamiento de su condición.

Segundo: Que, el Hospital Clínico San Borja Arriarán, representado por Denisse Peña Rocco, abogada de la institución, evacúa el informe solicitando a el rechazo íntegro de la presente acción constitucional por carecer de fundamento fáctico y jurídico.

Reconoce que la recurrente presenta una patología traumatológica consistente en trastornos de disco lumbar con radiculopatía, cuadro de dolor lumbar crónico con irradiación y déficit funcional asociado, y que fue derivada desde la Atención Primaria de Salud mediante interconsulta conforme al conducto regular.

Añade que la recurrente fue atendida en dicho Hospital el 18 de marzo de 2026, oportunidad en que se realizó estudio diagnóstico mediante resonancia magnética nuclear, evidenciándose espondilolistesis L4-L5 con estenosis foraminal, estableciéndose indicación quirúrgica de liberación radicular más artrodesis L4-L5, registrándose además una nueva atención el 25 de marzo de 2026 con emisión de licencia médica.

Alega, en primer término, la indeterminación del petitorio del recurso, señalando que la recurrente no precisa de manera clara y concreta la actuación específica que pretende imponer al Hospital, limitándose a formular alegaciones genéricas, lo que afecta directamente uno de los presupuestos básicos de toda acción cautelar constitucional y que pretender que se ordene derechamente la realización de una cirugía implica desnaturalizar el objeto de esta acción constitucional, transformándolo en un mecanismo de sustitución de decisiones médicas y de gestión sanitaria, lo que excede su finalidad cautelar.

Argumenta que esta acción cautelar, de carácter excepcional, exige la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: una acción u omisión ilegal o arbitraria, la afectación de un derecho fundamental, relación de causalidad entre ambas, y la posibilidad de adoptar medidas concretas y que ninguno de estos requisitos se configura en la especie, por cuanto lo que la recurrente pretende es obtener una solución médica preferente, acelerar una intervención quirúrgica y alterar la gestión sanitaria, cuestiones que exceden el ámbito de esta acción constitucional.

Afirma la inexistencia de acto ilegal o arbitrario, señalando que la paciente ha sido evaluada clínicamente, se le realizaron exámenes diagnósticos, se definió conducta terapéutica y se encuentra en proceso de resolución quirúrgica.

Explica que la cirugía no se ha realizado aún por factores objetivos, dado que la patología no es calificada como urgente por el sistema —al no corresponder a patología GES, cirugía de urgencia ni biorobótica—, y que la gestión de listas de espera constituye un sistema estructurado, basado en criterios técnicos y regulado institucionalmente, no siendo arbitraria ni ilegal.

Sostiene la ausencia de vulneración de garantías constitucionales, argumentando que el artículo 19 N° 9, inciso final, de la Constitución asegura la facultad de optar entre el sistema público y privado de salud, pero no el derecho a exigir prestaciones determinadas al margen de los procedimientos propios del sistema al cual la recurrente voluntariamente se adscribió.

Agrega que tampoco concurre vulneración del artículo 19 N° 1, pues no existe riesgo vital ni amenaza cierta, actual o inminente, siendo la condición de la paciente una patología crónica en proceso asistencial regular.

Alega, finalmente, la ausencia de derecho indubitado, postulando que la recurrente no es titular de un derecho cierto a la realización inmediata de una intervención quirúrgica ni a ser priorizada por sobre otros pacientes en igual condición clínica.

Solicita, por los argumentos anteriores, que se rechace el presente arbitrio constitucional en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que, mediante resolución de 15 de abril del año en curso, se prescindió del informe del Hospital El Carmen y se trajeron los autos en relación.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, el hecho que motiva la presente acción constitucional es haber omitido otorgarle atención médica quirúrgica oportuna, tanto en el sistema público como en el privado, atendido a que los establecimientos recurridos han omitido coordinar y ejecutar la cirugía de columna que le ha sido indicada, derivándola sucesivamente entre instituciones sin concretar la intervención requerida Sexto: Que, por el mérito de los antecedentes y la discusión planteada entre las partes, aparece de manera evidente que el presente asunto excede, con creces, los límites para los cuales está establecida la presente acción cautelar.

En efecto, en esencia lo que se cuestiona aquí es que la cirugía a la que se debe someter la recurrente no se ha realizado con la prontitud que desea, encontrándose en lista de espera, dado que su patología no es calificada como urgente conforme la regulación vigente en la materia, al no corresponder a una patología GES, cirugía de urgencia, ni biorobótica, conforme a los criterios técnicos y regulados institucionalmente, lo que no puede ser considerado arbitrario ni ilegal.

Séptimo: Que, conforme se ha venido razonando, la acción constitucional de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentren en discusión o que constituyan una mera expectativa. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parece entenderlo la recurrente de autos.

Octavo: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, por cuanto la situación descrita queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerada mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra del Hospital El Carmen - Centro Diagnóstico y el Hospital San Borja Arriarán. Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad N°Protección-8219-2026.