Protección contra Prefectura Santiago Rinconada

C.A. de Santiago Santiago, doce de agosto de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, capitán de Carabineros y deduce recurso de protección en contra de la Prefectura Santiago Rinconada, representada por su Prefecto, Coronel nombre reservado; la Subprefectura Administrativa de la Prefectura Santiago Rinconada, representada por su Subprefecto Administrativo, nombre reservado; y el Departamento de Personal de Nombramiento Institucional P.1, representado por el General Sr. nombre reservado, por haber dictado actos ilegales y/o arbitrarios, específicamente el acto administrativo contenido en el Acta de Notificación de Liberación del Servicio de Personal de Nombramiento Supremo llamado a Retiro Temporal, de fecha 25 de febrero de 2026, que emana de la Prefectura Santiago Rinconada y la decisión administrativa que le sirve de sustento, contenida en el documento electrónico N.C.U. 248364664, de 24 de febrero de 2026, emitido por el Jefe del Departamento de Personal de Nombramiento Supremo P.1, los que constituyen la manifestación formal y ejecutiva de la medida de liberación del servicio del recurrente, produciendo efectos jurídicos inmediatos en su situación funcionaria.

El recurrente expone que, con fecha 25 de febrero de 2026, fue notificado de que permanecería liberado del servicio desde el 26 de febrero de 2026 hasta la toma de razón del respectivo decreto supremo de retiro temporal, medida fundada -según se le habría informado- en la mantención de un vehículo particular con documentación vencida y multas de tag pendientes, antecedentes que habrían llegado a conocimiento institucional mediante un reclamo anónimo. Señala que no se le exhibió resolución exenta, sumario administrativo ni antecedente formal alguno que fundara la medida, y que se dispuso la entrega inmediata de su cargo fiscal.

El recurrente contextualiza dicha medida dentro de un historial de conflictos previos con la Institución, entre ellos su rebaja a Lista N° 3 de Observación en el proceso calificatorio de 2024, dejada sin efecto por sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 24 de febrero de 2025, confirmada por la Corte Suprema el 12 de septiembre de 2025; una denuncia por acoso laboral formulada por el recurrente en noviembre de 2024 en contra del Teniente Coronel nombre reservado, al amparo de la Ley Karin, y las medidas de resguardo adoptadas con motivo de aquella; una medida disciplinaria de arresto que fue posteriormente dejada sin efecto por vía de apelación; y su traslado sucesivo a la 11ª Comisaría Lo Espejo y a la 52ª Comisaría Rinconada de Maipú, motivado este último por una denuncia formulada en su contra por el Mayor nombre reservado.

Asimismo, destaca su trayectoria funcionaria de 17 años de servicio, sin detenciones, procesamientos ni formalizaciones, con nota de ascenso al grado de Mayor N.P.2 de 6,14, diversas felicitaciones y una única amonestación registrada el 9 de julio de 2024.

El recurrente agrega que el acto impugnado vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, específicamente el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (N°1); la igualdad ante la ley (N° 2°), en cuanto la potestad de liberación del servicio habría sido ejercida en forma selectiva y como represalia por el ejercicio legítimo de acciones judiciales previas; la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos (N° 3°), por haberse ejecutado la medida antes de la existencia de un acto administrativo terminal perfeccionado y sin procedimiento racional y justo; el respeto y protección de la vida privada y la honra (N° 4°), por fundarse la decisión en antecedentes personales ajenos a la competencia disciplinaria de la autoridad recurrida; la libertad de trabajo (N° 16°), por la desproporción de la medida frente a su historial funcionario; y el derecho de propiedad (N° 24), en relación con las remuneraciones, asignaciones y expectativas de progresión en el escalafón afectadas por la separación anticipada.

En particular, argumenta que el conocimiento de las infracciones a la Ley N° 18.290 corresponde exclusivamente a los Juzgados de Policía Local, invocando al efecto el Dictamen de la Contraloría General de la República N° 048303N14, de 30 de junio de 2014, para sostener la falta de competencia de la autoridad administrativa para fundar en tales hechos una medida de la entidad de la liberación del servicio.

Solicita, en definitiva, se declare la vulneración de las garantías constitucionales invocadas y se ordene dejar sin efecto el Acta de Notificación de Liberación del Servicio de 25 de febrero de 2026 y el documento electrónico N.C.U. 248364664 de 24 de febrero de 2026, disponiendo el restablecimiento del imperio del derecho mediante su reincorporación plena al servicio activo.

Segundo: Que la Prefectura Santiago Rinconada, representada por su Prefecto, Coronel Jorge M. nombre reservado, mediante Oficio N° 18, de 17 de marzo de 2026, evacúa el informe solicitado, solicitando en definitiva el rechazo de la acción constitucional.

La recurrida sostiene, en primer término, la inadmisibilidad del recurso interpuesto, invocando jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema en cuanto a que no procede la acción constitucional de protección cuando lo impugnado son actos administrativos intermedios, dictados en el contexto de un sumario administrativo en tramitación, que no contienen una decisión definitiva.

Agrega que con fecha 9 de febrero de 2026, el Departamento de Asuntos Internos informó al Prefecto, con ocasión del Reclamo N° 26181, que el Capitán nombre reservado adquirió en 2014 un vehículo marca Suzuki, modelo Swift, sin efectuar la transferencia de dominio a su nombre, el que se mantiene inscrito a nombre de un tercero sin vínculo con el recurrente, con documentación vencida desde el 31 de marzo de 2024, multas impagas y una deuda por uso de autopistas sin dispositivo TAG. Señala que, consultado sobre el particular, el recurrente indicó no utilizar actualmente el vehículo, cuyo último uso habría sido el 14 de enero de 2026.

Según indica la recurrida, se corroboró la existencia de 545 multas impagas, equivalentes a $30.503.750, y que la documentación y el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales se encuentran vencidos desde el 31 de marzo de 2014. Expone que, remitidos los antecedentes al nombre reservado de la 25ª Comisaría Maipú conforme al artículo 10° del Reglamento de Disciplina N° 11, el recurrente, en audiencia de 12 de febrero de 2026, ratificó los hechos, reconociendo la compra del vehículo en 2014 y su uso paulatino durante diez años, manifestando que en diciembre de 2025 el motor sufrió una falla irrecuperable.

Elevados los antecedentes al Prefecto por estimarse que ameritaban una sanción superior a las atribuciones reglamentarias del nombre reservado, este ordenó, mediante Orden de Sumario N° 23076/1 de 19 de febrero de 2026, la instrucción del respectivo sumario administrativo, a cargo del Mayor nombre reservado. Además, calificando la conducta del recurrente como una vulneración grave al Principio de Probidad Administrativa -consistente en la omisión deliberada de inscribir la transferencia del vehículo, la evasión del pago de tributos fiscales por más de una década y la circulación con el seguro obligatorio vencido, exponiendo a un eventual desamparo económico a terceros-, el Prefecto solicitó, mediante Oficio Secreto N° 1 de 13 de febrero de 2026, elevar los antecedentes a la Máxima Autoridad Institucional para que se evaluara el llamado a Retiro Temporal del recurrente, invocando el artículo 65° letra b) del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, en relación con el artículo 40° letra a) de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros y el artículo 109° letra e) del D.F.L. N° 2 de 1968.

Mediante documento electrónico NCU 248364664 de 24 de febrero de 2026, el Departamento de Personal de Nombramiento Supremo P.1 comunicó a la Prefectura el inicio de la tramitación del retiro temporal del recurrente, disponiendo su notificación, la que se materializó el 25 de febrero de 2026 mediante el Acta de Notificación de Liberación del Servicio.

La recurrida sostiene que el personal de Carabineros se rige por un estatuto disciplinario especial conforme al artículo 1° inciso cuarto y al artículo 84° bis de la Ley N° 18.961 y que el artículo 23° N° 1 letra e) del Reglamento de Disciplina N° 11 contempla la separación del servicio como medida aplicable al Personal de Nombramiento Supremo, la que se perfecciona mediante decreto supremo conforme al artículo 105° de la Constitución Política.

Añade que, excepcionalmente, la reglamentación institucional permite la eliminación inmediata del funcionario, quedando las condiciones de su retiro supeditadas al resultado del sumario administrativo respectivo, y que dicha desvinculación no constituye una sanción, sino el ejercicio de una potestad conferida al Presidente de la República a proposición del General Director, citando al efecto los Dictámenes de la Contraloría General de la República y jurisprudencia de la Corte Suprema.

Sostiene, además, que la Liberación del Servicio constituye un acto de mero trámite y preparatorio, cuyo único objeto es comunicar al funcionario la decisión de tramitar su retiro temporal, sin producir efectos sobre su vínculo estatutario, invocando al efecto la Circular N° 1.847 de la Subdirección General de Carabineros, de 22 de mayo de 2020, los Dictámenes de Contraloría y una sentencia de esta Corte.

La recurrida argumenta que el recurso de protección constituye una acción cautelar de emergencia que no es idónea para declarar derechos controvertidos, citando al efecto una sentencia del Tribunal Constitucional y afirma que la pretensión del recurrente, orientada a dejar sin efecto el acto impugnado y obtener su reincorporación, requeriría el examen y cotejo de pruebas propio de un juicio de lato conocimiento, y por tanto, el recurrente carecería de un derecho indubitado que habilite la vía cautelar intentada.

En cuanto al fondo del recurso, la recurrida controvierte las alegaciones del recurrente relativas al contexto de hostigamiento y represalia, señalando que la medida obedeció exclusivamente a las irregularidades constatadas respecto del vehículo particular. Añade, como antecedente no expuesto por el recurrente en su libelo, que la Hoja de Vida de éste registra un total de 9 sanciones disciplinarias a firme, la última de 7 de julio de 2025 consistente en 4 días de arresto, además de 7 procesos disciplinarios actualmente en tramitación.

En cuanto al argumento relativo a la competencia exclusiva de los Juzgados de Policía Local respecto de infracciones a la Ley N° 18.290, la recurrida replica que el fundamento de la medida no radica en dichas infracciones sino en la violación manifiesta a los principios morales y disciplinarios que rigen el actuar institucional, en los términos del artículo 65° letra b) del Reglamento N° 8.

Sostiene finalmente que no se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, por cuanto la medida se fundó en antecedentes objetivos, ponderados conforme al procedimiento aplicable uniformemente a todo el personal institucional.

La recurrida acompaña los siguientes antecedentes: el documento electrónico NCU 247373983 del Departamento de Asuntos Internos; los anexos del Reclamo N° 26181; el acta de audiencia de 12 de febrero de 2026; el documento electrónico NCU 247697795; la Orden de Sumario N° 23076/1; el Oficio Secreto N° 1 de 13 de febrero de 2026; el documento electrónico NCU 248364664; el Acta de Notificación de Liberación del Servicio de 25 de febrero de 2026; y la Hoja de Vida del recurrente.

Tercero: Que, por su parte, la Subprefectura Administrativa de la Prefectura Santiago Rinconada, representada por el Teniente Coronel nombre reservado, al evacuar el informe expone que, por razones de economía procesal y atendida la identidad sustancial de los hechos que motivan la presente acción cautelar en su contra, hace suyo el informe evacuado por el Prefecto de la misma repartición mediante Oficio N° 18, de 17 de marzo de 2026, señalando que dicho documento contiene la totalidad de los argumentos fácticos y jurídicos necesarios para desvirtuar la existencia de los actos arbitrarios o ilegales que afecten garantías constitucionales que se imputan.

Cuarto: Que, a su turno, el Departamento Personal de Nombramiento Supremo (P.1), dependiente de la Dirección Nacional de Personal, representado por su Jefe, Coronel Natalia A. nombre reservado, evacúa el informe solicitado por la acción deducida en contra de del Acta de Notificación de Liberación del Servicio del Personal de Nombramiento Supremo llamado a Retiro Temporal, de 25 de febrero de 2026, de la Prefectura Santiago Rinconada y el documento electrónico N.C.U. 248364664, de 24 de febrero de 2026, de este Departamento y, en cuanto a las circunstancias fácticas explica que consultado el Sistema Integrado de Información del Personal de Carabineros de Chile (SIIPER), el recurrente ingresó a la Institución el 1 de febrero de 2008 como Aspirante a Oficial, ascendiendo a Subteniente el 16 de diciembre de 2010, a Teniente el 16 de diciembre de 2013 y a Capitán el 2 de enero de 2020, siendo actualmente de dotación de la 25ª Comisaría Maipú, de la Prefectura Santiago Rinconada. En lo relativo a su área de competencia, expone que, en razón de lo informado por la Zona de Carabineros Santiago Oeste mediante Oficio N° 31 de 19 de febrero de 2026, y elevados sucesivamente los antecedentes por la Zona Metropolitana de Carabineros y la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, se puso en conocimiento de la Secretaría General y Asuntos Internacionales de Carabineros la situación del recurrente, estableciéndose que este adquirió en 2014 un vehículo marca Suzuki, modelo Swift, sin efectuar la transferencia de dominio, el que a la fecha figura a nombre de un tercero sin vínculo con el recurrente, manteniendo la documentación vencida desde el 31 de marzo de 2024 y registrando 545 multas impagas por un total de $30.503.750 por uso de autopistas sin dispositivo TAG. Añade que, consultado por Asuntos Internos, el recurrente señaló no utilizar actualmente el vehículo, indicando que su último uso fue el 14 de enero de 2026. Requerido en audiencia conforme al artículo 12 del Reglamento de Disciplina N° 11, el recurrente ratificó los hechos, reconociendo la compra del vehículo en 2014 con diversas infracciones para regularizarlo y venderlo, y su uso paulatino durante diez años, señalando que en diciembre de 2025 el motor sufrió una falla irreparable. Dicha conducta fue calificada como un cúmulo de irregularidades que vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, lo que motivó que la Prefectura Santiago Rinconada dispusiera la instrucción de un sumario administrativo mediante Orden de Sumario N° 23.076/1 de 19 de febrero de 2026.

Agrega que, en virtud de ello, el Jefe de Zona Subrogante de la Zona de Carabineros Santiago Oeste estimó inconveniente la permanencia del recurrente en la Institución, solicitando la tramitación de su retiro temporal conforme al artículo 65 letra b) del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, lo que fue elevado a consideración de la Máxima Autoridad Institucional, quien, mediante documento electrónico N.C.U. 248193924 de 24 de febrero de 2026, resolvió dar curso a la medida administrativa —no disciplinaria- del citado artículo 65 letra b), quedando las condiciones del retiro supeditadas al dictamen del sumario administrativo, y disponiendo que se recabara fundadamente la tramitación del llamado a retiro temporal. En cumplimiento de lo anterior, mediante documento electrónico N.C.U. 248364664 de 24 de febrero de 2026, este Departamento dispuso a la Prefectura Santiago Rinconada la notificación de la liberación del servicio del recurrente, lo que se materializó personalmente el 25 de febrero de 2026, y que mediante Oficio N° 266 de 27 de febrero de 2026 se solicitó a la Subsecretaría de Seguridad Pública la dictación del decreto respectivo.

Añade que, verificado el SIIPER, el recurrente se mantiene en las filas de la Institución, liberado del servicio y percibiendo remuneraciones, por cuanto aún no se recibe por la Cartera Ministerial el decreto que dispone su retiro temporal.

En cuanto a la normativa, señala que, conforme a los artículos 38 de la Ley N° 18.961 y 68 del D.F.L. N° 2 de 1968, el personal de Carabineros deja de pertenecer a la Institución por retiro o fallecimiento, comprendiéndose en retiro temporal, según el artículo 40 letra a) de la Ley N° 18.961, a los Oficiales a quienes el Presidente de la República disponga su retiro a proposición del General Director. Cita el artículo 65 letra b) del Reglamento N° 8, que dispone que no podrán continuar en servicio activo quienes hubieren incurrido en violaciones manifiestas a los principios morales o disciplinarios de tal gravedad que su permanencia sea inconveniente para el prestigio institucional, quedando las condiciones del retiro supeditadas al dictamen del sumario administrativo correspondiente, sin perjuicio de la eliminación inmediata del afectado.

Precisa que dicha desvinculación no constituye sanción, sino una potestad conferida al Presidente de la República, citando distintos Dictámenes de Contraloría N°s 5.082 de 2018, 29.183 de 2017 y 86.162 de 2016 y jurisprudencia de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.

En cuanto a la liberación del servicio, sostiene que constituye un acto cuyo único objeto es comunicar al funcionario la decisión de tramitar su cese, sin disponerlo, conforme a los Dictámenes de Contraloría y fallos de que cita conforme a los cuales dicho acto no constituye acto terminal y no requiere fundamentación bajo la Ley N° 19.880.

Por otro lado, la recurrida controvierte la alegación del recurrente relativa a un contexto de hostigamiento y represalia. Respecto de la rebaja de lista de 2024 dejada sin efecto por sentencia firme, señala que dicha decisión correspondió a la Honorable Junta Calificadora de Méritos y Apelaciones, órgano distinto del Departamento que informa, sin que exista correlación atendible con la liberación del servicio. En relación con las alegaciones de acoso laboral y traslados sucesivos, sostiene que tales situaciones corresponden a procesos reglados y ajenos a la competencia del Departamento, cuya actividad se limitó a tramitar la documentación conforme a la Orden General N° 3.193 de 6 de septiembre de 2024 y la Orden General N° 2.972 de 15 de noviembre de 2022, lo que sustentaría además su falta de legitimación pasiva.

Respecto de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente (N°s 1°, 2°, 3°, 4°, 16° y 24° del artículo 19), la recurrida las controvierte una a una, sosteniendo sustancialmente que no existe acto concertado que vulnere su integridad psíquica; la medida no constituye trato discriminatorio, pues se fundó en hechos objetivos vinculados al principio de probidad administrativa y no en la Ley N° 18.290; el recurrente podrá impugnar el decreto exento cuando se dicte, sin que exista indefensión; la afectación a la vida privada se justifica en que la probidad administrativa alcanza incluso la vida privada del funcionario; no se ha vulnerado la libertad de trabajo ni el derecho de propiedad, por cuanto la liberación del servicio no constituye el acto terminal que pondrá fin al vínculo estatutario.

Cita asimismo el fallo de 7 de febrero de 2024, los fallos que señalan que la revisión de juridicidad no puede extenderse al mérito de las decisiones adoptadas en ejercicio de potestades de mando, y en el cual se resolvió que el acto impugnado en dicho caso no revestía carácter terminal.

La recurrida refiere que el recurrente no posee un derecho indubitado, invocando al efecto distintas sentencias de la Corte Suprema.

En definitiva, solicita se declare que el actuar del Departamento tuvo por único objeto comunicar al recurrente la decisión de tramitar su cese, sin que se advierta ilegalidad o arbitrariedad en su actuación, solicitando en definitiva que el recurso de protección sea rechazado, con expresa condena en costas.

La recurrida, acompañan, entre otros: el Oficio N° 31 de 19 de febrero de 2026 de la Zona de Carabineros Santiago Oeste; los documentos electrónicos N.C.U. 248193924, 248122901, 248341732 y 248364664; el Acta de Notificación de Liberación del Servicio de 25 de febrero de 2026; el Oficio N° 266 de 27 de febrero de 2026 de la Dirección Nacional de Personal; la Circular N° 1.847 de 22 de mayo de 2020; y las Órdenes Generales N°s 3.193 de 2024 y 2.972 de 2022.

Quinto: Que resulta pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto ilegal o arbitrario que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar.

La afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes de autos, se constata lo siguiente:

1.- El 09.02.2026, el Departamento de Asuntos Internos, informó a la Prefectura Santiago Rinconada los resultados de las diligencias practicadas por la Sección Anticorrupción con ocasión del Reclamo N° 26181, estableciéndose que el Capitán nombre reservado adquirió en el año 2014 un vehículo marca Suzuki, modelo Swift, PPU DTDR-56, sin haber efectuado la transferencia de dominio, manteniendo dicho vehículo documentación vencida y multas impagas, lo que el recurrente reconoció el 12.02.2026, ante el nombre reservado de la 25ª Comisaría Maipú, por lo que en esa misma fecha, mediante el Acta de Resolución del Sr. nombre reservado, se elevaron los antecedentes al Prefecto de Santiago Rinconada, por estimar que los hechos ameritaban una sanción superior a sus atribuciones, conforme con el Reglamento de Disciplina N° 11;

2.- Posteriormente, el 13.02.2026, a través del Oficio Secreto N° 1 de la Prefectura Santiago Rinconada, se solicitó a la Zona de Carabineros Santiago Oeste elevar los antecedentes a la Máxima Autoridad Institucional, a efectos de requerir el llamado a retiro temporal del oficial conforme al artículo 65° letra b) del Reglamento N° 8 y el 19.02.2026, el Prefecto de Santiago Rinconada, Coronel Jorge M. nombre reservado, dispuso la Orden de Sumario N° 23.076/1 para la instrucción de un sumario administrativo, con el objeto de establecer los hechos y las responsabilidades administrativas y disciplinarias correspondientes y mediante el Oficio N° 31, de 19.02.2026, de la Zona de Carabineros Santiago Oeste, se recabar de la Máxima Autoridad Institucional su anuencia para el retiro temporal del Capitán nombre reservado, remitiendo la Zona Metropolitana de Carabineros, mediante el Documento Electrónico N.C.U. 248122901, los antecedentes a la Dirección Nacional de Orden y Seguridad.

3.- Luego de la tramitación interna de ese requerimiento, se emitió el Oficio Secreto N° 13, de 20.02.2026, de la Asesoría Jurídica DIOSCAR la revisión del oficio proforma; con fecha 24.02.2026, la Secretaría General y Asuntos Internacionales de Carabineros, comunicó que el General Director había resuelto dar curso a la petición de aplicar al Capitán nombre reservado la medida administrativa (no disciplinaria) del artículo 65° letra b) del Reglamento N° 8, quedando las condiciones del retiro supeditadas al dictamen del sumario administrativo;

4.- La Dirección Nacional de Personal al Departamento Personal de Nombramiento Supremo, departamento P.1., mediante documento electrónico N.C.U. 248364664 instruye a la Prefectura aplicar el Anexo 2 de la Circular 1.847 y notificar la liberación del servicio. La notificación de la liberación del servicio del oficial se materializó con fecha 25.02.2026, mediante el Acta de Notificación de Liberación del Servicio de Personal de Nombramiento Supremo llamado a Retiro Temporal, quedando el Capitán nombre reservado liberado de sus funciones a contar del 26.02.2026;

5.- El 27.02.2026, la Dirección Nacional de Personal, mediante el Oficio N° 266, suscrito por el General nombre reservado, Director Nacional de Personal, solicitó formalmente a la Subsecretaría de Seguridad Pública la dictación del decreto supremo que disponga el retiro temporal del Capitán nombre reservado, dejando expresamente establecido que la causal de retiro queda supeditada a lo que en definitiva resuelva el sumario administrativo.

Séptimo: Que el recurso se dirige tanto en contra del Acta de Notificación de Liberación del Servicio de Personal de Nombramiento Supremo llamado a Retiro Temporal, de fecha 25 de febrero de 2026, emanada de la Prefectura Santiago Rinconada y notificada personalmente al recurrente por el Teniente Coronel nombre reservado, mediante la cual se le comunicó que permanecería liberado del servicio desde las 00:00 horas del 26 de febrero de 2026 y hasta la notificación del decreto supremo de retiro temporal, cuanto del documento electrónico N.C.U. 248364664, de 24 de febrero de 2026, emitido por el Departamento de Personal de Nombramiento Supremo P.1 (General nombre reservado), que ordenó a la Prefectura ejecutar dicha notificación, siendo éste el antecedente de la anterior, por lo que se trata de una única actuación administrativa.

Octavo: Que, para resolver sobre la legalidad y/o arbitrariedad de la decisión administrativa impugnada, resulta pertinente considerar el marco normativo aplicable a la liberación del servicio y el retiro temporal del personal de Carabineros de Chile.

En tal sentido, cabe recordar que el artículo 40° letra a) de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, faculta a S.E. el Presidente de la República para disponer el retiro temporal de los Oficiales y Personal de Nombramiento Supremo, atribución que se ejerce a proposición del General Director de la Institución, en concordancia con el artículo 109° letra e) del D.F.L. (ex Interior) N° 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, que reitera idéntica potestad.

Por su parte, el artículo 65° letra b) del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, aprobado por Decreto Supremo N° 5.193, de 1959, del Ministerio del Interior, contempla como causal específica de retiro la circunstancia de que el funcionario hubiere incurrido en violaciones manifiestas a los principios morales o disciplinarios, de tal gravedad que su permanencia en las filas resulte inconveniente para el prestigio institucional. Dicha disposición establece expresamente que las condiciones del retiro quedan supeditadas al dictamen del sumario administrativo correspondiente, sin perjuicio de la eliminación inmediata del afectado, quien será llamado a retiro temporal mientras se sustancia dicho procedimiento disciplinario.

Noveno: Que la Circular Subdigcar N° 1.847, de 22 de mayo de 2020, de la Subdirección General de Carabineros -invocada por los recurridos como fundamento normativo de la actuación cuestionada-, regula, en su Título III, N° 1, el procedimiento de "Retiro Temporal del Personal de Nombramiento Supremo", aplicable a la causal prevista en el artículo 65° letra b) del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8.

Conforme a dicho instrumento, la liberación del servicio constituye una medida transitoria que se dispone, sin perjuicio de la dictación del respectivo decreto supremo que llame a retiro temporal al afectado, correspondiendo su tramitación a la Dirección Nacional de Personal a través del Departamento Personal de Nombramiento Supremo (P.1.), quien deberá notificarla conforme al modelo de acta contenido en el Anexo 2 de la referida Circular, lo que permite desestimar la alegación de falta de legitimación pasiva invocada por el Departamento Personal de Nombramiento Supremo (P.1), dependiente de la Dirección Nacional de Personal.

Dicha liberación se extiende desde las 00:00 horas del día siguiente a su notificación y hasta las 00:00 horas del día siguiente a aquel en que se notifique el decreto supremo tomado de razón por la Contraloría General de la República, mediante el cual se dispone el llamado a retiro temporal.

La Circular señala que el afectado mantendrá su condición de personal activo mientras dure la liberación del servicio, conservando las remuneraciones inherentes a su empleo y las prestaciones de salud correspondientes, así como permaneciendo sujeto al régimen disciplinario y jerárquico institucional hasta la notificación del decreto de retiro con la respectiva toma de razón.

Dicha exigencia es reiterada en el Título IV, N° 8, del referido instrumento, el cual impone a las Altas Reparticiones el deber de adoptar las medidas pertinentes para que el personal liberado del servicio perciba tales remuneraciones y prestaciones durante el período de liberación.

Décimo: Que de lo anterior se sigue que la liberación del servicio, en los términos regulados por la Circular N° 1.847/2020, no produce por sí misma la desvinculación del funcionario de la Institución, ni afecta su calidad de servidor público ni sus derechos estatutarios y remuneraciones, sino que se limita a suspender el ejercicio material de sus funciones, produciéndose la separación definitiva únicamente con la dictación y notificación del decreto supremo de retiro temporal tomado de razón por el ente contralor. En consecuencia, la liberación del servicio no reviste el carácter de acto administrativo terminal, esto es, de aquel que resuelve el asunto de fondo y pone fin al procedimiento, sino que constituye un acto de mera tramitación o preparatorio, cuya única finalidad es comunicar al funcionario que se ha adoptado la decisión de tramitar su retiro, con los efectos señalados.

Siendo ello así, la desvinculación definitiva del recurrente solo se perfeccionará con la dictación y notificación del decreto supremo de retiro temporal, debidamente tomado de razón por la Contraloría General de la República, circunstancia que resulta determinante para desestimar la acción constitucional de protección intentada, la que se encuentra reservada precisamente para actos u omisiones que revistan el carácter de terminales y que produzcan una afectación efectiva -y no meramente eventual o condicional- a las garantías constitucionales invocadas.

Undécimo: Que, sin perjuicio de la transitoriedad de la medida de la liberación de servicio vinculada al retiro temporal del funcionario afectado, no se puede obviar que su dictación agota una instancia institucional interna y, en ese entendido, no exime a la autoridad de un deber de motivación sustantivo ni de la previa ponderación de antecedentes de entidad suficiente que lo justifiquen, como se sostuvo por la Corte Suprema en autos Rol N° 9.741-2025, exigencia que se torna especialmente rigurosa cuando la medida se funda en razones de prestigio y disciplina institucional, como sucede en la especie -según se advierte del Oficio N° 266 por el que se solicitó formalmente a la Subsecretaría de Seguridad Pública la dictación del decreto supremo que disponga su retiro temporal-, por tratarse de conceptos jurídicos indeterminados cuya aplicación exige un análisis circunstanciado y no una invocación genérica o formal.

Duodécimo: Que, en cumplimiento de la exigencia de motivación, el señalado Oficio N° 266, expresa “la conducta cometida por el Capitán nombre reservado, no puede entenderse como un descuido o una mera falta, sino que, configuran un cúmulo de irregularidades que vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, al mantener una omisión deliberada desde el año 2014, respecto de su obligación legal de inscribir la transferencia de dominio del vehículo P.P.U. DTDR-56, haciendo uso de éste desde dicha época, al margen de las reglas que son obligatorias para todo ciudadano, más aún en su condición de Oficial de Carabineros, resultando de mayor gravedad el hecho de haber evadido impuestos municipales al no pagar el permiso de circulación, lo cual constituye un tributo obligatorio y, su decisión de circular con el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales vencido, representa una conducta absolutamente temeraria e irresponsable, puesto que ante un eventual accidente de tránsito, deja en un desamparo económico a conductores y peatones, desatendiendo el deber de protección a la ciudadanía que obliga legal y éticamente a todo integrante de la Institución. Todo lo anterior, sumado a la acumulación de 545 multas y una deuda de $30.503.750, por concepto de uso de diferentes autopistas sin el dispositivo TAG, que pone en evidencia un desprecio absoluto por el estado de derecho y un incumplimiento de mandato legal que rige el actuar institucional, ya que mientras Carabineros tiene la misión de fiscalizar estas normas, el Capitán nombre reservado, las vulneró”, lo que claramente cumple el estándar exigido.

De esta manera, acorde con lo razonado precedentemente, la cuestionada medida de liberación de servicio notificada al recurrente fue dictada por la autoridad competente, en uso de sus facultades legales y debidamente fundada, por lo que no resulta ilegal ni arbitraria.

Por estas consideraciones, normativa citada y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Prefectura Santiago Rinconada, la Subprefectura Administrativa de la Prefectura Santiago Rinconada, y el Departamento de Personal de Nombramiento Institucional P.1.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Redactada por la ministra Paula Rodríguez Fondón.

No firma la abogada integrante señora Insunza, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

N° Protección-8214-2026.