Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, nueve de febrero de dos mil veintiséis.

Al folio 44; téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, en favor de sus hijas menores nombre reservado y nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, por haber omitido la gestión de matrícula para las referidas estudiantes para el año lectivo en curso.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que, pese a figurar en las listas de espera del Sistema de Admisión Escolar (SAE), el establecimiento no ha otorgado los cupos necesarios para garantizar su continuidad educativa, vulnerando con ello el derecho fundamental a la libertad de enseñanza, garantizado en el artículo 19 número 11 de la Constitución Política de la República.

Expone que sus hijas han atravesado complejos procesos de salud mental durante los años 2023 y 2024. Particularmente, la hija mayor, nombre reservado, requirió hospitalizaciones psiquiátricas en el Hospital Dr. Félix Bulnes, periodo durante el cual mantuvo su escolaridad en un colegio hospitalario con un desempeño académico sobresaliente. Agrega que, tras recibir el alta médica, resulta imperativo para su recuperación integral el retorno a un régimen escolar normal.

En este contexto, expresa que se postuló al establecimiento recurrido por ser el único en la zona que imparte la especialidad de Técnico en Enfermería, área de interés de la menor para retribuir el apoyo recibido durante su enfermedad. No obstante, denuncia que las listas de espera del sistema SAE se encuentran estancadas desde agosto de 2024, a pesar de tener conocimiento de que otros postulantes han liberado vacantes al matricularse en otros centros.

Afirma que el sistema de asignación actual resulta "ciego" ante las necesidades específicas de reintegro post-hospitalario, privando a las estudiantes de retomar su vida cotidiana y sanar a través del estudio.

En definitiva, solicita que se ordene al Colegio nombre reservado proceder a la matrícula de nombre reservado y nombre reservado, permitiendo que se reintegren a la vida escolar de manera inmediata para evitar la pérdida de contenidos pedagógicos y asegurar su estabilidad emocional.

SEGUNDO: Que, informando el recurso de protección deducido, la Superintendencia de Educación, por intermedio de su Director Regional Metropolitano, don nombre reservado, mediante Ordinario NUM000, de fecha 25 de abril de 2025, expuso los argumentos que a continuación se exponen.

Sostiene que la Ley N° 20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, asigna a la Superintendencia de Educación, conforme a su artículo 48, el objeto de fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a la normativa educacional, controlar la legalidad del uso de los recursos por los sostenedores que reciban financiamiento estatal, y atender las denuncias y reclamos de las comunidades educativas y otros usuarios e interesados. Agregó que, para el cumplimiento de dicho objeto, el artículo 49 del mismo cuerpo legal le confiere una serie de atribuciones, entre las que destacan aquellas de carácter interpretativo, normativo, inspectivo y sancionador.

En relación con el ejercicio concreto de tales potestades, indicó que, de conformidad con el artículo 51 de la Ley SAC, la Superintendencia actúa de oficio o a petición de interesado, desplegando habitualmente su actividad fiscalizadora a través de programas aprobados por un Plan Anual de Fiscalización, cuya regulación específica se encuentra en el párrafo 2° del Título III de la referida ley. Precisó, además, que el artículo 57 de dicho cuerpo normativo faculta al organismo para recibir denuncias y reclamos formulados por miembros de la comunidad educativa u otros directamente interesados, siempre que se refieran a materias de su competencia.

En lo medular de su defensa, la informante señaló que lo solicitado en el recurso de protección se encuentra fuera del ámbito de competencias de la Superintendencia de Educación, toda vez que la información referente a matrículas corresponde al Ministerio de Educación, organismo del cual depende el Sistema de Admisión Escolar. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, informó haber procedido a derivar al Ministerio de Educación la solicitud de información requerida en autos.

TERCERO: Que, por su parte, la Fundación Educacional nombre reservado, sostenedora del Liceo nombre reservado, representada por su abogada doña Natalia Fernanda Henríquez Bachmann, evacuó el informe requerido por esta Corte, solicitando desde ya el rechazo del recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en favor de sus hijas menores de edad, de nombres nombre reservado y nombre reservado, fundándose en los argumentos de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

Como cuestión principal, la recurrida opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, sosteniendo que, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.845, denominada Ley de Inclusión Escolar, de fecha 8 de junio de 2015, se eliminaron los procesos de selección de estudiantes en los establecimientos particulares subvencionados. En ese orden, indicó que dicha ley modificó el artículo 6° del D.F.L. N° 2 de 1998, sobre Subvenciones Escolares, incorporando como requisito para impetrar el beneficio de la subvención que los establecimientos no sometan la admisión de estudiantes a procesos de selección, correspondiendo a las familias el derecho de optar por los proyectos educativos de su preferencia.

Alegas que resulta patente que la normativa educacional vigente impide a su representada intervenir en los procesos de selección de alumnos, por cuanto es el Ministerio de Educación quien detenta el control sobre el ingreso de estudiantes al establecimiento, y cualquier actuación en contrario acarrearía gravísimas sanciones por parte de la Superintendencia de Educación y la autoridad ministerial.

Finalmente, hizo presente que la hija de la recurrente, nombre reservado, pudo acceder a un cupo en el establecimiento una vez que la lista de espera avanzó y se generó una vacante en su nivel.

CUARTO: Que, a su turno, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, por intermedio de su titular doña nombre reservado, evacuó el informe requerido por esta Corte mediante resolución de fecha 1 de diciembre de 2025, exponiendo los antecedentes que a continuación se consignan.

En lo relativo al marco normativo aplicable, la informante hizo referencia, en primer término, al Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, de Educación, cuyo artículo 3° dispone que el sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales vigentes, inspirándose, entre otros, en el principio de integración e inclusión. En segundo lugar, citó la Ley N° 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación Pública, cuyo artículo 1° establece el deber del Estado de proveer una educación gratuita y de calidad que promueva la inclusión social y la equidad. Asimismo, invocó la Ley N° 20.845, de Inclusión Escolar, y el Decreto N° 152, de 2016, de Educación, que aprueba el Reglamento del Proceso de Admisión de los y las estudiantes de establecimientos educacionales que reciben subvención o aportes del Estado.

Respecto del caso concreto, la informante refiere que, aun cuando la acción constitucional no fue interpuesta en contra de dicha repartición pública, no es posible atribuir al Ministerio de Educación ni a la Secretaría Regional Ministerial acción u omisión alguna que pudiese ser considerada ilegal o arbitraria, ni menos vulneratoria de derechos constitucionales, toda vez que el proceso de admisión se encuentra estrictamente regulado y dicha cartera de Estado no se encuentra facultada para intervenir más allá de su calidad de administrador del SAE.

De manera especialmente relevante, informó que, de la revisión de los antecedentes disponibles en las plataformas internas del Ministerio de Educación, consta que la estudiante nombre reservado registró matrícula durante el año 2025 para cursar 3° medio del nivel de enseñanza media técnico profesional, especialidad atención de enfermería, en el Liceo nombre reservado, con fecha de incorporación 13 de mayo de 2025, figurando como promovida. A su vez, la estudiante nombre reservado registró matrícula para cursar 2° medio en el mismo establecimiento, con fecha de incorporación 25 de abril de 2025, figurando igualmente como promovida.

En consecuencia, concluyó que, habiéndose verificado que ambas estudiantes obtuvieron las vacantes requeridas, queda de manifiesto la pérdida de oportunidad de la acción de protección interpuesta.

QUINTO: Que requerida nuevamente por esta Corte mediante resolución de 1 de diciembre de 2025, la Superintendencia de Educación, por intermedio de su Director Regional Metropolitano, don nombre reservado, evacuó segundo informe mediante Ordinario N° NUM001, de 16 del mismo mes y año, exponiendo los fundamentos que a continuación se sintetizan.

En relación con el despliegue de tales atribuciones, indicó que, conforme al artículo 51 de la Ley SAC, la Superintendencia actuará de oficio o a petición de interesado en el ejercicio de sus facultades de fiscalización.

Precisó que, habitualmente, la fiscalización de oficio se realiza a través de programas previamente aprobados por un Plan Anual de Fiscalización, cuya regulación específica se encuentra en el párrafo 2° del Título III de la referida ley. Señaló, asimismo, que el proceso de fiscalización de propia iniciativa consiste, en lo medular, en la constatación directa por parte de un funcionario de la Superintendencia del cumplimiento de la normativa educacional, de cuyo examen pueden surgir hechos constitutivos de infracción a la normativa del sector.

En cuanto a las gestiones realizadas en el caso concreto, la informante señaló que, a la fecha del informe, no se ha ingresado ante la Superintendencia solicitud alguna que permita analizar los hechos expuestos en autos. En consecuencia, indicó que la recurrente podrá presentar la denuncia correspondiente, acompañando los antecedentes necesarios para su adecuada tramitación.

SEXTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

SÉPTIMO: Que una de las condiciones de procedencia de la cautela del artículo 20 de la Constitución Política es que la Corte se encuentra en situación de restablecer el imperio del derecho. Para ello es indispensable la actualidad del interés jurídico sobre el que subyace la pretensión.

Así las cosas, de la revisión de los antecedentes aparece que la pretensión enarbolada por la actora, esto es, que se ordene al Colegio nombre reservado proceder a la matrícula de sus hijas nombre reservado y nombre reservado, ha sido satisfecha, razón por la que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, lo que conduce necesariamente a su rechazo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en favor de sus hijas, nombre reservado y nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado.

Regístrese y archívese.

Protección N° 8214-2025.