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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 82110-201423 ene 2015

nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES

Fecha
23 de enero de 2015
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 82110-2014, sentencia de 23 de enero de 2015

Resumen

Se rechaza con costas el recurso de protección contra la Caja de Compensación de Los Andes: el recurrente firmó un mandato autorizando los descuentos y sus pretensiones de restitución y prescripción escapan al recurso.

Texto íntegro

Santiago, veintitrés de enero de dos mil quince.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, en lo principal de fojas 23, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Los Andes, representada por el Superintendente don Nelson Rojas Mena, ambos domiciliados en domicilio reservado, quienes están realizando el cobro mediante descuentos en “mis liquidaciones de sueldo”, sin causa que lo justifique, vulnerando los derechos establecidos en los N°s 4, 23 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expresa que el primer descuento se realizó el 29 de octubre de 2014 por la suma de $171.916 y el segundo el 27 de noviembre del mismo año, por $247.144; añade que en todo el tiempo que ha trabajado para el Banco de Crédito e Inversiones no ha solicitado créditos de ninguna especie a la Caja de Compensación de Los Andes, por ello mal podrían descontarle dineros; nos encontramos -dice- ante un tercero ajeno a su relación laboral con su empleador, que obliga a éste último a descontar de su remuneración, “por medio de la subrepticia señalándole que debe descontar o incurrirá en graves multas”; ello vulnera su privacidad al informar a su actual empleador deudas que contrajo anteriormente; agrega que el trabajador tiene un derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, al tenor de lo dispuesto en los artículos 54 Bis y 58 inciso 2° de Código del Trabajo, derecho amparado en los artículos 19 N° 24 de la Constitución Política de la República y en el N° 21 del Pacto de San nombre reservado Rica.

Solicita en definitiva, se tenga por interpuesto el presente recurso, ordenándose “la restitución de los dineros descontados y que deje de solicitar a mi empleador, descuentos que yo no he autorizado, ni de las cuales tiene derecho, o a lo menos informe el monto y la forma en la cual se efectuarán los descuentos, con expresa condena en costas”.

Segundo: Que, a fojas 44, don nombre reservado, por la recurrida Caja de Compensación de Los Andes, informando el recurso señala que el día 25 de mayo de 2012, su representada otorgó al recurrente un crédito social por la suma de $1.101.553, pagadero en 10 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de $123.572 cada una; atendida la mora en el pago del crédito, su representada procedió a informar al actual empleador afiliado, la existencia de la deuda, requiriendo la retención y remesa de fondos; en tal circunstancia, con fecha 10 de noviembre y 10 de diciembre, el empleador afiliado remesó los fondos con lo que se procedió a pagar las cuotas 7, 8 y 9, con sus respectivos reajustes e intereses; a la fecha solo se adeuda una cuota del crédito correspondiente a $123.572 más sus intereses y reajustes.

A juicio de la recurrida el recurso es extemporáneo, pues el recurrente expone que el primer descuento ocurrió en el mes de octubre de 2014, tomando conocimiento del mismo el 29 del mismo mes, por lo que el plazo para interponer el presente recurso venció el día 28 de noviembre; sin embargo, lo dedujo el 11 de diciembre, es decir 13 días después de haber expirado el plazo para ello.

En cuanto al fondo, indica que tanto la información de la deuda efectuada al empleador del recurrente, como la retención de la cuota respectiva y la remisión de los fondos no revisten el carácter de ilegales o arbitrarios, puesto que se trata del ejercicio de una facultad legal y además convenida expresamente por el recurrente; el ordenamiento jurídico contempla un mandato legal e irrenunciable para que las Cajas de Compensación procedan a requerir los descuentos de las cuotas de crédito social a las entidades empleadoras o pagadoras, las que deberán retener los fondos respectivos y remesarlos a la requirente, así lo establecen los artículos 58 del Código del Trabajo, 22 de la Ley 18.833 y 22 de la Ley 17.322.

Argumenta que del análisis del recurso y de los propios dichos del recurrente, se encuentra acreditado que éste solicitó crédito social otorgado por la recurrida y que dicho acto lo ejecutó en forma libre y espontánea; por otra parte, el contrato de mutuo se encuentra perfecto y tiene la fuerza obligatoria del contrato, previsto y sancionado en el artículo 1545 del Código Civil; a su vez, consta en autos que la operación de mutuo, materia del presente recurso, tiene la naturaleza de una prestación de seguridad social consagrado en los artículos 22 de la Ley 18.833 y 22 de la Ley 17.322; a mayor abundamiento, el recurrente convino con la Caja de Compensación expresamente que las respectivas cuotas del crédito social serían descontada su remuneración pagada por su actual o futuro empleador, ello hasta el pago total de la deuda, acuerdo que constituye una ley para los contratantes.

Pide por último, el rechazo del recurso con costas, dado que las Cajas de Compensación de Los Andes, no ha efectuado ningún acto ilegal o arbitrario.

Tercero: Que, no se accederá a la petición de la recurrida de declarar extemporáneo el recurso, desde el recurrente en su presentación de fojas 25 señala que “el segundo descuento se realizó con fecha 27 de noviembre de 2014 por la suma de $247.144”, por lo que al haberlo interpuesto el 11 de diciembre, según aparece de fojas 23, lo ha sido dentro del término de 30 días que dispone el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Cuarto: Que, bastaría para desestimar el presente arbitrio constitucional, tener presente las peticiones que formula el recurrente, como lo son que se ordene “la restitución de los dineros descontados y que deje de solicitar a mi empleador descuentos que yo no he autorizado, y de los cuales tiene derecho, o a lo menos que informe el monto y la forma en la cual se efectuarán los descuentos”, además de insinuar (fojas 24) que la obligación que se cobra “podrían estar prescritas”, estas solicitudes escapan a la naturaleza misma del recurso de protección y deberían ser discutidas en otra sede jurisdiccional.

Quinto: Que, por otra parte, en la solicitud de crédito agregada a fojas 43, acompañada por la recurrida y firmada por el recurrente nombre reservado, éste otorgó mandato expreso a su actual empleador o futuro empleador o empleadores y entidades pagadores de pensión para que descuenten del pago de sus remuneraciones los dividendos correspondientes al crédito otorgado por la Caja de Compensación de Los Andes, lo que desvirtúa lo aseverado por el recurrente en el sentido que “ni he facultado a nadie a fin de que se me realicen descuentos de mi remuneración pagada por Banco de Crédito e Inversiones, R.U.T. RUT reservado”.

Sexto: Que, de los antecedentes expuestos, es posible concluir que presente recurso carece de todo fundamento, pues no se advierte bajo ningún respecto que la Caja de Compensación de Los Andes vulnerara la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República como sostiene el recurrente, razón por la cual el interpuesto lo principal de fojas 23 será desestimado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

a) Que no se hace lugar a la extemporaneidad del recurso solicitada por la recurrida, y b) Que, se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Escobar Zepeda.

Rol Corte N° 82110-2014.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Escobar Zepeda e integrada por el Ministro (S) señor Carlos Carrillo González y la Ministra (S) señora Doris Ocampo Méndez.

Autorizada por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a 23 de enero de 2015, notifiqué en Secretaría por el estado diario la resolución precedente.