nombre reservado con nombre reservado

Santiago, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 11 de septiembre de 2019, comparecen don nombre reservado y doña nombre reservado, quienes recurren de protección en contra de doña nombre reservado, por el acto que estiman arbitrario e ilegal consistente en la amenaza por parte de la recurrida de proceder a la desconexión de su sistema de desagüé del alcantarillado, cuya servidumbre se encuentra legalmente constituida. Señalan que la acción de la recurrida afecta diversas garantías consagradas en el artículo 19, numerales 24, 8, 3 y 1 de la Constitución Política de la República, a saber, su derecho de propiedad porque se le priva de un derecho real de servidumbre; su derecho a vivir en un medio ambiente libre de descontaminación por cuanto la desconexión produciría evidentemente un problema sanitario; su derecho a un debido proceso, por cuanto este conflicto debe dirimirse por un órgano jurisdiccional y su integridad física y psíquica, por cuanto este conflicto sin duda ha afectado su tranquilidad. Respecto a la ilegalidad de la actuación anota que el proceder de la recurrida infringe diversas normas relativas al derecho de las servidumbres, establecidas en el Código Civil.

En cuanto a los hechos refiere que tienen su domicilio en domicilio reservado y la recurrida en calle nombre reservado, ambos de la comuna de las Condes. Explica que estos inmuebles son colindantes y constituyeron por Escritura Pública, el 3 de marzo de 1961, una servidumbre de alcantarillado recíproca, conforme a la ley 6977, de 16 de julio de 1941, la que fue debidamente inscrita en el Registro de Hipotecas y Gravámenes, la que además consignaba un Plano de alcantarillado común N° 115.797 bis, que se encuentra en poder de Aguas Andinas. Explican que el año 2013, la vecina recurrida, con ocasión de proyectar una ampliación de su inmueble, les propuso intervenir la última cámara de desagüe, a lo que accedieron, cámara que ambos comparten y se encuentra emplazada en la propiedad de la recurrida. Posteriormente en el año 2018, la señora nombre reservado nuevamente comenzó modificaciones a su propiedad y en esta ocasión les señaló que terminaría con la servidumbre de alcantarillado recíproca existente, exigiéndoles que a su costa erigieran un sistema de desagüe independiente, lo que sería contrario a la cláusula sexta de la Escritura de Constitución de la Servidumbre pactada. En octubre del año 2018, recibieron una carta del proyectista hidráulico contratado por la recurrida que expone que: a) no se permiten las servidumbres de paso en conjunto, b)que ellos deberían gestionar ante Aguas Andinas presupuesto y trabajo por conexión en forma individual y c)que la recurrida no tiene inconveniente en gestionar la desconexión de la propiedad colindante. Asimismo les notifica que próximamente desconectará el alcantarillado. Indica que hicieron consultas a la empresa de agua y que la situación que mantenían no era irregular ni ilegal y que su cuenta de servicios consideraba un ítem de pago por concepto de alcantarillado. Relatan que en enero del presente la recurrida les informa que procederá a la desconexión en el plazo de dos semanas, aviso que se reitera en agosto del presente. Ante esta situación, concurrieron a la empresa de Aguas Andinas el día 12 de agosto, donde les señalaron que nada podían hacer porque el asunto era entre particulares, solicitando que dicha respuesta les fuera enviada por mail a su correo. El día 13 de agosto del presente año recibieron el mencionado correo fecha desde la cual reconocen que no cuentan con el respaldo de la empresa sanitaria y existe una amenaza real por parte de la recurrida de privarlos arbitraria y unilateralmente de su conexión al sistema de alcantarillado. Agregan que actualmente en la propiedad de nombre reservado se llevan a efecto obras de construcción por lo que hay una amenaza vigente de desconexión de su sistema de desagüe de alcantarillado.

SEGUNDO: Que, en resolución de fecha 13 de septiembre del año en curso, se declaró admisible el recurso interpuesto y se requirió el informe de rigor a la recurrida nombre reservado. Luego, con fecha 16 de septiembre, consta la resolución de esta Corte por medio de la que se deniega la orden de no innovar solicitada en el libelo del recurso, resolución que fue objeto de un recurso de reposición, el que resultó acogido, concediéndose con fecha dos de octubre del presente año, la orden de no innovar pedida.

TERCERO: Que, informando la recurrida doña nombre reservado, alega en primer lugar la extemporaneidad del recurso puesto que se ha excedido el plazo de 30 días para ello. Argumenta que la contraria ha reconocido que ya en el mes de octubre del año 2018 recibió una carta de su parte señalándole que por opinión del proyectista hidráulico señor nombre reservado y atendida la legislación actual sobre la materia, debía procederse a la desconexión del sistema común de alcantarillado, por lo que es desde esa fecha en que deberían considerarse que han sido notificados y en ese entendido, el recurso sería extemporáneo por exceder el plazo de 30 días para su interposición. La recurrente cuenta el plazo desde la recepción del mail emitido por la empresa de Aguas Cordillera, que es un tercero ajeno, lo que desvirtúa la esencia de este recurso. Enfatiza que en este caso, el plazo debió contarse desde el mes de octubre de 2018.

Luego respecto al posible daño alegado, señala que esto no es efectivo, sino que de lo que se trata es de adecuar los hechos al derecho. No niega la existencia de una servidumbre legamente constituida pero la situación de facto de la propiedad al momento de la compra y la nueva normativa al respecto hizo necesaria la solicitud a los vecinos y recurrentes. Por último, en cuanto a la situación de su propiedad, indica que la adquirió sin saber que contaba con una servidumbre recíproca, inexistente en los hechos. Refiere que el plano inscrito N°1155797 bis muestra el alcantarillado privado, con una fosa séptica ubicada en la propiedad de nombre reservado y foso absorbente en la propiedad de Arquitecto Ictinos, los cuales o existían al momento de la compraventa del inmueble. Entiende que la situación de facto debe regularizarse, que por lo demás la reciprocidad de la servidumbre jamás ha existido. Hoy los recurrentes hacen uso del alcantarillado público, autorizado solo para la recurrida, situación que los vecinos deben regularizar. Afirma que en su cuenta de agua potable incorpora gastos de conexión a alcantarillado público, al que los vecinos ingresan indirectamente a través suyo, sin contar con las autorizaciones correspondientes.

CUARTO: Que, según consta de resolución de 1 de octubre del año en curso, se tuvo por evacuado el informe de la recurrida, disponiéndose se trajeran estos antecedentes en relación. Luego, se procedió a la vista de la causa, escuchándose la intervención oral de los apoderados de las partes.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley- o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 del texto constitucional, entre las cuales se encuentra las invocadas por la recurrente previstas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Además, debe señalarse que el recurso de cautela de derechos constitucionales, constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos, ya que para ello está la vía del juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso.

SÉPTIMO: Que primeramente, es necesario hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad en la interposición del recurso, que reclama la recurrida. Sobre este particular se deberá considerar que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, establece que la presente acción cautelar se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto u omisión considerado arbitrario o ilegal, o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Así, y como puede advertirse del tenor de la norma referida, el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el mencionado auto acordado y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación quepa intervención a las partes. Ello se explica a partir del mismo texto del precepto, en cuanto persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un derecho relevante y esencial de toda persona, un acto que puede reputarse como arbitrario o ilegal. Tal objeto justifica que el plazo para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales.

OCTAVO: Que, en el presente caso, el recurso fue interpuesto con fecha 11 de septiembre de 2019 y el mismo aparece interpuesto en contra de la decisión real e inminente, por lo demás ya adoptada por la recurrida, que les fuera comunicada mediante correo electrónico, con fecha 13 de agosto, en que la empresa sanitaria Aguas Andinas comunica formalmente a los recurrentes que el tema se encuentra fuera del ámbito de competencia de la empresa, por tratarse de un “conflicto entre privados”, lo que les provoca tener la certeza de no contar con el respaldo de la empresa sanitaria, en cuyo sector de concesión se encuentra ubicadas las propiedades de ambas partes.

Ya a mediados de agosto de 2019 fueron abordados nuevamente por la recurrida, esta vez con un carácter de confrontación, avisándoles que estaba próxima a desconectar el desagüe y ejecutar sus modificaciones. En aquella oportunidad, nuevamente se le manifestó la disconformidad con su decisión, reiterando el hecho que ambos predios nos encontrábamos en una situación de comunidad de desagüe o servidumbre recíproca por lo que estaba impedida de llevar a cabo la decisión de desconectar su sistema de alcantarillado. Ante esta última amenaza, los recurrentes se comunicaron inmediatamente por correo electrónico con el Jefe del Proyectos Domiciliarios de Aguas Andinas requiriéndole su asistencia e intervención en el asunto, gestión que luego de reuniones tuvo como resultado el contenido del correo electrónico ya referido.

Luego, es el 13 de agosto de 2019, la fecha en que por primera vez la empresa comunica formalmente que no cuentan con su respaldo, existiendo una amenaza real por parte de la recurrida, de privar de forma arbitraria y unilateralmente, de la conexión de sus vecinos a la red de alcantarillado. Esta amenaza se confirma tras una reunión con la Dirección Judicial de la Municipalidad de Las Condes, quienes comunican que la Municipalidad y sus distintas Direcciones tampoco pueden tomar parte en el asunto.

Así, en este estado de cosas, el recurso aparece interpuesto dentro del plazo fatal de 30 días que establece el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección. Por lo expuesto, la alegación de extemporaneidad en la interposición del recurso, que reclama la recurrida, será rechazada.

NOVENO: Que, en la especie, los derechos que reclama la recurrente se encuentran precisamente en discusión, como aparece del examen del proceso y de las presentaciones de las partes, así como de la documentación acompañada, todo según se señaló en los respectivos considerandos expositivos, lo que resulta evidente con su simple lectura.

Por lo tanto, cabe concluir que esta no es la sede naturalmente llamada a conocer de la materia a que se refieren los antecedentes, toda vez que encontrándose en controversia, derechos, hechos, cláusulas contractuales y otros aspectos, respecto de todo lo cual existen posiciones antagónicas como ha quedado demostrado, hace que una discusión jurídica así planteada, no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, precisamente porque el derecho que se ha esgrimido como base de la pretensión no es indubitado, sino que, por el contrario, está discutido por las partes.

A mayor abundamiento, la situación descrita en el libelo, es como se ha dicho, de naturaleza contractual, según lo reconocen expresamente las partes, toda vez que son estipulaciones de una escritura pública de servidumbre de alcantarillado común, suscrita en 1961, las que están siendo interpretadas de diversas maneras por las partes en este recurso, incluso en su vigencia, y que llevan al recurrente a interponer la presente acción cautelar. Así, entonces, la relación que une a las partes tiene carácter contractual, por lo que el presente recurso de protección resulta también improcedente para decidir conflictos que puedan surgir entre ellas.

Por último, parece necesario precisar que para el caso sub judice y por tratarse de una relación derivada de una escritura pública de servidumbre, suscrita al amparo y de conformidad a la Ley N° 6.977, que “Dispone que la servidumbre de alcantarillado en predios urbanos solo puede adquirirse por medio de escritura pública inscrita en el Conservador de Bienes Raíces”; la instancia de lato conocimiento referida precedentemente se encuentra establecida en la misma ley que regula la materia y que textualmente señala en su artículo 4: “El dueño del predio sirviente tendrá derecho para pedir que se le exonere de la servidumbre, o que se le dé a ésta otra forma, a su costa.

“En desacuerdo de los interesados resolverá la Justicia Ordinaria, y la cuestión se sustanciará en conformidad al procedimiento sumario. Conocerá de estos pleitos el Juez del lugar en que se encuentren ubicados los inmuebles afectos a la servidumbre.”.

En este último aspecto, se debe recordar que tal como lo dispone el artículo 680 del Código de Procedimiento Civil, que regula el procedimiento sumario, éste “se aplicará en defecto de otra regla especial a los casos en que la acción deducida requiera, por su naturaleza, tramitación rápida para que sea eficaz”. Necesidad de rapidez que, en concepto de esta Corte, requiere el conflicto del que se conoce.

DÉCIMO: Que, así como se desprende de la constatación de que se trata de una acción de lato conocimiento y no de una acción cautelar, reservada por el constituyente para situaciones de emergencia que requieren de un urgente remedio; en las circunstancias referidas, sin necesidad de extenderse mayormente en el análisis de esta cuestión, puede concluirse, que en la especie no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, al no haberse constatado los presupuestos exigidos para la procedencia del recurso de protección, por lo que resulta innecesario referirse a las garantías constitucionales que han sido mencionadas como vulneradas y, por lo mismo, la acción cautelar intentada no está en condiciones de prosperar y será desestimada.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA la acción cautelar deducida por los señores nombre reservado y nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense estos autos.

Redacción del abogado integrante Sr. Asenjo.

No firma la Ministro (s) señora Robinovich, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia N° Protección-82040 – 2019.-