nombre reservado con nombre reservado

Santiago, cuatro de mayo de dos mil dieciocho.- VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que en estos autos Rol Nº 82-2018, por presentación de fecha 2 de enero de 2018, comparece don Juan Orellana Moreno, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, chileno, soltero, funcionario público de Carabineros de Chile, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, General Director de Carabineros de Chile, con domicilio en domicilio reservado, solicitando a esta Corte que acogiendo esta acción constitucional, adopte las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de su representado, declarando contrario a derecho lo resuelto sólo en la parte pertinente de retener desde Julio de 2017 a la fecha las remuneraciones del funcionario nombre reservado o lo que se estime que en derecho corresponda, todo ello con costas.

Funda su recurso, en que don nombre reservado fue objeto de un acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta Nº 293 de fecha 21 de julio de 2017, suscrita por don nombre reservado (S), Teniente Coronel de Carabineros de Chile, Prefectura de Viña del Mar, V Zona Valparaíso, por la cual se dispuso la “baja con efectos inmediatos por conducta mala”, vulnerando de manera permanente y continua en el tiempo la garantía consagrada en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, manifiesta que, don nombre reservado, prestaba sus servicios en dotación de la Tenencia Reñaca Alta, perteneciente a la V Zona Viña del Mar, en grado de nombre reservado; en esas circunstancias el día 21 de julio de 2017, mientras se dirigía a su domicilio domicilio reservado, marca Kia Río, color plateado, año 2017, vencido por el sueño, producto del cansancio, perdió el control de su vehículo en Avenida Libertad al llegar a intersección con calle 1 Norte, colisionando involuntariamente, con dos vehículos PPU GBZC37 y BWPZ47, respectivamente, de propiedad de don nombre reservado; conducido el primero por el chofer de dicho taxi don nombre reservado y el segundo vehículo, también taxi, conducido por don nombre reservado, resultando ambos vehículos con daños de diversa consideración.

Agrega que, su representado dio las explicaciones y excusas del caso a las víctimas de la colisión y al propietario de ambos vehículos y con fecha 18 de agosto de 2017, arribó a una transacción, reducida a escritura pública, con el dueño de los taxis colectivos pagando la suma de $4.500.000.- Producto del señalado acuerdo, los afectados renunciaron expresamente y en forma anticipada a toda acción penal, civil, comercial y cualquiera otra pretensión que pudiere tener lugar con motivo del accidente acaecido el día 21 de julio de 2017.

Asimismo, expone que, el accidente ha sido objeto de una investigación por la Fiscalía Local de Valparaíso en causa RUC Nº 1700673818-4, producto de la denuncia presentada por el propietario de los taxis dañados, quien como se indicara arribó a un acuerdo con el recurrente.

Refiere que, dado los hechos descritos a don nombre reservado le fue aplicada por Resolución Exenta Nº 293/2017, la medida disciplinaria de “baja por conducta mala con efectos inmediatos, a contar de las 00:00 horas del día siguientes de su notificación”, ello de conformidad con el artículo 127 número 4) inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, número 8º, en relación con el artículo 23 Nº 2, letra e) del Reglamento de Carabineros de Chile, número 11, por los hecho ocurridos el día 21 de julio de 2017, sin fijar nota de conducta hasta que se encuentre afinado el referido sumario, que actualmente se encontraría en instancia de recursos administrativos.

En cuanto a las garantías constitucionales afectadas con la decisión adoptada respecto de su representado, el recurrente alude a que la Resolución Exenta Nº 293/2017 vulnera el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, sobre el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales; asimismo, en el orden legal, estima infringido el artículo 57 del Código del Trabajo, sobre la inembargabilidad de las remuneraciones de los trabajadores, lo que es replicado en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 18.834 Estatuto Administrativo.

Respecto a la decisión contenida en la Resolución Exenta Nº 293/2017, señala que, el artículo 23 Nº 11 del Reglamento de Disciplina de Carabineros, que fuera citado además en la Resolución recurrida, no define el concepto de “baja por conducta mala con efectos inmediatos”, como tampoco se limita a esclarecer y señalar los efectos consecuenciales de la misma, como ocurrió en este caso, al ser privado el funcionario recurrente de sus remuneraciones.

Atendido lo expuesto, requiere que esta Corte ordene a Carabineros de Chile restituir a su representado, todas y cada una de las remuneraciones de las cuales considera ha sido privado ilegítimamente desde el mes de julio de 2017 a la fecha por ser un funcionario activo de Carabineros, así como todas las que se devenguen hasta que se encuentre ejecutoriada la decisión del sumario administrativo que lo afecta, y siempre que esa resolución implique la separación del recurrente de las filas de la institución y ella se encuentre firme.

SEGUNDO: Que informa don nombre reservado, General Director de Carabineros de Chile, por Oficio Nº 3 de fecha 19 de enero de 2018, solicitando desde luego el rechazo del recurso de protección en atención a que Carabineros de Chile no ha vulnerado derecho alguno del recurrente, actuando siempre en conformidad a derecho en el presente caso.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso de protección en atención a que el recurrente fue notificado de la Resolución Nº 293 de fecha 21 de julio de 2017 dictada por el Prefecto (S) de la Prefectura de Viña del Mar, con esa misma data. En ese contexto, en el mes de julio de 2017 le fue pagada la última remuneración al recurrente, según informa la Prefectura de Viña del Mar a través del documento electrónico N.C.U. Nº 72783635 de fecha 10 de enero de 2018, que se adjunta con el informe.

En segundo término, alega la falta de legitimidad pasiva, desde que el acto cuyos efectos se estiman – por el recurrente – como antijurídicos contenidos en la Resolución Nº 293 de fecha 21 de julio de 2017 fueron dictados por el Prefecto (S) de la ciudad de Viña del Mar, por lo que el General Director que informa no participó ni en la suscripción ni en la posterior ejecución de aquella resolución. Asimismo, indica que, Carabineros de Chile es un órgano desconcentrado conforme lo dispone el artículo 101 de la Constitución Política de la República y el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de la institución, razón por la cual cada unidad, repartición, departamento u órgano institucional actúa de manera independiente, según las facultades que el ordenamiento jurídicamente expresamente les atribuye en el ejercicio de sus cargos, siendo responsables por los actos que emiten en dicho ejercicio. Ilustra lo anterior, citando al efecto jurisprudencia emanada de esta Corte en el señalado sentido.

En tercer término, alega la incompetencia del Tribunal, dado que, el acto cuestionado, esto es, la Resolución Nº 293 de fecha 21 de julio de 2017 fue dictada por el Prefecto (S) de la Prefectura de Viña del Mar, es decir, en un lugar que se encuentra fuera del territorio jurisdiccional donde resulta competente esta Corte, para conocer de la presente acción constitucional.

En cuarto término, alega que lo pretendido por el recurrente se trata de un asunto de lato conocimiento incompatible con las características jurídicas de una acción constitucional de protección, que tiene una naturaleza eminentemente cautelar y de emergencia en relación a un derecho indubitado. Lo anterior, dado que al aplicarse la baja con efectos inmediatos opera en los hechos una desvinculación de la institución y con ello se extingue la causa legal para motivar el pago de la remuneración del funcionario, citando para estos efectos jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema para fundar su argumento.

En cuanto a los hechos, refiere que el ex nombre reservado don nombre reservado, de dotación de la Tenencia “Reñaca Alto” correspondiente a la 5ta. Comisaría de Viña del Mar, con fecha 21 de julio de 2017 protagonizó un accidente de tránsito conduciendo su vehículo particular PPU JSYB29, marca Kia Río 5, año 2017, colisionando a dos taxis básicos que circulaban al amparo de la luz verde del semáforo respectivo, por la intersección de Avenida Libertad con calle Uno Norte.

Agrega que, el recurrente conducía, en aquella oportunidad, el vehículo de su propiedad en estado de ebriedad, como se desprende del Informe de Alcoholemia Nº 7311/17 emitido por el Servicio Médico Legal, el cual se adjunta con este informe, mientras que los otros conductores lo hacían en normal estado de temperancia, resultando lesionados, siendo trasladados hasta el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, donde quedaron internados. Producto de estos hechos, fue puesto a disposición de la Fiscalía Local de Viña del Mar, mediante Parte Nº 05302 de fecha 21 de julio de 2017 de la 1era. Comisaría de Viña del Mar. El recurrente confesó su participación en los hechos, lo cual quedó consignado en un acta de comparecencia personal, oportunidad en la que fue personalmente escuchado por la autoridad institucional respectiva. Dada la gravedad de lo ocurrido, los daños causados a otras personas y la transcendencia en medios de difusión audiovisual y escrito, se dispuso la baja de la institución por conducta mala, con efectos inmediatos, a través de la Resolución Nº 293 de fecha 21 de julio de 2017, emitida por el Prefecto (S) de la Prefectura de Viña del Mar, notificándosele al recurrente dicho acto el mismo día 21 de julio de 2017. De ahí que, el último pago de sus remuneraciones se efectuó en el mes de julio de 2017, además del pago de una gratificación especial de riesgo, depositándose ambos montos en la cuenta corriente del recurrente en Banco Estado. A continuación, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo a través de la Orden de Sumario Nº 09944/2017/01, de fecha 24 de julio de 2017, de idéntica Prefectura, a través de la Fiscalía Administrativa de la V Zona de Carabineros de Valparaíso. Así, continuó la tramitación de aquel sumario hasta la emisión de la Vista Fiscal, lo cual ocurrió el día 7 de septiembre de 2017, notificándosele el día 11 de septiembre de 2017, quien se manifestó no conforme y acompañando su escrito de defensa respectivo, adjunto mandato a un abogado. En la actualidad, el procedimiento administrativo se encuentra en instancia previa al Dictamen, en proceso de revisión del contenido del escrito de la defensa, ya mencionado, a través del Servicio de Asesoría Jurídica de la aludida Prefectura.

En cuanto al derecho, sostiene que Carabineros de Chile tiene un sistema disciplinario especial al cual está sujeto el personal institucional, según se desprende del artículo 36 inciso final de la Ley Nº 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, el que dispone que: “El personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa conforme lo determine el Reglamento de Disciplina, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle.” Por su parte, el Reglamento de Disciplina Nº 11, establece en su artículo 23 Nº 2 letra e) que la “Baja por Conducta Mala” es una de las sanciones disciplinarias que se puede aplicar al personal institucional. En el artículo 25 Nº 9 del mismo Reglamento, se establece que la sanción en referencia, se aplicará según lo dispuesto en el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros Nº 8, cuyo artículo 127 Nº 4 inciso quinto preceptúa la forma de aplicación de esta medida. Expone, la autoridad informante, además, que los criterios aplicados a casos de similar gravedad como el analizado en estos antecedentes, ha sido refrendado tanto en la jurisprudencia judicial de los Tribunales Superiores de Justicia, como en la jurisprudencia administrativa emanada de Contraloría General de la República, citando ejemplos que avalan su posición.

En cuanto al derecho fundamental infringido, esto es, el artículo 19 Nº 24 alegado por el recurrente, manifiesta que, habiendo sido dispuesta la baja inmediata del ex funcionario, el pago de sus remuneraciones fue suspendido porque dejó de pertenecer a la institución, extinguiéndose así la causal legal para proceder a dicho pago, lo que tiene fundamento en el sistema normativo vinculante a la institución y en la jurisprudencia administrativa de Contraloría General de la República.

Concluye, solicitando que el recurso sea rechazado en los términos ya expuestos.

TERCERO: Que, resulta preciso recordar que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, norma consagratoria del recurso de protección, establece jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste dicho ejercicio.

CUARTO: Que, antes de entrar a conocer del fondo de este recurso de protección, es deber de esta Corte revisar la regularidad formal del procedimiento, puesto que, si se advierte alguna anomalía en lo tocante a dicho aspecto, carece de sentido entrar al análisis de la materia de fondo que se pretende ventilar mediante la presente acción constitucional, por lo que, debe revisarse lo que concierne a la oportunidad en que ésta fue deducida.

Ahora bien, el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, en su N° 1 establece que el plazo para interponer el presente recurso es de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

QUINTO: Que, el acto que el recurrente dice ilegal o arbitrario consiste en los efectos de la Resolución Exenta Nº 293 de fecha 21 de julio de 2017, que en lo que importa, dispuso la desvinculación inmediata del funcionario policial y como consecuencia de ello, la pérdida del derecho a percibir las remuneraciones anexas a su actividad como carabinero.

Tal decisión adoptada por el Prefecto (S) de la Prefectura de la ciudad de Viña del Mar, de la cual dependía administrativamente la unidad en que prestaba sus servicios el funcionario, fue notificada, según se puede apreciar del documento consistente en “Constancia de Notificación” acompañado por la recurrida, al aludido funcionario con fecha 21 de julio de 2017.

SEXTO: Que, así las cosas, ha quedado debidamente acreditado y así también lo ha hecho presente la recurrida en su informe de rigor, que el plazo para acudir a esta sede de protección había transcurrido largamente al día de presentación del recurso con fecha 2 de enero de 2018, considerando que el afectado tenía 30 días corridos para iniciar su acción a contar de la fecha de notificación de la Resolución Exenta Nº 293, esto es, a partir del día 21 de julio de 2017, venciendo dicho plazo el día 30 de agosto de 2017; de esta manera al deducir su acción constitucional el 2 de enero de 2018, esta era manifiestamente extemporánea, lo que llevará a su rechazo.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, resulta efectivo lo alegado por la recurrida en cuanto a la falta de legitimidad pasiva del General Director de Carabineros, desde que, aparece que la Resolución Exenta Nº 293 de fecha 21 de julio de 2017 fue dictada por el Prefecto (S) de la Prefectura de Viña del Mar y no por el General Director de Carabineros, quien ni ha ordenado ni suscrito la señalada Resolución, con lo que igualmente está acción constitucional de protección no podría prosperar.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo expuesto hasta aquí y que resulta – como se dijera – suficiente para el rechazo del recurso de protección deducido por don nombre reservado, cabe precisar que lo que se plantea en el fondo por medio de esta acción no es otra cosa que la impugnación a uno de los efectos asociados a la dictación de la Resolución Exenta Nº 293 de fecha 21 de julio de 2017, respecto a que el recurrente dejó de percibir las remuneraciones inherentes a la función pública que desempeñaba en Carabineros de Chile, concretamente, en la Tenencia de Reñaca Alto, dependiente de la 5ta. Comisaría de Carabineros con asiento en la ciudad de Viña del Mar.

En lo que interesa, la citada Resolución Nº 293, expresa en su resuelvo letra C.2.-: “Que a contar de la fecha que se haga efectiva la sanción disciplinaria, el Cabo 2do. nombre reservado, C.F. Nº 995576-R, C.I. Nº RUT reservado, de dotación de la Tenencia de Reñaca Alto de la Quinta Comisaría de Viña del Mar, de esta dependencia, quedará desvinculado de las filas de la institución, atendido lo cual, desde esa data no tiene derecho a percibir remuneraciones del empleo en actividad, tal como lo ha precisado la Contraloría General de la República, en sus Dictámenes 53.449 y 60.053 del 2009 y 31.214 del 2011, entre otros.”

NOVENO: Que en este contexto, dicho acto – Resolución Exenta Nº 293 de 2017 – que tiene una naturaleza de acto administrativo y en consecuencia se ve amparado en la presunción de legalidad consagrada en el artículo 3º de la Ley Nº 19.880 de Bases sobre Procedimiento Administrativo, dispuso a contar de las 00:00 horas del día siguiente a su notificación, la baja inmediata por conducta mala del funcionario policial recurrente don nombre reservado.

En la especie, la medida dispuesta por la Prefectura de Carabineros de la ciudad de Viña del Mar, ha sido dictada por el competente funcionario, léase el Prefecto (S) Teniente Coronel de Carabineros don nombre reservado, dentro del marco de sus atribuciones legales contempladas tanto en el Reglamento de Disciplina Nº 11, que fija en su artículo 23 Nº 2 letra E la existencia de la sanción de “baja por mala conducta”, que fuera la medida impuesta al funcionario recurrente; como en el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros Nº 08, cuyo artículo 127 Nº 4, inciso quinto, establece que: “No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que de origen a un sumario administrativo o investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del sumario podrá eliminarlo de inmediato por “conducta mala”, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del sumario o la investigación.”

De este modo, no se observa por los sentenciadores la existencia de una ilegalidad o arbitrariedad, en el actual estado de situación del funcionario policial recurrente, que merezca que esta Corte adopte o resuelva medidas correctivas en sede de protección.

DÉCIMO: Que a mayor abundamiento, debe tenerse en consideración que lo reclamado por este medio extraordinario, ha sido el restablecimiento del pago de las remuneraciones de un funcionario policial objeto de la medida de baja por conducta mala, con efectos inmediatos, circunstancias que por la propia naturaleza de la petición efectuada ante esta Corte escapan de lo propio de un recurso de protección, cuyo fin no es declarar la existencia de derechos, como ha sucedido en la especie, sino que perseguir la cautela urgente a los derechos y garantías fundamentales de las personas que sean privadas, perturbadas o amenazadas por una acción u omisión ilegal o arbitraria, todo lo cual unido, además, a los razonamientos vertidos anteriormente, llevan a concluir el rechazo de este recurso de protección.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Juan Orellana Moreno, en representación y a favor de don nombre reservado en contra de don nombre reservado, General Director de Carabineros de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción del abogado integrante don Rodrigo F. Rieloff Fuentes, quien no firma por haber cesado sus funciones en esta Corte.

Asimismo, no firma el Fiscal Judicial señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol Nº 82-2018.