Protección contra Director del Departamento de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos

Santiago, diecisiete de marzo de dos mil quince.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a fojas 4, compareció don nombre reservado, pensionado, con domicilio en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra del Director del Departamento de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos, don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, en circunstancias que s ele notificó el 20 de enero pasado el oficio DGAC N° 09/2/3/1801/2400 de 22 de diciembre de 2014, que le negó la revalidación como capacitador en materias de seguridad privada aeroportuaria, circunstancia que, a juicio del recurrente, constituye un acto arbitrario e ilegal, que vulnera las garantías contempladas en los numerales 2 y 16, ambos del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se acoja el recurso y se resuelva que se deje sine efecto el mentado oficio por afectar sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley y del derecho al trabajo, con costas.

SEGUNDO: Que, el recurrente expone que tiene la calidad de experto en seguridad aeroportuaria y, a su vez, ha sido profesor por más de veinte años en este rubro, el que se encontraba con la licencia y validación en dicha calidad por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Expone que el motivo para no renovarle dicha condición se debió a que registraba en su certificado de antecedentes el hecho de haber sido sometido a proceso en causas seguidas ante los juzgados del crimen de Santiago, de las que hace presente que, al menos, en dos de ellas, ha obtenido sobreseimiento.

En relación con lo anterior, indica que la decisión de sustenta en lo dispuesto en el artículo 8 N°3 del Decreto Supremo N° 93 de 1985, el que regula los requisitos que la ley exige para los vigilantes privados, lo que le llamó la atención. Por otra parte, da cuenta que la recurrida ha interpretado de manera amplia los requisitos que dicha disposición enumera, debiendo tener presente que el auto de procesamiento es esencialmente provisional y no constituye una sentencia, lo que guarda relación con el principio de presunción de inocencia que establece el Código Procesal Penal y atendidas las modificaciones a la Carta Fundamental relativa al sistema penal, por lo que la anotación del auto de procesamiento resulta obsoleta y, por ende, derogada tácitamente para los efectos de figurar en el extracto de antecedentes.

Agrega que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo, las que trata conjuntamente, puesto que s el e ha privado de ejercer una labor que ya desarrollaba hace veinte años, siendo afectado por esta interpretación amplísima de la normativa vigente.

TERCERO: Que, a fojas 28, la recurrida informó que el recurrente pretende con su arbitrio constitucional impugnar la normativa relativa a la seguridad, en circunstancias que el propio ordenamiento jurídico contempla otros mecanismos, como el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En este mismo orden de ideas, entiende que el recurso apunta a la impugnación, además, del referido acto administrativo, el que requiere un proceso declarativo de lato conocimiento, no siendo el recurso de protección la vía idónea para este efecto.

Por otra parte, sostiene que, al respecto, no existe acto arbitrario e ilegal, puesto que se ha aplicado el artículo 1 del Decreto Ley N° 3607 de 1981, que regula los aspectos relativos a la seguridad privada, el que dispone que el control de los aspectos que esta normativa establece en cuanto a entidades ubicadas en aeropuertos u otros recintos, debe entenderse que le corresponde a la respectiva autoridad en aquella parte en que se lee que corresponde a Carabineros de Chile. Así las cosas, invoca el artículo 8 del Decreto Supremo N° 93 de 1985, que hace alusión a los requisitos para desempeñarse como guardia de seguridad, entre los que figura el no encontrarse condenado ni sometido a proceso por crimen o simple delito.

De acuerdo con lo anterior, y amparado, además en lo que dispone el Dictamen N° 32751 de 2009 de la Contraloría General De La República, concluye que ha actuado conforme a derecho.

Finalmente, en cuanto a las garantías vulneradas, explica que no se ha afectado el derecho a igualdad ante la ley, el que no se explica en el recurso su forma de afectación y que, en cuanto a su libertad de trabajo, manifiesta que, como derecho reconocido a nivel constitucional, éste debe ejercerse sin contravenir la ley, la moral, seguridad y salubridad públicas.

CUARTO: Que, en primer término, el recurso de protección es una acción constitucional destinada a adoptar medidas para restablecer el imperio del derecho vulnerado frente a cualquier perturbación, amenaza o vulneración arbitraria e ilegal, la que, en todo caso, debe recaer tanto sobre un derecho indubitado y que, por otro lado, el mecanismo sea necesario de ejercerlo para impedir el efecto de un acto lesivo de manera eficaz.

En la especie, la recurrente pretende impugnar una decisión administrativa que recae sobre un derecho que, para esta Corte, no aparece como adquirido, puesto que no tiene la calidad de indubitado al cuestionarse la concurrencia de las exigencias legales a fin que el recurrente detente la calidad de instructor en materias de seguridad privada aeroportuaria.

Que el razonamiento anterior sólo permite concluir que el recurso de protección no es la vía idónea para la impugnación de un acto administrativo, puesto que requiere un proceso previo de lato conocimiento, ora administrativo, ora en sede judicial, puesto que se escapa la naturaleza del asunto controvertido al ámbito de conocimiento mediante la acción constitucional en estudio.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que frente al asunto debatido, no se advierte la existencia de un acto arbitrario e ilegal y, por ende, la vulneración de la garantías invocadas por el recurrente.

Que si bien es cierto que tanto el Decreto Ley N° 3.607 de 1981 como el Decreto Supremo N° 93 de 1985 establecen normas relativas a los vigilantes privados, cuyo control recae principalmente en Carabineros de Chile, lo cierto es que el inciso tercero del artículo 1 de la primera de las leyes citadas dispone que “tratándose de entidades ubicadas en recintos portuarios, aeropuertos u otros espacios sometidos al control de la autoridad militar, marítima o aeronáutica, las atribuciones que se otorgan en el presente decreto ley a Carabineros de Chile serán ejercidas por la autoridad institucional que corresponda”. Por ende, en materia de seguridad privada en materia aeroportuaria, y en relación con el artículo 3 de la Ley N° 16.752 de 1968, dicha atribución recae en la Dirección General de Aeronáutica Civil.

En relación con lo anterior, el artículo 5 bis del Decreto Ley N° 3607 prescribe, en su inciso primero, que “Las personas naturales o jurídicas que realicen o tengan por objeto desarrollar labores de asesoría o de prestación de servicios en materias inherentes a seguridad, o d capacitación de vigilantes privador, deberán contar con la autorización previa de la prefectura de Carabineros”, que conforme al artículo 1 inciso tercero antes transcrito, debe entenderse a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Así, dentro de los requisitos que establece el artículo 8 del Decreto Supremo N° 93 de 1985, que regula, a su vez, el citado artículo 5 bis del Decreto Ley N° 3.607 de 1981, en relación a aquellas personas que desempeñan actividades relativas a la seguridad privada, exige que no haya sido condenada ni estar sometido a proceso por crimen o simple delito.

SEXTO: Que, establecido el marco regulatorio aplicable en la especie, la actuación de la recurrida se ha ajustado conforme a Derecho, puesto que del extracto de filiación y antecedentes agregado a fojas 25, el recurrente registra anotación de procesamientos, aspecto que no satisface el requisito del artículo 8 letra c) del Decreto Supremo N° 93 antes aludido, sumado a la falta de antecedentes aportados por el recurrente que acreditaran sus asertos en torno a la dictación de sobreseimientos en las causas que en dicho extracto se consignan, aspecto que impide considerar los hechos en sentido inverso.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, no se han acreditado los asertos del actor, lo que provocará que sea desechado el presente arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de La República, se declara que se rechaza la acción constitucional deducida a fojas 4 por don nombre reservado.

Regístrese y archívese si no se apelare.

Redacción de la abogado integrante señora Claudia Chaimovich Guralnik.

Rol N° 8193-2015 Pronunciada por la Cuarta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Escobar Zepeda e integrada por el Ministro señor Alfredo Pfeiffer Richter y la Abogado Integrante señora Claudia Chaimovich Guralnik.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a diecisiete de marzo de dos mil quince, notifiqué en secretaría por el estado diario la sentencia precedente.