Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de abril de dos mil veintiséis.

A los folios 21 y 22, a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, abogado, en representación de su sobrina, la niña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado.

Sostiene que el establecimiento actuó de manera ilegal y arbitraria al proceder a la cancelación de la matrícula de la menor para el año escolar 2026. Expone que la niña, de 8 años, posee un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA) no verbal con un 70% de discapacidad. Alega que el colegio no realizó las adecuaciones curriculares ni ambientales necesarias exigidas por la Ley N° 21.545 (Ley TEA), y que las desregulaciones conductuales de la menor fueron sancionadas bajo una lógica punitiva de "Aula Segura", ignorando su condición de salud. Afirma que se vulneró el debido proceso al no notificar debidamente a la madre de la condicionalidad previa y que la expulsión se ratificó en febrero de 2026, dejándola sin posibilidad de encontrar un nuevo establecimiento, afectando así sus garantías de integridad psíquica, igualdad ante la ley y el derecho a la educación.

Segundo: Que, con fecha 9 de marzo de 2026, la parte recurrente informó que la niña nombre reservado fue aceptada y matriculada en el Colegio nombre reservado, iniciando sus clases en dicha fecha, indicando expresamente que con ello cesaba la emergencia de escolarización que motivó la presente acción, pero reservando sus derechos respecto de las vulneraciones y discriminación denunciadas.

Tercero: Que, evacuó informe por la recurrida, el Colegio nombre reservado. Explicó que la institución actuó con estricto apego a su Reglamento Interno, la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar y la propia Ley TEA. Argumentó que se agotaron todas las instancias formativas y de inclusión, elaborando y actualizando el PAEC de la estudiante, y disponiendo incluso de una asistente de aula exclusiva. Sin embargo, indicó que durante 2025 la niña registró 65 activaciones del Protocolo de Desregulación Emocional Conductual (DEC), protagonizando agresiones físicas de extrema gravedad contra docentes, asistentes y compañeros de curso, derivando a funcionarias a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) con lesiones y obligando a la evacuación reiterada de la sala de clases. Señaló que la medida de cancelación de matrícula fue de última ratio, adoptada tras un debido proceso, priorizando el deber ineludible de resguardar la integridad física y psíquica del resto de la comunidad escolar (estudiantes y trabajadores) frente a un riesgo insostenible, solicitando el rechazo de la acción, sumado a la pérdida de oportunidad reconocida por la propia actora.

Cuarto: Que a folio 16, consta informe de la Superintendencia de Educación. En dicho informe técnico se concluyó que el actuar del colegio no se ajustó a la normativa educacional vigente. Se constató que el establecimiento no garantizó un debido proceso, que el Reglamento Interno no contemplaba la medida de cancelación de matrícula para estudiantes de 1° básico, que las medidas disciplinarias se aplicaron sin considerar el diagnóstico clínico de la estudiante y que tanto el protocolo DEC como el PAEC no se ajustaban a los estándares exigidos por la Resolución Exenta N° 482 y la Circular N° 586, al sancionar como faltas disciplinarias conductas propias de la condición TEA, por lo que derivo los antecedentes a la Unidad de Fiscalización de dicha entidad.

Quinto: Que, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, a través del Defensor Anuar Quesille Vera, en calidad de amicus curiae. Expuso que el interés superior de la niña y la protección reforzada de estudiantes neurodivergentes exige un abordaje desde el derecho a la educación inclusiva. Subrayó que, conforme a la Circular N° 586 y el Ordinario N° 841, es ilegal sancionar disciplinariamente a un estudiante por conductas (desregulaciones) directamente derivadas de su discapacidad. Concluyó que la cancelación de matrícula sin haber agotado los ajustes razonables efectivos constituye una discriminación arbitraria, solicitando un pronunciamiento expreso de esta Corte para fijar el estándar de protección.

Sexto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre y legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en dicha disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo urgentes ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen ese ejercicio.

Séptimo: Que para la procedencia de esta acción se requiere que exista un derecho indubitado por parte de quien la intenta y que el acto impugnado sea ilegal —contrario a la normativa vigente— o arbitrario —carente de razonabilidad y producto del mero capricho de la autoridad—, generando una afectación actual a las garantías constitucionales.

Octavo: Que, en lo relativo a la alegación de extemporaneidad opuesta por la recurrida, si bien la cancelación original data de noviembre de 2025, consta en los antecedentes que existieron solicitudes de reconsideración y comunicaciones finales emitidas por el Rector con fecha 26 de febrero de 2026. Atendido que se trata de una situación que involucra el derecho a la educación de una menor con necesidades especiales, esta Corte entrará al análisis de fondo de la acción.

Noveno: Que, entrando a la materia debatida, la controversia reside en determinar si la cancelación de matrícula de la menor nombre reservado constituye un acto arbitrario e ilegal, especialmente a la luz de la Ley N° 21.545 sobre la protección de personas con Trastorno del Espectro Autista.

Décimo: Que, de los antecedentes aportados por ambas partes y de la bitácora de registros de Desregulación Emocional Conductual (DEC) acompañada por el colegio, se desprende que durante el año escolar 2025 la estudiante se vio involucrada en múltiples episodios de violencia física. Destaca el incidente del 24 de octubre de 2025, donde una asistente de aula habría resultado con lesiones en el rostro tras ser golpeada con una zapatilla por la menor, hecho que obligó a su derivación a un centro de salud laboral (ACHS). Asimismo, constan relatos de otros estudiantes de corta edad que manifiestan sentir temor ante las reacciones físicas de la niña.

Undécimo: Que, si bien la Ley N° 21.545 impone a los establecimientos el deber de otorgar ajustes razonables y acompañamiento, dicho mandato debe armonizarse con el deber de seguridad que el colegio tiene respecto de todos los miembros de la comunidad educativa, conforme al artículo 19 N° 1 de la Constitución. El establecimiento educacional cuestionado ha expresado haber realizado adecuaciones, capacitaciones en comunicación aumentativa y haber dispuesto personal de apoyo extraordinario, lo que se advirtió como insuficiente para contener los episodios que, denuncian, ponían en riesgo la integridad física de terceros; lo que es cuestionado por la contraria tanto en los hechos como en la intención que habría presidido el obrar de la recurrida, insistiendo en la ocurrencia de actos de estigmatización y discriminación a su respecto, lo que revelaría la ausencia de voluntad e interés del colegio de permitir la inserción de la niña en el medio escolar, sin el recurso inmediato a su expulsión.

Décimo segundo: Que durante la tramitación de la causa, el recurrente comunicó un hecho de especial relevancia, según lo informado a folio 7 de estos autos, al indicar que la niña ya se encuentra matriculada y asistiendo regularmente a un nuevo establecimiento educacional (Colegio nombre reservado) desde el 9 de marzo de 2026.

Décimo tercero: Que, por consiguiente, la finalidad cautelar y urgente del recurso de protección ha perdido su objeto material al haberse verificado la escolarización de la niña en una institución que la familia ha aceptado, por lo no existe actualmente una privación de derechos que deba ser remediada mediante esta vía sumaria.

Proceder de la manera pretendida en el recurso respecto de la medida de expulsión, implicaría ignorar su interés, que la legislación nacional impone considerar asignándole preeminencia como valor de orden superior y que obliga a analizar los efectos de las decisiones requeridas en su crecimiento y bienestar, los que se podrían ver comprometidos al cuestionar su inserción en una comunidad escolar que, conforme lo ha expresado su defensa en estrados, la ha recibido adecuadamente, lo que se graficaría en su desempeño escolar y social. A su turno, cualquier debate sobre las irregularidades procedimentales detectadas por la Superintendencia de Educación o la eventual responsabilidad civil del colegio por el recurso a una medida de ultima ratio sin adoptar previamente otras de menor entidad y más proporcionales a los hechos, o por los daños causados, debe ser ventilado en un juicio de lato conocimiento o mediante los procedimientos administrativos sancionatorios que ya se encuentran en curso, ante la autoridad educacional respectiva.

Décimo cuarto: Que, en conclusión, no advirtiéndose a la fecha una amenaza o vulneración de garantías que requiera la adopción de medidas urgentes por parte de esta jurisdicción, dado que la niña ha sido reinsertada en el sistema escolar, la presente acción no puede prosperar.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza la acción de protección interpuesta por don nombre reservado en favor de la menor nombre reservado, en contra de la Fundación nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Protección N° 8189 - 2026.