nombre reservado con CAJA LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, tres de agosto de dos mil veintitrés.

A los folios 13, 14 y 15, a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en descontar unilateralmente parte de su remuneración por concepto de una deuda cuyo cobro esta judicializado, lo que conlleva la vulneración de su garantía prevista en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política.

En definitiva, pide que se ordene cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración y restituirle los descuentos efectuados, así como los que puedan efectuarse durante la tramitación de la presente acción, con costas.

Como fundamentos de hecho de su arbitrio, señala que con fecha 21 de julio del año 2017, suscribió el pagaré Nº 807330535, a favor de la recurrida, por la suma de $6.614.645, por concepto de capital, más los intereses correspondientes, que sería pagado en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $192.037, venciendo la primera de ellas el 31 de agosto de 2017. Asimismo, relata que en el referido pagaré se estipuló que, el simple retardo en el pago íntegro y oportuno de todo o parte de una de las cuotas en la época pactada para ello, permitiría exigir la solución íntegra de la suma debida, como también la facultad a su empleador de aquel momento o empleadores futuros, entidades pagadoras de pensión y pagadoras de subsidio de incapacidad laboral, para descontar del pago de emolumentos mensuales o subsidios de cesantía, los dividendos correspondientes al referido crédito.

Sostiene que perdió su fuente de trabajo, cayendo en mora a partir de la cuota número 32, con vencimiento el 23 de abril de 2020.

Expresa que, en razón de lo anteriormente señalado, C.C.A.F Los Andes lo demando ejecutivamente, específicamente el 24 de enero de 2022, iniciándose la causa Rol C-608-2018, tramitada ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”, causa que se encuentra notificada y con resolución que concede el embargo con fuerza pública.

Añade que en enero de 2021 logró conseguir un nuevo trabajo, pero que, al recibir su liquidación de sueldo de diciembre de 2022, advirtió que la cantidad entregada por concepto de remuneración era considerablemente menor a la pactada debido a un descuento por la suma de $236.042 por concepto “CREDITOS PERSONALES CC”. Estima que ello es un detrimento ilegal y arbitrario, precisando que jamás fue informada previamente, especialmente considerando que Caja de compensación Los Andes, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda con anterioridad al descuento que por este acto alega.

En cuanto al derecho, señala que la Caja recurrida abusa de la facultad contenida en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, pues ha procedido a cobrar la totalidad de la deuda como de plazo vencido en sede civil, ordenando ahora la retención de montos similares al de una cuota a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ellos mismos ejercieron y promovieron mediante el cobro ejecutivo. Invoca jurisprudencia sobre la materia.

Acompaña e-book de la singularizada causa y copia de su liquidación de sueldo de diciembre de 2022.

SEGUNDO: Que comparece don Matías Amigo García, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, solicitando el rechazo del recurso.

Explica que el 21 de julio 2017, otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito código N° RUT reservado por un capital inicial de $6.614.645.-, a una tasa de Interés de 1.83%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $192.037, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de agosto 2017. Luego, afirma que producto de morosidades, con fecha 9 de septiembre de 2020, el señor nombre reservado efectúa una reprogramación de la deuda por la suma de $4.404.049, con una tasa de 1.79%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota de $176.530, cuya primera cuota corresponde a fecha 31 de octubre de 2020.

Sostiene que la presente operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo en estado moroso las cuotas de los meses de mayo de 2021 a diciembre de 2022. Desprende que, en la especie, nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 es pertinente y oportuno.

A continuación, se refiere al carácter social del crédito otorgados por las Cajas de Compensación y el mecanismo de cobro según el artículo 22 de la Ley Nº 18.833, el que establecería garantías para el cobro atendido la naturaleza de la entidad de previsión social y el carácter social del crédito. En este orden de ideas, indica que el hecho de haber entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza al mutuo, no libera a su representada ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, en atención al carácter imperativo del citado artículo.

Agrega que, únicamente, está efectuando el cobro de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre su representada y el recurrente.

Señala que la prescripción, junto con ser alegada por una de las partes, requiere, además, el transcurso del tiempo establecido por el legislador, requisitos que no se satisfacen en el caso del recurrente, habida consideración a que el mutuo en cuestión mantiene en morosidad sus cuotas con vencimiento a partir de mayo de 2021, por lo que es claro que no ha transcurrido el plazo requerido de 5 años para alegar la prescripción de la deuda, lo que, por lo demás, es materia de un juicio de lato conocimiento.

Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración de las garantías fundamentales, señala que éstas solo se podrían ver afectadas si se estuviera cobrando un crédito prescrito lo que no se da en el presente caso. Incorpora citas jurisprudenciales sobre la materia.

TERCERO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

CUARTO: Que, en la especie, la conducta reprochada corresponde a los descuentos efectuados por la recurrida de la remuneración del recurrente para el pago de un crédito social contratado con éste, iniciados en el mes de diciembre de 2022, cuyo cobro se encuentra judicializado por la Caja de Compensación desde el 1 de enero de 2022.

QUINTO: Que, si bien, de conformidad a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, las cajas de compensación están facultadas por ley para solicitar a los empleadores de contratantes de créditos sociales el descuento por planilla de remuneración de las cuotas para el servicio de la obligación contraída, en el caso de autos se constató que la caja optó por hacer efectiva la cláusula de aceleración del crédito, y requerir su cobro judicial, el cual actualmente se encuentra en etapa de ejecución.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, no se desconoce que, por mandato del artículo 1, 19 N° 3, 22 y 30 de la Ley N° 18.833, que “Establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.)”, la recurrida debe perseguir el cumplimiento de su obligación legal de cautelar el fondo social que administra, dirigiéndose en la forma que todo acreedor debe hacerlo para obtener el cobro de sus acreencias.

Lo que se le reprocha, entonces, es el carácter arbitrario de su actuar, entendido este como carente de justificación, caprichoso, y sobre todo imprevisto o inadvertido que ha hecho de una prerrogativa legal, como la contenida en el artículo 22 de la ley señalada que, dado que optó por la signada vía civil.

SÉPTIMO: Así, entonces, sin desconocer la existencia o su derecho al crédito que tiene la Caja de Compensación y Asignación familiar recurrida, cuya discusión excedería, por cierto, los márgenes de esta acción cautelar, como la misma recurrida recuerda en su informe, aparece que con la decisión que tomó de hacerse pago, ejecutando su obligación por esta vía especial, habiendo pasado tiempo desde la mora o retardo del deudor en el tiempo en que estuvo sin trabajo, sin siquiera noticiarle de ello, impidiéndole ejercer al recurrente las medidas que considerara necesarias a la protección de sus derechos, devino en un acto antojadizo, que revela el ejercicio de un potestad autotutelar que no tiene ni le ha sido otorgada en las condiciones que se han señalado, y por lo mismo constitutivo de un acto arbitrario, lo que así será declarado, sin perjuicio de quedar a resguardo su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios.

OCTAVO: Establecido que ha sido la existencia de un acto arbitrario imputable a la recurrida, corresponde determinar si de ese acto se ha seguido directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía por la recurrente. La constatación de este presupuesto del recurso también resulta evidente y se confirma con propio reconocimiento que ésta hace de haber procedido a dicho cobro y justificarlo en la forma que se ha señalado en lo expositivo de esta sentencia.

NOVENO: De este modo, este actuar ilegal trajo consigo la vulneración de la garantía que le aseguraba a la recurrente la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 24 de verse privada del dominio de bienes de su propiedad, afectación que se produjo en los hechos con el comportamiento de la recurrida, motivos bastantes para que el recurso de autos sea acogido.

DÉCIMO: Que, en síntesis, la Caja de Compensación Los Andes ha decidido optar por la vía judicial para el cobro de su crédito, según se desprende de los autos C-608-2018, seguidos ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, resultando improcedente que en paralelo continúe con los descuentos por planilla desde la remuneración del deudor, motivo por el cual se constata un actuar ilegal y arbitrario que afecta la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 denunciada como infringida por el recurrente, que llevará a esta Corte a acoger el presente recurso de protección.

Y teniendo además presente lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y se ordena a la recurrida abstenerse de continuar con los descuentos por planilla de remuneración del recurrente, debiendo proceder a hacer devolución de todas las sumas descontadas a contar del mes de diciembre de 2022, debidamente reajustadas.

Acordada la decisión anterior con el voto en contra de la ministra señora Verónica Sabaj Escudero, quien fue del parecer de rechazar el presente arbitrio constitucional en base a los fundamentos de hecho y de derecho que se proceden a exponer:

1° Fluye del informe de la recurrida, que ésta no niega la existencia de los descuentos a la remuneración del actor por concepto del cobro del préstamo social que le fuera otorgado, justificando que ese actuar obedeció al cumplimiento de una obligación legal de cautelar el fondo social que administra.

2° En relación al recurso interpuesto cabe señalar que conforme con el artículo 1° de la Ley N° 18.833 las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, entidades de previsión social, son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social. Por su parte, el artículo 22 de la referida ley, establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

3° En la especie, acreditado como está, que la Caja de Compensación efectuó los correspondientes descuentos de las remuneraciones del actor relativos al indicado crédito social, permite colegir que no se advierte ilegalidad, ni arbitrariedad en tal actuación, en tanto tal proceder se encuentra amparado en norma legal, esto el artículo 22 antes citado y justificado por la existencia de un crédito que no ha sido desconocido por el recurrente y que se encuentra vigente, pues no consta la existencia de una resolución judicial firme y ejecutoriada que declare lo contrario, amparándose además su actuación en la circunstancia de haber comenzado a trabajar en una empresa afiliada a la Caja que realiza el descuento.

4° Con todo, este recurso no ha sido creado por el constituyente como medio rápido y fácil para ser empleado en reemplazo de las acciones que el ordenamiento jurídico contempla para solucionar todo tipo de conflictos entre partes con derechos o intereses en pugna, que les permita exponerlos y debatirlos en plenitud, rendir sus pruebas y, en su momento, obtener la sentencia que al final del juicio resuelva y declare quién tiene la razón y el derecho que reclama. Ambas partes estarían en situación de hacerlo, naturalmente por medio de acciones distintas.

5° De esta forma, acontece que el asunto propuesto por el recurrente rebasa con mucho los límites que derivan de la naturaleza de la acción constitucional, ya que asentar la ilegalidad o arbitrariedad pasa necesariamente por dilucidar la improcedencia del descuento efectuado o si la obligación contraída por el recurrente se ha extinguido definitivamente, todo lo cual -desde luego-, resulta impropio en una acción de esta índole.

6° Este escenario, como ya se adelantó, el actuar de la recurrida está dotado de legitimidad, y se encuentra conforme a sus facultades legales, por lo que la acción de protección no podrá prosperar.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-818-2023.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por el Ministro señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero, el Ministro (S) señora Paola Cecilia Díaz Urtubia y el Abogado Integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, tres de agosto de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.