nombre reservado con BCI SEGUROS VIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de febrero de dos mil veintidós.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 3 de setiembre de 2020, nombre reservado dedujo acción de protección en su favor, y en contra de BCI Seguros Vida S.A. representada legalmente por el señor nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en haber otorgado, en una liquidación de reembolso de gastos por una intervención quirúrgica, realizada el 7 de agosto de 2021, una cobertura menor a la que correspondía calificando indebidamente la prestación, señalando que con ello se ha vulnerado las garantías contenidas en el artículo 19 N° 1, 9 y 24 de la Constitución Política, por lo que solicita se acoja el recurso y en definitiva se ordene a la recurrida otorgar la cobertura pertinente a la prestación efectivamente realizada, sin la restricción aplicada -por aborto no provocado-, reembolsando en consecuencia los gastos realizados, sin el tope anual aplicado, con costas.

Expone que a inicios de 2020 confirmó un embarazo; luego, ante los síntomas que presentó, le fue diagnosticado un embarazo ectópico cervical, por lo que debió ser sometida a dos intervenciones quirúrgicas en la Clínica Alemana de Santiago; la primera, el 18 de febrero de 2020, de la cual el BCI no presentó reparo alguno, practicando liquidación de reembolso de gastos el 13 de agosto de ese año, en la cual, del monto reclamado, $1.563.872, cubrió la suma de $383.764, habida cuenta de tratarse de una modalidad ambulatoria; seguidamente, el 17 de marzo, se le practicó una segunda intervención, en razón del mismo diagnóstico, permaneciendo, debido al estado crítico que presentó, hospitalizada desde el 16 al 19 de dicho mes, reclamándose esta vez la suma de $6.671.031 a reembolsar, cubriéndole el seguro la suma de $286.619 aduciendo tratarse de “aborto no provocado”, rubro que determina, acorde la póliza, un tope anual de cobertura de 10 UF.

Reprocha que la restricción de la póliza, referida a “abortos no provocados”, no es aplicable a la especie, pues en este caso el aborto que sufrió fue provocado, en el sentido que fue realizado por profesionales médicos como consecuencia de un diagnóstico de embarazo ectópico; manifestando, asimismo, que no se entiende que dos intervenciones, realizadas sobre la base de un mismo diagnóstico, sean calificadas de forma diferente, una como aborto provocado y otra como aborto no provocado.

Estima, además, que de la sola lectura de la póliza podrá verificarse que las diferencias de trato realizadas por la recurrida, asociadas al género, afectan única y exclusivamente a las mujeres, en tanto brinda coberturas en términos hospitalarios prácticamente sin topes anuales, salvo cuando se trata de los ítem asociados a la maternidad, como lo son parto normal, cesárea y “aborto no provocado”, cuyos topes anuales se reducen a 15, 20 y 10 UF respectivamente, lo cual resulta discriminatorio y contraviene la Constitución y los Tratados Internacionales.

Añade que aun cuando se omitiera lo anterior y solo se considerara el hecho de la liquidación efectuada, debe observarse la categorización antojadiza en que incurre la recurrida al efectuarla, calificando a su arbitrio las prestaciones, en forma acomodaticia a sus propios intereses, actuación ilegal y arbitraria que excede cualquier conflicto contractual, debiendo por tanto ser corregido en esta sede.

Segundo: Que al evacuar su informe la recurrida solicitó el rechazo de la acción, con costas. En lo formal, alegó la improcedencia de la acción toda vez que la controversia trata de un seguro privado patrimonial, específicamente de reembolso de gastos, y el acto recurrido consistiría en no reembolsar el gasto de un procedimiento previamente realizado.

Precisa que en este caso la controversia es estrictamente patrimonial, referida al monto de la indemnización, por lo que sólo cabe concluir que no estamos frente a un derecho indubitado sino todo lo contrario, se está frente a derechos discutidos en relación a un presunto incumplimiento del contrato de seguro, al no otorgar la cobertura de reembolso sin el tope de 10 UF; señala que en virtud de lo anterior, el asunto debe ser conocido en un juicio de lato conocimiento conforme lo dispone la norma del artículo 543 del Código de Comercio.

En cuanto al fondo del asunto, argumenta que el reembolso fue correctamente liquidado conforme a las condiciones contractuales estipuladas en la Póliza de Seguro Colectivo N° RUT reservado.

Expresa que según indica el recurso, la prestación que da origen a la solicitud de reembolso no sería la de un aborto involuntario, cobertura que conforme a la póliza tiene un tope anual de 10 UF, lo cual es reconocido por la recurrente; ésta sostiene que la aplicación de este tope de cobertura a la referida solicitud de reembolso configuraría un acto ilegal y arbitrario vulnerando las garantías constitucionales que indica en su acción, sin embargo, es importante señalar que, la actora describe en su recurso en forma errada la cobertura de la póliza, pues indica que en ella existirían dos coberturas, una para aborto no provocado con el tope de 10 UF anuales, y otra para los abortos provocados, lo que es un error, pues la póliza no distingue entre abortos provocados y no provocados; cualquier procedimiento relacionado con un aborto involuntario tendrá cobertura en la póliza con el indicado tope; y los abortos provocados o voluntarios en contraposición a los abortos involuntarios no tienen cobertura en la póliza.

Anota que, por lo demás, esta cobertura corresponde específicamente a aquella solicitada en las Bases de Licitación mediante la cual la Corporación de Asistencia Judicial licitó el seguro de salud y así, la determinación de las coberturas a entregar y sus topes no las realiza la compañía aseguradora sino la entidad licitante; en este caso, esta en las Bases de Licitación determinó las coberturas requeridas y sus detalles, por lo que tampoco resulta efectivo que exista alguna discriminación o diferencia de trato asociada al género.

Tercero: Que la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece que “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

Cuarto: Que esta acción es, por lo tanto, una herramienta de carácter procesal cuya importancia se mide por su capacidad de dar protección a los derechos fundamentales de las personas, entendiendo por tales los señalados taxativamente en el artículo 20, y siempre que haya una actuación u omisión ilegales o arbitrarias que los amaguen o afecten.

De este modo, sus características primordiales son que se trata de una acción de carácter autónomo que forma parte de la jurisdicción constitucional, de carácter declarativo y de urgencia, siendo su objeto la tutela de los derechos fundamentales, indicados taxativamente en la Constitución Política, frente a los actos u omisiones del poder político y/o de los particulares que infringen u atropellan tales derechos.

Por otra parte, para que prospere la acción tutelar –que tiene una tramitación sumarísima- es requisito indispensable que el derecho que aparece amenazado, perturbado o vulnerado, sea indubitado, esto es que no exista discusión sobre la titularidad del mismo en poder del recurrente.

Quinto: Que, no obstante, de los antecedentes proporcionados en el recurso y del informe de la recurrida, fluye de forma inequívoca, que el derecho cuya protección se requiere tiene el carácter de controvertido o dubitado, toda vez que la determinación sobre si la la cobertura que se le asigna, por parte de la aseguradora a determinados gastos médicos generados en una intervención quirúrgica precisa, no sería la que corresponde acorde las estipulaciones de la póliza, porque no calificaría en el rubro que tiene asignado un tope anual y la circunstancia de otorgar o no la compañía a esta situación un trato diverso al conferido con antelación a un mismo diagnóstico, en definitiva, definir si se trata o no de gastos médicos originados en “aborto no provocado”, constituye un aspecto de fondo que debe ser objeto de un juicio de lato conocimiento, toda vez que escapa del objetivo de esta vía cautelar de emergencia, pronunciarse sobre un eventual incumplimiento contractual de la compañía aseguradora para con la recurrente, o una diversa o errónea calificación de lo estipulado en la póliza, sus condiciones generales, particulares y Bases de Licitación, habida cuenta de tratarse de una póliza licitada, correspondiendo que tal asunto sea dilucidado en el procedimiento pertinente; habiéndose previsto, además, entre los contratantes, la forma precisa de resolución de controversias, conforme a lo señalado en el artículo 14 de las Condiciones Particulares de la Póliza de Seguro Colectivo, “Condiciones Especiales” Cláusula de Exclusión de Arbitraje”, por la cual someten a los Tribunales Ordinarios de Justicia con asiento en la comuna de Santiago cualquier controversia o dificultad suscitada con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento, incumplimiento, vigencia, nulidad, resolución o terminación del contrato y cualquier otra materia que esté relacionada con éste.

En esta perspectiva, escapa del objetivo de esta vía cautelar de naturaleza sumarísima, pronunciarse sobre el eventual incumplimiento de un vínculo contractual entre la recurrente y la entidad aseguradora, toda vez que aquello corresponde sea visto en el procedimiento correspondiente, conforme lo dispuesto en el mismo contrato o en la ley.

Sexto: Que con todo, no se dice que la recurrente no tenía la opción de utilizar la acción que en definitiva ejerció conforme a la normativa vigente, más otra cosa es sostener que cuando existan derechos litigiosos en disputa se pueda solicitar y obtener por esta vía, una restauración sin más trámite, cuando precisamente una decisión en el sentido que se pretende y subsecuente declaración sobre la existencia de un acto ilegal o arbitrario, suponen necesariamente un contradictorio, con las garantías propias de un proceso, razón por la que no se está en condiciones de afirmar la ilegalidad que se reclama, desde que ella supone, como se dijo, examinar las estipulaciones contractuales que vinculan a las partes; considerando también que la alegación de discriminación asociada al género, sustentada por la recurrente y atribuida a la aseguradora, decae ante el hecho de tratarse de una póliza de seguro colectivo licitada, en la cual las coberturas y sus condiciones son las determinadas por la entidad licitante.

Séptimo: Que consecuentemente y como se dijo, para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión, cuestión que no se advierte en la especie atento los antecedentes expuestos, debiendo dilucidarse la situación esgrimida y reclamada en la vía idónea a la materia contractual de que se trata.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado en contra de BCI Seguros de Vida S.A.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-81783-2020.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Lilian Leyton Varela e integrada por la Ministra (S) señora Doris Ocampo Méndez y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández. No firma el Abogado Integrante señor Norambuena por encontrarse ausente.