nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS

CA Santiago Santiago, dieciséis de enero de dos mil veintitrés.

Al folio N° 33: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 7 de junio de 2022 comparecen doña nombre reservado y doña nombre reservado, quienes deducen acción de protección por vulneración de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 19 N° 1 y N° 24 de la Constitución Política de la República en contra del Servicio Local de Educación Barrancas y de la Tesorería General de la República Poniente, por el acto ilegal y arbitrario de no pago de bono post laboral, el que fue autorizado por Resoluciones Exentas N° 383 de fecha 13 de septiembre de 2021 y N° 401 de fecha 28 de septiembre de 2021 del Servicio Local Barrancas, respectivamente, y que debía ser pagado por dicha Tesorería.

Señala que fueron trabajadoras docentes de una corporación municipal, cuya función, competencias y atribuciones son ejercidas en la actualidad por el Servicio Local Barrancas.

Indican que por las Resoluciones Exentas referidas se les otorgó un bono post laboral de conformidad a lo contemplado en la Ley N° 20.305 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° inciso tercero, modificado por la Ley N° 20.636, por lo cual aquél se devengaba a contar del día primero del mes siguiente a aquel en que el interesado hubiera presentado la solicitud para su obtención, siempre y cuando se acreditaran todos los requisitos legales para impetrarlo; y asimismo se determina que se pagará a contar del día primero desde mes subsiguiente a la dictación del acto administrativo de concesión del beneficio.

Precisan que, habiendo cumplido con aquello, dicho pago no se ha verificado respecto de ninguna de las recurrentes.

Añaden que el Servicio Local Barrancas vía WhatsApp les indicó que los antecedentes fueron remitidos a la Tesorería General de la República y ésta última, por la misma vía, dice que no los ha recibido, quedando en una situación de indefinición e indefensión jurídica, privándoles de dicho bono que por ley y por decisión de la autoridad administrativa les corresponde.

Sostiene la arbitrariedad en no haber recibido respuesta ni por parte del Servicio Local Barrancas, ni tampoco por la Tesorería General de la República de manera formal, señalando un motivo o fundamento que les permita retrasar el pago de dicho bono por parte de la Tesorería o la no remisión de la documentación por parte del Servicio Local.

Piden, por tanto, que se ordene pagar el bono post laboral de la Ley N° 20.305 que fue otorgado por las Resoluciones Exentas N° 383 y N° 401 del Servicio Local Barrancas, ya sea ordenando al referido Servicio remitir toda la información a Tesorería General de la República o en subsidio ordenar a ésta última pagar el referido monto a las recurrentes.

Segundo: Que, comparece don Julio Covarrubias Vásquez, abogado, en representación de la Tesorería General de la República, evacuando informe y solicitando que se desestime la presente acción, al no existir de su parte ninguna actuación arbitraria o ilegal.

Sostiene que tal como se ha señalado, mediante Resoluciones Exentas N° 401 y N°383, de fechas 28 de septiembre de 2021 y 13 de septiembre de 2021, del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, se concedió a las recurrentes el beneficio del Bono Post Laboral, condicionado al hecho de que se cumplieran los requisitos legales para ello, tal como se señala en el segundo párrafo de la parte resolutiva de ellas, recalcando que, para que el bono se devengue y pague, deben acreditarse todos los requisitos legales para impetrarlo, cosa que no ha ocurrido respecto de ambas recurrentes, pues faltarían los siguientes documentos:

Expresa que en el caso de doña nombre reservado, su solicitud de bono post laboral no contaría con fecha y timbre de recepción; no se adjunta postulación a la Ley Nº 20.976; no se acompañaron los certificados de antigüedad que acreditaran el mínimo de años de servicios para acceder al bono; no se acompañó a la solicitud la renuncia voluntaria y de aceptación de cupos a la bonificación por retiro voluntario y no se adjuntó resolución de cese de funciones.

Refiere que en cuanto a doña nombre reservado, no se acreditó documentalmente los años de servicios necesarios para la percepción del beneficio y no se adjuntó postulación Ley Nº 20.976.

Añade que los reparos efectuados por Tesorería han sido comunicados, tanto a las recurrentes como al Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, dado que en el mes de diciembre de 2021 la funcionaria de Tesorería doña nombre reservado tomó contacto con funcionarios de ese servicio, a fin de solicitar los antecedentes documentales necesarios para el pago, lo que consta en correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2021, que se acompaña.

Precisa que el artículo 13 de la Ley Nº 19.041 confiere a la Tesorería un rol fiscalizador de los egresos no tributarios, y por ello cuenta con facultad legal para suspender o rechazar un egreso de carácter no tributario, como lo es el bono post laboral, que fue otorgado por el legislador precisamente a través del artículo 5° de la Ley N° 20.636, que modificó la Ley N° 20.305 que estableció este bono post laboral, ratificando la competencia legal de este Servicio para suspender o rechazar el pago de un egreso de carácter no tributario cuando no se cumplan los presupuestos legales que lo hagan procedente.

Sostiene que, de tal modo, no cumpliendo los requisitos para que se devengue y pague el bono, las recurrentes no tienen un derecho indubitado que cautelar mediante el recurso de protección, el que solicita rechazar.

Tercero: Que comparece doña Andrea Cárdenas Yadrijevic, abogada, en representación del Servicio Local de Educación Pública Barrancas, evacuando informe.

Sostiene que, las recurrentes doña nombre reservado y doña nombre reservado, con fecha 01 de marzo de 2018, en su calidad de profesionales de la educación fueron traspasadas por mandato legal, sin solución de continuidad, a su representada, el Servicio Local de Educación Pública Barrancas, desde la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lo Prado.

Refiere que, con anterioridad al traspaso a ese Servicio, ambas requirentes, ante la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lo Prado, hicieron los tramites respectivos, para efectos de acceder al beneficio de bonificación por retiro voluntario de la Ley N° 20.822 y elevaron las solicitudes para efectos de acceder al bono post laboral que otorga la Ley N° 20.305.

Añade que, en forma posterior al traspaso, se transfirieron por parte del Ministerio de Educación a ese Servicio, los recursos para el pago de la bonificación por retiro voluntario, a las requirentes, bonificación que fue pagada por esa parte, en su calidad de sostenedor, posteriormente se efectuó la tramitación relativa a la solicitud de otorgamiento de bono post laboral, de ambas requirentes, ingresando la documentación respectiva, ante la Tesorería General de la República.

Indica que con fecha 30 de noviembre de 2019, se puso término a la designación de ambas requirentes, como profesionales de la educación, en virtud de la causal del artículo 72 literal a) de la Ley N° 19.070, toda vez, estas últimas accedieron al beneficio de bonificación por retiro voluntaria de la Ley N° 20.822.

Aclara que, dado, que cumplían con los requisitos copulativos de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 2° de la Ley N° 20.305, se procedió por esta parte a dar tramitación a las solicitudes del beneficio de bono post laboral, otorgado por el referido cuerpo normativo. Para estos efectos, en un primer término, se requirieron los antecedentes fundantes de citada solicitud, al antecesor en la prestación del servicio educacional de ese Servicio, esto es, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lo Prado, quien hizo entrega de dichos antecedentes a este sostenedor con fecha 30 de septiembre de 2020.

Posteriormente, expone que habiéndose cumplido con el requisito de tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior a 55% y acceder a una pensión de vejez líquida regida por el Decreto Ley N° 3.500, de 1980, igual o inferior al monto del límite máximo inicial de pensiones de las ex cajas de previsión fusionadas en el Instituto de Normalización Previsional, mediante Resolución Exenta N° 401 de 2021, de ese Servicio, se concedió el pago del bono de naturaleza post -laboral, que establece la Ley N°20.305, a doña nombre reservado, y por su parte, por Resolución Exenta N° 383 de 2021, se concedió el citado beneficio de la Ley N° 20.305, a la requirente doña nombre reservado, ingresándose ambos actos administrativos con fecha 15 de octubre de 2021 a la Tesorería General de la República, para efectos de otorgamiento y pago del estipendio que se reclama.

Afirma que, el Servicio local dio cumplimiento a su obligación de tramitación del pago del bono de la Ley N° 20.305, ingresando la documentación respectiva ante la Tesorería General de la República, para su otorgamiento.

Explica que, esa parte desconoce, las razones por la cuales la Tesorería General de la República, órgano de administración del Estado, llamado a enterar el pago del emolumento de bono post- laboral a sus beneficiarios, no ha pagado el beneficio a las requirentes.

Concluye que, la presunta omisión arbitraria e ilegal, que se imputa a su parte, carece de toda veracidad y efectividad, dado que dio cumplimiento a dar curso y tramitación a la solicitud de bono post – laboral de las requirentes, ingresando la documentación ante el Órgano del Estado, obligado al pago.

Cuarto: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida pretensión al recurrente.

Quinto: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

Sexto: Que, para resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar si la resolución de la recurrida de no otorgar el bono post laboral constituye un actuar ilegal y/o arbitrario y, por tanto, si ese proceder afectó o amenazó las garantías constitucionales enarboladas.

Séptimo: Que el Servicio Local de Barrancas ha informado que por Resolución Exenta N° 401 de 2021 y por Resolución Exenta N° 383 de 2021, se concedió el pago del bono de naturaleza post -laboral, que establece la Ley N° 20.305, a doña nombre reservado, y a doña nombre reservado, respectivamente, ingresándose ambos actos administrativos con fecha 15 de octubre de 2021 a la Tesorería General de la República.

Refiere que, dicho Servicio en el ámbito de su competencia legal ha emitido los actos administrativos de otorgamiento del beneficio laboral. Adiciona que se desconocen las razones por las cuales la Tesorería General de la República, órgano llamado a enterar el pago de los emolumentos de bono post-laboral a sus beneficiarios, no ha pagado a sus requirentes.

Octavo: Que, por su parte, la Tesorería General de la República ha sostenido que efectivamente ha recibido las Resoluciones Exentas N° 401 y N° 383, de fechas 28 de septiembre de 2021 y 13 de septiembre 2021, del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, por la que se concedió a las recurrentes el beneficio del bono post laboral. No obstante, señala que en los mismos actos administrativos se ha indicado que el pago queda condicionado a que se cumplan los requisitos legales para ello, de conformidad al artículo 8 de la Ley N° 20.305.

En cuanto a la Tesorería General de la República Poniente:

Noveno: Que del marco legal especial invocado se debe considerar que el artículo 8 de la Ley N° 20.305, señala: “El Servicio de Tesorerías pagará el bono a los beneficiarios. Para ello, el jefe superior de servicio o jefatura máxima respectiva remitirá a dicho servicio copia del acto administrativo que concede el bono, adjuntando los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los números 2 y 4 del artículo 2º, y la respuesta de los organismos previsionales y de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones sobre la tasa de reemplazo líquida. Además, deberá informar la fecha en que comenzará a pagarse el bono al beneficiario.

El Servicio de Tesorerías podrá celebrar convenios con las administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros u otras entidades, para efectuar el pago del bono a través de ellas.

El bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente a aquel en que el interesado haya presentado la solicitud para obtener el bono, siempre y cuando se acrediten todos los requisitos legales para impetrarlo; y se pagará a contar del día primero del mes subsiguiente a la dictación del acto administrativo de concesión del beneficio”.

Por su parte, el artículo 2 de la misma Ley exige como requisitos copulativos para tener derecho al bono laboral los siguientes:

1. Tener las calidades mencionadas en el inciso primero del artículo 1° en los referidos organismos o en sus antecesores legales, tanto a la fecha de la postulación para acceder al bono como con anterioridad al 1 de mayo de 1981.

2. Tener a lo menos 20 años de servicios en las instituciones señaladas en el artículo anterior o las que sean sus antecesores legales, a la fecha de la publicación de la presente ley.

3. Tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior a 55% y acceder a una pensión de vejez líquida regida por el decreto ley N° 3.500, de 1980, igual o inferior al monto del límite máximo inicial de pensiones de las ex cajas de previsión fusionadas en el Instituto de Normalización Previsional, a que se refiere el artículo 9° de la ley N° 19.200, vigente a la fecha en que la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones solicite la información señalada en el inciso segundo del artículo 3°.

4. Tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad tratándose de las mujeres.

5. Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo, en las instituciones señaladas en el artículo 1º, sea por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad con el Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas en el número anterior, según corresponda.

Décimo: Que, asentado lo anterior, y conforme al mérito de los antecedentes incorporados, es posible constatar que la decisión tomada por la Tesorería Regional Santiago Poniente, de no dar curso al pago de las Resoluciones Exentas N° 383 y N° 401, de fechas 13 de septiembre de 2021 y 28 de septiembre de 2021 del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas que les otorgó el beneficio del bono laboral, no es ilegal, al haber procedido su actuación de conformidad a la ley y dentro de la esfera de su competencia -artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República-.

Por su parte, el acto no es arbitrario, ya que no obedece a un mero capricho, ni es la consecuencia de una actuación irracional de la recurrida, sino que por el contrario se circunscribe a dar cumplimiento a la normativa señalada en el motivo noveno, en consonancia con las Leyes Números 20.305 y 20.636, cuerpos legales normativos aplicables al caso subjudice.

Adicionalmente es dable señalar que, conforme al artículo 13 de la Ley N° 19.041, la Tesorería General de la República tiene un rol fiscalizador de los egresos no tributarios y le asiste además a la facultad de suspender o rechazar el pago respectivo cuando los antecedentes lo ameriten y sobre esa base -la recurrida- no sólo tiene la prerrogativa para revisar los antecedentes atingentes a los requisitos de tiempo computable y edad para acceder al bono, contemplados en los números 2 y 4 del artículo 2° de la Ley N° 20.305, sino que también para verificar lo esencial a ello, como es la acreditación del cumplimiento de los requisitos legales que hacen procedente el pago del beneficio laboral de la Ley N° 20.305.

En cuanto al Servicio Local de Educación Barrancas:

Undécimo: Que, así las cosas, la controversia se sitúa en la efectividad de si el Servicio Local de Barrancas estaba en conocimiento de los documentos requeridos por la Tesorería General de la República, que no fueron acompañados a los actos administrativos remitidos.

En efecto, de acuerdo a los antecedentes acompañados constan correos electrónicos remitidos por la funcionaria doña nombre reservado, analista de operaciones de la Tesorería Regional Santiago Poniente a doña nombre reservado, encargada de la Unidad de Gestión Administrativa de Personal, Subdirección de Administración y Finanzas, del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, de fechas 14 de diciembre de 2021 y 6 de junio de 2022, en que se le ha requerido adjuntar los antecedentes fundantes de las Resoluciones Exentas dictadas.

Por su parte dicha funcionaria del Servicio Local, doña nombre reservado, con fecha 8 de junio de 2022, ha informado que existen dudas respecto de los bonos post laborales que han presentado, y que se encuentran recabando la información solicitada, todo ello a pesar de las resoluciones que fueron dictadas respectivamente.

Duodécimo: Que, no obstante, lo expuesto precedentemente, dado que según obra en presentación de fecha 1 de enero del año en curso -folio 26- se acompañaron los comprobantes de pago del bono en análisis.

Decimotercero: Que, de los antecedentes allegados a la causa, en especial, lo informado por la recurrida Tesorería General de la República, en orden a que actualmente se ha dispuesto el pago de los signados bonos, por lo que considerando la competencia de esta Corte, en cuanto a las medidas cautelares urgentes y concretas que se pretenden en la acción intentada, plasmadas en su parte petitoria, en particular, se concluye que el presente recurso ha perdido su objeto, todo lo cual obliga a desestimarlo, resultando innecesario pronunciarse sobre las demás alegaciones planteadas por las partes.

Decimocuarto: Que, en consecuencia, la acción cautelar intentada ha perdido oportunidad, por lo que no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado y de doña nombre reservado en contra del Servicio Local de Educación Barrancas y de la Tesorería General de la República Poniente.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Protección N° 81713-2022.- 10