DESCO S.A. con DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA

Santiago, veinte de octubre de dos mil diecisiete.

Proveyendo a los escritos folios 397423 y 397626: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que recurre de protección el abogado don Oscar Spoerer Varela, en representación de Empresa Constructora Desco S. A. en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, por vulnerar los derechos consagrados en el artículo 19 N° 3, 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el día sábado 6 de enero del año 2017, al intentar renovar su inscripción en el Registro Oficial electrónico de contratistas “Chile Compras” y/o “Chile Proveedores”, tomó conocimiento que su representada se encuentra “inhábil” para participar en los procesos de licitaciones por supuesta existencia de condenas por prácticas antisindicales y/o infracciones a los derechos fundamentales del trabajador.

Agrega que según información que recabó en la página de la Inspección del Trabajo, Empresa Constructora Desco S. A. no figura en ninguna de las planillas con condenas por prácticas antisindicales. Luego añade que ante lo anterior, la recurrida le sugirió dirigirse ante la Inspección del Trabajo a fin de regularizar o aclarar su situación pues el estado de “inhábil” se fija automáticamente con la información que dicha repartición pública le provee interconectadamente. Esto último tampoco fue posible ya que la Inspección le manifestó carecer de facultades y acceso a Chileproveedores ante lo cual considera que la Dirección de Compras y Contratación Pública le ha impedido participar en las licitaciones sin explicación alguna y dejándola en completa indefensión.

En cuanto las garantías constitucionales conculcadas, fundamenta la vulneración de la igualdad ante la ley en haber sido juzgada de forma arbitraria, aplicándosele una sanción sin cumplirse con las normas del debido proceso; se afecta también su derecho a realizar actividades económicas al restringirle su participación en el sistema de compras públicas; se vulnera además el derecho a la no discriminación arbitraria ya que se le ha colocado en una situación discriminatoria respecto de cualquier otra empresa constructora del mercado. Finalmente, respecto de su derecho a propiedad, afirma que el acto ilegal y arbitrario le impide participar del proceso de licitaciones, teniendo derecho a hacerlo y por el cual ha pagado el valor respectivo al solicitar la renovación del registro.

Finalmente la recurrente solicita que se declare que el acto impugnado por esta vía es ilegal y arbitrario, que debe dejarse sin efecto en forma inmediata su estado de inhábil en el sistema de Chile Proveedores, así como se adopte toda otra medida que esta Corte estime conducente, con las costas de la causa.

Segundo: Que requerido informe a la parte recurrida esta explica que por sentencia de 16 de diciembre de 2015 la recurrente fue condenada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso en causa RIT T-282-2015 caratulada “nombre reservado con Constructora Benavente Limitada” que dio lugar a la denuncia de tutela laboral por vulneración de garantías fundamentales, la que se encuentra firme, habiéndose dictado el “cúmplase” correspondiente con fecha 23 de febrero de 2016. Luego indica que la información de dicha condena se encontraba ingresada al sistema automatizado y en línea de Chile proveedores al momento de solicitar la recurrente la renovación de su registro el 20 de diciembre de 2016, puesto que la sentencia condenatoria estaba ejecutoriada desde el 23 de febrero de 2016. Por lo anterior, la recurrente en su calidad de proveedora inscrita ha podido acceder a dicha información reflejada automáticamente en el Registro desde las 00:01 horas del día 21 de diciembre de 2016, esto es, al dia siguiente de solicitar la renovación, información que se mantiene hasta la fecha, por lo que el recurso de protección presentado el 3 de febrero del 2017 debe desestimarse por extemporáneo.

Sin perjuicio de lo anterior, agrega que su actuar no ha sido ilegal, pues la inhabilidad de la recurrente se encuentra contemplada en el artículo 4 de la ley 19.886 y artículo 92 N° 7 del Reglamento de la misma ley, sin que la Dirección de Compras y Contratación Pública cumpla rol alguno en relación a la aplicación y control de la causal legal de inhabilidad ya que esta es generada por la información de condena que en forma también automática entrega la Inspección del Trabajo conforme a convenio celebrado con ella.

Tercero: Que por resolución de uno de septiembre del dos mil diecisiete, esta Corte dispuso oficiar a la Dirección del Trabajo para que informara sobre la existencia de sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o vulneración de derechos fundamentales dictadas en contra de la recurrente, remitiendo dicha repartición copia de la sentencia dictada en los autos T-282-2015 y de la sentencia de alzada que rechazó el recurso de nulidad interpuesto en su contra. Consta de su parte resolutiva lo siguiente: “1: Que se hace lugar a la denuncia de tutela por vulneración de garantías fundamentales con ocasión del despido, interpuesta por nombre reservado en contra de Construcciones Benavente Limitada y Empresa Constructora Desco S. A. declarándose que con ocasión de la separación de la que fue objeto el 29 de septiembre del actual, le fue vulnerada la garantía de la indemnidad de la que es titular”. En razón de lo anterior, el fallo condenó a la demandada Construcciones Benavente Limitada al pago de las indemnizaciones por dicha vulneración y que se detallan.

Cuarto: Que establecido lo anterior, corresponde pronunciarse en primer lugar sobre la alegación de la recurrida que se basa en la extemporaneidad del recurso presentado. Del análisis de los antecedentes expuestos por las partes y la documentación acompañada, entre la que se contempla el certificado de habilidad histórico de fecha 27 de julio de 2017, se advierte que el estado de “inhabilidad” de la recurrente se generó en la plataforma computacional el 21 de diciembre de 2016 la cual es de libre acceso para los proveedores inscritos, siendo la forma oficial de comunicación a los usuarios del sistema. Fluye asimismo de este documento que la recurrente requirió por primera vez su inscripción en el registro de proveedores del Estado, el 31 de marzo de 2009, renovándola posteriormente y requiriendo la última renovación el 20 de diciembre de 2016, fecha esta última en que ya se encontraba informada e ingresada su situación de inhábil en el sistema por lo que al solicitarse dicha renovación, la plataforma la advirtió inmediatamente de dicha condena, quedando automáticamente accesible y visible en la plataforma su condición de inhabilidad, la cual como se ha dicho se origina en forma automática de acuerdo a los antecedentes que proporciona la entidad competente que en este caso es la Dirección del Trabajo. En consecuencia, la afirmación de la recurrente en cuanto a que solo tuvo conocimiento de la nueva condición que la afectaba el 6 de enero de 2017 no resulta aceptable, pues el plazo para recurrir debe contarse desde la ocurrencia del hecho que se estima ilegal o arbitrario y que en este caso ocurrió el 21 de diciembre del 2016, fecha en que se materializó, comunicó y fue visible desde la pantalla su condición de inhábil, por lo que la acción cautelar presentaba el 3 de febrero del 2017, lo fue fuera del plazo establecido en el Auto acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección. Corrobora esta conclusión el art. 6° del Reglamento de la Ley N° 19.886, contenido en el Decreto 250 del 2004 de Hacienda que señala que todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de dicha ley y Reglamento se entenderán realizadas luego de las 24 horas transcurridas desde que la entidad publique en el sistema de información el documento, acto ó resolución objeto de la notificación.

Quinto: Que aún cuando el recurso debe rechazarse por extemporáneo, tampoco se vislumbra que la recurrida haya incurrido en un acto ilegal o arbitrario al consignar el estado de inhabilidad que afecta a la recurrente desde el momento que no le era posible abstenerse de cumplir las inhabilidades contempladas en el art. 4° de la ley 19.886 y ni siquiera podría estimársela facultada para pronunciarse sobre ellas, ya que es la Dirección el Trabajo la entidad competente en la materia y la cual lleva el Registro e Condenas establecido en los artículos 294 bis y 495 del Código del Trabajo. Como a la recurrida no le corresponde calificar ni pronunciarse sobre el sentido y alcance de lo informado por la Dirección del Trabajo, no ha podido incurrir en la conducta ilegal o arbitraria que se le atribuye. En cuanto a lo manifestado en estrados por la recurrente, en orden a que la vulneración de los derechos no ha podido ser cometida por ella dada su condición de empresa principal en el juicio aquel, es una materia que no cabe tratar en esta instancia sino con la Dirección del Trabajo, contra la cual no se dirigió el recurso ya que a ella correspondería decidir sobre el alcance del fallo dictado o bien ante el Tribunal que lo pronunció, por la via de la aclaración o mediante otros arbitrios válidos.

Por las consideraciones antes expuestas, y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por Empresa Constructora Desco S.A. en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública sin perjuicio de otros derechos que puedan asistirle.

Regístrese y archívese.

Redacción del abogado integrante don Juan Carlos Cárdenas Gueudinot.

N°Protección-8170-2017.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González, e integrada por el Ministro Alejandro Rivera Muñoz y el Abogado Integrante señor Juan Carlos Cárdenas Gueudinot.

No firma el Abogado Integrante señor Cárdenas, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

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