nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, trece de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, trabajadora dependiente, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber instruido directamente al empleador de la recurrente descuentos mensuales por planilla en sus remuneraciones, sin que exista resolución judicial vigente que autorice embargo de remuneraciones, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que constituye un acto de autotutela prohibida por el ordenamiento jurídico, ejecutado al margen de todo procedimiento judicial, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y de propiedad, consagrados en los numerales 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene el cese de los descuentos y la restitución de las sumas retenidas.

Funda su acción en que a contar de enero de 2026 comenzó a advertir en sus liquidaciones de sueldo descuentos bajo la glosa “Caja de Compensación”, ascendentes a $80.628 en enero y $414.666 en febrero de dicho año. Señala que existe una causa ejecutiva seguida en su contra ante el 13° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-5109-2016, cuya última gestión útil data del 10 de septiembre de 2019, consistente en una solicitud de embargo con fuerza pública, sin que desde entonces se haya dictado resolución alguna que ordene embargo de remuneraciones. Añade que, consultado su empleador, éste informó que los descuentos obedecen a instrucciones directas de la recurrida y que un certificado de Equifax Chile no registra deuda protestada o morosa asociada a ésta, agregando que al concurrir personalmente a las oficinas de la Caja funcionarios de la misma le informaron que no registraba créditos vigentes, señalándole incluso que se encontraba habilitado para solicitar uno nuevo.

Sostiene que la recurrida ha vulnerado la igual protección de la ley al colocarla en una situación desventajosa respecto de otros deudores civiles, quienes sólo pueden ser compelidos al pago mediante demanda ante los tribunales ordinarios, citando jurisprudencia de la Corte Suprema que ha calificado como caprichoso y antojadizo revivir unilateralmente un cobro respecto del cual la acreedora había mostrado desinterés. Asimismo, invoca la afectación de su derecho de propiedad sobre las remuneraciones devengadas, en tanto éstas ingresan a su patrimonio conforme al artículo 583 del Código Civil, y que su descuento extrajudicial contraviene la invariabilidad del contrato de trabajo, citando fallos de la Corte Suprema que han reprochado a las cajas de compensación forzar el cobro de créditos sociales pese al extenso lapso transcurrido sin gestión eficaz de cobranza.

Reclama que la caja ha ejercido de forma abusiva la facultad especial que le confiere la Ley N°18.833, sin fundamento ni acreditación de los antecedentes que sustenten el descuento y afirma que este actuar vulnera la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, al someterla a un procedimiento de cobro distinto y más gravoso que el aplicable a los demás deudores civiles; la libertad de trabajo, al afectar unilateralmente las condiciones pactadas en su contrato laboral; y el derecho de propiedad, al privarla, sin causa legal ni resolución judicial habilitante, de parte de la retribución económica derivada de su actividad laboral.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida reintegrar las sumas descontadas de las remuneraciones de la recurrente, con los reajustes e intereses legales correspondientes, y abstenerse de practicar o de instruir a terceros la práctica de nuevos descuentos sobre dichas remuneraciones, con costas.

SEGUNDO: Que informa la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y solicita el rechazo del recurso de protección.

En primer término señala que con fecha 1 de julio de 2015 se le otorgó a la actora un crédito social por la suma de $5.758.929, a una tasa de 0,488% UF mensual, pagadero en 60 cuotas mensuales de 1,8870 UF, cuyo primer vencimiento fue el 31 de agosto de 2015. Añade que al no solucionarse las primeras catorce cuotas, comprendidas entre agosto de 2015 y septiembre de 2016, con fecha 15 de septiembre de 2016 se procedió a reprogramar la deuda por la suma de 257,0803 UF, en 48 cuotas de 6,9697 UF mensuales, con primer vencimiento el 31 de octubre de 2016, de las cuales únicamente se solucionaron las correspondientes a los meses de octubre de 2016 a marzo de 2017, encontrándose las restantes en mora.

En cuanto a la legalidad de su actuar sostiene que los descuentos practicados encuentran fundamento en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, norma que dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de cobro que las cotizaciones previsionales. Agrega que la acción de cobro de la deuda no ha sido declarada prescrita, precisando que, conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción extintiva debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho, motivo por el cual, mientras no medie pronunciamiento judicial en tal sentido, la obligación permanece plenamente exigible. Añade que la acción constitucional de protección no constituye la vía idónea para alegar dicha excepción, correspondiendo su discusión a un juicio de lato conocimiento.

No obstante lo anterior y sin reconocer la extinción de la deuda ni los hechos y fundamentos invocados por la recurrente, informa que la Caja Los Andes dispuso el cese definitivo de los descuentos del crédito y la restitución de las sumas percibidas a partir de la reanudación de los cobros, precisando que las planillas de descuento se generan el día 25 del mes anterior a su aplicación, por lo que se dispondrá igualmente la devolución de toda suma percibida en el intertanto.

En razón de dicha actuación voluntaria, sostiene que el recurso ha perdido oportunidad, invocando en apoyo de su tesis pronunciamientos de la Corte de Apelaciones de Temuco y de la Corte Suprema que, en casos análogos, rechazaron recursos de protección por estimar que el cese voluntario de los descuentos y la restitución de lo percibido tornan innecesaria la adopción de medidas de cautela.

TERCERO: Que se confirió traslado al recurrente del informe y solicitó que el recurso de protección sea de igual manera acogido en todas sus partes, con costas, por estimar que dicho informe, lejos de desvirtuar la ilegalidad y arbitrariedad denunciadas, las confirma.

Refiere, en primer lugar, que la recurrida no ha negado el hecho esencial que motivó la acción, esto es, la práctica de descuentos en sus remuneraciones por concepto de un supuesto crédito social, reconociendo incluso haber reanudado dicho cobro por la vía de descuento por planilla y haber dispuesto, con posterioridad, el cese de tales descuentos y la restitución de las sumas percibidas desde la reanudación de los cobros; de manera que el informe, antes que controvertir el acto reprochado, lo admite, limitándose a alegar una pérdida de oportunidad que, a su juicio, no puede prosperar.

Además, argumenta que el acto ilegal y arbitrario ya se consumó y no queda purgado por la sola declaración unilateral de la recurrida, toda vez que el recurso fue deducido a raíz de un acto ya ejecutado, consistente en instruir descuentos sobre sus remuneraciones sin resolución judicial vigente que lo autorizara, afectando su derecho de propiedad y perturbando las garantías constitucionales invocadas; añade que la circunstancia de que la recurrida haya manifestado, una vez interpuesto el recurso y decretada la orden de no innovar, su intención de cesar los descuentos y restituir lo percibido, no elimina retroactivamente la ilegalidad denunciada ni torna improcedente un pronunciamiento de fondo, pues aceptar lo contrario importaría validar que una entidad pueda ejecutar descuentos improcedentes y sustraerse luego del control jurisdiccional mediante una mera declaración de voluntad.

Enseguida, plantea que no existe acreditación efectiva del cese de los descuentos ni de la restitución de las sumas descontadas, por cuanto la recurrida no acompañó antecedente alguno que permita verificar que los descuentos efectivamente cesaron, que se instruyó formalmente al empleador el término de toda retención, que se restituyeron material y completamente las sumas descontadas, ni el monto, fecha y mecanismo de dicha restitución; hace presente, a este respecto, que la propia resolución de 8 de abril de 2026 ordenó a la recurrida acompañar documentos que acreditaran tales extremos dentro de quinto día, bajo apercibimiento legal, de lo que colige que subsiste la necesidad de tutela cautelar y de un pronunciamiento de fondo.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que teniendo en consideración que lo alegado por la recurrente como acto ilegal y arbitrario son los descuentos de su remuneración efectuados por la Caja de Compensación y que, a su turno, la recurrida ha anunciado el cese definitivo de dichos descuentos y la restitución de aquellas sumas que hayan sido descontadas a partir de la reanudación de los cobros, esta Corte no vislumbra una vulneración actual de los derechos constitucionales que amerite la adopción de una medida de urgencia.

En las condiciones antes anotadas, el objeto inmediato del presente arbitrio cautelar se encuentra ya satisfecho, lo que evidencia que el recurso ha perdido oportunidad, no existiendo medida cautelar que a esta altura pueda adoptar esta Corte para el restablecimiento del imperio del Derecho, debiendo la recurrida cumplir con la voluntad que ha manifestado en el contexto de su allanamiento, esto es, en cesar en los descuentos y restituir a la brevedad aquellos montos que fueron descontados de la remuneración del recurrente.

SEXTO: Que, en razón de lo dicho y por no configurarse los supuestos esenciales que exige el artículo 20 de la Constitución para otorgar la protección que se demanda, el recurso debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese y archívese.

Protección Rol N° 8169-2026.-