nombre reservado con AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (ANID)

Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que recurre de protección Pablo Herrera Arriagada, abogado, en representación de nombre reservado, contra de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), por el acto ilegal y arbitrario en que ha incurrido con ocasión de la dictación de la resolución exenta n°3689/2021, dictada con fecha 6 de abril de 2021, que rechaza el recurso de revisión extraordinario ordenando pagar a la recurrente el monto valorizado en USD80.000 de sus estudios de magíster y Doctorado en el extranjero, lo que vulnera la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone como fundamento de su recurso, que posterior a obtener el título de Licenciatura en Filosofía en el año 2005, postuló a 2 becas ante la―entonces― Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, otorgándosele dos becas de perfección de estudios, una en el año 2008 para el Titulo de Magister; y otra en el año 2010 para su título de Doctorado, esta última es objeto del presente recurso.

El acto ilegal y arbitrario se ejecutó en concreto al exigir un total reintegro de los fondos ―USD$80.523― de forma discriminatoria, sin considerar 2 aspectos muy relevantes: el primero de ellos, es que se cumplió el fin para el que fue otorgada la beca, por cuanto ya obtuvo el grado académico de doctor. Y en segundo lugar, agrega que no se consideró por la recurrida aspectos muy relevantes que incidieron en el retardo de la entrega de su tesis doctoral, el primero de ellos se relaciona con su regreso a Chile en el año 2012, ya que requería hacer trabajos de campo en Chile y en Perú, y revisar archivos fotográficos imprescindibles para su tesis, que sufrió una grave depresión. Posteriormente, comenzó a impartir unos cursos en el Instituto Arcos de Viña del Mar en la carrera de fotografía (2016) y en la Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso (2015-2016). Luego, en el año 2017, retornó a Francia y si bien comenzó a trabajar de inmediato en su tesis. Sin embargo, cuando ya estaba a punto de terminarla, en febrero del 2018 su profesor, Jean-Louis, director de tesis, falleció en un accidente, lo que constituye a su juicio, un caso fortuito.

El cambio del director de tesis, fue asumido recién en marzo de 2018, sin embargo, la nueva directora tenía un enfoque completamente distinto, razón por la cual, le tomó muchísimo tiempo terminar la tesis y posteriormente, tomar hora para defenderla. En definitiva, con fecha 23 de enero 2020 finalmente logró defender su tesis: los miembros del jurado le otorgaron la más alta distinción. Obteniendo así el grado de Doctora en Filosofía, lo que consta en certificado de fecha 13 de abril de 2020, que acompaña.

Además, agrega que, en la resolución final del asunto, se incorporó un argumento que no se le había hecho referencia en ninguna etapa del proceso administrativo, que dice relación con que tampoco habría cumplido con el tiempo necesario en el país de destino.

Indica que la resolución o acto administrativo debe bastarse a sí mismo para ser explicado y comprendido. En este caso en particular, no existió fundamento alguno obtenido de forma transparente que haya permitido conocer cómo se obtuvo la información que habría servido de base para la decisión.

Adicionalmente, sostiene que se vulnera el principio de congruencia, por cuanto la resolución que impugna no se condice con lo que la Administración alegó como incumplimiento al dictar la Resolución Exenta n.° 10415/2019, y luego refrendada por medio de la resolución Exenta n.° 5942/2020. No es posible que la administración emplee nuevos argumentos no previstos con anterioridad para resolver un recurso deducido por el sujeto administrado, y no solo una, sino que dos veces.

También, invoca como vulnerado el Principio de racionalidad, ya que la recurrida no observó la finalidad para la cual se otorgó la beca, contraviniendo de forma flagrante este principio. En el caso concreto que nos convoca, tanto el “fundamento” de no cumplir con plazo previsto, así como aquel relativo a la permanencia en Chile por un porcentaje mayor al considerado, no se condicen con la razón, toda vez que transforman en una condición esencial un elemento puramente formal que olvida el fin para el cual la beca fue otorgada: la obtención del título de Doctorado.

Asimismo, sostiene que se vulnera el principio de confianza legítima en la administración, en cuanto el administrado tiene la legitima convicción de que la Administración debe velar por el bienestar del individuo, actuando en su beneficio y no al revés, por lo que confía en que obtenido el fin para el cual una ayuda es otorgada, se debe entender cumplida la obligación.

En mérito de lo expuesto solicita se revoque el acto administrativo impugnado ―Res. Ex. n.° 3689/2021― y se adopten todas las medidas necesarias para el restablecimiento del Imperio del Derecho, con expresa condena en costas de la recurrida.

Segundo: Que, informando la recurrida, alega la extemporaneidad del recurso, señalando que con fecha 05 de mayo de 2021, doña nombre reservado interpuso la acción constitucional de protección resultando la extemporaneidad manifiesta, toda vez que la decisión de CONICYT/ANID que impugna, que declaró el incumplimiento de sus obligaciones y solicitó la restitución de los fondos conferidos, es la Resolución Exenta N° 10415/2019, que acaeció con fecha 29/10/2019, notificada con fecha 31 de octubre de 2019.

Agrega en este punto que, con la entrada en vigencia de la Ley N° 19.880, la Corte Suprema ha declarado extemporáneos los recursos de protección presentados una vez que los asuntos han sido conocidos a través de impugnaciones administrativas, es decir, no se suspende el plazo para interponer la acción de protección por la impugnación administrativa a través del recurso de protección.

En segunda alegación de tipo formal, la sustenta en que lo discutido por la recurrente escapa a la naturaleza de remedio cautelar del procedimiento especial de protección, ya que en la especie no existe un derecho indubitado en debate, puesto que se trata de determinar si la becaria debe restituir o no los montos percibidos en razón del incumplimiento de las obligaciones de becario, cuestión que, en ningún caso, puede ser resuelta en este procedimiento especial de naturaleza cautelar, puesto que el fondo de la temática del recurso encierra, más que en un eventual proceder arbitrario o ilegal de la Administración, el hecho de no resignarse la becaria al proceder legal de este Servicio de solicitarle los fondos percibidos.

En cuanto al fondo, la recurrida señala que doña nombre reservado, fue beneficiaria del concurso de becas de doctorado en el extranjero, becas chile, convocatoria 2011, adjudicada mediante la Resolución Exenta N°4164/2011 y cuyas bases concursales fueron aprobadas mediante Resolución Exenta Nº 1298/2011.

Conforme con la normativa vigente en el contrato y mediando, además, una prorroga, la becaria debió haber obtenido el grado académico de doctor como máximo el 30/09/2018. Pues bien, finalizado el plazo para acreditar la obtención del grado académico respectivo, con fecha 30/10/2018, mediante la plataforma de atención a becarios, se contactó a la becaria solicitando documentos de obligaciones, donde la becaria indica: “Les comunico que dadas ciertas circunstancias personales aún no he podido defender mi tesis de doctorado. Sin embargo, estoy en mi etapa final, por lo cual me encuentro actualmente en Francia por lo que próximamente podré comunicarles la fecha de mi defensa de tesis. Considerando lo anterior, podría enviarles un certificado de mi director de tesis donde se señala que mi tesis está en su etapa final”.

Con fecha 29/10/2019, a través de la Resolución Exenta N° 10415/2019, se declara el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases de BECAS CHILE - DOCTORADO, impuestas a la becaria ya que la aludida no cumplió con la acreditación del grado académico, es decir, a esa fecha de la dictación de dicho acto administrativo la becaria aún no contaba con el grado de doctor.

Con fecha 15/09/2020 la Sra. nombre reservado, interpone recurso extraordinario de revisión en contra de la Resolución Exenta N°10415/2019, donde aporta antecedentes de su situación, no señalados en sus actuaciones anteriores, indica que tuvo problemas de salud durante su programa de estudios y además, alega una situación de caso fortuito o fuerza mayor por la muerte del profesor guía de su tesis doctoral y designación de un nuevo tutor, lo que significó una demora en la obtención de su grado.

La recurrente acompaña certificado emitido por la Universidad Paris 8, de fecha 13 de abril de 2020, en la consta haber defendido su tesis el jueves 23 de enero del 2020 y que es Doctora en Filosofía. Con todo, se indica que “La obtención y el trámite del diploma está en curso «según los plazos formales de la administración francesa»”. Que, a la fecha de este pronunciamiento, dicho diploma se encuentra pendiente de envío.

La recurrida señala que, además de no obtener el grado académico dentro del plazo máximo dispuesto en la normativa concursal, durante el periodo de la beca (desde el 07/07/2011 al 30/09/2014) la becaria estuvo solo 258 días en el extranjero (presumiblemente en el país de estudios), es decir, menos de un año. Asimismo, desde el inicio de los estudios y la beca hasta la rendición de su tesis, solo obtuvo 2 años, 2 meses y 4 días dentro de un periodo aproximado de 9 años, permaneciendo durante dicho periodo, 4 años, 2 meses y 8 días en Chile.

Con fecha 06/04/2021 se emite Resolución Exenta N° 3689/2021, que fue notificado el día 09/04/2021 a la Sra. nombre reservado, en virtud de la cual se rechaza el recurso extraordinario de revisión, fundado en que las bases del concurso dispusieron en el numeral 13.12, que es obligación de los becarios “Certificar la obtención del grado académico de Doctor en un plazo no mayor a 24 meses una vez finalizada la beca”. En el caso de la becaria dicho plazo se cumplió 30/09/2016, sin embargo, la becaria a esa fecha no dio cumplimiento a dicha obligación.

Que, con la entrada en vigencia del Decreto Supremo (DS) N°261/2016 que modificó el D.S. N°664/2008, del Ministerio de Educación, que regula BECAS CHILE, se estableció que una vez finalizada la beca, los becarios tienen el plazo máximo de cuatro años para obtener grado académico, título, certificación u otro equivalente, según el tipo de estudio o investigación. Dicha modificación tuvo el carácter de retroactivo, según la disposición transitoria del D.S. N°261/2016, beneficiando con ello a la recurrente, la cual, sin embargo, y pese a la ampliación del plazo, no obtuvo el grado académico de doctor al 30/09/2018, fecha máxima para ello de acuerdo al nuevo plazo.

Que, de los 3 años y dos meses de financiamiento producto de la beca, sólo estuvo en el extranjero por 9 meses (se desconoce si todo el periodo estuvo en Francia), por lo que los recursos no fueron utilizados bajo las condiciones establecidas en la normativa concursal. Solo en el año 2014, la becaria presentó documentación para realizar trabajo de campo en Chile y Perú, desde el 30 de mayo de 2014 al 17 de noviembre de 2014, por lo que dicho periodo no justifica las largas ausencias ocurridas desde el 07/07/2011 al 30/09/2014, periodo en que recibió el financiamiento de la beca sin cumplir con las condiciones previstas para ello en la normativa concursal.

Dado que se encuentra en un flagrante incumplimiento de las condiciones de la beca, sus alegaciones relativas a una enfermedad acreditada entre el febrero de 2014 a febrero de 2017 y el fallecimiento de su profesor guía en el año 2018, si bien podrían justificar algún retraso en la entrega de su grado académico, las ausencias del país de estudios durante la beca y fuera del periodo financiado con ésta, las cuales son de absoluta responsabilidad de la recurrente, obviamente incidieron en el rendimiento y obtención oportuna del grado académico respectivo, ya que desde el 07/07/2011 2011 hasta el 20/01/2020 (inicio de los estudios y defensa de tesis, respectivamente), solo estuvo en el extranjero aproximadamente 3 años.

Que, de la información proporcionada por la propia recurrente, se acredita que la becaria se ausentó del país durante su beca sin ningún aviso previo, percibiendo los beneficios de la misma, sin autorización de CONICYT (predecesor legal de ANID), no dando cumplimiento a la normativa concursal, omitiendo deliberadamente en su recurso de protección que incumplió con la obligación de informar y solicitar autorización a la ANID sus ausencias del país, las que sumadas, no cumplen con los términos del numeral 2, 4.1, 13.9 de las bases concursales, ya que: durante el periodo de la beca (desde el 07/07/2011 al 30/09/2014) estuvo solo 258 días en el extranjero (presumiblemente en el país de estudios), es decir, menos de un año; asimismo, desde el inicio de los estudios y la beca hasta la defensa de su tesis, solo estuvo 2 años, 2 meses y 4 días en el extranjero dentro de un periodo aproximado de 9 años, permaneciendo durante dicho periodo, 4 años, 2 meses y 8 días en Chile.

Tercero: Que la acción de protección que contempla la Carta Fundamental, es un procedimiento cautelar que tiene por objeto subsanar de modo urgente y excepcional un hecho en que una persona hubiere sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías de alguno o algunos de aquellos que contempla la Constitución Política.

Cuarto: Que, por el carácter del recurso, debe dársele un sentido restringido y de oportunidad para resolver aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronto pronunciamiento judicial, que dé rápido remedio a los actos u omisiones arbitrarias e ilegales, siendo estos elementos los que deben ser examinados por esta Corte para definir su resolución.

Quinto: Que, como cuestión previa, se ha alegado la extemporaneidad del arbitrio constitucional intentado, al respecto se debe establecer que el artículo 1° del Auto Acordado de la Corte Suprema, sobre tramitación del recurso de protección, previene que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro de un plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Pues bien, en lo que interesa, el acto que motiva la acción recursiva corresponde a la Resolución N° 3689 dictada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo con fecha 6 de abril de 2021, notificada el día 9 del mismo mes, que resulta ser, en definitiva, el acto que determina que la recurrente deba devolver el monto de la beca conferida que no cumplió, por lo que, al haber recurrido ante esta Corte por la vía cautelar, el día 5 de mayo de 2021, lo hizo dentro de los treinta días siguientes a dicha resolución, por lo que no es posible desechar la acción por falta de oportunidad.

Sexto: Que, en cuanto a la segunda alegación formal que expone la recurrida, destinada a que se deseche la acción por no existir derecho indubitado por parte de quien recurre, esto corresponde a una consideración de fondo sobre la cual se pronunciará esta Corte conforme con el análisis de los elementos que conforman la pretensión de la recurrente, según se expresará.

Séptimo: Que, el objetivo focal de la pretensión recursiva apunta a dejar sin efecto la decisión adoptada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo a través de la Resolución N° 3689 de 6 de abril de 2021, que obliga a la recurrente a tener que devolver la beca que le fue conferida por no cumplir con sus obligaciones como becaria, por cuanto en su dictación la autoridad habría incurrido en contravenciones a garantías constitucionales y principios generales aplicables a la dictación de ese tipo de actos, sólo subsanables por la vía de adoptar medidas que no den lugar al reembolso que se pretende.

Octavo: Que, de los antecedentes aportados por la recurrente y aquellos que fueron informados por la recurrida, no permiten a esta Corte adquirir la convicción que el acto que se recurre sea arbitrario o ilegal y que con ello se amague, altere o prive a la actora del algún legitimo derecho amparado por la Constitución.

Para arribar a la conclusión expuesta, se ha tenido presente que, son alegaciones de la becaria que el retraso en la entrega del grado académico, que sirvió de base al acto recurrido, se debió a razones ajenas a su voluntad, y cuyos hechos descritos por ésta constituirían una situación de caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, se ha podido establecer, que la becaria presenta dos causales de incumplimiento; no obtuvo el grado académico de doctor en los plazos dispuestos en el artículo 25°, numeral 2) del reglamento que regula BECAS CHILE, y, adicionalmente, no permaneció en el país de estudios en los términos del artículo 2°, 24°, letra k) del citado decreto y de los numerales 2, 4.1 y 13.9 de las bases concursales. Es decir, incurrió en incumplimientos en ese periodo, sin señalar ninguna razón que justifique dicha contravención a la normativa concursal ni tampoco acreditando alguna situación de caso fortuito a fuerza mayor que pueda servir de nexo causal que le permitiría eximirse del cumplimiento de las obligaciones de la beca.

Noveno: Que, conforme se dijo, del análisis de los antecedentes del recurso, no se vislumbra nexo causal entre los hechos descritos por la recurrente y cómo este afectó el normal cumplimiento de sus obligaciones. No puede alegarse que la supuesta enfermedad o muerte del tutor pudieron influir en sus retardos dado que coetáneamente a dichos hechos sí se puede acreditar que no estuvo en el país de estudios realizando sus actividades académicas por cual obtuvo financiamiento de la beca. Por tanto, ello deja en evidencia, que en su incumplimiento influyó la falta de dedicación a su programa de estudios, teniendo en cuenta que inició sus estudios y la beca el 07/07/2011, y la beca finalizó el 30/09/2014, teniendo 4 años a partir de dicha fecha para obtener el grado académico respectivo, que originalmente fueron 2 años, los cuales fueron ampliados a 4 años.

Ha sido con ocasión de la interposición de su recurso de revisión que acompañó documentos relativos a su defensa de tesis, la cual ocurrió el jueves 23 de enero del 2020, y hasta la fecha no ha entregado al Servicio ni tampoco lo acompañó en el recurso de protección, el certificado de grado de doctor, ya que éstos se encontrarían en trámite en la universidad francesa, como la misma entidad educacional lo indicó en el documento de fecha 13 de abril de 2020.

Es la propia recurrente que reconoce en sus antecedentes, que no tuvo dedicación a sus estudios cuando expresa que “Cabe señalar que a su regreso a Chile comenzó a impartir unos cursos en el Instituto Arcos Viña del Mar en la carrera de fotografía (2016) y en la Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso (2015-2016)”. Además, de dicha información se desprende que se encontraba lo suficientemente sana para trabajar en dichas instituciones, no resulta creíble que el retardo de la obtención del grado es atribuible a su estado de salud.

Cabe hacer presente, que la rendición de examen de grado o instancia equivalente (defensa de tesis) corresponde a la finalización de estudios, lo cual se acredita con información proporcionada por las universidades; sin embargo, las entidades educacionales no suelen entregar de manera inmediata el grado académico que corresponda a dichos estudios, ya que se requieren para ello una serie de formalidades de tipo administrativo, que puede incluir el pago de tarifas y/o ceremonias de titulación, entre otras; es por ello, que el examen de grado y la obtención del grado académico propiamente corresponden a hitos diversos.

Décimo: Que, de acuerdo a la definición entregada por el artículo 45 del Código Civil, sobre caso fortuito o fuerza mayor se desprenden los siguientes elementos constitutivos: “1) causa extraña al deudor o sea, que el hecho no debe serle imputable; 2) el hecho debe ser imprevisto, imposible de conjeturar lo que ha de suceder en un cálculo de probabilidades, es decir, cuando no hay ninguna razón para creer en su realización, y 3) hecho imposible de resistir, lo que quiere decir que el hecho que ocurre es insuperable en su constitución y efectos, de manera que ni el deudor ni persona alguna que se coloque en tal situación podría impedir lo sucedido” (Resolución Nº 20993, de Corte Suprema de Chile - Sala Primera, 24 de Agosto de 2006, rol 1913/2004).

Basta examinar el primer requisito, para advertir que el retardo en el proceso de titulación no es enteramente ajeno a la becaria, ya que ella ya estaba constituida en mora desde el 31/09/2016 (plazo de exigibilidad de las bases para la obtención del grado académico), manteniéndose en ese estado incluso cuando se cumplieron los plazos de extensión conferidos por el DS 261/2016. Prueba de ello, es que la misma actora reconoce que recién el 23 de enero de 2020 realizó su defensa de tesis.

Undécimo: Que, la becaria no controvierte en ningún caso el hecho que no informó ni pidió autorización al Servicio para ausentarse del país de destino en los términos del numeral 13.9 de las bases, numeral que se encuentra en el apartado de las bases denominadas “obligaciones del becario”, al igual que el reglamento ya citado, y que la consecuencia jurídica de tal infracción es la restitución de fondos en conformidad con el artículo 27° del reglamento por considerarse una obligación inherente a la beca. Tal hecho, así como su permanencia durante el periodo de la beca (desde el 07/07/2011 al 30/09/2014) por solo 258 días en el extranjero (presumiblemente en el país de estudios), es decir, menos de un año, permaneciendo en Chile durante el periodo de la beca por 561 días, lo que no ha sido controvertido por la becaria.

Duodécimo: Que, a juicio de la recurrente, la resolución impugnada resulta arbitraria e ilegal, por carecer de fundamentos y razones apropiadas a las circunstancias presentadas, así como también no habría congruencia entre los actos dictados, sin embargo, el examen que se hace de los fundamentos que se han dado para rechazar las pretensiones de la becaria, son evidentes y no desmentidos, el no dar cumplimiento a los plazos para la obtención del grado académico de doctor.

Así también, no fue sino hasta la interposición del recurso extraordinario de revisión, como se indicó, que se conoció un documento de la universidad de fecha 13 de abril de 2020, que señala que defendió su tesis con fecha 23 de enero de 2020, y que el grado académico se encuentra en trámite “según los plazos formales de la administración francesa». Asimismo, de acuerdo a los documentos aportados por la recurrente, en particular el certificado de viajes de la PDI, se constató una segunda y tercera causal de incumplimiento, esto es: obtuvo financiamiento de la beca mientras se encontraba en Chile, lo cual se encuentra expresamente prohibido por la normativa concursal, incumpliendo con ello el artículo 2 del reglamento, numeral 2 y 4.1 de las bases; además de infringir la obligación de permanecer en el país de estudios, y sólo se permiten ausencia del país de estudios por motivos académicos o de investigación, con autorización de este Servicio, en conformidad con el artículo 24°, letra k) del reglamento y numeral 13.9 de las bases.

Conforme con lo expuesto, no resulta efectiva la falta de congruencia alegada por la recurrente, ya que los actos administrativos se dictaron en base a la información proporcionada por la propia becaria, quién con ocasión del incumplimiento se limitó a decir que aún no habría defendido su tesis por motivos personales, para luego señalar en su reposición que tendría fecha para ello en diciembre de 2019, sin acompañar antecedentes que hubieran permitido desvirtuar el hecho concreto, categórico e indesmentible que no acreditó la obtención del grado académico al 30/09/2018, fecha máxima para el cumplimiento de dicha obligación.

Décimo tercero: Que la Agencia recurrida se encuentra en el deber de hacer cumplir la normativa del concurso, velando, además, por el resguardo de los fondos públicos, solicitando la restitución de los caudales percibidos por los becarios cuando se incumplen las obligaciones que los rigen. El resguardo de los fondos públicos no solamente dice relación con un eventual detrimento pecuniario que pueda sufrir el Estado o un ente público, sino con que el hecho que los recursos sean utilizados en las condiciones dispuestas en la normativa que faculta su otorgamiento.

Décimo Cuarto: Que, en lo tocante a la alegación de la recurrente que habría cumplido con la finalidad de la beca, con la obtención del grado académico, ello no resulta procedente, tanto porque las condiciones y obligaciones de la beca no solo se encuentran expresamente reguladas en las bases concursales y el convenio respectivo, sino también en el reglamento de BECAS CHILE, situación que es de conocimiento de la recurrente, por lo que no se puede sostenerse que con el cumplimiento de algunos de sus fines y no de la totalidad de las obligaciones, sea posible acoger su pretensión.

Décimo Quinto: Que, las propias bases y reglamento para este tipo de Becas disponen que ante un incumplimiento deben solicitarse la restitución de los fondos. Asimismo, conforme a lo indicado en inciso final del artículo 3° del D.S. N°664/2008, se señala que las entidades ejecutoras en el ámbito de sus funciones podrán “(…) hacer seguimiento de los becarios beneficiados por Becas Chile; monitorear el cumplimiento de las exigencias de retorno y retribución exigidas en el presente reglamento, así como cualquier otra obligación establecida en los convenios suscritos con dichas entidades ejecutoras”.

Décimo Quinto: Que, tratándose de las vulneraciones a los principios de confianza legítima y falta de razonamiento en la decisión, la recurrente no aporta ningún antecedente en cuanto a que el Servicio recurrido haya actuado de un modo diferente respecto de las mismas hipótesis planteadas y las mismas normas que regulan los certámenes. Así también, no se advierte que el acto sea inmotivado o carente de argumentos para sustentar su decisión, por lo que este argumento tampoco puede prosperar.

Décimo Sexto: Que, del modo que se ha razonado, lleva a concluir, que la presente acción constitucional no puede acogerse y ella será desestimada, dado que la actuación de la Administración al dictar el acto que se recurre se ajustó a la ley y a las reglas que regulan la institución de Becas Chile que obtuvo la recurrente. En igual sentido, la dictación del acto recurrido no ha sido arbitrario ni tampoco infundado, ya que la decisión adoptada se sustenta en el incumplimiento de obligaciones por una becaria sometida al régimen de este tipo de beneficios, que no pudo desvirtuar.

Y teniendo presente lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección se rechaza sin costas, el recurso de protección de protección deducido por don Pablo Herrera Arriagada, abogado, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Regístrese, comuníquese y archívese Redactó abogado integrante David Peralta Anabalón.

No firma el abogado integrante señor Peralta, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol Ingreso Corte N° 8167-2021