Protección contra la I

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de junio de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, en representación de INVERSIONES SAN MIGUEL LIMITADA, deduce acción de protección en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA por haber incurrido en actos que califica de ilegales y arbitrarios, relativos al pago en exceso de las patentes comerciales de los años 2019, 2020 y 2021, y el rechazo de la solicitud de devolución de lo pagado que efectuara a la recurrida por concepto de diferencia de capital, reajustes e intereses, vulnerando las garantías fundamentales previstas en los numerales 3, 20, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la recurrida presentó una demanda en su contra ante el 27° Juzgado Civil de Santiago, por no pago de patentes del segundo semestre de 2019 y ambos periodos del año 2020, siendo solucionada esa deuda inmediatamente luego de ser notificada la recurrente. Sin embargo, con posterioridad a dicho pago, la municipalidad recalculó el monto de las mismas patentes comerciales, al advertir una rectificación del capital propio de la empresa, recalculando las deudas con intereses y reajustes, además, de pretender su cobro -pese a existir cosa juzgada- impidiendo el pago de la patente correspondiente al año 2021.

Afirma que, respecto a los intereses referidos al nuevo cálculo de los años 2019 y 2020, y los relativos a la patente comercial del año 2021, el Tribunal Constitucional acogió un recurso de inaplicabilidad que impugnaba la imposición de intereses moratorios al pago de patentes municipales, de modo que a la recurrida no le asiste el derecho de cobrar esa diferencia.

Agrega que el 21 de diciembre de 2021, presentó un reclamo ante el Departamento de Rentas Municipales de la recurrida, el que fue rechazado el 18 de enero de 2022, por estimar que sería inadmisible e ilegal rebajar el pago de intereses y reajustes, ya que, el retraso en el pago de lo debido se debería exclusivamente a una rectificación del capital propio realizado con posterioridad por el propio deudor, lo que hizo aumentar el monto de lo debido y no cabe aplicar el artículo 53 del Código Tributario.

Por último, indica que, con el fin de no aumentar la deuda, el 28 de enero de 2022 pagó la totalidad de lo requerido por la municipalidad, pero solicita que esas sumas le sean devueltas al acogerse este recurso, en particular, se le restituya lo ya pagado por diferencia de capital de las patentes aludidas con sus reajustes e intereses, con costas.

Segundo: Que, evacua informe por la I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA, el abogado Boris Durandeau Stegmann, solicitando el rechazo del recurso, con costas, pues no existe ningún acto arbitrario o ilegal que haya importado privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales del recurrente, estimando que la autoridad administrativa ha dado estricto cumplimiento a las normas constitucionales y legales vigentes.

Manifiesta que es efectivo que inició una demanda ejecutiva en contra del recurrente, quien pagó extrajudicialmente el capital adeudado, más los reajustes e intereses correspondientes, dando cuenta de lo anterior en los autos Rol N°16.870-2020 del 27° Juzgado Civil de Santiago con fecha 27 de octubre de 2021. No obstante, en el contexto de la tramitación para la obtención de la patente municipal del año 2021, se advirtió por su representada que INVERSIONES SAN MIGUEL LIMITADA había rectificado el Capital Propio Tributario declarado ante el Servicio de Impuestos Internos, pasando de $99.999.999 a $4.373.716.914, lo implica que el monto que debía pagar el contribuyente por concepto de patente comercial aumentara considerablemente, detallándolo en una tabla que incorpora en su informe.

Explica que la recurrente pagó un total de $34.233.930, autorizándose la patente comercial por domicilio postal tributario de la empresa, mediante Decreto DRE N° 2118/2021 de 11 de noviembre de 2021, precisando que, al momento de iniciar la demanda por parte de dicha entidad edilicia, ni el Tribunal que tramitó el procedimiento ejecutivo aludido, tenían conocimiento de la rectificación de capital efectuada por el demandante.

Así las cosas, se rechazó la rebaja solicitada por la actora, mediante carta de 21 de diciembre de 2021, por resultar dicha solicitud improcedente pues “el atraso en el pago de lo debido se debe exclusivamente a una rectificación del capital propio realizada con posterioridad por el propio deudor, lo que hizo aumentar el monto de lo debido, lo que se hace evidente al instante en que este inicia los trámites de regularización de su patente municipal, esto es absolutamente imputable a este, por lo que no cabe aplicar el artículo 53 del Código Tributario”.

Sostiene que la única exención en materia de patentes municipales se encuentra establecida en el artículo 27 del Decreto Ley Nº 3.063, que dispone que sólo están exentas del pago de la contribución de patente municipal las personas jurídicas sin fines de lucro que realicen acciones de beneficencia, de culto religioso, culturales, de ayuda mutua de sus asociados, artísticas o deportivas no profesionales y de promoción de intereses comunitarios, dentro de las cuales no se encuentra el recurrente. Añade que según lo dispuesto en el artículo 48 del mismo texto legal, el contribuyente que se constituye en mora de pagar la patente municipal quedará obligado al pago de los reajustes e intereses en las condiciones establecidas en los artículos 53 y siguientes del Código Tributario, cuyo inciso quinto establece, que no procederá el reajuste ni se devengarán los intereses penales respectivos cuando el atraso en el pago se haya debido a causa imputable a los organismos públicos que indica.

Finalmente, indica que, si la recurrente hubiese considerado que no le correspondía pagar dichos tributos de acuerdo a su capital propio rectificado, no habría procedido a pagarlos el 28 de enero y 2 de febrero de este año, extinguiéndose así la deuda, aclarando que la garantía prevista en el N°20 del artículo 19 de la Carta Fundamental no se encuentra dentro de aquellas por las que procede la presente acción de protección.

Tercero: Que, se trajeron los autos en relación.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Quinto: Que, consta de los antecedentes acompañados por las partes en sus respectivas presentaciones, que el recurrente pagó a la recurrida, por concepto de patentes comerciales de los años 2019 a 2021, la suma de $34.233.930 y, no obstante haber solucionado dicha deuda, estima que resultaba improcedente su cobro, por lo que solicita que esta Corte ordene a la recurrida la restitución de lo pagado por la diferencia de capital de las patentes de los años 2019 y 2020 y los intereses y reajustes de las correspondientes al año 2021.

Sexto: Que, en consecuencia, se advierte que lo pretendido por la recurrente es un pronunciamiento declarativo, por cuanto para determinar la procedencia –o no- del pago realizado a la recurrida por concepto de patentes municipales, se requiere que esto sea establecido mediante un juicio de lato conocimiento.

Séptimo: Que, considerando la naturaleza cautelar de la presente acción de protección, no procede decidir en esta sede la disputa suscitada entre las partes, cuestión que, como ya se dijo, deberá discutirse en un procedimiento que asegure a las partes el pleno respeto de sus derechos, especialmente, el derecho a la prueba, propio de un proceso racional y justo.

Octavo: Que, no advirtiéndose vulneración de las garantías constitucionales denunciadas por la recurrente, se omitirá pronunciamiento a su respecto, por inoficioso.

Noveno: Que, de lo razonado, el presente recurso de protección deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, SE RECHAZA la acción de protección intentada por INVERSIONES SAN MIGUEL LIMITADA en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA, sin costas Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacto la abogado integrante señora Herrera Fuenzalida.

Rol N°816-2022.Protección.

N°Protección-816-2022.