nombre reservado con HONORABLE JUNTA SUPERIOR DE APELACIONES DE CARABINEROS DE CHILE

Santiago, ocho febrero de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 3 de diciembre de 2017 comparece don Juan Luis Railef Balmaceda, abogado, con domicilio en domicilio reservado, interpone recurso de protección a favor de nombre reservado, Ex Cabo 1° de Carabineros, en contra de la H. Junta Superior de Apelaciones de Carabineros de Chile, por el acto que se estima ilegal y arbitrario, consistente en la Resolución Nº516, de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros de Chile, decisión adoptada en sesión de 26 de septiembre de 2017, notificada el 18 de noviembre de 2017, y en contra de todos los actos administrativos generados y referidos a la eliminación de las filas de la institución por “circunstancias obligadas”, en el carácter de absoluto, por haberse mantenido su clasificación en Lista N° 4, de Eliminación.

El recurrente señala que, en el último proceso calificatorio de Carabineros, que comprende período mayo de 2016 - mayo 2017, fue calificado con 15 puntos de un máximo de 24 y clasificado en Lista N° 3, de Observación. Sin embargo, mediante la facultad de revisión establecida en el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, se resolvió, por unanimidad de votos, modificar su calificación y rebajar su nota de 3 a 1, en el promedio del Subfactor “Responsabilidad”, quedando clasificado en Lista Nº4 de Eliminación, con 13 puntos.

Agrega que se rechazó su solicitud de reconsideración, manteniendo la decisión de clasificarlo en Lista Nº4 de Eliminación, debido a su incapacidad profesional y graves deficiencias en su conducta funcionaria, las que se fundaron en una serie de sanciones de baja penalidad administrativa que no superan los 14 días de arresto.

Explica que la recalificación que se hizo en su perjuicio, se basó en las medidas disciplinarias firmes que registra durante el período calificatorio, respecto del subfactor “Responsabilidad”, estimándose que en el proceso calificatorio, su puntaje y lista de clasificación no era coincidente con su desempeño profesional, por lo que se determinó rebajar sus notas.

Al resolver su solicitud de reconsideración se le atribuyó un incumplimiento evidente a las obligaciones y exigencias reglamentarias propias de su grado, denotando falta de cuidado y atención en las tareas que desarrolla, lo que se traduce, finalmente, en que no lograría satisfacer las expectativas de sus mandos directos. Se estima que su desempeño profesional es malo, ya que cumple en forma negligente las obligaciones de su grado o función, individualizándose las normas aplicables.

Expone que el referido acuerdo tiene como consecuencia la dictación por parte de la Prefectura Santiago Norte con fecha 17 de noviembre de 2017, de la Resolución N°516 que dispone el Licenciamiento de las Filas, por "CIRCUNSTANCIAS OBLIGADAS”, a contar de las 00:00 horas, del día siguiente al de su notificación, por haber sido incluido durante el Proceso Calificatorio del presente año, definitivamente en Lista N° 4, de “Eliminación”.

Reclama que no obstante señalar la Ley Orgánica de la Institución que las decisiones de las juntas indicadas como soberanas para la apreciación que emitan sobre la idoneidad, eficiencia profesional y condiciones personales de los calificados, esta soberanía no puede exceder los límites dados por su propia reglamentación, como son las reglas y pautas dadas por el artículo 89 del Reglamento de Selección y Ascensos N° 8 de Carabineros en consonancia con los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución, ni menos afectar garantías constitucionales.

En consecuencia, asegura que no se encontraba en la hipótesis prevista por la norma, pues es un funcionario calificado con 13 puntos y con un subfactor igual a 1 y no suma más de 30 días de arrestos.

Por lo que, estima que para calificar su conducta se utilizó un parámetro subjetivo, como la deficiencia profesional, pero se pretende objetivar en la reiteración de sanciones de baja penalidad administrativa, donde el elemento común es la falta de servicio y la disposición con su mando. Sin embargo, estima que dicha forma de actuar no se ajusta a derecho, pues las conductas ya fueron objeto de reproche y sanción, conforme a la normativa interna. Además, reclama que no se consideró la felicitación que tenía en su registro.

Alega como garantías constitucionales infringidas las del artículo 19 N°1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita se acoja la acción de protección intentada y se deje sin efecto el acta de la sesión impugnada y las resoluciones generadas a partir de esta, disponiendo su reincorporación a las filas de Carabineros, con costas.

Segundo: Que, don nombre reservado, General Inspector de Carabineros y presidente de la H. Junta Superior de Apelaciones del Personal de Nombramiento Institucional Carabineros evacua informe al tenor del recurso, y solicita su rechazo, por las razones de hecho y derecho que pasa a exponer, con costas.

Expresa que el recurso es extemporáneo, ya que la causa que justifica el licenciamiento de las filas es, el Acuerdo N°2, de 26 de septiembre de 2017, que modificó las calificaciones del recurrente y lo clasificó en Lista N°4 de Eliminación; resolución que se le notificó el 11 de octubre de 2017. Por lo tanto, habiendo interpuesto el recurso el 3 de diciembre de 2017, su recurso fue deducido de forma extemporánea.

Luego, refiriéndose a la revisión de los antecedentes del recurrente y el proceso de revisión de su nota y que termina con su inclusión en Lista N°4 de Eliminación, señala que el 7 de julio de 2017, la recurrida requirió a la totalidad de las Altas Reparticiones del país, remitir los antecedentes de todo el Personal de Nombramiento Institucional que en el proceso calificatorio del año 2017 fue clasificado en Lista N° 3, de Observación, y que registre sanciones superiores a los cuatro días de arresto, o que en su conjunto sumen más de ocho días de arresto.

Lo anterior, con el objeto de ejercer una de las atribuciones que el artículo 93, N°3.3 letra c), del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, N°8, Ie confiere al Órgano Calificador, consistente en rever las decisiones adoptadas por las otras Honorables Juntas, cuando exista incoherencia en la ponderación de los elementos de juicio que Ie sirven de sustento a la calificación.

En el caso de autos, agrega, el recurrente presentaba sanciones disciplinarias que en su conjunto sumaban 14 días de arresto, y había sido clasificado en Lista N° 3, razón por la cual sus antecedentes fueron remitidos al Órgano Calificador.

Así las cosas, el 26 de septiembre de 2017 se suscribió el Acuerdo N° 02, de la H. Junta Superior de Apelaciones del Personal de Nombramiento Institucional, mediante el cual se resolvió en forma unánime modificar la evaluación del subfactor “Responsabilidad” del recurrente, bajándolo de 3 a 1 punto, quedando con un puntaje total de 13 puntos, y siendo clasificado en Lista N° 4, de Eliminación.

Explica que esta decisión fue fundamentada, y explica en detalle las razones por las cuales se decidió modificar el mencionado subfactor. AI respecto, se advirtió que el recurrente presentaba para el período calificatorio actual (desde el mes de mayo de 2016 hasta el mes de mayo de 2017, conforme al artículo 81 inciso 1 del Reglamento N° 8) un total de 12 medidas disciplinarias, consistentes en reprensiones y días de arresto, y solo una anotación positiva.

Así se concluyó que el Sr. nombre reservado demostró un incumplimiento evidente de las obligaciones y exigencias reglamentarias propias de su grado, denotando falta de cuidado y atención en las tareas que desarrolla, lo que se traduce, finalmente, en que no logra satisfacer las expectativas de sus mandos directos, luego que faltara reiteradamente a sus servicios, incumpliendo de este modo las órdenes dispuestas por el mando. Por lo tanto, la modificación efectuada es de toda lógica, por cuanto el subfactor “Responsabilidad” precisamente implica evaluar si el funcionario presenta un desempeño adecuado de sus servicios, que no es el caso.

Advierte que los órganos evaluadores tienen plenas atribuciones para valorizar el desempeño funcionario, pudiendo ponderar las sanciones administrativas o los hechos en que se hubieran fundado éstas, siendo libres en la apreciación de los antecedentes en que se base la calificación.

Asimismo, descarta una doble penalización, pues el proceso disciplinario y el proceso calificatorio buscan finalidades distintas, de manera que al personal se le puede aplicar una medida disciplinaria y al mismo tiempo se le puede rebajar su calificación, lo que ocurrió en este caso, estimándose justificada su inclusión en Lista N°4 de Eliminación.

Finalmente, expone que en virtud de los mismos fundamentos se rechazó la reconsideración deducida y el 17 de noviembre de 2017 se dispuso la Baja por Circunstancias Obligadas, de conformidad al artículo 127 N° 3 del Reglamento de Carabineros N°8, por lo que estima que el acto impugnado por la presente acción no es ilegal ni arbitrario y no vulneran ninguna de las garantías constitucionales invocadas.

Tercero: Que, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, se desprende de lo anotado, que constituye un requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que, en cuanto a la primera alegación esgrimida por la recurrida, esto es, que la acción de protección sería extemporánea debe rechazarse, en atención a que la resolución impugnada es la Resolución Nº516, de fecha 17 de noviembre de 2017, y la acción cautelar de marras se dedujo el 3 de diciembre de 2017, es decir, mientras se encontraba pendiente el plazo de 30 días, por tanto, la acción fue deducida dentro de plazo.

Sexto: Que, en cuanto al fondo, la acción cautelar de protección no resulta posible de acoger, pues lo actuado por la institución policial no es ilegal, ya que la recurrente no ha demostrado que se infringiere alguna norma de ese rango o de otro superior al actuar como lo hizo, esto es, solicitando que se curse el llamado a retiro temporal de quienes han recurrido. Por el contrario, como ha quedado expuesto previamente, al consignar el contenido del informe, el funcionario recurrido ha ajustado su actuar a la normativa propia de la institución policial de que se trata.

Séptimo: Que la siguiente reflexión conduce, además, a estimar que tampoco ha existido arbitrariedad en el proceder reprochado, porque la referida actuación tiene el muy atendible argumento, expuesto también latamente en el informe evacuado por la parte recurrida, que se resume en que el recurrente no observa un comportamiento acorde con lo que se espera de él por la institución requerida, esto es, de respeto a la normativa y jerarquía internas, al faltar reiteradamente a sus servicios, incumpliendo de este modo las ordenes dispuestas por el mando.

Octavo: Que, de este modo, al no concurrir el requisito básico de existir un acto u omisión ilegal o arbitrario, ello permitiría desechar de inmediato la acción cautelar intentada, la cual, en estricto rigor, se ha utilizado como una forma o medio de impugnar una actuación administrativa de una autoridad policial, autoridad que, como en el caso de autos, ha actuado haciendo uso de las atribuciones de que ha sido dotada por la propia ley, o sea, ha obrado dentro del ámbito de sus facultades.

Noveno: Que, sobre las garantías constitucionales invocadas, cabe señalar que estas son totalmente ajenas al problema planteado. En primer lugar, se ha mencionado la de los N°1 y Nº2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sin que se haya probado por los recurrentes que a su respecto se actuara por la autoridad recurrida de un modo distinto a como pudo ocurrir respecto de otros funcionarios que se encontraran en idénticas circunstancias. Por el contrario, del texto del propio recurso se desprende que se actuó de igual manera respecto de otros funcionarios, comenzando por el que recurre, lo cual excluye entonces que se haya conculcado dicha garantía constitucional.

Décimo: Que, sin embargo, lo más impropio es que se haya fundado en el artículo 19 N° 16 y Nº24 del Texto Fundamental de la República, que protege “la libertad de trabajo y su protección” y “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”, pues lo anterior, significa alegar un supuesto derecho de dominio respecto del cargo que ha desempeñado en las filas de la institución policial el recurrente, ya que ello importaría que éste, en relación a su cargo, ha podido usar, gozar y disponer arbitrariamente de los mismos. Lo que implica, que podría vender, ceder dicho cargo o realizar a su respecto cualquier otro acto jurídico, lo que no puede ser más ajeno a la naturaleza jurídica de un empleo en una entidad pública, cualquiera que ella sea.

Undécimo: Que, en consecuencia, el recurso en análisis no puede prosperar y debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y en mérito de lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado que reglamenta esta acción cautelar, se rechaza, con costas el recurso de protección de garantías constitucionales intentado a favor de nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la abogado integrante Sra. Herrera Fuenzalida.

Rol Corte N°81.514-2017.(protección).

Pronunciada por la Primera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Carlos Gajardo Galdames, e integrada por el Ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá y la Abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

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