nombre reservado con A.F.P. PLANVITAL S.A.

C.A. de Santiago Santiago, seis de enero de dos mil veintiuno.

Al folio 18: téngase presente.

VISTO:

Compareció el abogado Esteban Jose Schafer Aguirre, por sí, y dedujo acción constitucional de protección en contra de AFP PLAN VITAL S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en la retención y no entrega de la totalidad de los fondos previsionales, aduciendo la contraria para dicha negativa la necesidad de retención de aquello correspondiente al Servicio de Impuestos Internos por las boletas de honorarios que emitió en el año 2019 para destinarlo a su Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), solicitando en consecuencia a través del presente recurso, se ordene la entrega del dinero retenido en su totalidad, con costas.

Señala que la decisión recurrida transgrede las garantías constitucionales contenidas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, en la medida que la AFP no ha dado cumplimiento al mandato legal contenido en los incisos 2° y 3° de la Ley 21.248, pues efectuó una retención contraria a derecho. En efecto, explica que el 30 de julio pasado se abrió el proceso para solicitar el retiro de los fondos de la cuenta de cotización obligatoria de la AFP Plan Vital a la que se encuentra afiliado, informando esta institución mediante su página que “… el monto disponible de tu retiro al 24/07/20202 es de $755.552.-, disponible a partir del jueves 30/07 en nuestra web”. Luego, procedió a solicitar el retiro de fondos, requerimiento que fue tramitado exitosamente. Sin embargo en la época convenida la recurrida solo depositó en su cuenta corriente bancaria $497.667; suma inferior a la informada primitivamente. Ello lo justificó de la siguiente manera: “… el dinero retenido en tu cuenta de capitalización individual corresponde a la retención que realiza el Servicio de Impuestos Internos por las boletas de honorarios que emitiste en el año 2019 para destinarlo a tu Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Según lo establecido en la ley de trabajadores independientes, este monto retenido es destinado al seguro obligatorio SIS, para que estés cubierto por él durante 2020…”.

Con esta decisión la AFP PLAN VITAL S.A. transgredió la normativa ya aludida, pues efectuó una retención contraria a derecho, considerando además lo informado en esta materia por el Servicio de Impuestos Internos, según refiere y que se respalda por la instrucción de la Superintendencia de Pensiones en cuanto a no considerar en el monto las primas depositadas en las cuentas de cotizaciones obligatorias. En este mismo sentido, la Ley 21.133 de Protección Social para trabajadores a honorarios estableció la obligación para los trabajadores independientes de pagar sus cotizaciones previsionales -total o parcialmente-, según corresponda, con cargo a su devolución de impuestos, en el marco de la Operación Renta que realiza cada año.

Como corolario de lo que se viene diciendo, el actuar de la recurrida es arbitrario, atendido que a través de resquicios no dio cumplimiento al mandato de la reforma constitucional transitoria, siendo por ende un capricho carente de todo sustrato lógico. Ello es además ilegal a la luz de lo señalado en la Ley 21.133 y de lo expresado por el Servicio de Impuestos Internos.

Informando la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PLAN VITAL S.A., solicitó el rechazo del recurso en cuestión, con costas, atendido que no existe un derecho indubitado de contrario, pretendiendo por esta vía un pronunciamiento declarativo a través de la resolución de materias de fondo que constituyen una discusión de lato conocimiento.

Sobre el fondo señala que si bien es efectivo que el saldo informado primitivamente fue de $755.522, su totalidad no era susceptible de retiro, toda vez que existen derechos sobre ese saldo que se encuentran constituidos en favor de las Compañías de Seguros de Vida por concepto de pago de primas asociadas al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, conforme a las normas contenidas en el Decreto Ley 3.500 y en la Ley 21.113, que disponen que los trabajadores a honorarios están obligados a cotizar para el seguro de invalidez y sobrevivencia. Mientras esas primas no se paguen a los aseguradores, tales sumas aparecen registradas en las cuentas de capitalización individual, pero con un fin específico. Así, la Ley 21.248 que autorizó el retiro de fondos previsionales y que incluyó a los trabajadores independientes, no puede afectar a los aludidos fondos.

Conforme a lo expuesto, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que para que pueda acogerse el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe existir un acto u omisión arbitrario o ilegal que signifique una privación, una perturbación o una amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza, conculque o afecte precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente, el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución.

Por otra parte, para que prospere la acción tutelar –que tiene una tramitación sumarísima- es requisito indispensable que el derecho que aparece amenazado, perturbado o vulnerado, sea indubitado, esto es que no exista discusión sobre la titularidad del mismo en poder del recurrente.

2°.- Que de lo expuesto precedentemente surge que en la especie no se presenta uno de los requisitos esenciales para la procedencia y éxito de la acción impetrada. En efecto, como reiteradamente se ha expresado, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En consecuencia, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

3°.- Que acorde con el objeto de este tipo de acción, que tiene como único fin que la Corte de Apelaciones respectiva ordene las medidas de resguardo que estime pertinentes, suficientes y eficaces para proteger y cautelar el legítimo ejercicio de los derechos vulnerados del afectado, dejando a salvo las demás acciones legales, resulta evidente que no corresponde en el contexto de este arbitrio proceder a resolver cuestiones de fondo, ni realizar declaraciones de los derechos que asisten a las partes involucradas en torno a los hechos que se relacionan con la acción de protección, y por lo mismo, no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho o beneficio, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado, lo que no se divisa en la especie, en tanto se busca se determine la correcta aplicación de la normativa llamada a resolver el asunto; pretensión que excede con largueza los márgenes de este medio cautelar de urgencia, toda vez que el mismo no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se vean afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados en esta sede, presupuesto que no concurre aquí, pues justamente se evidencia lo contrario, atendido que se persigue aquella declaración a través de una propuesta de interpretación legal acorde a los intereses que el recurso dice representar para de ahí arrancar los derechos que alega le asisten.

4°.- Que con todo, no se dice que la recurrente no tenía la opción de utilizar las acciones que el ordenamiento jurídico le confiere, mas otra cosa es sostener que cuando existan derechos litigiosos en disputa se pueda solicitar y obtener por esta vía, una restauración sin más trámite, cuando precisamente una decisión en el sentido que se pretende y subsecuente declaración sobre la existencia de un acto ilegal o arbitrario, suponen necesariamente un contradictorio, con las garantías propias de un proceso, razón por la que no se está en condiciones de afirmar la ilegalidad que se reclama.

Por ello, todas las anteriores cuestiones necesariamente requieren ser determinadas en un juicio de lato conocimiento, por el juez natural que corresponde.

En estas circunstancias, solo resta desestimar el recurso en cuestión.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de 24 de junio de 1992 de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

Rol N° 81.496-2020