nombre reservado con UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

CERTIFICO: Que, se anunció el abogado de la recurrida don nombre reservado, y luego de realizada la relación de la presente causa, se estimó que no era necesario escuchar alegatos. Santiago, 17 de diciembre de 2018.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.

Proveyendo escrito folio 454849: Téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Ignacio Rivera Piderit, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, estudiante, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra del Tribunal de Honor de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Diego Portales, órgano integrado por doña nombre reservado., en calidad de decana, nombre reservado M. como Director Jurídico y secretario de actas y don nombre reservado., representante de la Federación de Estudiantes de la universidad; y del Rector Universitario don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, por estimar que han conculcado el derecho al debido proceso, privando a la recurrente de ese derecho garantizado por la Constitución Política en el artículo 19 N°3, al llevar de forma irregular un proceso en su contra y aplicándole una sanción que no se condice al mérito de los hechos ni del proceso por ellos incoado, el cual le priva del legítimo ejercicio de ese derecho mediante notificación el día 07 de noviembre de 2018.

Pide se declare que la recurrente ha sido privada de manera ilegal y arbitraria del derecho al debido proceso viéndose afectado gravemente su situación académica, sin que se hubiese acreditado la participación de parte de ella respecto de la conducta castigada; declarándose ilegales y arbitrarias las resoluciones emanadas del Tribunal de Honor y de la Rectoría de la Universidad Diego Portales en la causa administrativa Rol 9/2018 el 10 de agosto, 7 de septiembre y 26 de octubre todas de 2018, las cuales la sancionan de acuerdo al artículo 2 del Reglamento de Convivencia Estudiantil, a fin que éstas sea dejadas sin efecto, con expresa condena en costas Funda su pretensión cautelar señalando que la recurrente cursa el octavo semestre de la carrera de Pedagogía en Inglés, siendo una alumna, si bien no de excelencia, sí destacada, al mantener un promedio de 5,8, encontrándose posicionada en el lugar 44 dentro de los 237 que existen en la carrera de pedagogía en inglés.

Agrega que no es una persona que tenga ningún antecedente de agresividad y tampoco parece sensato que dada su condición, quisiera incurrir en actos tendientes a denostar a terceros.

Indica que el 26 de mayo pasado, la actora en un grupo cerrado y privado de la red social Facebook, integrado por algunos alumnos de la carrera de pedagogía en inglés y habiendo tomado vago conocimiento por algunas eventuales conductas del profesor nombre reservado en el desempeño de sus funciones, las cuales no conocía y tenía dudas de qué trataban, envió un mensaje a este grupo con el fin para conocer de estas situaciones y dar a conocer la información de cómo canalizar el conducto regular por la toma feminista para que dicha información se entregase y se hiciera una denuncia por parte de la Directiva de la misma toma feminista, con el objeto de separar y suspender al académico, mientras se investigaban los hechos. Precisa que en dicho mensaje no se hizo alusión a ninguna calificación o valoración de algún tipo, solamente requiriendo información de las eventuales situaciones que pudiesen existir.

Agrega que el 21 de junio de 2018 el profesor denunció ante la Directora de la Carrera de Pedagogía en Inglés doña nombre reservado. de las supuestas injurias que habría sido víctima por la recurrente en la cuenta de Facebook y el 29 de junio de 2018, el Tribunal de Honor conformado por los recurridos, resuelve constituirse y citar a la actora al efecto para el 24 de julio de 2018, a las 16:00 horas.

Expone que el 24 de julio de 2018, el Tribunal de Honor procede a tomar declaración a la recurrente quedando clara su intención que en el mensaje enviado en el mes de mayo, no se denostó ni pretendió denostar a ninguna persona, sino sólo tomar conocimiento de las situaciones que se reclamaban de un profesor a quien ella ni siquiera conocía ni sabía su apellido, sino conocer lo que se reclamaba de este académico, para que en caso que lo ameritara se pidiera una suspensión mientras se investigaba. Luego escuchada la recurrente, en la misma audiencia, se le solicita la salida de la sala, a fin que el Tribunal deliberase.

Posteriormente, se habría escuchado al profesor por el Tribunal de Honor, en una audiencia a la cual no se citó ni se informó a la recurrente, sin señalarse en la resolución definitiva, la fecha en que se habría tomado su declaración. Hace presente que del registro de audio de la declaración del profesor denunciante señaló que: a) En el contexto de la toma feminista existieron varios e-mails en su contra sin señalar de parte de quién o quiénes; b) que supo del mensaje enviado a la red Facebook, en el cual la persona que lo enviaba había llamado a que los alumnos colaboraran con información para enviar una carta a la dirección en forma anónima, sin dar señales que el mensaje enviado al grupo en Facebook hubiese contenido expresiones injuriosas y/o calumniosas; c) En la misma declaración señala el denunciante que por habría existido al menos en una oportunidad una conducta en clases de su parte, que en la cual, ciertos alumnos, frente a un chiste como él señala que habría realizado en clases, una minoría de los alumnos que estaban ahí presentes, le habría dado una connotación sexual. d) También declaró que un alumno en el mismo período de la toma feminista, en la cual se daba una histeria colectiva, le había contado que ciertas alumnas, quienes habrían hablado de él señalando que podrían expulsarlo, señalando que todo fue producto de una histeria colectiva que se habría dado en la toma.

Adiciona que el 10 de agosto de 2018, el Tribunal de Honor resuelve el asunto, disponiendo la sanción disciplinaria del artículo 2 del Reglamento de Convivencia Estudiantil, esto es, la suspensión de la recurrente de su calidad de alumna regular por un semestre académico, con el voto disidente de don nombre reservado., quien estuvo por absolver a la denunciada en razón que de los antecedentes no se vislumbra injuria alguna.

Señala que el 4 de septiembre de 2018, la actora dedujo recurso de reposición en contra de la resolución precedentemente señalada y el 7 de septiembre de 2018, el Tribunal de Honor, atendido a que no se allegaron nuevos antecedentes que permitan desvirtuar lo resuelto, rechazó el recurso manteniendo el mismo voto disidente.

Añade que el 4 de octubre de 2018, se dedujo recurso de gracia para ante el Rector universitario don nombre reservado, agregando nuevos antecedentes que no se habían querido señalar anteriormente, por temor a quedar estigmatizada y que dicen relación con un diagnóstico psiquiátrico y psicológico que vivía este año y en el tiempo de acaecidos los hechos, y el 12 de octubre de 2018, hace entrega a la Rectoría Académica de un acabado y minucioso peritaje psicológico efectuado por el perito-psicólogo Sr. nombre reservado en el cual da cuenta de la situación y síntomas de la actora.

Explica que el 26 de octubre de 2018 el rector señor nombre reservado, rechazó la solicitud de gracia incoada, sanción fue aplicada bajo un aparente proceso de respeto a las garantías de la denunciada, sin embargo existió en la realidad un claro atropello a los derechos constitucionalmente consagrados.

Detalla que la Universidad cuenta con un reglamento de convivencia estudiantil, aprobado por resolución de 28 de diciembre de 2004 y en él se disponen principios de convivencia para la comunidad universitaria y se tipifican conductas que se consideran faltas a dicha convivencia. El reglamento distingue entre faltas leves, graves y gravísimas en sus artículos 1, 2 y 3 respectivamente, disponiendo los procedimientos para conocer y sancionar cada tipo de falta. En sus artículos 4 y 5 respectivamente.

Manifiesta que en el caso de faltas graves, el asunto lo debe conocer un Tribunal de Honor compuesto por el decano de la respectiva facultad a que pertenece el alumno denunciado, el director jurídico y un representante de la Federación de Estudiantes. El artículo 7 señala la forma de exponer y notificar los cargos contra el alumno y que estos serán conocidos en, en esencia, una audiencia de contestación y prueba. El artículo 8 dispone que la audiencia para conocer los descargos, exponer la defensa del denunciado y conocer las pruebas de las partes. Los artículos 9, 10 y 11 señalan la forma y plazo en que se debe dictar una resolución y los recursos y plazos a esgrimir en su contra. El artículo 12 indica que la prueba debe valorarse conforme a la sana crítica. El artículo 13 establece ciertas circunstancias que podrá el tribunal ponderar las sanciones y rebajarlas en un grado ante la concurrencia de ciertas circunstancias.

En relación a la conculcación denunciada señala que se ha infringido el artículo 8 del Reglamento de Convivencia Estudiantil de la Universidad, norma que establece: “El Tribunal de Honor, en audiencia verbal, escuchará los descargos del alumno, recibirá las pruebas que se presenten, interrogará a los testigos y decretará las demás diligencias que estime convenientes.

Un miembro del Tribunal, levantará acta de todo lo obrado. Sin perjuicio de lo anterior, las audiencias podrán quedar registradas en medios digitales. Las actas y resoluciones serán públicas siempre que medie autorización expresa de las partes involucradas. De no mediar acuerdo, se podrán dar informaciones periódicas generales, sin identificar a las personas involucradas”.

Señala que tal como consta de los audios se aprecia que en la audiencia se resolvió escuchar la declaración de parte respecto del profesor denunciante, para una fecha futura, situación que no fue puesta en conocimiento de la recurrente, vulnerando el principio de bilateralidad de la audiencia, toda vez que hubiese sido de importantísima relevancia jurídica haber presenciado y participado de dicha audiencia, para contrainterrogar al denunciante, sobre todo cuando ha sido el propio tribunal ad quo recurrido, que ha construido un “tipo penal” (sic) a base de suposiciones extensivas por apreciaciones personales del mismo denunciante.

Reclama también la infracción al artículo 12 del Reglamento, en relación a las reglas de la sana crítica y exigiendo que la decisión deba ser fundada, estima que habría confusión y un interés del tribunal de honor, de adecuar el actuar de la recurrente a una conducta punible del reglamento en cuestión, lo que se puede apreciar observando cómo es que analizan la descripción del mensaje emitido al grupo de Facebook, para poder introducir una idea de agregada de interpretación de reproche, frente al análisis correcto y estricto a derecho efectuado por el integrante del voto disidente, en el cual la decano, por cierto lego, quien preside el tribunal de honor.

Reprocha que el tribunal de honor haga presunciones a base de meras suposiciones y que a partir de ellas, coliga intenciones o hechos que no constan en ninguna parte del proceso administrativo. Lo más grave por sus consecuencias, es que da por probadas las expresiones injuriosas, mientras en todo el proceso no consta pieza alguna que dé cuenta de expresión injuriosa hacia nadie.

Estima que para poder sostener por acreditada la existencia del tipo sancionado en el reglamento de convivencia, se debió unir la descripción del actuar de la recurrente a una supuesta serie de cuestiones indiciarías, las cuales tomadas en su conjunto permiten inferir que generó una evidente alteración de orden interno universitario y vulneró gravemente el reglamento en cuestión incurriendo en la causal descrita en artículo 2 numeral 4.

Cuestiona haberse infringido el artículo 2 del reglamento, que señala: “Se considerarán como faltas graves las conductas de los alumnos que a continuación se indican: 4. Toda expresión calumniosa o injuriosa proferida en contra de un alumno, académico, funcionario o directivo de la Universidad.

Las conductas descritas en este artículo serán sancionadas con la medida disciplinaria de suspensión de la calidad de alumno regular por un período de uno o dos semestres académicos. " Precisa que no consta en todo el proceso prueba alguna de que las expresiones proferidas contra el denunciante, hubiesen tenido una valoración injuriosa, las cuales sólo han sido malamente colegidas en base a los propios dichos del denunciante, quien ha llevado al tribunal a actuar de un ámbito emocional y no estrictamente jurídico. Prueba de lo anterior es la contravención por parte del propio Tribunal de Honor a su reglamento en inobservancia al artÍulo 1°, el cual señala como falta leve la siguiente: “Se sancionarán como faltas leves las conductas de los estudiantes que a continuación se indican: 1. Toda expresión proferida o acción ejecutada que dañe la fama, el honor o el crédito de otro alumno, académico, funcionario o directivo. Las infracciones antes mencionadas serán sancionadas con una amonestación por escrito”.

En conclusión en cuanto a si eventualmente el actuar de mi representada importó algún tipo de reproche, estaba dado por otro articulado del mismo reglamento en comento correspondiente al artículo 1 numeral 1, dado que se otorga de una manera más genérica abriendo la posibilidad de interpretación por parte del juez a darle una connotación a dicha expresión, expresión que por cierto esta parte insiste en cuanto a la emitida por mi representada no lleva una valoración objetiva de ninguna especie, positiva ni negativa.

También reclama infracción en relación a la falta de presunción de inocencia, ya que todo el proceso fue cimentado sobre el pantallazo del mensaje enviado por mi representada y la manera en la cual el Tribunal de Honor razona, haciendo y dando lugar a interpretaciones valóricas de dichos y de suposiciones, como así dando ciertos hechos por probados simple y llanamente, nos indica la absoluta carencia de objetividad, además de ausencia de presunción de inocencia, y confirma que existe una intención de sancionar moralmente el eventual actuar de la denunciada.

Reclama la ausencia de considerar y ponderación de atenuantes, ya que considerando 12° sostiene que no sería posible considerar irreprochable conducta anterior, atendido a que en su registro académico la actora consiga una sanción de 1 de agosto de 2014 mientras estudió la carrera de Literatura en la misma universidad, demostrado el nulo interés por parte del sentenciador ad quo (sic), de aplicar instituciones del derecho positivo, omitiendo otra atenuante consagrada en el mismo artículo 13 del reglamento, esta es, la colaboración sustancial del estudiante en los mismos hechos denunciados, toda vez que es el mismo tribunal que recurrentemente señala que de la propia declaración de la denunciada se colige la eventual y supuesta valoración para sancionarla.

Señala que lo importante es que no se juzga una conducta penal sino si el alumno estuvo a la altura de la conducta esperada de un miembro de la Universidad. Las conductas vetadas en cualquier ordenamiento jurídico serán aquellas tipificadas. No basta una declaración de principios. El Principio de Legalidad así lo exige.

Da cuenta de la inobservancia del Rector a las circunstancias concomitantes, toda vez ejerció la calidad de tribunal superior en este proceso administrativo mediante el conocimiento de la solicitud de gracia, a quien se le advirtió de cierta condición psicológica por la que atravesaba la recurrente, lo que no fue suficiente para eximirla de la sanción, quien desestima las normas, -de su propio reglamento como lo serían el artículo 1 numeral, o artículo 13 inciso segundo, o 14 que bien pudo disponer medidas alternativas como la del numeral 2 la cual establece que en los casos de daño a la honra se podrá establecer la obligatoriedad de retracto público de los dichos calumniosos o injuriosos de parte del autor de los mismos.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes documentos: a) Copias de las resoluciones del tribunal de honor de fecha 10 de agosto de 2018 y 7 de septiembre de 2018 respectivamente; b) Copia de la resolución del Rector como tribunal superior, para conocer del recurso de gracia, resuelto con fecha 26 de octubre de 2018; c) Copia de la malla curricular de la carrera pedagogía en inglés.

Tercero: Que, comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, por las partes recurridas quien evacua el informe requerido solicitando el rechazo en todas y cada una de sus partes del recurso de protección presentado por doña nombre reservado, con costas.

Funda sus alegaciones señalando que la recurrente se encuentra matriculada en la carrera de Pedagogía en Inglés y anteriormente había cursado parcialmente la carrera de Literatura Creativa que imparte la Facultad de Comunicación y Letras entre los años 2012 y 2015.

El 22 de junio del 2018, doña nombre reservado, Directora de la Escuela de Pedagogía en Inglés, en representación del profesor don nombre reservado, presentó una denuncia en contra de la recurrente por haber transgredido gravemente las normas de convivencia al interior de la Universidad y acompañó en su presentación la petición del profesor nombre reservado para que lo represente, su denuncia y un pantallazo de una red social en que aparece una nota redactada por la recurrente.

Indica que el 29 de junio del año 2018, se constituyó el tribunal de Honor de la Facultad de Educación, a fin de conocer los hechos y resolver la denuncia y el 10 de agosto del presente año el Tribunal, previo a la realización del procedimiento respectivo, se resolvió aplicar a la Srta. nombre reservado la sanción de suspensión de un semestre académico por haber faltado gravemente a sus obligaciones como alumna, en el marco de la convivencia estudiantil.

Agrega que el 4 de septiembre de 2018, la recurrente presentó reposición en contra de la resolución que aplicó la sanción, la que fue rechazada por el Tribunal de Honor el 7 de septiembre pasado y luego, presentó una solicitud de gracia ante el Sr. Rector, la que fue rechazada el 26 de octubre de 2018.

Destaca que la totalidad de los antecedentes que se reunieron en la investigación se encontraron a disposición de la alumna, tanto es así que en su recurso señala pasajes de los audios en que constan las actuaciones del Tribunal. En consecuencia, no es dable que ponga en duda la existencia del mensaje publicado en las redes sociales, toda vez que este se encuentra a fojas 4 y siguiente de la citada investigación, documento al cual tenía acceso la alumna, y que en todo caso, se le dio a conocer en la audiencia, reconociendo su autoría la recurrente.

En la comunicación la alumna realiza una afirmación, al señalar que el profesor tenía determinadas conductas que le inhabilitaban para hacer clases y que debía llamarse a una suplente. De lo anterior es fácil deducir que la actora quiso involucrar a un profesor en actos y conductas atentatorios de los derechos de las alumnas de la Facultad de Educación, creando un manto de dudas sobre la integridad y honorabilidad del citado profesor, cuestión reprochable, máxime si la propia recurrente sostiene que ni siquiera había tenido clases con el profesor y considerando el contexto en que se dio la comunicación, es decir, inmersa en un movimiento feminista desarrollado en todas las universidades del país y que pretendió denunciar a todos aquellos profesores y alumnos que hubiesen cometido acciones de acoso o violencia sexual.

Claramente no existió de parte de la alumna un ánimo de colaborar con el movimiento feminista, pues de la lectura del mensaje se desprende con toda claridad, que lo que perseguía era que no hiciera clases el Sr, nombre reservado arguyendo que tenía conductas inapropiadas. Ello naturalmente enloda su honor, honorabilidad y crea en la comunidad universitaria un clima de hostilidad hacia dicho académico y, por consecuencia, vulnera gravemente la convivencia estudiantil. Al efecto cita el fallo de la Excma. Corte Suprema dictado en causa Rol N°2536-2015.

Atendido lo anterior, el Tribunal de Honor consideró que la comunicación subida a la red social por doña nombre reservado, de carácter pública, produjo una alteración a la convivencia estudiantil, vulneró el derecho de un profesor al instalarlo en una situación no deseada que le acarreo un perjuicio, se afectó su buen nombre, se le expuso injustamente a una reprobación social no sólo al interior de la Universidad, sino que también en el exterior desde el momento que debió dar explicaciones en otros trabajos sobre este asunto debiendo desmentir que estuviese involucrado en algún hecho de acoso o abuso como lo señaló la recurrente.

Refiere que la suspensión de un semestre académico que afecta a la recurrente, obedeció a la aplicación de una sanción disciplinaria adoptada por el Tribunal de Honor de la Facultad de Educación, en atención a una conducta realizada por la alumna que dicho Tribunal consideró contraria a los principios universitarios y enmarcada dentro del artículo 2 del Reglamento de Convivencia estudiantil. En efecto, el artículo 5 del Reglamento de Convivencia Estudiantil de la Universidad señala: “El conocimiento y resolución sobre las conductas descritas en los Artículos Segundo, Tercero y para los incisos quinto y sexto del artículo Cuarto precedentes corresponderá a un Tribunal de Honor constituido por el Decano de la Facultad a la que el alumno pertenezca, el (la) Director (a) Jurídico (a) y un Delegado nombrado por la Federación de Estudiantes”.

De la normas que regulan el procedimiento se concluye que es de carácter oral, y la sanción aplicada se encuentra descrita en los reglamentos internos, de manera tal que no existió vulneración alguna a los derechos que le asisten a la alumna sancionada, pues tuvo la oportunidad de hacer sus descargos en la audiencia de estilo y se aplicó una sanción prevista en los Reglamentos, no advirtiéndose falta alguna a este cuerpo reglamentario por parte del Tribunal de Honor de la Facultad de Educación y mucho menos del Sr. Rector quien sólo conoce de una solicitud de gracia y resuelve en conciencia. La alumna en todo momento pudo ejercer su derecho a defensa puesto que presentó sus descargos al Tribunal de Honor, repuso de la resolución pudiendo aportar nuevos antecedentes sin hacerlo y recurrió de gracia sin aportar antecedentes. Es decir, se respetó de esta manera íntegramente la normativa aplicable para estos casos.

En consecuencia, lo que la recurrente pretende - aun cuando no han existido faltas al debido proceso - es crear una nueva instancia para que revise lo que ya resolvió, ajustado a sus facultades y competencias' el Tribunal de Honor de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, ello en el ejercicio legítimo de su potestad sancionatoria.

Indica que la reglamentación que regula el Reglamento de Convivencia Estudiantil, conocido por la recurrente e incorporado al Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, en sus cláusulas sexta y séptima señalan: “La calidad de Estudiante conlleva esencialmente la obligación de cumplir con los deberes previstos en los reglamentos vigentes en la Universidad Diego Portales, en especial, el reglamento de convivencia estudiantil, el reglamento de estudiante de pregrado y las modificaciones sucesivas que, en conformidad a los estatutos, experimenten”; (...) “El alumno reconoce u acepta expresamente la facultad de la Universidad para aplicar las medidas disciplinarias en los términos establecidos en dichos reglamentos u por las causales que allí se establecen. y ”Se deja constancia que el alumno conoce u acepta la normativa interna de la Universidad, en especial, el reglamento del Estudiante de pregrado, el de convivencia estudiantil y el documento denominado “Condiciones Generales de Matricula”, todos los cuales constituyen parte integrante del presente contrato de prestación de servicios educacionales”, respectivamente.

Citando un fallo dictado por esta Corte en causa Rol 6908-2010, concluye que en estos autos, no procede entrar al análisis de si el Comité de Ética tuvo fundamentos de hecho verdaderos, procedentes y plausibles para adoptar la resolución sancionatoria, desde que los principios de autoridad y los principios de buena fe sólo conducen al respeto de los demás Órganos del Estado a las decisiones adoptadas en el campo disciplinario interno de una Corporación, en este caso, de una Universidad reconocida por el Estado, y luego de haberse procedido, con la debida audiencia del alumno recurrente, al estudio, ponderación y evaluación de su conducta estudiantil universitaria, habiéndola considerado reñida con el comportamiento ético exigible a todo aquel que en las aulas universitarias ha de prepararse adecuadamente para una vida profesional futura con las virtudes propias entregadas por los órganos Superiores de la Enseñanza Universitaria, reglada por sus propios Estatutos, por el Reglamento Estudiantil por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y también en lo pertinente por el Estatuto Docente, todo lo cual confiere plena legitimidad a lo actuado por la Universidad Diego Portales.

Hace presente que el debido proceso consagrado en la Constitución Política y que sirve de fundamento al presente recurso, no está dentro de aquellos mencionados en el artículo 20 de la Carta Fundamental y que dan lugar al ejercicio de la acción cautelar intentada por la recurrente. En efecto, sólo se permite el recurso de protección tratándose del numeral 3 del artículo 19, cuando la persona es juzgada por una comisión especial, cuestión que no es el caso. Por lo que el presente recurso de protección no podría prosperar.

Sin perjuicio de lo anterior, y c demostrando que no ha existido infracción al debido proceso, puntualiza que en todo momento se respetó el debido proceso y la defensa de la sancionada Srta. nombre reservado. En efecto, en la audiencia de estilo tuvo la oportunidad de comparecer asistido por un apoderado y hacer sus descargos, reconociendo la autoría del mensaje y confirmando que se refería al Académico Sr. nombre reservado, lo cual en todo caso, es reconocido nuevamente en la acción cautelar que dio inicio al presente proceso.

Asimismo, podemos sostener que las Resoluciones tanto la que aplica la sanción, como aquella en que se rechaza la reconsideración - por no aportar nuevos antecedentes - se encuentran debidamente fundadas y se hacen cargo de la denuncia, las alegaciones de las partes y la defensa del alumno, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Convivencia Estudiantil.

Por tanto, nada ha existido en este procedimiento contrario al debido proceso, se respetó el reglamento que regula la materia. El recurrente de protección pudo actuar y rendir prueba en estos autos. La Universidad Diego Portales sancionó al alumno luego de un proceso disciplinario, contemplado en su Reglamento de Convivencia Estudiantil, aplicando la juridicidad que ella misma se ha dado, la cual fue aceptada por el alumno al suscribir su contrato de prestación de servicios educacionales.

Si bien la alumna arguye no haber injuriado o calumniado en los términos definidos en el Código Penal, ello no resulta relevante, puesto que aquí no se juzga la comisión de un delito penal, sino si la alumna estuvo a la altura de la conducta esperada de un miembro de una Universidad y respetó los principios de convivencia al interior de la misma, los cuales se encuentran debidamente consagrados en su reglamentación interna y han sido aceptados.

Agrega que en el año 2014 la recurrente cursaba la carrera de Literatura Creativa y en dicho año la alumna fue sancionada por el Comité de Ética de la Facultad de Comunicación y Letras con la suspensión de un semestre académico por haber cometido plagio en un trabajo presentado en una de las asignaturas que formaban parte de la malla curricular y existiendo tal sanción en los antecedentes de la alumna, no era posible considerar que la alumna tuviese una irreprochable conducta anterior, por el contrario uno habría esperado que la Srta. nombre reservado hubiese actuado en esta ocasión de forma más reflexiva y meditada a fin de no incurrir en una nueva falta.

En cuanto a la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, nada de ello hubo, toda vez que la alumna sólo reconoció la autoría del mensaje, pero no se hizo cargo del contenido del mismo por el contrario en su declaración y en el propio recurso que dio origen a esta causa, alega hechos e intenciones que no se condicen en parte alguna con el tenor de lo escrito.

Lo anterior, es sin perjuicio de que las atenuantes indicadas en el Reglamento de Convivencia Estudiantil “podrán” ser consideradas por el tribunal según reza el artículo 13 del reglamento, lo que indica que es una facultad del Tribunal de Honor que puede ser o no ejercida y ello dependerá del análisis y ponderación que haga el Tribunal.

Con todo y, no obstante que la alumna no pudo beneficiarse con una atenuante por los motivos señalados precedentemente y pudiendo verse agravada su responsabilidad atendida la sanción grave impuesta el año 2014, cuando cursaba otra carrera dentro de la Universidad, el Tribunal estuvo por aplicarle la sanción menos gravosa del artículo 2 del Reglamento de Convivencia, esto es, la suspensión de un semestre académico. Lo anterior demuestra que en el año 2018 la alumna reiteró conductas reprochables al igual que el año 2014, con la agravante que en esta ocasión ejecutó acciones gravísimas como lo fue involucrar a un académico en hechos que estaban siendo denunciados por el movimiento feminista como acoso o violencia sexual, sin que a su respecto existiera antecedente alguno que permitiera concluir que el profesor nombre reservado estuviese involucrado en actos de esa índole.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó lo siguientes documentos: 1.- Copia de los antecedentes tenidos a la vista al momento de aplicar la sanción y las respectivas resoluciones dictadas por las diferentes instancias que conocieron del asunto; 2.- Pendrive que contiene los audios de la audiencia de estilo; 3.- Copia del Reglamento de Convivencia Estudiantil de la Universidad Diego Portales; 4.- Copia del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, suscrito entre la recurrida y la actora; 5.- Copia del fallo dictado por esta Corte en causa Rol 54.397-2014.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, como cuestión inicial, conviene precisar que el arbitrio intentado descansa en la supuesta conculcación a la garantía fundamental del debido proceso, contenido en el artículo 19 N°3, inciso 6° de la Carta Fundamental. Sin embargo, en el artículo 20 del Código Fundamental el constituyente se ha encargado de asegurar sólo ciertos y determinados derechos fundamentales, dentro de los cuales, evidentemente, se encuentra excluida la garantía del debido proceso, cautelando únicamente la posibilidad de ser juzgado por comisiones especiales. Por esta simple razón, el arbitrio intentado debe ser desestimado.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, del análisis de los antecedentes aportados, se advierte que la recurrente escribió en la red social Facebook de los estudiantes de pedagogía en inglés, un mensaje tendiente a averiguar qué clase de conductas habría desarrollado el profesor denunciante, con la finalidad de suspenderlo mientras se investigaba.

Este hecho en ningún momento fue desconocido por la recurrente, sino que pretendió darle un matiz diverso, basado en una supuesta colaboración a un movimiento feminista.

Octavo: Que, del análisis del procedimiento incoado en contra de la recurrente, no se observa de modo alguno una conculcación al debido proceso, desde que se conformó el Tribunal de Honor con los miembros que el Reglamento dispone, siendo citada y notificada en forma legal la recurrente, para que concurriese a una audiencia de contestación y prueba, asistiendo acompañada de un abogado, según da cuenta el audio respectivo, prestando su declaración en que pretendió justificar sus dichos expresados a través de la red social Facebook.

Noveno: Que, como el Tribunal de Honor, no llegó a una decisión unánime en la reunión respectiva, siguiendo las reglas establecidas, se pospuso la deliberación para otra fecha y como medida para mejor resolver se dispuso la citación del profesor, para los efectos de escuchar su versión de los hechos y cómo esto le habría provocado perjuicios en su vida profesional. Luego de escuchado al profesional, el Tribunal dispuso aplicar a la recurrente la medida de suspensión de un semestre académico, por haber desplegado conductas reñidas con los principios de la Universidad sancionada por la reglamentación interna.

Décimo: Que, dentro de los reproches que se formulan en el arbitrio intentado, se encuentra la valoración probatoria de los antecedentes que dieron origen a la denuncia, cuestión que escapa a todas luces a una infracción al debido proceso, ya que el tribunal de honor es libre y soberano de ponderar los antecedentes, con la única limitación de dar una decisión fundada y basada en los textos reglamentarios, para no incurrir con ello en arbitrariedad e ilegalidad. Del análisis del procedimiento llevado a cabo contra la recurrente, no se advierte que el Tribunal de Honor haya actuado arbitraria o ilegítimamente, por cuanto la decisión adoptada se subsume dentro de las hipótesis reglamentarias que le permiten aplicar la sanción impuesta a la recurrente.

Undécimo: Que, hay que poner de relieve que el Reglamento de Convivencia Estudiantil, el que es conocido por la recurrente y es considerado parte integrante del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales celebrado con la Universidad Diego Portales, de acuerdo a lo previsto en las cláusulas sexta y séptima de dicho contrato, se señala que: “La calidad de Estudiante conlleva esencialmente la obligación de cumplir con los deberes previstos en los reglamentos vigentes en la Universidad Diego Portales, en especial, el reglamento de convivencia estudiantil, el reglamento de estudiante de pregrado y las modificaciones sucesivas que , en conformidad a los estatutos, experimenten”; (...) “El alumno reconoce u acepta expresamente la facultad de la Universidad para aplicar las medidas disciplinarias en los términos establecidos en dichos reglamentos u por las causales que allí se establecen”, y ”Se deja constancia que el alumno conoce u acepta la normativa interna de la Universidad, en especial, el reglamento del Estudiante de pregrado, el de convivencia estudiantil y el documento denominado “Condiciones Generales de Matricula”, todos los cuales constituyen parte integrante del presente contrato de prestación de servicios educacionales”, respectivamente.

Sobre la base de dichas normativas y teniendo especialmente presente que la regla general contenida en el artículo 1545 del Código Civil establece que todo contrato es una ley para los contratantes, resulta improcedente e inaceptable que la recurrente pretenda excusarse de la aplicación de las normas que libre y voluntariamente aceptó.

Duodécimo: Que, en relación a las supuestas circunstancias modificatorias de responsabilidad, resulta inadmisible que la recurrente pretenda desconocer que anteriormente incurrió en una conducta de plagio, en la mismas Casa de Estudios, la que motivó la aplicación de una sanción de un semestre de suspensión. Este hecho también motivó la interposición de un recurso de protección, el que fue rechazado por esta Corte, al estimar que no hubo un acto que pudiera ser calificado de arbitrario o ilegal.

En estas circunstancias, resultan improcedente las alegaciones relativas a desconocer la sanción previamente impuesta, máxime atendida su proximidad temporal.

Decimotercero: Que, finalmente, de las conclusiones adoptadas por el Tribunal de Honor, las que se ajustan al mérito de autos, no se advierte que sean constitutivas de un acto que pueda ser calificado como arbitrario, ni menos ilegal, motivo por el cual, el presente arbitrio no puede prosperar y será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, con costas, la acción constitucional interpuesta por doña nombre reservado en contra del Tribunal de Honor de la Universidad Diego Portales y de su Rector don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-81.340-2018.