nombre reservado con DIRECCIÓN NACIONAL GENDARMERIA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de abril de dos mil veintitrés.

A los escritos folios 30 y 31: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE PRIMERO: Que, con fecha 5 de junio de 2022 comparece don Marcelo Vásquez Fernández, abogado, en representación de don nombre reservado, funcionario de Gendarmería, (cabo grado 20° E.U.S.), interponiendo recurso de protección en contra de GENDARMERÍA DE CHILE por haber dictado la Resolución Exenta N.º 5902 de 15 de noviembre de 2021, emanada del Director Nacional del servicio, en virtud de la cual se rechazó su recurso de apelación deducido en contra de la Resolución Exenta N.º 336 de 28 de abril de 2021, de la Dirección Regional de Gendarmería de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, que aplicó en su contra la medida disciplinaria de suspensión de funciones por el lapso de treinta días con una reducción del cincuenta por ciento de su remuneración, modificándola en el sentido de imponerle una sanción más gravosa, esto es, la destitución de sus funciones, contemplada en el artículo 121 letra d) del Estatuto Administrativo, en relación con el inciso segundo del artículo 125 del texto citado.

Expone que, en virtud del sumario administrativo que se inició en su contra por Resolución Exenta N° 1.730 de 20 de octubre de 2016 de la Dirección Regional de Gendarmería, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, el día 28 de abril de 2021, por medio de Resolución N° 336, se dictaminó aplicarle la medida disciplinaria de suspensión del empleo por treinta días con goce de un cincuenta por ciento de sus remuneraciones, atribuyéndole la contravención a los deberes funcionarios contenidos en los apartados b), c) y g) del artículo 61 del Estatuto Administrativo, los que corresponden a los siguientes: b) Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan; c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución y; g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado, lo que se vincula con el principio de probidad estatuido en el artículo 64 N° 8 de la Ley N°19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los órganos de la en cuanto contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración.

Sostiene que el sustento fáctico de la atribución y sanción que se le impuso se basó en el hallazgo en horas de la mañana del día 05 de septiembre de 2016, alrededor de las 8.30 horas, del interno nombre reservado, fallecido en el interior de su celda por causas naturales, de un infarto agudo al miocardio, quien era habitante del Módulo 41, Agrupación de Condenados Alta I, el que fue encontrado tendido en su cama carente de signos vitales, sin mantener lesiones ni indicios de suicidio.

Se fundamentó la infracción de sus deberes en haber negado auxilio, protección y ayuda al aludido interno cuyo deceso se comprobó por causas naturales, en conformidad a las leyes y reglamentos.

Señala que interpuso recurso de reposición, con apelación subsidiaria, a fin de instar por su eliminación o reemplazo por una sanción menos severa, impugnaciones que se basaron en el análisis de los antecedentes que se incorporaron al expediente administrativo, tal como la acreditación de no omisión de una conducta de socorro, fundado en que ese día el recurrente se retiró de su lugar de trabajo a las 8:00 horas, como que en la noche anterior existía en el pasillo de celdas ruidos de los distintos ambientes que coexisten, no logrando percibir auxilios de algún interno.

Añade que en nada altera las inferencias, la existencia de una indagación de índole penal por los hechos indagados, atendido lo prescrito en el artículo 4° del Código Procesal Penal que consagra la denominada presunción de inocencia.

Cuestiona que la Resolución, en base a la vaguedad y dubitación de los antecedentes que la cimentan, se distancia del denominado principio de la proporcionalidad de la pena, axioma que se traduce en la circunstancia de que si llegare a determinarse la existencia de una falta, su reproche debe ser proporcional a la extensión del daño causado, debiendo ponderándose a todo evento la conducta pretérita del sumariado, exenta de sanciones de magnitud, y encontrándose en un último periodo con rango sobresaliente.

Sustenta que del análisis del artículo 62 de la Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, se contiene una serie de supuestos en que se verifica una contravención del principio de probidad administrativa, pero que en ninguno de los cuales se encuadra la conducta del funcionario nombre reservado. Así pues, tales hechos no constituyen una falta de probidad de carácter grave que pueda haber motivado su destitución, en los términos resueltos por la recurrida, y se ha impuesto una medida desproporcionada.

Alega que la Resolución Exenta ha conculcado su garantía del derecho de propiedad que ostenta sobre su cometido público, los que en base a su naturaleza tienen un carácter indefinido, no existiendo en el caso sub lite antecedentes que justifiquen un término abrupto de tal relación laboral estatal, incertidumbre que ha ocasionado de la misma manera aflicciones de carácter corporal y psíquicas a nombre reservado.

Solicita que se acoja el presente recurso y se deje sin efecto la Resolución Exenta N°5.902 de 15 de noviembre de 2021, ordenando la reincorporación al servicio del aludido funcionario, como asimismo determinando el pago de todas aquellas remuneraciones que no se le hubieren cancelado, en su evento, con costas.

SEGUNDO: Que, comparece nombre reservado, Director Nacional de Gendarmería de Chile, informando sobre la presente acción de protección interpuesta en favor del funcionario público nombre reservado, de la dotación del Complejo Penitenciario de Rancagua, Cabo de Gendarmería de Chile, Grado 20° E.U.S., de la Planta II de Suboficiales y Gendarmes, de dotación del Complejo Penitenciario de Rancagua.

Refiere que ingresó el actor a ese Servicio el día 29 de junio de 2010, siendo calificado hasta la fecha siempre en Lista N°1, a excepción del periodo comprendido entre los años 2011- 2012 en que fue clasificado en Lista N° 2.

Sostiene que por Resolución Exenta N° 1.730 del 20 de octubre de 2016, de la Dirección Regional de Gendarmería del Libertador General Bernardo O'Higgins, se ordenó instruir sumario administrativo en el Complejo Penitenciario de Rancagua con el objetivo de esclarecer las circunstancias y determinar la posible responsabilidad administrativa que podría asistir al personal de servicio a raíz del fallecimiento del interno nombre reservado, ocurrido el 5 de septiembre de 2016 al interior de la aludida Unidad Penal.

Añade que por Resolución Exenta N° 336 del 28 de abril del 2021, de la Dirección Regional de Gendarmería de Chile del Libertador General Bernardo O'Higgins, se aplicó determinó en contra del inculpado nombre reservado la medida disciplinaria de suspensión del empleo por el lapso de treinta días, con goce del cincuenta por ciento de sus remuneraciones, presentando recurso de reposición con apelación subsidiaria en contra del referido resolutivo en conformidad a lo preceptuado en el artículo 141 de la Ley N° 18.834, siendo resuelta por Resolución Exenta N° 553 del 9 de julio de 2021, en que el Mando Regional rechazo dicha impugnación,, disponiendo elevar los antecedentes ante esta Autoridad Superior del Servicio para conocimiento y resolución de la apelación subsidiaria.

Precisa que mediante la Resolución Exenta N° 5.902 del 15 de noviembre de 2021, de la Dirección Nacional, notificada al inculpado el 6 de mayo de 2022, se rechazó la apelación deducida en contra de la Resolución Exenta N° 336 de 28 de abril de 2021, de la Dirección Regional de Gendarmería de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, que aplico la sanción correctiva respecto del inculpado; y elevó la sanción disciplinaria a destitución en atención al mérito y gravedad de la conducta acreditada, la que se encuentra debidamente ajustada a derecho.

Detalla que en la sustanciación de dicho procedimiento sumarial se observaron las reglas del debido proceso establecidas en la norma estatutaria, toda vez que el protegido tuvo la oportunidad en las distintas etapas de ser oído; tomar conocimiento de los hechos materia de la referida investigación; presentar sus respectivas defensas en las diversas fases procesales y hacer uso de los medios recursivos que franquea la ley, para finalizar en una decisión terminal que resulta de la potestad que el ordenamiento jurídico sancionatorio le otorga a esa Superioridad Institucional dentro del ámbito de su competencia.

Luego de su etapa indagatoria, el fiscal instructor procedió a formular cargos al inculpado por haber infringido lo establecido en las letras b), c) y g) del artículo 61 del D.F.L. N° 29 de 2005, sobre Estatuto Administrativo.

Añade que la medida disciplinaria de "Suspensión del Empleo por el lapso de 30 días, con goce del 50% de sus remuneraciones", establecida mediante Resolución Exenta Regional N° 336 del 28 de abril de 2021, fue impugnada por el recurrente por el respectivo recurso de reposición con apelación en subsidio, siendo mediante la Resolución Exenta N° 553 del 9 de julio de 2021, la autoridad regional resuelto rechazar la reposición. En cuanto al conocimiento de la apelación por la Jefatura Nacional, señala que luego de un exhaustivo análisis de los antecedentes vertidos en la pieza sumarial, en uso de las facultades de los artículos 141 y 142 del Estatuto Administrativo, se dictó la Resolución Exenta N° 5.902 del 15 de noviembre de 2021, por medio de la cual se rechazó el recurso y se elevó la medida disciplinaria a "Destitución", establecida en la letra d) del artículo 121, en relación con el 125, del texto citado.

Sostiene que la decisión final se basó en claros fundamentos de hecho y de derecho que a continuación se transcriben: "a la aplicación de cargos al funcionario involucrado y la sugerencia de medida disciplinaria por el fiscal administrativo", así como al "informe evacuado por la Abogada Regional, a través del Oficio Reservado N° 57 de fecha 26 de abril del 2021", por lo que resolvió que el sumariado nombre reservado infringió sus deberes de orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de los servicios que a esta correspondan, de realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución y de observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado, contemplados en las letras b), c) y g) del artículo 61 de la Ley N° 18.834.

Explica que los cargos imputados al señor nombre reservado, como primera cuestión, fue por la vulneración a lo preceptuado en la letra b) del artículo 61 de la Ley N° 18.834, esto es, orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de los servicios que a esta correspondan. Ello se fundamentó en que el sumariado "en su calidad de garante del Estado, al haber estado cumpliendo funciones como nocturno, no presto la ayuda necesaria al ex interno nombre reservado (QEPD), cuando solicitaba su comparecencia en la celda que este pernoctaba, debido a que presentaba problemas de salud, llamado de auxilio que de igual forma realizaban otros internos del módulo 41. De igual forma no se logró visualizar este hecho en sus rondas, mostrando ser poco minucioso para observar alguna irregularidad. El deceso fue advertido al desencierro de la mañana siguiente por personal institucional, debido a que desde temprano manifestó presentar un problema personal, por lo cual solicitó dejar antes su turno, el que solo es autorizado a contar de las 08:00 horas del día 05.09.2016 [sic]".

Que, a su vez, se le acuso de una transgresión a su deber de realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución, en los términos previstos en la letra c) del artículo 61 del Estatuto Administrativo, cargo que se basó en que el sumariado no cumplió "las instrucciones dadas por su superior jerárquico, específicamente "estar atento y vigilante en su puesto de servicio, informar cualquier anomalía que se presenten en el desarrollo de sus funciones, efectuar rondas continuas, efectivas en el puesto asignado" [...]. Incumpliendo los deberes de eficiencia y eficacia al no tener la capacidad de brindar ayuda o auxilio a un ser viviente en agonía, desatendiendo en cierta medida, el deber de la servicialidad a la persona humana, ya que, al ser funcionario público es equivalente a deberse a las personas en una actuación, ágil, cortes y deferente, particularidad o características que no se reflejaron en su persona, al dejar al ex interno nombre reservado, en su celda sin la debida y posible atención medica [sic]".

Por último, se reprochó al señor nombre reservado una grave vulneración a su deber de observar estrictamente el principio de probidad administrativa, entendido como una obligación de mantener una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado, contemplado en la letra g) del artículo 61 de la Ley N° 18.834. Dicho cargo destaca que "infringe gravemente esta obligación funcionaria, toda vez que acorde a declaraciones a fs. 123, el sr. nombre reservado estuvo en conocimiento que un interno bajo su custodia se encontraba enfermo y solicitando asistencia médica, por lo que al no constatar dicha circunstancia, dejo de observar y cumplir los objetivos y directrices del Servicio, señalados en el artículo 1° y 15 del D.L. N° 2.859, "Ley Orgánica de Gendarmería de Chile", los que disponen en lo pertinente, que Gendarmería de Chile y por tanto su personal, tiene por finalidad, entre otras, atender a las personas privadas de libertad y que el personal institucional deberá otorgar a cada persona bajo su cuidado un trato digno propio de su condición humana. Asimismo, hizo caso omiso de lo mandatado en el artículo 6° inciso tercero del Decreto Supremo N° 518, Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, en cuanto a que "La Administración Penitenciaria velará por la vida, Integridad y salud de los internos y permitirá el ejercicio de los derechos compatibles con su situación procesal" [...]. por tanto, la condición de salud del ex interno nombre reservado mientras se encontraba bajo su custodia y resguardo según pauta de distribución de servicio, constituye una grave infracción al principio de su obligación funcionaria. Máxime constando a fs. 91 del sumario que este comenzó a solicitar auxilio médico desde las 20:30 horas, falleciendo a las 08:30 del día siguientes [sic]".

Finalmente, hace presente este cargo que "el articulo 19 N° 9 de la Constitución Política de la Republica garantiza a todas las personas el derecho a la protección de la salud, derecho del ex interno nombre reservado que vulnero al hacer caso omiso de los llamados efectuados por el occiso y por los demás internos del módulo 41 bajo su custodia directa el día 04 al 05 de septiembre del 2016, contraponiéndose dicha conducta al interés general, que finalmente termino causando la muerte del ex interno nombre reservado.".

Controvierte que la alegación de falta de acreditación de las conductas reprochadas, conforme al artículo 35 de la Ley N° 19.880 se preceptúa que "los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, apreciándose en conciencia", disposición que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema significa examinar "con recta intención, conocimiento exacto y reflexivo y con lógica equidad los antecedentes del proceso, para llegar con entera libertad y en forma privativa al convencimiento y decisión más conforme con esa íntima y libre opinión" al momento de ponderar los elementos de prueba aparejados al sumario administrativo. Además, la Contraloría General de la Republica ha señalado reiteradamente "que el mérito de los elementos de convicción es un aspecto apreciado por quien sustancia el pertinente procedimiento disciplinario y por la jefatura que ejerce la potestad sancionadora (dictamen N" 53.694 del 20 de julio del 2016).

Sostiene que, de acuerdo con los testimonios recogidos en el proceso, el interno nombre reservado, el 04 de septiembre del 2016, alrededor de las 21:00 horas comenzó a solicitar ayuda, al igual que los reclusos Ojeda Miranda y Pozo Torres [a fojas 07, 08], 91, lo cual también es confirmado por el condenado nombre reservado, a fojas 09 y, luego, a fojas 123. Cabe tener en cuenta que, a diferencia de lo que sostiene la defensa del sumariado, el funcionario Merino nombre reservado, al declarar que el día de los hechos no recibió "cuenta por parte del funcionario encargado de la agrupación modular alta I, Gendarme 2° nombre reservado, de la necesidad de algún interno que presente malestares de salud para concurrir al Hospital Penal de la Unidad" [a fojas 06], da cuenta que el recurrente incurrió en la omisión de ayuda a la cual se encontraba obligado. En similar sentido, aparece el testimonio del mismo declarante, a fojas 106. Antecedentes que permiten confirmar la posición de garante en que se encontraba al ser, precisamente el encargado de la agrupación.

Afirma que la sanción aplicada en este proceso sumarial no solo es proporcional a la conducta infraccional en la que incurrió el inculpado, sino que corresponde en derecho ser aplicada puesto que cuando la ley asigna una medida disciplinaria específica para determinada infracción, la autoridad administrativa se encuentra en el imperativo de disponerla, no pudiendo ejercer las atribuciones privativas que le permiten establecer aquella que, a su juicio, merecería el comportamiento anómalo observado por el inculpado, ni menos ponderar circunstancias que eventualmente aminoren su responsabilidad funcionaria. Si bien el inciso final del artículo 121 del Cuerpo Legal Funcionario establece que las medidas disciplinarias se aplicaran tomando en cuenta la gravedad de la falta y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes, tal disposición solo rige para las infracciones que pueden ser sancionadas con cualquiera de las medidas que en dicho precepto se señalan, pero no respecto de aquellas faltas administrativas que solo pueden ser castigadas con una sanción específica fijada por la ley, como ocurre en la situación en comento, y la medida disciplinaria de destitución que establece el artículo 125 del Decreto con Fuerza de Ley ya tantas veces anotado, de acuerdo a lo precedentemente señalado. Lo indicado ha sido recogido por la Contraloría General de la Republica, [dictámenes N° 49.465, de 2006 y 2.890 de 2007].

Por otra parte, sustenta que no se ha vulnerado la presunción de inocencia, tal como lo afirma el recurrente, sin perjuicio de que se ocultan antecedentes importantísimos para la decisión jurisdiccional, dado que los hechos que han motivado la dictación del acto impugnado están siendo ventilados en sede penal en causa RUC 1700515369-7, RIT 6910 - 2017 ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, que se encuentra con su auto de apertura de Juicio Oral recepcionado ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la citada ciudad en autos RIT 216-2022, fijándose audiencia de juicio para el día 27 de Octubre de 2022, destinada a probar su participación culpable como autor del delito de Infracción al artículo 256 del Código Penal, consistente en negar de manera maliciosa protección y servicio a quien debía dispensarlo, arriesgando una pena de dos años de suspensión del cargo y multa de quince unidades tributarias mensuales.

Arguye que en la sustanciación de dicho procedimiento sumarial se observaron las reglas del debido proceso establecidas en la norma estatutaria, toda vez que el protegido tuvo la oportunidad en las distintas etapas de ser oído; tomar conocimiento de los hechos materia de la referida investigación; presentar sus respectivas defensas en las diversas fases procesales y hacer uso de los medios recursivos que franquea la ley, en idénticas condiciones a las observadas al analizar la arista penal de este caso, ya que en ambos procedimientos se han amparado en el principio de inocencia que le asiste, en el marco de la garantía constitucional de un procedimiento racional y justo.

Finalmente descarta la supuesta privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales protegidas en la Constitución Política de la Republica alegadas por el recurrente, y solicita que se declare que la Resolución Exenta N° 5.902 del 15 de noviembre de 2021, de la Dirección Nacional, se encuentra ajustada a derecho, por lo que no es ilegal ni arbitraria; y rechazar en todas sus partes el recurso de protección deducido en contra de esa Jefatura Nacional, por carecer de fundamentos tanto en los hechos como en el derecho, con costas.

TERCERO: Con fecha 15 de marzo de 2023 la recurrida ha informado que se ha certificado por parte de la Dirección Regional de O´Higgins y la Oficina Nacional de Gestión Documental de la Dirección Nacional (O.N.G.D.) del Servicio, que el recurrente Sr. nombre reservado no hizo uso de su derecho contemplado en los artículos 141 y 145 de la norma estatutaria, toda vez que no recurrió en contra de la medida sancionatoria de destitución aplicada por la Superioridad Institucional de la época a través del Resolutivo Exento Nº 5.902 del 15 de noviembre de 2021, autoridad penitenciaria que en uso de las facultades que el ordenamiento le otorgaba rechazó el recurso de apelación y elevó la sanción a destitución en atención al mérito de la conducta acreditada, lo que se encuentra debidamente ajustado a derecho por cuanto ésta resulta de la potestad que el ordenamiento jurídico sancionatorio confiere al Director Nacional de este Servicio dentro del ámbito de su competencia en el evento que deba conocer del régimen de apelación subsidiario de una resolución sancionatoria en un sumario administrativo, conforme a lo regulado en los artículos 141 y 142 del D.F.L. Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo y la jurisprudencia reiterada del Ente Contralor.

Añade que en virtud de ello, la Jefatura Nacional procedió a dictar la Resolución Trámite Nº 28 en fecha 16 de febrero del año en curso por la responsabilidad administrativa que le cabe al recurrente Sr. nombre reservado en los hechos investigados en el proceso disciplinario mandatado instruir a través del Resolutivo Exento Nº 1.730 del 20 de octubre de 2016, del Director Regional de Gendarmería de Chile, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, en razón de haber vulnerado gravemente el principio de probidad administrativa, acto administrativo que le fuera notificado al inculpado a través de su abogado, domiciliado en domicilio reservado, por medio de carta certificada en conformidad así lo establece el inciso primero del artículo 131 del cuerpo normativo antes anotado para que, si lo estima conveniente, hiciese uso del derecho que confiere el artículo 160 de la norma legal ya descrita.

CUARTO: Que, conforme es generalmente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Consecuentemente, para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

QUINTO: Que, el acto que se estima ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta N.º 5902 de 15 de noviembre de 2021, del Director Nacional de Gendarmería de Chile, que rechazó su recurso de apelación deducido en contra de la Resolución Exenta N.º 336 de 28 de abril de 2021, de la Dirección Regional de Gendarmería de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, en el contexto de un procedimiento administrativo sancionatorio, imponiéndole, además, una medida disciplinaria expulsiva y, por tanto, más gravosa a la que originalmente le fue impuesta.

SEXTO: Que, es un hecho pacífico de la causa la medida disciplinaria impuesta al recurrente en primera instancia administrativa, así como su modificación posterior en términos más intensos por parte del Director Nacional de Gendarmería al conocer del recurso de apelación deducido por el recurrente, de modo tal que la discusión se encuentra circunscrita a determinar si aquella decisión constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnere o amenace alguna de las garantías establecidas en artículo 19 de la Constitución Política de la República y protegidas por la acción cautelar establecida en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental.

SÉPTIMO: Que, en este orden de ideas, el recurso de protección deducido debe ser rechazado, ya que, a juicio de esta Corte, la decisión de la autoridad administrativa responde al ejercicio de una facultad discrecional que, al encontrarse suficientemente fundada, malamente puede estimarse como ilegal y arbitraria.

En efecto, la medida de destitución fue dictada previa existencia de un procedimiento administrativo, el cual se encuentra sin recursos pendientes en su sede de origen, con declaraciones, formulación de cargos, descargos, propuesta de sanción, informe jurídico, entre otros trámites, que reflejan que fue llevado en observancia de un debido proceso legal por lo que no puede verse vulnerada la garantía constitucional contenida en el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, menos aún la del numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues no existe un derecho absoluto de propiedad respecto a la función pública, precisamente en aquellos casos en que materializan algunas de las causales que permiten afectar su permanencia, cuyo fue el caso.

OCTAVO: Que, de lo expuesto, el presente recurso de protección no está en estado de prosperar, ya que fluye que la recurrente carece de un derecho indubitado y preexistente, máxime si no se advierte ninguna arbitrariedad y/o ilegalidad manifiesta en lo actuado y resuelto por la recurrida, la que realizó el procedimiento establecido para el caso, formulándole al recurrente el cargo y en consonancia con ello lo sancionó.

NOVENO: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor del recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido con las que refiere la recurrente.

DÉCIMO: Que, a la conclusión precedente se arriba teniendo especialmente en consideración que la finalidad propia del recurso de protección es la de restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental. Ciertamente, se trata de una acción cautelar de origen constitucional que protege a los individuos mediante determinadas providencias que evitan los efectos del acto arbitrario e ilegal que haya amagado un derecho indiscutido y evidente. En esta dirección se ha razonado por nuestro máximo tribunal que “La Acción Constitucional de Protección ha sido establecida en nuestro derecho, como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, sin embargo, esta es una acción de urgencia, de naturaleza cautelar y conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservativas, cuyo objetivo es, como su nombre indica, la protección de derechos indubitados indiscutidos y no su declaración, por cuanto ello implicaría desnaturalizarla en su esencia, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, la más propia esencial característica de los otros órganos del poder estatal” (Corte Suprema, Rol Nro. 1108-2009). En este mismo sentido sería posible citar un sinnúmero de fallos.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesto en favor de don nombre reservado en contra de Gendarmería de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-81283-2022.

En Santiago, veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.