nombre reservado con INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de enero de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra del Instituto Nacional de Deportes, órgano que mediante la RA N° 857/415/2022, de fecha 04 de mayo de 2022, puso término anticipado a la contrata que servía, por no ser necesarios sus servicios, vulnerando con ello los derechos y garantías establecidos en el artículo 19º números 1°, 2°, 4° y 16° de la Constitución Política de la República.

Refiere que, ingresó al Instituto Nacional de Deportes el 1 de mayo de 2021, bajo la modalidad de Código del Trabajo; luego, con fecha 1 de octubre de 2021 fue contratado por el recurrido en calidad a contrata, asimilado a grado 9 de la Escala Única de Sueldos, de la Planta de Profesionales, con jornada de 44 horas semanales, desempeñando labores en el Complejo denominado Estadio Nacional.

Indica que su contrato fue prorrogado para el año 2022, a través de Oficio N° 30408/2021, del 30 de noviembre de 2021.

Que, de acuerdo con la Resolución Exenta RA N° 857/540/2021, se le designó a contrata con la finalidad de reforzar la gestión administrativa que se realiza en el Complejo denominado Estadio Nacional, donde desarrollaría funciones como Coordinador de Área de Gestión Deportiva, debido a sus estudios como Ingeniero Comercial con Mención en Administración y Especialidad en Marketing.

Señala que, el día 23 de junio de 2021, se dictó la Resolución Exenta N° 01209/2021, la cual estableció las labores del cargo de Coordinador del Área de Gestión Administrativa, funciones que al ser técnicas y administrativas, son necesarias y esenciales para el funcionamiento del Complejo denominado Estadio Nacional y que consisten en gestionar eficientemente los procesos administrativos del mismo, así como la administración de los procesos vinculados a gestión financiera y contable; gestión de abastecimiento y logística operativa y gestión del desempeño y nombre reservado y organización y ejecución de las funciones propias del área, funciones que claramente son técnicas y de administración de la institución.

Precisa que el 6 de mayo de 2022 se le señaló verbalmente que a partir de ese día terminaba anticipadamente su contrato por decisión de la autoridad, y que se notificaría a través de carta certificada a su domicilio, lo que, a la fecha de la presentación del recurso, aún no ocurría.

Alega que se encontraba contratado en grado 9, en carácter de profesional, y no un cargo directivo de exclusiva confianza, de acuerdo con el D.F.L. N° 1 de 2013, que fija planta de personal del Ministerio del Deporte y regula las demás materias a que se refiere el artículo primero transitorio de la Ley N° 20.686, por lo que podía ser promovido a otra función.

Refiere que los argumentos entregados en la resolución no contienen los razonamientos y los antecedentes de hecho y derecho que sirven de sustento a determinaciones de esa especie y que sean hechos que concluyan fundadamente la desvinculación, especialmente, cuando hace referencia a otra Unidad (de Proyección Deportiva) y no a la que coordinaba el recurrente (Área de Gestión Deportiva).

Arguye que la arbitrariedad se traduce en la ausencia de fundamento racional, pues en la resolución nada se señala respecto a alguna posible causal de mérito para justificar la decisión del ente administrativo. Pone énfasis, en que tal como se aprecia en la resolución, precisamente se señala que el término anticipado de la contrata es porque ha tenido dicha calidad por un plazo inferior a dos años.

Alega que la resolución impugnada, afecta el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al brindarle un trato discriminatorio en relación con otros funcionarios públicos que se mantienen en el servicio, como también respecto a quienes han sido desvinculados previo sumario administrativo fundado en una falta que la motive y con una calificación anual que permita dicha medida.

Asimismo, refiere vulnerados los derechos fundamentales, de la integridad física y psíquica, al igual que la honra, en cuanto el recurrente se vio afectado al ser desvinculado al poco tiempo de haber asumido la nueva autoridad.

Pide se acoja el recuso, adoptando de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, especialmente invalidar el término anticipado de la contrata, la reincorporación, el pago y la orden de pagar todas las remuneraciones no percibidas durante el tiempo que dure la desvinculación y asegurar la debida protección, todo con expresa condenación en costas.

Segundo: Que, informó la recurrida, manifestando que no ha cometido acción u omisión arbitraria o ilegal alguna, pidiendo el rechazo del recurso de protección.

Alega, primeramente, la extemporaneidad de la acción, toda vez que, se le habría informado al recurrente verbalmente el 4 de mayo de 2022 y se le envió carta certificada el mismo día, por lo que, a la fecha de presentación del recurso, esto es, el 5 de junio de 2022, ha transcurrido el plazo previsto en el Auto Acordado de la Corte Suprema, para la tramitación del recurso de Protección.

Afirma que se puso término a su contrata mediante la Resolución Exenta RA N° 857/415/2022 de fecha 04 de mayo de 2022, comunicada oportunamente el mismo día por la Jefa (S) de la División de Administración y Finanzas, Sra. nombre reservado, y el Encargado de Gestión y nombre reservado del Estadio Nacional, Sr. nombre reservado. En tal oportunidad, el recurrente se negó a firmar la notificación, por lo que se procedió a despachar carta certificada al domicilio que el exfuncionario informó al servicio.

Por su parte, en cuanto al fondo, señala que, la Resolución Exenta que lo contrataba en calidad de contrata, contenía la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, lo que implica que la autoridad puede ponerle término en el momento que estime conveniente, siempre que lo haga mediante un acto administrativo fundado, consignando los antecedentes de hecho y de derecho que le sirvan de sustento y han motivado tal decisión.

Cita el dictamen N° 48.251 de 2010, en el cual se resolvió que la aplicación de la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” puede estar referida a las aptitudes personales del empleado, las que ya no son requeridas por el servicio.

Explica que considerando que el recurrente acredita un desempeño efectivo en el servicio inferior a los dos años, o dos renovaciones anuales, se decidió poner término anticipado a su contrata, por expresa aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y economicidad, se encuentran en el imperativo de efectuar permanentemente un examen crítico y sistemático de la gestión del organismo que dirige.

Asegura que el acto administrativo recurrido se encuentra sometido al imperio del derecho; no es ilegal o arbitraria la medida de terminación anticipada, puesto que, el artículo 10 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, establece expresamente que los empleados a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

Finaliza, indicando, que el recurrente tenía otros mecanismos administrativos y judiciales, para impugnar el acto mencionado, no siendo la vía la presente acción de protección.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, respecto a la extemporaneidad del recurso alegada por el recurrido, cabe señalar que aquel no acompañó antecedentes a fin de demostrar su aseveración, respecto al momento en que el recurrente tomó conocimiento del acto que se impugna, por lo que, atendido lo expuesto por el actor en su recurso, en cuanto sus dichos esbozan reconocimiento de la época en que conoció la decisión que lo desvincula, se desestimará la extemporaneidad impetrada.

Quinto: Que el asunto sometido a conocimiento consiste en la decisión de la recurrida de poner término de forma anticipada a la contrata del recurrente para la anualidad del año 2022, por medio de la Resolución Exenta RA N° 857/415/2022 de fecha 04 de mayo de 2022, por no ser necesarios sus servicios.

Sexto: Que, es dable recordar que el régimen jurídico del cargo a contrata y la definición del mismo se encuentran en el artículo 3 letra c) del DFL Nº 29 del año 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto expresa que “Es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución” y por su parte el artículo 10 del mismo texto legal regula su duración, al preceptuar que estos cargos durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

De acuerdo con las disposiciones antes citadas, los empleos a contrata tienen como especial característica su transitoriedad, encargándose la ley de fijar un término máximo de duración, por lo que la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” se encuentra en armonía con el carácter eminentemente transitorio que tienen los empleos a contrata.

Séptimo: Que, a este respecto, si bien es cierto que de las normas citadas precedentemente se colige que la recurrida se encuentra facultada legalmente para poner término al empleo a contrata antes del vencimiento del plazo consignado en el nombramiento, la referida potestad debe ejercerse con arreglo a la ley. Para comprobar lo anterior es necesario acudir a la legislación que regula los actos de la Administración, puesto que la resolución dictada que pone término a un cargo a contrata es un acto reglado.

En este sentido, la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cumplimiento de criterios constitucionales, se ha encargado de desarrollar los principios destinados a asegurar un procedimiento racional y justo, de transparencia y publicidad y la obligación de motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten a las personas.

Octavo: Que de lo razonado se concluye que la autoridad administrativa denunciada se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata de la parte recurrente, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que al acudir la recurrida precisamente a esta causal solo ha hecho uso de la facultad antes descrita.

Noveno: Que, en ese orden de ideas, al no estar amparado por el principio de confianza legítima, por no haber servido en el cargo a contrata dos años consecutivos, el acto que lo desvincula al estar fundado, aun cuando no se comparta el fundamento, no es antijurídico, motivo suficiente para desestimar el recurso.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra del Instituto Nacional de Deportes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra (S) Karina Ormeño Soto.

Nº Protección-81279-2022