nombre reservado con SOCOFIN S.A

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil quince.

VISTOS:

Primero: Que, a fojas 1, comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Socofin S.A.; representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado. Explica que, a la fecha, se encuentra en tramitación ante el 3° Juzgado Civil de Santiago, un juicio ejecutivo, caratulado “Banco de Chile con nombre reservado” en la que opuso en la ejecución diversas excepciones, encontrándose pendiente la dictación de la sentencia. Hace presente que la recurrida se dedica a la cobranza extrajudicial de créditos a terceros deudores del Banco de Chile, los que se comunican con éstos, principalmente por vía telefónica, a fin de conseguir los pagos. Refiere que, no obstante haberse judicializado el cobro, igualmente, la recurrida a través de sus empleados, en varias ocasiones lo han realizado llamados para cobrar la deuda a su domicilio laboral como también le han enviado correspondencia. Por ello, su entorno laboral se ha enterado del juicio de marras, siendo que esta información debió mantenerse en el carácter estrictamente personal. El acto es ilegal porque excede los términos del artículo 37 de la Ley 19.496 y arbitrario porque la actitud ofensiva imputable a la recurrida ha perjudicado la sana convivencia laboral. Lo anterior, en su concepto, ha vulnerado las garantías previstas en el artículo 19 N°s 1 y 4 de la Carta Fundamental.

Pide se acoja el recurso, se haga lugar al mismo y, en definitiva, se resuelva que:

1.- Se declare ilegal y arbitrario el acto de la recurrida.

2.- Se adopten las medidas necesarias para que se de protección efectiva a las garantías vulneradas especialmente:

a) Disponer el cese de los llamados telefónicos a su domicilio laboral;

b) Ordenar que se abstenga de enviarle correspondencia sobre todo si es hostil y simular los escritos judiciales a su domicilio laboral; y c) Se condena a la recurrida al pago de las costas.

En subsidio, se ordene que se abstenga de enviar correspondencia a su domicilio laboral con el objeto de cobrar la supuesta deuda al Banco de Chile.

Segundo: Que, a fojas 46, la recurrida evacua el informe y solicita el rechazo de la acción cautelar. En primer lugar, explica que un recurso en términos similares fue rechazado en forma unánime por la Tercera Sala de esta Corte con fecha 14 de abril de 2015 y confirmado por la Excma. Corte Suprema. Hace presente que este recurso es copia literal del anterior, sólo se ha modificado la fecha del supuesto acto ilegal o arbitrario. En cuanto a los llamados telefónicos, estos cesaron antes de la interposición de esta nueva acción y en cuanto a la recepción de terceros de la correspondencia, eso no es posible porque se envía en sobre cerrado a nombre del deudor.

Reconoce la existencia de un juicio ejecutivo actualmente tramitado ante el 3° Juzgado Civil de Santiago. Respecto de la carta, la que se ha enviado solo en carácter informativo, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 19.496, no es en caso alguno apremiante, ni negativa ni perjudicial; su envío al domicilio laboral del recurrente se debe a que este es el único domicilio en que éste ha sido habido. Nada impide que pueda enviarse correspondencia privada al domicilio laboral si está es a su nombre, para que sea abierta exclusivamente por el destinatario del mismo. Si la carta ha sido abierta por terceros, no tiene ninguna responsabilidad. En cuanto a las garantías, no hay ninguna vulneración, ya que no existió hostigamiento ni presión de ningún tipo. Reitera que la carta se dirigió al recurrente y en ningún caso pudo abrirse por terceros. En consecuencia, solicita el rechazo de la acción cautelar porque no concurren los presupuestos para la procedencia de ella.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que en consecuencia, para que proceda la presente acción constitucional, es necesaria la concurrencia copulativa de las siguientes circunstancias:

i) la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, ii) que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución asegura a todas las personas, y, iii) que quién lo interpone, se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho indubitado, esto es, que sea quien se encuentra legitimado activamente para su ejercicio Quinto: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal, que conculca las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 1 y 4 de la Carta Fundamental es que la recurrida –no obstante encontrarse el crédito contraído con el Banco de Chile, en litigio que se ventila ante el 3° Juzgado Civil de Santiago, sin que a la fecha se haya dictado sentencia- es recibir llamados telefónicos a diversas horas del día, así como cartas en su lugar de trabajo, en que se le insta a pagar el crédito, constituyendo un mecanismo de presión que no respeta su persona ni la legislación vigente.

Sexto: Que respecto de los llamados telefónicos no existe constancia que estas efectivamente se realizaron y los días y horas que éstas se habrían realizado; por el contrario, la recurrida en su informe ha señalado que estos cesaron luego de haberse iniciado la cobranza judicial.

Séptimo: Que respecto del envío de correspondencia al recurrente; consta del documento agregado a fs. 13 que, el día 5 de agosto del año en curso, la recurrida envió una misiva al señor nombre reservado señalándole la existencia de deudas vencidas con el Banco de Chile, que deben solucionarse, y que se agilizarían las ejecuciones que actualmente se tramitan ante el 3° Juzgado Civil de Santiago, y que debe concurrir a sus oficinas dentro de 72 horas, contactándose con su ejecutiva doña nombre reservado para evitar efectos propios de notificación, embargo, etc.

Octavo: Que, el inciso penúltimo del artículo 37 de la Ley 19.496 dispone expresamente que: “Las actuaciones de cobranza extrajudicial, no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales, comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en los que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean las que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la concurrencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor”.

Noveno: Que, en concepto de esta Corte, la normativa anterior, tiene por objeto regular las diligencias de cobros previas a la vía judicial, precisamente, para evitar el engaño al consumidor simulándose la existencia de un juicio, lo que lo obligue a regularizar la situación, impidiéndole que, en su oportunidad, pueda formular defensa en el juicio.

Décimo: Que, sin embargo, no es un hecho controvertido por las partes que, el crédito contraído por el recurrente con el Banco de Chile, se encuentra en ejecución ante el 3° Juzgado Civil de Santiago, en causa rol N° 9507-2015, caratulada “Banco de Chile con nombre reservado”, por cobro de pagaré, por la suma de $ 39.724.954, es decir, existe actualmente un Tribunal que conoce de la deuda contraída por el recurrente con el Banco de Chile, quien inició la vía judicial para obtener el pago de su crédito.

Undécimo: Que, conforme a lo que se ha señalado, no es posible que se use la vía de cobranza extrajudicial para obtener el pago de la deuda; pues corresponderá al Tribunal determinar la procedencia o improcedencia de esa ejecución.

Duodécimo: Que, así entonces, el procedimiento usado por la recurrida resulta ilegal porque cesó la posibilidad de cobrar extrajudicialmente el crédito -por existir un Tribunal que actualmente conoce del mismo- y es arbitrario porque se pretende obtener el pago de un crédito mediante una vía que en esta etapa resulta improcedente.

Décimo Tercero: Que de todo lo expuesto no puede sino concluirse que la actuación de la recurrida –de enviar carta al recurrente a su domicilio laboral- tendiente a obtener extrajudicial el pago de un crédito es ilegal, porque excede los márgenes del artículo 37 de la Ley 19.496, ya analizado vulnerándose lo dispuesto en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, esto es, afectándole su integridad psíquica, desde que se pretende por la empresa de Cobranzas que se pague una deuda que está en cobro judicial por quien es su legítimo acreedor.

Décimo cuarto: Que no obsta a lo decidido que entre las mismas parte existiera anteriormente un recurso de protección, pues lo que ahora se reclama por esta vía cautelar es de un acto distinto como es el envío de la misiva de 5 de agosto del año en curso.

Por estos fundamentos, citas legales y lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se acoge, sin costas, la acción cautelar y constitucional de fojas 1, sólo en cuanto se dispone que Socofin S.A., debe poner término al envío de cartas al recurrente por encontrarse actualmente ejecutándose el crédito por vía judicial.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.

N° 81222-2015.

No firma el Abogado Integrante señor Decap, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro (S) señor Tomás Gray Gariazzo y por el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veintisiete de octubre de dos mil quince, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.