ASOCIACIÓN GREMIAL DE LIQUIDADORES CONCURSALES con SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA

C.A. de Santiago Santiago, dos de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Patricio Ignacio González Silva, abogado, mandatario judicial, en nombre y en representación de la ASOCIACIÓN GREMIAL DE LIQUIDADORES CONCURSALES, asociación de derecho privado, sin fines de lucro, regida por el Libro XXXIII del Libro Primero del Código Civil, RUT N° RUT reservado, quien interpone acción de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO, persona jurídica de derecho público, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por su director o jefe superior del servicio, don nombre reservado, con motivo de haber dictado la Resolución Exenta N°2060, de fecha 25 de abril de 2022, por considerar que se trata de un acto ilegal y arbitrario que le ocasiona privación, perturbación y amenaza a su representada y a sus asociados, del legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales consagrados en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

La Asociación Gremial recurrente solicita: 1.- Que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°2060, de 25 de abril de 2022, de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, por ser ilegal y arbitraria; 2.- Que dentro del plazo de 5 días corridos, desde que se dicte la sentencia que acoja este recurso de protección, la recurrida deberá dar cumplimiento a lo que ordene esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, bajo apercibimiento de arresto de su representante legal y otras medidas de apremio que se estimen procedentes; y 3.- Que se condene en costas a la recurrida.

La recurrente indica que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (en adelante SIR), en uso de las facultades contenidas en el artículo 337 de la Ley N°20.720, dictó la Resolución exenta N°2060, de fecha fecha 25 de Abril de 2022, que “Interpreta numeral 1 del artículo 247 de la Ley N°20.720 y complementa el título IV del instructivo SIR N°3 de 6 de octubre de 2015”.

De dicho acto administrativo la Asociación Gremial de Liquidadores Concursales tomó conocimiento el día 4 de Mayo de 2022, mediante la respectiva publicación en el Diario Oficial.

La Resolución exenta N°2060, que se impugna mediante la presente acción de protección, según manifiesta la recurrente, impide, en su perjuicio, el derecho a percibir 30 Unidades de Fomento, para el caso que el deudor (persona o empresa deudora) carezca de bienes para satisfacer el pago de la remuneración del liquidador concursal o que los mismos sean insuficientes, la cual es del siguiente tenor: “Interprétese el numeral 1 del artículo 247 de la ley, en el sentido que dicha norma establece la obligación para el liquidador de proponer a los acreedores un reparto, cuando la disponibilidad de fondos permita abonar a los acreedores reconocidos una cantidad no inferior al cinco por ciento de sus acreencias, pero no impide la realización de repartos de fondos, cuando la distribución sea inferior al cinco por ciento de las acreencias que se contemplen en el reparto, toda vez que la finalidad del procedimiento concursal de liquidación es el pago de las obligaciones del deudor…”

Continúa el recurrente en su alegación señalando que dicho acto administrativo establece, como una obligación para los liquidadores concursales, en calidad de sujeto fiscalizado: “instar siempre por el pago de las acreencias del respectivo concurso, aun cuando la distribución sea inferior al cinco por ciento de las acreencias que se contemplen en el respectivo reparto, dando así cumplimiento a los deberes generales que impone la normativa concursal, en especial en el numeral 3 del inciso segundo del artículo 36 de la Ley Nº20.720 y a la finalidad del procedimiento concursal de liquidación, cual es el pago de las obligaciones del deudor”.

Agrega la Asociación Gremial recurrente, que conforme a lo dispuesto en dicha Resolución, el liquidador concursal siempre deberá efectuar reparto, incluidos los casos en que la distribución no es superior al 5%. Lo cual es ilegal, toda vez que contradice el texto expreso de la ley, de forma arbitraria o caprichoso, por cuanto causa perjuicio gravísimo para el gremio de los liquidadores concursales, ya que en este tipo de procesos concursales, es decir, aquellos en que el monto a repartir no abarca ni el 5% de las acreencias, representan del orden del 90% de los procesos de liquidación concursales que se solicitan en Chile, en los cuales, además, el liquidador debe costear con fondos propios, cosa que hasta el momento no era un gran problema, ya que hasta antes de la entrada en vigencia de la Resolución exenta N°2060, de 25 de Abril de 2022, de la SIR, el liquidador veía reembolsado dichos gastos con las 30 UF que recibía bajo la hipótesis de bienes insuficientes, pero que desde su publicación en el Diario Oficial, es decir desde el día 4 de Mayo de 2022, no será reembolsado, ya que el derecho del artículo 40 inciso final de la ley 20.720, ha resultado inhibido por la recurrida con motivo de la dictación de dicha resolución.

Añade el recurrente que dicho acto administrativo le produce múltiples consecuencias, las que podemos resumir en las siguientes:

a.- Se priva al deudor de su derecho legal a serle devuelta aquella parte de su patrimonio que no fue repartida por no alcanzar el umbral del 5% dispuesto por el artículo 274 de la Ley Nº20.720.

b.- El cambio de las condiciones mediante la citada resolución administrativa atenta contra el contrato que subyace entre el liquidador concursal y el Estado, ya que implica que el liquidador se ve ahora obligado a asumir procesos concursales sin justa retribución. La nueva obligación de reparto de escaso monto tiene como consecuencia la obligación del liquidador de pagarse sus honorarios con un monto no superior del 20% de dicho reparto, es decir, en la práctica, sumas inferiores a cincuenta mil pesos, versus las 30 UF legales.

c.- El pago paupérrimo de honorarios no es sólo una afrenta a la dignidad y honra de estos profesionales, sino que atenta a gran parte del sistema concursal en Chile, pues pone a los liquidadores concursales en una posición económicamente inviable. El sujeto protegido del deudor, de quien se pretende supere en forma rápida y eficaz su tránsito por la insolvencia, ve truncada su pretensión al poner el Estado su proceso en un profesional que es incapaz de solventar los gastos propios del cargo.

La Asociación Gremial recurrente funda la acción de protección en los siguientes argumentos de derecho:

1. Vulneración del artículo 19 N°2 de la Constitución, que garantiza la igualdad ante la ley. Señala que la resolución en comento es una actuación administrativa discrecional, derivado de la atribución de interpretar administrativamente las leyes y reglamentos que rigen a los liquidadores concursales (art.337 N°2 Ley N°20.720). Continúa su argumento manifestando que la discrecionalidad administrativa no es una libertad absoluta que tienen los órganos administrativos, pues aquellos deben regirse dentro de ciertos límites, y que en relación a la resolución administrativa que se cuestiona, estima que excede los márgenes de la discrecionalidad, por cuanto existe arbitrariedad en la falta de proporción entre la finalidad que se requiere alcanzar, que es interpretar el artículo 247 de la Ley N°20.720, -materializada en la Resolución Exenta N°2060, de 2022, con el supuesto objetivo de regularizar el pago de las obligaciones del deudor en un procedimiento concursal, obteniendo con ella privar a los liquidadores concursales su justa remuneración después de cumplir su labor, perjudicándolos en aquellos casos en que la liquidación es inferior al 5% de las acreencias que se contemplen en el reparto.

2. Vulneración de la garantía constitucional del derecho al trabajo del artículo 19 N°16 de la Constitución y vulnera, además, el acceso a una justa remuneración, no pudiendo excusarse el liquidador de ejercer sus funciones sin causa justificada, siendo forzados a desarrollar una labor sin obtener remuneración, constituyendo esta resolución interpretativa una exigencia arbitraria efectuada por la Superintendencia.

3. Vulneración de la garantía constitucional del derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución, violando el derecho de propiedad sobre una justa remuneración de los liquidadores concursales en los casos en que el deudor carece de bienes para satisfacer el pago de honorarios del liquidador o que éstos sean insuficientes para tal efecto. Asimismo, considera el recurrente que la imposibilidad de obtener una remuneración constituye un acto administrativo expropiatorio y lo priva de un derecho adquirido. Aduce el actor de protección que la privación de la remuneración de las 30 UF de los Liquidadores Concursales, en los casos prescritos en el artículo 40 inciso final de la Ley Nº20.720, en razón de la citada resolución, vulnera el derecho de propiedad sobre sus honorarios, que los Liquidadores Concursales poseen sobre ellos, y que más que una regulación normativa, prácticamente esta actuación es un acto administrativo expropiatorio de un derecho adquirido.

SEGUNDO: Que se solicitó informe a la recurrida, informando al respecto don nombre reservado, Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, para lo cual, a continuación haremos un breve resumen de su extensa presentación, señalando lo siguiente:

Que la Superintendencia no ha vulnerado las garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, contenidas en el N°2: igualdad ante la ley; N° 16: protección del trabajo; y N° 24: derecho de propiedad.

Que el acto contra el cual se recurre no es ilegal ni arbitrario, esto es, contrario a la ley o producto del mero capricho de quien incurre en el mismo, puesto que fue dictado en el marco de las competencias y atribuciones del SIR, con pleno respeto de las normas constitucionales y legales que rigen a dicha Superintendencia y a todos los órganos del Estado.

Luego, expresa que la recurrente no dedujo en contra de la Resolución Exenta N.° 2060, de 25 de abril de 2022, los recursos administrativos establecidos en la Ley N.º 19.880, no procediendo en este caso una acción de naturaleza cautelar y de emergencia, la cual está destinada a proteger las garantías constitucionales y reestablecer el imperio del derecho cuando otro medio de carácter procesal o administrativo no lo permita, debiendo el recurso o acción de protección operar como última ratio.

Agrega, que la acción constitucional tiene por finalidad el restablecimiento de un derecho indubitado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento, y hace presente que las garantías constitucionales que denuncia el recurrente como conculcadas no se sustentan en un derecho indubitado, preexistente e indiscutido, requisito sine qua non para la interposición de la acción de protección.

Además, señala la SIR que no ha incurrido en un acto ilegal, ya que ha actuado en el ejercicio de su función interpretativa, reconocida expresamente por la Ley N°20.720, en el numeral 2) del artículo 337, y agrega, que con anterioridad a la Resolución Exenta N° 2060, el numeral 1) del artículo 247 de la Ley, ya había interpretado en los mismos términos que en el acto recurrido. En consecuencia, el acto que se pretende declarar como ilegal sólo se limitó a poner en conocimiento de todos los sujetos fiscalizados por dicho Servicio, la interpretación que la SIR venía sosteniendo en el tiempo, sobre la procedencia de presentar un reparto de fondos cuando no concurriere el presupuesto previsto en el numeral 1) del artículo 247 de la citada ley.

Añade el Servicio recurrido que si una vez reservado fondos suficientes para cubrir los gastos de administración, entre los que se encuentran los honorarios del liquidador, y para el pago de créditos de mejor derecho, cuyo monto o privilegio se encuentra en litigio o pendientes de reconocimiento, existiera un remanente que permita efectuar una distribución de fondos a los acreedores que en derecho corresponda, deberá instarse a la presentación de propuesta de reparto de fondos, hasta su total tramitación y pago, aun cuando el monto de la distribución sea inferior al 5% de las acreencias que se contemplen en dicha distribución, tomando en especial consideración que una de las finalidades del procedimiento concursal de liquidación es el pago a los acreedores de las obligaciones del deudor, por lo que resulta contrario a dicho fin, restituir los fondos al deudor existiendo acreedores cuyos créditos se encuentren pendientes de pago. Esta interpretación no impide la realización de repartos de fondos, cuando la distribución sea inferior al 5% de las acreencias que se contemplan en el reparto, toda vez que el fin del procedimiento de liquidación, es el pago de los créditos reconocidos en el respectivo concurso. Indica la SIR que a través de este acto administrativo interpretativo sólo genera certeza jurídica respecto a los fiscalizados, ya que existen discrepancias entre unos liquidadores y otros en cuanto a la forma de aplicar la ley, quienes han visto dificultades al aplicar la norma en cuestión, ya que ciertos liquidadores han presentado constantes repartos de fondos aun cuando no concurra el presupuesto del numeral 1) ya referido, mientras que existen otros liquidadores, quienes, aplicando literalmente la norma, no presentan propuestas de repartos de fondos, aun cuando existen importantes montos susceptibles de ser distribuidos.

La recurrida hace presente normas de la Ley N°20.720, citando el numeral 19 del artículo 2°, que dice: “Liquidador: aquella persona natural sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya misión principal es realizar el activo del Deudor y propender al pago de los créditos de sus acreedores, de acuerdo a lo establecido en esta ley.” Asimismo, cita el artículo 50, numeral 2, que exige para la presentación de la cuenta final, entre otros, el agotamiento de los fondos o pago íntegro de los créditos reconocidos, no pudiendo cumplirse la primera hipótesis, si se le están devolviendo fondos al deudor, existiendo créditos pendientes de pago, lo que deja en evidencia el conflicto de normas en la propia Ley N.º 20.720, el que fue interpretado por la Superintendencia, en uso de la atribución que le concede el numeral 2 del artículo 337 del citado cuerpo legal, en orden a Interpretar administrativamente las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a los fiscalizados.

También, la recurrida alega falta de legitimación activa de la recurrente, haciendo presente que no explica cuál sería el derecho indubitado que requiere urgente cautela, cuyo titular sea la Asociación Gremial de Liquidadores Concursales, y no los liquidadores individualmente considerados que forman parte de la respectiva Nómina de Liquidadores que administra la SIR.

Entre otras alegaciones, la SIR reclama la extemporaneidad del presente recurso de protección, ya que éste no fue interpuesto dentro del plazo fatal de 30 días corridos que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, pues la Resolución exenta N°2060, de 25 de abril de 2022, de acuerdo a lo dispuesto en su numeral 4, dispone que la notificación por correo electrónico a los fiscalizados será válida, entendiéndose notificado el destinatario desde el envío del correo electrónico.

Asimismo, la recurrida sostiene que tiene la potestad de interpretar e impartir instrucciones de carácter obligatorio, fundado en el artículo 337 N°2 de la Ley 20.720, que le otorga la potestad de interpretar administrativamente las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a los sujetos fiscalizados, sin perjuicio de las facultades jurisdiccionales que corresponden a los tribunales competentes. Cita, además, el artículo 337 N° 4 de la mencionada ley, que faculta a la Superintendencia para impartir a los sujetos fiscalizados instrucciones de carácter obligatorio sobre las materias sometidas a su control.

Acerca de la afirmación de la recurrente en el sentido que el acto recurrido priva a los liquidadores de una remuneración, la SIR sostiene que dicho acto administrativo no priva en ninguna circunstancia de remuneración a los liquidadores, ya que no ordena u obliga a presentar un reparto de fondos en todos los procedimientos. La resolución impugnada busca un justo equilibrio entre todos los intereses que concurren en el concurso. Agrega el recurrido, que los liquidadores tendrán que ponderar si con los fondos disponibles del procedimiento respectivo, deducido los gastos de administración, existe un remanente tal, que permita la presentación de un reparto de fondos donde se alcance a satisfacer alguna parte de las acreencias verificadas, y al mismo tiempo obtener el pago de sus honorarios. También señala la SIR que no existe norma que se refiera al supuesto derecho adquirido a una justa remuneración. El derecho a una justa remuneración, afirma dicho Servicio, corresponde a una mera expectativa, que no se ha visto limitado por el acto administrativo que se impugna.

Además, argumenta que el acto administrativo no sería expropiatorio como señala la recurrente, ya que no hace mención cuál sería el origen del derecho que se estaría expropiando, puesto que la legislación concursal no garantizó un honorario mínimo, ni a todo evento para el liquidador, motivo por el cual resulta impracticable la expropiación de un derecho que no se ha radicado en el patrimonio de quien recurre.

TERCERO: Que previamente, es necesario hacer presente que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

En consecuencia, se trata de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

CUARTO: Que en un primer orden de cosas, como cuestión previa a resolver, dice relación con la alegación de forma de la Superintendencia, quien afirma que el recurso es extemporáneo, ya que fue interpuesto fuera del plazo fatal de 30 días corridos que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, pues el acto recurrido, esto es, la Resolución exenta N°2060, de 25 de abril de 2022, fue notificada por correo electrónico el 26 de abril de 2022, y la acción de protección fue presentada por la recurrente el 3 de junio de 2022, es decir, transcurridos 39 días corridos, debido a que el numeral 4 de la citada resolución dispone que la notificación por correo electrónico a los fiscalizados será válida, entendiéndose notificado el destinatario desde el envío del correo electrónico. Apoya esta posición sobre la extemporaneidad del recurso, señalando que de acuerdo al artículo 11 de la Norma de Carácter General N°13, de 10 de octubre de 2021, de la SIR, la notificación por correo electrónico a los fiscalizados será válida, entendiéndose notificado el destinatario desde el envío del correo electrónico.

Cabe hacer presente que el acto administrativo que se impugna mediante la presente acción cautelar de protección fue publicado en el Diario Oficial de 4 de mayo de 2022, y en el punto 3° de la Resolución N°2060, se establece expresamente lo siguiente: “3. Vigencia. La presente resolución comenzará a regir a contar de su publicación en el Diario Oficial”. Como es sabido, es obligación publicar en el Diario Oficial, los actos administrativos que contengan normas de general aplicación o que miren al interés general; y los que interesen a un número indeterminado de personas, de acuerdo a lo establecido en las letras a) y b), respectivamente, del artículo 48 de la Ley N°19.880. Asimismo, de conformidad al artículo 7° del Código Civil, desde la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial se entenderá conocida de todos y será obligatoria.

En consecuencia, siendo la fecha de publicación en el Diario Oficial la forma de notificar las leyes y actos administrativos de carácter general o que interesen a un número indeterminado de personas, el presente recurso, presentado con fecha 3 de junio de 2022, se ha interpuesto dentro de plazo. Por lo tanto, la alegación de extemporaneidad debe ser desestimada.

QUINTO: Que en cuanto a la alegación de la recurrida que la Asociación Gremial de Liquidadores Concursales no dedujo en contra de la Resolución Exenta N.° 2060, de 25 de abril de 2022, los recursos administrativos establecidos en la Ley N.º 19.880, no procediendo en este caso una acción de naturaleza cautelar y de emergencia, la cual está destinada a proteger las garantías constitucionales y reestablecer el imperio del derecho cuando otro medio de carácter procesal o administrativo no lo permita. Esta argumentación será desestimada, ya que no es óbice para intentar este recurso de orden constitucional la existencia de otra normativa, por cuanto el constituyente en la parte final del inciso 1° del artículo 20 dispone que “es sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, por lo que corresponde desestimar la alegación de la recurrida, en cuanto a que este recurso sería improcedente.

SEXTO: Que según estima la autoridad recurrida, el recurrente no tiene legitimación activa para impetrar este recurso, ya que no explica cuál sería el derecho indubitado que requiere urgente cautela, cuyo titular sea la Asociación Gremial de Liquidadores Concursales, y no los liquidadores individualmente considerados que forman parte de la respectiva Nómina de Liquidadores que administra la SIR. La Asociación Gremial no explica si representa a todos los liquidadores concursales vigentes en la nómina que para estos efectos lleva la SIR o sólo a algunos de ellos.

Analizada la acción de protección presentada por la Asociación Gremial señalada, ésta no es titular, en su calidad de tal, de derechos preexistentes e indubitados que pueda afectarle la dictación de la resolución tantas veces citada, ya que esta Asociación de derecho privado, sin fines de lucro, no tiene derecho a la remuneración que interpreta el acto administrativo cuestionado, como tampoco ha individualizado a qué socios o liquidador concursal determinado afectaría la resolución en comento. El recurso de protección es una acción cautelar que tiene por objeto amparar a quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental. La presente acción de protección no individualiza a persona determinada alguna que pudiera ser afectada por el acto recurrido en cuanto se vulnere o restrinja la igualdad ante la ley, el derecho al trabajo y el derecho de propiedad. La acción de protección no puede ser abstracta, sino debe referirse a una persona o grupo de personas perfectamente individualizadas que estén siendo actualmente privadas, perturbadas o amenazadas en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas. Por ende, la Asociación Gremial de Liquidadores Concursales no tiene legitimación activa para solicitar la protección de derechos de los cuales no tiene titularidad.

SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo razonado en el considerando anterior, esta Corte se pronunciará sobre el fondo del recurso, pronunciándose sobre los derechos y garantías constitucionales que la Asociación Gremial recurrente dice que le serían vulnerados.

OCTAVO: Que la Asociación Gremial de Liquidadores Concursales sostiene que la Resolución Exenta N°2060, de fecha 25 de abril de 2022, de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, es ilegal y arbitraria, por lo que solicita a esta Corte que la deje sin efecto. Funda su acción en que se vulneran derechos y garantías constitucionales consagrados en el artículo 19, numerales 2, 16 y 24 de la Constitución Política del Estado.

NOVENO: La norma interpretativa cuestionada por la recurrente señala lo siguiente en la parte resolutiva:

“1. Interprétese el numeral 1 del artículo 247 de la ley, en el sentido que dicha norma establece la obligación para el liquidador de proponer a los acreedores un reparto, cuando la disponibilidad de fondos permita abonar a los acreedores reconocidos una cantidad no inferior al cinco por ciento de sus acreencias, pero no impide la realización de repartos de fondos, cuando la distribución sea inferior al cinco por ciento de las acreencias que se contemplen en el reparto, toda vez que la finalidad del procedimiento concursal de liquidación es el pago de las obligaciones del deudor, resultando contrario a dicha finalidad, devolver fondos al deudor existiendo créditos pendientes de pago en el concurso”. Es decir, el sentido de esta interpretación dada por la autoridad facultada al efecto, es que si existen fondos disponibles en una cantidad inferior al 5% de las acreencias, se pueden repartir los fondos disponibles a los acreedores, ya que el fin último del procedimiento concursal es pagar las deudas al acreedor y no devolver fondos al deudor, existiendo deudas pendientes.

2. Compleméntese el Título IV del Instructivo SIR Nº 3 de 6 de octubre de 2015, que instruye sobre prelación, actualización y pago de créditos y repartos de fondos, incorporándose el siguiente nuevo artículo 25 bis: Conforme a la interpretación administrativa contenida en la presente resolución, es obligación de los liquidadores, instar siempre por el pago de las acreencias del respectivo concurso, aun cuando la distribución sea inferior al cinco por ciento de las acreencias que se contemplen en el respectivo reparto, dando así cumplimiento a los deberes generales que impone la normativa concursal, en especial en el numeral 3 del inciso segundo del artículo 36 de la ley Nº 20.720 y a la finalidad del procedimiento concursal de liquidación, cual es el pago de las obligaciones del deudor”. Aquí reitera la autoridad concursal que la finalidad del procedimiento de liquidación es el pago de las obligaciones del deudor.

DÉCIMO: Que con respecto a la violación de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19 N° 2° de nuestra Carta Fundamental, el recurrente no precisa ni da razones suficientes para poder determinar que el acto administrativo recurrido vulnera la citada garantía, no logrando establecer de qué forma se ha incurrido en una discriminación arbitraria, faltando el fundamento jurídico que respalde dicha afirmación. Sólo señala la recurrente que la resolución administrativa interpretativa de la ley no le permitirá una justa remuneración por la labor que realice el liquidador cuando no existan fondos suficientes a repartir.

La interpretación del numeral 1 del artículo 247 de la ley N°20.720 efectuado por el Superintendente en la resolución aludida no es arbitraria, ya que no fue dictada por mero capricho o sujeto a la libre voluntad de dicha autoridad, sino que el Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento actuó de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 337 N°2 de Ley N°20.720. El Superintendente tuvo en vista la Ley N°20.720 , la que lo faculta para aclarar el verdadero sentido del numeral 1 del artículo 247 de la citada norma legal, de manera que haya entre todas sus partes la debida correspondencia y armonía, y para estos efectos, el artículo 337 le otorga a la Superintendencia la siguiente atribución en el numeral 2: “Interpretar administrativamente las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a los fiscalizados, sin perjuicio de las facultades jurisdiccionales que correspondan a los tribunales competentes”.

La misma resolución se halla debidamente fundada, y de modo meramente ejemplar, transcribiremos los siguientes considerandos, que resultan ilustrativos para confirmar que dicho acto administrativo no es ilegal, ni arbitrario ni antojadizo, sino que tiene por objeto dar certeza jurídica a los liquidadores y a todos los sujetos que participan en el procedimiento concursal, interpretando de forma armónica con el resto de la normativa concursal y teniendo como antecedente la historia fidedigna de la ley, como se manifiesta a continuación:

“3. Que, en el marco del ejercicio de sus funciones y atribuciones, este Servicio ha detectado dificultades en la aplicación de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 247 de la ley, que prescribe: "El Liquidador deberá proponer a los acreedores un reparto de fondos siempre que se reúnan los siguientes requisitos copulativos: 1) Disponibilidad de fondos para abonar a los acreedores reconocidos una cantidad no inferior al cinco por ciento de sus acreencias".

4. Que, reiteradamente este Servicio ha impartido a los liquidadores la instrucción de propender a la presentación de repartos de fondos, aclarando el sentido de la citada norma mediante pronunciamientos e instrucciones particulares, observándose la necesidad de generar certeza jurídica en los sujetos fiscalizados, para permitir el correcto desempeño de su cargo en los diversos procedimientos concursales de liquidación que administran, siendo necesario unificar la práctica de los liquidadores, procurando un tratamiento igualitario y equitativo entre los mismos.

5. Que, la aplicación literal de la referida norma, en forma aislada del resto de la normativa concursal, conlleva a situaciones que se alejan de los objetivos del concurso, como lo es, precisamente el pago de los créditos de los acreedores, incentivando la devolución de fondos al deudor del procedimiento, no obstante existir créditos pendientes de pago y fondos disponibles en el concurso.

6. Que, si bien de una interpretación literal de lo dispuesto en el Nº 1 del artículo 247 de la ley, podría concluirse que sólo en los casos que los fondos disponibles permitan pagar una cantidad no inferior al cinco por ciento de las acreencias verificadas, sería posible la presentación de una propuesta de reparto de fondos, dicha norma debe ser analizada de forma armónica con el resto de la normativa concursal y al alero de la historia fidedigna del establecimiento de la ley.

7. Así, y del análisis fidedigno del establecimiento de la norma, se constata que lo que se tuvo a la vista al momento de regular la regla referida precedentemente, fue evitar los costos de transacción que tienen los repartos, buscando un justo equilibrio entre estos costos y el interés de los acreedores de obtener el pago de sus acreencias de la forma más oportuna posible. (Historia de la ley Nº 20.720, p. 2177).

8. Que, por tanto, al analizar la intención del legislador, queda en evidencia que dicho porcentaje se estableció con el fin último de evitar incurrir en mayores costos, tanto para la masa como para los acreedores, al momento de presentar un reparto de fondos, no siendo el objeto de la norma el impedir el reparto de fondos sólo en razón de dicho porcentaje.

9. Que, en tal sentido, si una vez reservado fondos suficientes para cubrir los gastos de administración y para el pago de créditos de mejor derecho, cuyo monto o privilegio se encuentren en litigio o pendientes de reconocimiento, existiera un remanente que permita efectuar una distribución de fondos a los acreedores que en derecho corresponda, deberá instarse a la presentación de propuesta de reparto de fondos, hasta su total tramitación y pago, aun cuando el monto de la distribución sea inferior al 5% de las acreencias que se contemplen en dicha distribución, tomando en especial consideración que la finalidad del procedimiento concursal de liquidación es el pago de las obligaciones del deudor, por lo que resulta contrario a dicho fin, devolver fondos al deudor existiendo créditos pendientes de pago en el concurso.(Ruz Lártiga, Gonzalo "Nuevo Derecho Concursal Chileno",p. 1232).

10. Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 inciso primero de la ley, el liquidador representa judicial y extrajudicialmente los intereses generales de los acreedores, siendo uno de sus deberes efectuar los respectivos repartos de fondos, según establece expresamente el Nº 3 de la citada norma, debiendo darse a las normas de la ley Nº 20.720 una debida armonización, de modo tal que su aplicación permita la obtención de los fines del concurso”.

La norma interpretativa en comento, es de toda lógica y equidad, ya que el objetivo del concurso es el pago de los créditos a los acreedores, evitando que se devuelvan fondos al deudor, no obstante existir créditos pendientes de pago y fondos disponibles para el concurso.

UNDÉCIMO: Que en relación a la garantía constitucional del derecho de protección al trabajo que consagra el numeral 16 del artículo 19 de la Constitución, la que prescribe que “Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución”, esta norma no se ve infringida por el acto administrativo reclamado, porque la actividad de los liquidadores no forma parte de aquellos trabajos que pueden emprenderse libremente. La actividad de liquidador concursal no es una actividad de libre contratación, pues se encuentra regulada por el Estado y requiere el cumplimiento de requisitos previos y habilitación del órgano regulador.

La función que realiza un liquidador concursal no es una actividad libre y desregulada. Dicha función se encuentra regulada en todos sus aspectos: iniciación, ejercicio, responsabilidad y terminación. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en el considerando 6° de la sentencia de 16 de noviembre de 2010, rol N°1413-2019.

Por otra parte, en el caso de los liquidadores concursales no estamos en presencia de un contrato de trabajo entre el Estado y el liquidador, como tampoco estamos en presencia de un cambio de las condiciones contractuales, ya que se trata de una actividad que tiene naturaleza de función pública y el procedimiento concursal también tiene una finalidad pública, todo lo cual se encuentra regulado por el Estado, por lo tanto, su retribución también se encuentra regulada.

En consecuencia, en el caso de los liquidadores concursales nos encontramos ante una actividad económica sometida a una regulación especial, creada, amparada y controlada por la ley, de tal forma que no puede considerarse amparado por la libertad de trabajo que prescribe el artículo 19 N°16° de la Constitución.

DUODÉCIMO: Que con respecto a la garantía constitucional del derecho de propiedad, establecida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, no se ve afectada dicha garantía constitucional, ya que el pago de las 30 unidades de fomento es sólo una mera expectativa que tiene aplicación cuando concurren todos los presupuestos previstos por las normas administrativas dictadas por la Superintendencia (Instructivo SIR N°1, de 15/01/2018 e Instructivo SIR N°3, de 16/11/2018), y siempre que se encuentre en el supuesto del inciso final del artículo 40 de la ley, que establece que “Si luego de practicada la diligencia de incautación y confección de inventario a que se refiere el numeral 2) del artículo 163, se constatare por el Liquidador que el Deudor carece de bienes, o que éstos son insuficientes para el pago de los honorarios que pudieren corresponderle, éste sólo tendrá derecho a una remuneración de 30 unidades de fomento, que serán pagadas por la Superintendencia con cargo a su presupuesto”. En este caso el liquidador podrá acceder a dichos honorarios. Por ende, el legislador ha previsto la posibilidad de que el liquidador retire un honorario menor a 30 UF, cuando concurren las hipótesis descritas en el inciso 2° del artículo 40 de la Ley N°20.720.

Asimismo, cabe señalar que este derecho a una justa remuneración, corresponde, como dijimos en el párrafo anterior, a una mera expectativa, en consecuencia, no existe un derecho adquirido al respecto.

Por estas razones no se vislumbra cómo puede verse afectada una justa retribución del liquidador.

Por último, en cuanto a la alegación de la recurrente que el acto administrativo sería expropiatorio, se desestimará esta alegación, debido a que no se puede expropiar una mera expectativa, ya que el honorario que espera recibir el liquidador es una eventual remuneración que no se ha radicado en su patrimonio.

DÉCIMO TERCERO: Que de las consideraciones precedentes expuestas sólo resta concluir que la Resolución Exenta N°2060, de 25 de abril de 2022, de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento , se encuentra ajustada a derecho, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad en su dictación, por lo que no se han vulnerados las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, numerales 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, teniendo, además presente, que la Asociación Gremial de Liquidadores Concursales no tiene legitimación activa, ya que no individualiza a persona determinada alguna que pudiera ser afectada por dicho acto administrativo. En consecuencia, al no observar la existencia de un acto ilegal o arbitrario, sólo resta rechazar la acción cautelar.

Por las consideraciones anteriores, y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de 17 de julio de 2015, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por la Asociación Gremial de Liquidadores Concursales en contra de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Claudio Gonzalo García Lamas Nº Protección 81141-2022 Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada por el Ministro señor Alejandro Aguilar Brevis y por el Abogado Integrante señor Claudio Gonzalo García Lamas. No firma el Abogado señor García por haber terminado sus funciones.