ADMNITRADORA DE CREDITOS SOLVENCIA S.A con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO

Santiago, veinticuatro de noviembre de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 32 comparecen nombre reservado, Gerente General, y nombre reservado, Gerente de Administración y Finanzas, en representación de Administradora de Créditos Solvencia S.A., todos domiciliados en domicilio reservado, e interponen recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Santiago, representada legalmente por la Inspectora del Trabajo María Leonor nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido al dictar la Resolución de multa N° 1335/15/33-2 de 24 de julio de 2015, que vulneraría el derecho que la Constitución Política de la República asegura y protege a la empresa mencionada en el N° 3 del artículo 19.

Se alega en el recurso que la referida resolución de multa no cumple con el requisito de fundamentación que el artículo 40 de la Ley N° 19.880 exige a todo acto administrativo, pues la fiscalizadora señora nombre reservado no sustentó suficientemente la multa cursada, “ya que con la sola lectura de los hechos constatados no se puede inferir claramente los hechos imputados”. Precisan los recurrentes que la resolución sanciona a Administradora de Créditos Solvencia S.A. por “no pagar correctamente las remuneraciones consistentes en comisiones (score) con la periodicidad estipulada en el contrato, respecto de los trabajadores y período que se indica…”, agregando que dicha conducta infringiría el artículo 55 del Código del Trabajo.

En este sentido, sigue el recurso, no puede determinarse si la multa impuesta se debe a que las comisiones pactadas no fueron pagadas dentro del plazo estipulado en el contrato, o si existe un error de cálculo en las comisiones pactadas, las cuales son liquidadas y pagadas al mes siguiente al que fueron devengadas, o si éstas fueron liquidadas y pagadas con posterioridad al plazo establecido en la ley, lo que deja a la compañía en total indefensión, pues imposibilita una correcta defensa.

Termina el recurso indicando que la actuación de la Inspección Provincial del Trabajo Santiago constituye un acto arbitrario, desde el momento en que no fundó suficientemente la Resolución de Multa N° 1335/15/33-2, afectando con ello la garantía constitucional aludida, que tutela la igualdad ante la justicia y el debido proceso.

Segundo: Que a fojas 64 la recurrida evacúa el informe que le fuera requerido y expone que con motivo de una solicitud formulada por el Sindicado Nacional de Empresa Administradora de Crédito Solvencia S.A. de 8 de mayo 2015, y siguiéndose el procedimiento establecido en la Circular N° 88 del 21 de julio de 2001 y sus modificaciones posteriores, se realizó una visita inspectiva a dependencias de la recurrente el 8 de julio del año en curso, en la que se entrevistó a miembros del Sindicato y a algunos de los trabajadores presentes. Añade que el representante de la empresa manifestó lo que estimó pertinente y luego de analizados todos los antecedentes se cursó la multa N° 1335/2015/33-1-2 por las siguientes infracciones: no consignar por escrito en el contrato de trabajo o en anexo del contrato de trabajo de los trabajadores de la campaña de Movistar, al no escriturar la labor o función agregadas correspondiente a la de aceleramiento de cuota (cobrar adelantadamente cuotas pendientes de equipo por cambio de portabilidad numérica) y servicio al cliente; afectando a los trabajadores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; no pagar correctamente las remuneraciones consistentes en comisiones (score) con la periodicidad estipulada en el contrato, respecto de los trabajadores y períodos que se indican: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, respecto del periodo julio 2014 a julio 2015.

Seguidamente se expone en el informe que la actuación de la Inspección del Trabajo Santiago se encuentra exenta de toda ilegalidad o arbitrariedad, al haberse dictado dentro de la competencia que la ley le confiere y previa ponderación de los hechos y normativa aplicable.

Sin perjuicio de lo anterior, se plantea en el informe la improcedencia de la acción interpuesta atendida la naturaleza del acto recurrido, pues si bien el artículo 20 de la Carta Fundamental expresa que este recurso puede deducirse “sin perjuicio de los demás derechos que se pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, ello no significa que pueda transformarse o utilizarse como un sustituto procesal de los procedimientos específicos contemplados en la ley -procedimiento de reconsideración administrativa y reclamación judicial de multas- como medios de impugnación en contra de la resolución recurrida y así lo ha declarado uniformemente la jurisprudencia de la Corte Suprema.

De este modo, concluye sobre el punto, el recurso de autos es del todo improcedente, por cuanto éste se ha interpuesto respecto de una resolución administrativa respecto de la cual la ley establece procedimientos específicos de impugnación, tanto en sede administrativa como en sede judicial.

A continuación el informe alega que tanto la Dirección del Trabajo como las Inspecciones del Trabajo deben actuar con estricto apego a los mandatos constitucionales y legales y dentro de la esfera de sus atribuciones, so pena de incurrir en actos nulos y en responsabilidades susceptibles de ser sancionadas conforme a derecho. En el caso de autos, precisa, el fiscalizador actuó en pleno cumplimiento del mandato legal previsto en el artículo 505 del Código del Trabajo y en el artículo 1 ° de la respectiva Ley Orgánica, toda vez que constatando el incumplimiento de la norma legal y la negativa del empleador a sus instrucciones, procedió a cursar la infracción contemplada en el Art. 477 del Código del ramo (actual artículo 506 del Código del Trabajo), sin arrogarse en momento alguno labor alguna ajena a sus funciones eminentemente administrativas.

Asimismo, termina el informe, no se aprecia cómo podría calificarse de arbitrario el acto recurrido, pues éste ha tenido como fundamento la constatación y reconocimiento de la recurrente de hechos que por sí mismos constituyen una infracción directa a los mandatos legales previstos en el artículo 55 inciso 1°, en relación con los artículos 7° y 506 del Código del Trabajo, entre otras normas aplicables. En tales condiciones, finaliza, el recurso debe ser declarado sin lugar.

Tercero: Que conforme lo han resuelto permanentemente los Tribunales Superiores de Justicia, el recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que deben adoptarse ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese ejercicio.

Como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley - o arbitrario -es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas.

Cuarto: Que la recurrida Inspección Provincial del Trabajo Santiago, luego de la fiscalización de rigor, atribuyó a la empresa recurrente determinadas infracciones a la legislación laboral y cumplidas que fueron las formalidades previstas para este tipo de procedimientos, dictó la resolución de multa que motiva la acción de protección. En razón de lo anterior, no se divisa de qué forma pudo haber incurrido en ilegalidad ni tampoco en la arbitrariedad que se denuncia, pues el acto administrativo contra el que se reclama ha sido dictado dentro de la esfera de competencia de la Inspección Provincial del Trabajo y aparece suficientemente fundado, sin perjuicio de lo que pueda eventualmente resolverse por los tribunales competentes, sean de naturaleza administrativa o judicial, en caso de interponerse los reclamos o recursos que prevé el legislador.

Dicho de otro modo, la entidad recurrida no ha incurrido en alguna actuación que pueda reprochársele por la presente vía, pues ha actuado dentro del marco de sus atribuciones fiscalizadoras y con ocasión de considerar cometida una infracción a la legislación laboral, lo que determina que el recurso deba ser rechazado.

Quinto: Que, a mayor abundamiento, el artículo 20 de la Constitución Política contempla el recurso de protección cuando la vulneración del N° 3 del artículo 19 se refiere específicamente al inciso quinto de ese precepto. Conforme a esta regla, nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.

Pues bien, en parte alguna del recurso se ha sostenido que la Inspección Provincial del Trabajo Santiago se hubiere constituido en una suerte de “comisión especial”, de modo tal que también por este motivo la acción de protección intentada corresponde sea desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado y nombre reservado, en representación de Administradora de Créditos Solvencia S.A., en lo principal de la presentación de fojas 32.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N° 80.965-2015.- Pronunciada por la Cuarta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázurriz e integrada por el Ministro (s) señor Pedro Advis Moncada y la Fiscal Judicial señora nombre reservado.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veinticuatro de noviembre de dos mil quince, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.