nombre reservado con CAJA LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que se dedujo acción de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto arbitrario e ilegal consistente en haber efectuado descuentos por planilla sobre su remuneración mensual, perturbando el legítimo ejercicio de la garantía contenida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Solicita se acoja el recurso y en definitiva se ordene a la recurrida la devolución de todas las sumas descontadas de sus remuneraciones, y que se abstenga de realizar nuevas retenciones, con costas.

Expone que en el año 2017 contraje un mutuo de dinero con la recurrida, denominado “crédito social”, el cual fue pactado en diversas cuotas, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el art. 22 de la ley 18.833. Sin embargo, transcurridos unos meses, por causas ajenas a su voluntad, fue desvinculada de su trabajo, perdiendo mi única fuente de ingresos, cayendo por tanto en mora por el mutuo referido a partir de la cuota N° 22. En diversas ocasiones se dirigió a sucursales de la recurrida a intentar regularizar la situación, sin embargo, la única opción que ofrecieron era repactar la deuda, con todo el incremento artificial de la misma que esto conlleva.

Así las cosas, la recurrida declinó de hacer el cobro individual de cada cuota morosa, haciendo exigible la totalidad mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración que conlleva la interposición de la demanda ejecutiva por el total adeudado. En consecuencia, La Caja Los Andes interpuso la demanda ejecutiva con fecha 15 de septiembre de 2020, quedando legalmente emplazado de la misma el 10 de noviembre del 2020, todo esto en causa rol C-14127-2020, seguida ante el 3º Juzgado Civil de Santiago.

No obstante lo anterior, y para su sorpresa, en su liquidación de sueldo del mes de diciembre del 2022 figura un descuento de $219.675 respectivamente efectuado por Caja de Compensación Los Andes. Es decir, a pesar de existir un juicio pendiente en sede civil, donde se discute la efectividad de la deuda, la recurrida, incurriendo en una completa arbitrariedad, procedió a efectuar un descuento incluso superior a la cuota originalmente pactada $140.301 que consta en la misma demanda ejecutiva-.

Concurrió al área de R.R.H.H. de mi empleador en busca de una respuesta, pero le indicaron que la retención fue hecha por voluntad exclusiva de la recurrida. Ante esto, concurre a la sucursal más cercana de dicha entidad, pero no pudieron explicarle el porqué del descuento a pesar de existir un juicio pendiente, ni tampoco el cálculo que se hizo para determinar la suma retenida.

El actuar de la recurrida es un acto arbitrario, antojadizo y caprichoso, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador. Es más, dicho descuento se trata sin duda del ejercicio de la anacrónica autotutela, pues haciendo mal uso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades, descuentan una suma antojadiza de la remuneración de mi representado, en paralelo al cobro judicial tendiente a embargar y rematar bienes.

Así las cosas, sufrió un acto ilegal y arbitrario que la privó y perturbó de su derecho de propiedad sobre $219.675 de su remuneración. Sobre la arbitrariedad del acto que venimos a recurrir, vale recalcar que la recurrida al momento interponer la demanda ejecutiva manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, lo que también implica que conscientemente declinó de perseguir el pago individual de las cuotas. En consecuencia, resulta del todo caprichoso y arbitrario que habiendo ejercido la cláusula de aceleración, y estando ello en tramitación en sede civil, Caja Los Andes ordene retención de montos cercanos al de una cuota. En palabras simples, la recurrida inicialmente la priva de seguir pagando sus cuotas como fue estipulado inicialmente, y luego, mientras exige el total por vía judicial, de forma paralela y por vías de hecho obtiene un pago parcelado y mensual semejante y supeior a un pago en cuotas, todo esto, a su conveniencia.

SEGUNDO: Que al evacuar su informe, la recurrida solicitó el rechazo del recurso, dando cuenta que con fecha 03 de noviembre 2017, otorgo a la señora nombre reservado la operación de crédito código N° 165CON100192047 por un capital inicial de $3.144.759.-, a una tasa de Interés de 2.05%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota mensual de $140.301, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de enero 2018.

A la fecha, la presente operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo en estado moroso de los meses de mayo 2022 a febrero 2021 (sic).

No obstante anterior, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, su parte ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, desde enero de 2023.

En estas circunstancias, solicita el rechazo de la acción de protección por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que sin perjuicio de lo anterior, teniendo en consideración lo solicitado en el petitorio del arbitrio de marras, esto es, que se dejen sin efecto los descuentos efectuados sobre las remuneraciones del recurrente y se restituyan los montos descontados, y habiéndose informado por la recurrida que se ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado, excluyéndose dicha operación de las planillas de cobro que se dirigen a su empleador, así como también indicó expresamente que restituirá aquellas sumas descontadas con ocasión del crédito reclamado, es que esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho a favor de la actora.

SEXTO: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo y que hace innecesario e impertinente cualquier mayor análisis en relación a las alegaciones vertidas por los intervinientes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Caja De Compensación De Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-809-2023.