nombre reservado con nombre reservado (VISTA EN POS IC 80864-2022)

C.A. de Santiago Santiago, trece de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, abogado, interponiendo recurso de protección en contra de Fiscal Nacional del Ministerio nombre reservado, don Jorge Abbott Charme, y en base a la representación que inviste del Ministerio Público, por el acto ilegal y arbitrario, consistente en no otorgarle el bono por gestión de desempeño regulado en el artículo 77 inciso tercero de la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio nombre reservado, y artículo 3 de la ley N° 20.240, que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y de funcionarios del Ministerio nombre reservado, pese a cumplir con todos los requisitos señalados en dicha ley, acto contenido en el oficio FN N° 317/2022, de 27 de abril de 2022, lo que a su parecer ha vulnerado las garantías constitucionales establecidas en los números 2, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Como antecente señala que cuenta con título profesional de abogado y desde el año 2007 se desempeña en el Ministerio nombre reservado, específicamente como abogado asesor en la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, con asiento en la comuna de Santiago.

Expone que el artículo 77 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público ha establecido el sistema de remuneraciones de fiscales y funcionarios del Ministerio nombre reservado, en el cual se fija la posibilidad de otorgar bonos por desempeño individual, basados en la evaluación del desempeño del personal y cumplimiento de metas; que asimismo, el artículo 3 de la Ley 20.240 que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y de los funcionarios del Ministerio Público establece el derecho de percibir el bono de gestión institucional y los requisitos para su obtención, estableciendo que “Tendrá derecho a percibir el bono de gestión institucional, el personal que cumpla los siguientes requisitos: a) Que haya prestado servicios durante un plazo no inferior a seis meses, en forma continua o discontinua, en el año calendario en que debió cumplirse el Compromiso de Gestión Institucional. Para estos efectos, no se considerará tiempo efectivamente trabajado el correspondiente a los permisos sin goce de remuneraciones ni a licencias médicas con la sola excepción de los períodos originados por licencias médicas por accidentes del trabajo a que se refiere la ley N° 16.744, incluidos los descansos previstos en los artículos 195 y 196, así como el permiso postnatal parental del artículo 197 bis, todos del Código del Trabajo. b) Que no haya sido sancionado por hechos o conductas ocurridos o efectuadas durante el año en que debió cumplirse el Compromiso de Gestión Institucional, con alguna medida disciplinaria o administrativa de mayor gravedad que la amonestación privada contemplada en la ley N° 19.640 o en el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público. c) Que no haya sido calificado con nota inferior a 5,0 en la evaluación de desempeño individual inmediatamente anterior a la fecha de pago del bono por gestión institucional. d) Que esté en servicio a la fecha del pago del bono.

Señala que en consecuencia se puede concluir que el legislador ha fijado los requisitos para obtener el bono por gestión de desempeño y, particularmente en lo referido en la letra a) del artículo 3 de la ley N° 20.240, cuales son las circunstancias en que no se considerará como tiempo efectivamente trabajado.

Refiere que en el mes de marzo de 2022 debió percibir el precitado bono de desempeño, en tanto cumplía con todos los requisitos, a saber, indica que prestó servicios durante el año anterior, no haciendo uso ni de permisos sin goce de remuneraciones ni licencias médicas por un plazo superior a 6 meses; que no fue sancionado por hechos o conductas ocurridas o efectuadas durante el año en que se cumple el Compromiso de Gestión Institucional; que fue calificado con nota 6,2 en la evaluación de desempeño individual inmediatamente anterior a la fecha de pago del mencionado bono; que hasta la fecha, sigue en servicio en la institución.

En atención a lo anterior, con fecha 18 de abril de 2022 el recurrente envió correo electrónico solicitando se dispusiera su pago oportuno a la brevedad por la vía más expedita al efecto, a lo que con fecha 03 de mayo se le notificó oficio FN N° 317/2022, de 27 de abril de 2022 con la respuesta a su solicitud.

Fundamenta su recurso señalando que la resolución recurrida hace una interpretación completamente alejada de lo dispuesto en la letra a) del artículo 3 de la Ley 20.240 al señalar que prestó servicios durante 151 días, registrando un total de 214 días no trabajados, por lo que no podría acceder al bono, por cuanto omite considerar que la cantidad de días señalados como no trabajados no responde a ninguna de las dos circunstancias que taxativamente señala la norma precitada, sino por encontrarse suspendido preventivamente, por orden del Fiscal Regional Metropolitanto Sur, durante una investigación administrativa. Por lo que argumenta, sería el propio señor Fiscal Nacional del Ministerio nombre reservado quien, mediante actos administrativos aplica extensivamente estos efectos, a circunstancias fuera de las consideradas como tiempo no trabajado, vulnerándose con ello su derecho de propiedad sobre las remuneraciones o bonos obtenidos e intepretando de manera arbitraria, ilegal e inadecuadamente una norma que es clara, y se le priva del bono al cual señala, tiene derecho, por expresa disposición legal.

A continuación hace referencia a los requisitos de admisibilidad del recurso de protección, y su normativa legal dispuesta en el artículo 20 de la Constitución Politica de la República, señalando que la acción cautelar cumple con todas y cada una de las condiciones contenidas en la norma precitada, y que el presente recurso se ha interpuesto dentro de plazo, en atención a que el mismo se computa desde fecha 03 de mayo de 2022 en que le notifican vía correo electrónico la resolución que causa agravio.

En cuanto a la existencia de una conducta ilegal o arbitraria, reitera que la resolución recurrida deviene en un acto ilegal y arbitrario, en tanto agrega requisitos inexistentes para acceder al bono de desempeño que regula el artículo 77 de la Ley Organica Constitucional del Ministerio Público y 3 de la ley N° 20.240, no obstante cumplir con todos y cada uno de los requisitos que señala la ley.

Que respecto a la vulneración de derechos contemplados en el artículo 19 de la Constitución de la República, señala que con el acto recurrido se vulnera la garantía dispuesta en el numeral 2, al aplicársele una excepción adicional, no existente en la ley; y el numeral 24, al habérsele privado de un beneficio económico, y de dominio sobre su remuneración, creando una diferencia de trato fuera de los casos previstos en la ley, sin razón suficiente.

Agrega que existe una relación de causalidad entre la decisión del Fiscal Nacional del Ministerio Público y la forma en que se produce la privación, perturbación o amenaza a los derechos constitucionales que se denuncia en este recurso de protección, ya que si el Fiscal hubiese ponderado conforme derecho, sencillamente no podría haber dictado la resolución recurrida, debiendo haber ordenado el otorgamiento del mencionado bono de desempeño, haciendo aplicación correcta de los artículos ya citados, en tanto cumplía con todos los requisitos señalados en dicha norma.

Concluye solicitando a esta Ilustrísima Corte de Apelaciones acoger en todas sus partes el recurso interpuesto, y que se ordene al señor Fiscal Nacional del Ministerio nombre reservado dejar sin efecto la resolución recurrida, y en definitiva, se ordene promover los actos administrativos que den curso al pago del bono por gestión de desempeño, o lo que se estime pertinente para cautelar los derechos fundamentales afectados SEGUNDO: Que evacúa informe al tenor de lo solicitado el Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbot Charme, abogado, solicitando el rechazo de la acción interpuesta, con condena en costas.

Primeramente, señala que se hace necesario precisar algunos hechos expuestos y otros omitidos por el recurrente respecto de su situación profesional en el Ministerio Público. Así, en cuanto a que el recurrente fue sancionado disciplinariamente con la medida de suspensión de funciones en el mes de mayo de 2021, indica que mediante Resolución IA N°3/2020 de fecha 07 de julio de 2020 el Fiscal Regional Metropolitano Sur ordenó instruir una investigación administrativa a objeto de establecer la efectividad de la ocurrencia de los hechos y determinar si estos constituyen infracciones administrativas, en contra del fiscal adjunto Patricio Rosas Ortiz y el abogado asesor nombre reservado. Por Resolución FRMS N°03-01/2020, de 21 de julio de 2020, el Fiscal Regional Metropolitano Sur, dispuso la suspensión de sus funciones, de los investigados mientras dure la investigación administrativa iniciada y a contar de la notificación a los investigados, sin perjuicio de su revisión durante la tramitación, con nuevos antecedentes. Finalmente, por Resolución FN/MP N° 519 de 31 de mayo de 2021 el Fiscal Nacional dispone en definitiva, aplicar la sanción disciplinaria de Suspensión de Funciones por dos meses con goce de media remuneración. De esta manera, el recurrente se mantuvo suspendido en funciones entre el 21 de julio de 2020 y el 1 de junio de 2021 como medida preventiva, y entre el 2 de junio y el 2 de agosto de 2022, agrega que durante todo el tiempo de suspensión preventiva, percibió íntegramente sus remuneraciones y por los dos meses de aplicación de la medida disciplinaria, percibió media remuneración.

Agrega que, contrario a lo señalado en el recurso, el recurrente no tuvo evaluación el año 2021. Lo anterior, en atención a lo dispuesto en el artículo 20 y 22 del Reglamento del Sistema de Evaluación del Desempeño, considerando que trabajó sólo 151 días, por lo que no cumple con el tiempo mínimo de desempeño que permite ser evaluado, no realizó trabajo por un tiempo que resulte medible, no cumplió metas, no pudo ser evaluado, en consecuencia, en su caso, se aplicó lo dispuesto en el inciso final del artículo 22 del Reglamento recién citado, conservando la evaluación del año anterior.

En cuanto al recurso, primero, argumenta que debe ser rechazado por extemporáneo en atención que se impugna la respuesta a su petición de 18 de abril por la que se solicita un informe y se tomen las providencias para el pago del bono de desempeño, que, según el recurrente indica, se percató que no había sido pagado en marzo de 2022. En consecuencia, para la parte recurrida, la omisión que reclama, esto es, el no pago de bonos junto con sus remuneraciones del mes de marzo, se habría producido el día 18 de marzo de 2022, debiendo contarse el plazo desde dicha fecha.

En segundo lugar, expone que debe ser rechazado por carecer de fundamentos, en cuanto al requisito de la letra a) artículo 3 de la Ley 20.240, señala que tanto en el Mensaje de la Ley, como en el análisis y discusión parlamentaria, constituye un beneficio económico para quienes participan de la consecución de los objetivos o metas institucionales y el recurrente sólo aportó 151 días de trabajo al cumplimiento de objetivos institucionales, lejos del mínimo que exige la ley para otorgar el beneficio. Argumenta que se evidencia que la interpretación restrictiva que quiere darse a la segunda parte de la letra a) del artículo 3° no se ajusta al propósito de la ley ni a la intención del legislador.

Asimismo, agrega tampoco cumple con el requisito de la letra c) por cuanto no tuvo evaluación de desempeño, por los motivos ya expuestos.

Concluye señalando que el Ministerio Público ha actuado con apego a la ley y al sentido del establecimiento de estos incentivos al desempeño, no existiendo vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, en la medida que la decisión de no pagar incentivos al recurrente es consecuencia de la aplicación de las mismas disposiciones a todos los fiscales y funcionarios ni tampoco puede haber afectación al derecho de propiedad, en tanto los incentivos se devengan respecto de quienes cumplen los requisitos para acceder a ellos, condición que, hemos demostrado, no cumple el recurrente, solicitando el rechazo del recurso con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, ante lo cual el afectado puede recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, a fin que se adopten de inmediato las providencias que fueren necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección que se reclama.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contraria a derecho, en el sentido de vulnerar éste un precepto legal o, que el acto u omisión sea arbitrario, esto es, que provenga del mero capricho de quien incurre en él, y que en uno u otro caso tal conducta del Estado o de particulares, provoque al afectado privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de una o más garantías constitucionales.

QUINTO: Que el acto que el recurrente nombre reservado estima ilegal y arbitrario de parte del Fiscal Nacional del Ministerio Público, Jorge Abott Charme, es la decisión contenida en el acto administrativo, Oficio FN Nº 317/2022, de fecha 27 de abril de 2022, que ha vulnerado sus garantías constitucionales contenidas en los numerales 2º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al no hacer lugar a su petición de otorgar un bono por gestión de desempeño, regulado en el inciso tercero, del artículo 77 de la Ley Nº 20.240, que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, no obstante que, a juicio del recurrente, cumple con todos los requisitos señalados en dichas disposiciones legales.

Por ello el recurrente solicita a esta Corte que acoja el recurso, se ordene al Fiscal Nacional dejar sin efecto la resolución recurrida y que, en definitiva, disponga los actos administrativos que correspondan para dar curso al pago del bono de gestión de desempeño, o lo que se estime pertinente para cautelar los derechos fundamentales afectados.

SEXTO: Que, como cuestión formal previa la parte del Fiscal Nacional del Ministerio Público, solicitó el rechazo del recurso por extemporáneo.

Sostiene que el recurrente nombre reservado presentó este recurso el día 2 de junio de 2022, por medio del que impugna su petición de 18 de abril, del mismo año, por la que solicita un informe y se tomen las medidas para el pago del bono de desempeño durante el año 2021, que, según señala, se percató que no había sido pagado en marzo de 2022, fecha en que tomó conocimiento de la omisión del no pago del bono de gestión reclamado.

Indica que, por disposición del artículo segundo, inciso final de la Ley Nº 20.240, el bono de gestión institucional se pagará en una sola cuota el mes de marzo del año siguiente al de cumplimiento de las metas respectivas.

En consecuencia, agrega, la omisión que se reclama, esto es, el no pago del bono antes mencionado junto con las remuneraciones del mes de marzo, se habría producido el día 18 de marzo de 2022, por consiguiente, la omisión que denuncia el recurrente, esto es, el no pago del bono al haberse producido con esa fecha, en la que el recurrente tomó conocimiento, al 2 de junio de 2022, fecha en que se interpuso el presente recurso de protección, éste resulta extemporáneo, al tenor de lo establecido en el Nº 1 del Texto Refundido del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, que dispone: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

SÉPTIMO: Que, se desestima la alegación de extemporaneidad del recurso deducida por parte del Ministerio Público, atendida la actual regulación del procedimiento de tramitación de admisibilidad del recurso de protección, en cuanto al plazo para interponer la acción de protección que contempla el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, cuyo alcance determina que, en la especie, precluyó tal aspecto formal durante la etapa de tramitación el arbitrio.

OCTAVO: Que, cabe recordar que el artículo 6º de la Constitución Política de la República, señala que los órganos del Estado actúan válidamente, previa investidura regular de sus integrantes y dentro del ámbito de sus competencias.

Luego, cabe tener presente que el artículo 77 de la Ley Nº 19.640, Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, contiene disposiciones para el Fiscal Nacional del Ministerio Público en torno a la gestión de personas, enfatizando la importancia de considerar favorablemente a los fiscales y funcionarios el valor que con ellos cuenta la Institución y aplicar, en consecuencia, “(…) el sistema de remuneraciones de acuerdo a los criterios objetivos, permanentes y no discriminatorios”.

En el mismo sentido, el inciso segundo de dicha norma, permite al Fiscal Nacional, establecer:”(…) las circunstancias objetivas que se considerarán para determinar la remuneración a que tendrán derecho los fiscales adjuntos, dentro de los tramos señalados en el artículo 75, y aquella con la que serán contratados los funcionarios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76.”

El inciso tercero de este mismo artículo, guarda relación directa con lo discutido en autos, al precisar que el Fiscal Nacional debe considerar que: “ (…) el sistema de remuneraciones contempla también nonos por desempeño individual basados en los resultados de la evaluación del personal y bonos de gestión institucional por el cumplimiento de las metas que se establezcan.”

Por su parte, el inciso cuarto y final del artículo 77 en estudio, enseña: “(…) Las metas por gestión institucional dirán relación con la oportunidad y eficiencia del desempeño laboral y con la calidad de los servicios prestados, teniendo en cuenta la cantidad, complejidad y naturaleza de los casos que estén bajo la responsabilidad de la unidad respectiva, sí como los medios humanos y materiales con que cuenten.”

Luego, el artículo 3º de la ley Nº 20.240, dispone: "Tendrá derecho a percibir el bono de gestión institucional, el personal que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que haya prestado servicios durante un plazo no inferior a seis meses, en forma continua o discontinua, en el año calendario que debió cumplirse el Compromiso de Gestión Institucional. Para estos efectos, no se considerará tiempo efectivamente trabajado el correspondiente a los permisos sin goce de remuneraciones ni a licencias médicas con la sola expresión de los períodos originados por licencias médicas con la sola excepción de los periodos originados por licencias médicas por accidentes del trabajo a que se refiere la ley Nº 116.744, incluidos los descansos previstos en los artículos 195 y 196, así como el permiso postnatal parental del artículo 197 bis, todos del Código del Trabajo.

b) Que no haya sido sancionado por hechos o conductas ocurridos o efectuadas durante el año que debió cumplirse el Compromiso de Gestión Institucional, con alguna medida disciplinaria o administrativa de mayor gravedad que la amonestación privada contemplada en la ley Nº 19.640 o en el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público.

c) Que no haya sido calificado con nota inferior a 5,0 en la evaluación de desempeño individual inmediatamente anterior a la fecha de pago del bono por gestión institucional.

d) Que esté en servicio a la fecha del pago del bono”.

NOVENO: Que, tales son las normas de la Ley Nº 19.640 y 20.240, respectivamente, que el recurso dice haber sido infringidas por la autoridad recurrida; sin embargo, cabe tener presente que, además resultan atinentes en la materia las reglas institucionales orgánicas del Ministerio Público, que persiguen establecer que sus funcionarios cumplan adecuadamente el ejercicio de las funciones del cargo, o sea, cuando actúan como tales, las que deben ser concordadas con las anteriores.

DÉCIMO: Que, en efecto, por el capítulo del recurso, dentro de la institucionalidad orgánica del Ministerio Público se encuentra el régimen de evaluaciones de desempeño, el que se rige por lo dispuesto en los artículos 78 a 80 de la Ley 19.640, Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, potestad que según el artículo 79, está radicada en el Fiscal Nacional, que avalúa anualmente a los Fiscales Regionales, el Fiscal Regional del Ministerio Público que evalúa anualmente a los fiscales adjuntos, por tener éste funcionalmente tal atribución dentro del territorio de su competencia y, por último, los funcionarios evaluados por el superior jerárquico correspondiente, respectivamente.

Por su parte, el artículo 78, señala: “Los fiscales y funcionarios del Ministerio Público serán evaluados de acuerdo a las normas del reglamento que dictará el Fiscal Nacional, el que establecerá un mecanismo público y objetivo de evaluación y reclamación.

Los criterios de evaluación deberán considerar, a lo menos, el cumplimiento de metas establecidas y la calidad del trabajo realizado.”

En fin, el artículo 80, dispone: “Las evaluaciones servirán de base para determinar los bonos que corresponda otorgar de acuerdo al reglamento, así como de antecedentes en aquellos casos en que se postule a un grado o cargo superior a se solicite la remoción o el término del contrato de trabajo.”

UNDÉCIMO: Que, enseguida, no es discutido en autos que en contra del Abogado Asesor Roberto Contreras Puelles, por resolución IA Nº 3, de 7 de julio de 2020, del Fiscal Regional Metropolitano Sur, se instruyó investigación disciplinaria, iniciada también en contra del Fiscal Adjunto Patricio Rosas Ortiz, y por Resolución FRMS Nº 03-01/2020, de 21 de julio de 2020, de mismo superior, se dispuso la suspensión de sus funciones, mientras durare la investigación iniciada, en la que, con fecha 7 de septiembre de 2022, se formularon cargos, los que fueron respondidos mediante la evacuación de descargos de fecha 5 de noviembre de 2020.

Tampoco se discute que el Fiscal Regional Metropolitano Sur, por resolución IA Nº 03-11/2020, de 29 de abril de 2021, en consideración al informe del fiscal investigador de 27 de abril de 2021, aprueba la investigación y resuelve aplicar al recurrente nombre reservado la medida disciplinaria de Remoción.

Enseguida, con fecha 11 de mayo de 2021, el Fiscal Regional rechaza la reposición interpuesta por el recurrente y eleva para el conocimiento y resolución del Fiscal Nacional la apelación subsidiaria.

Por último, por Resolución FN/MP Nº 519, de 31 de mayo de 2021, el Fiscal Nacional acoge parcialmente la apelación, sólo en cuanto rebaja la sanción aplicada, y en definitiva impone la sanción disciplinaria de Suspensión de Funciones por dos meses con goce de media remuneración mensual. Por Resolución FN/MP Nº 565 de 14 de junio de 2021, se rechazó la reposición interpuesta, y en definitiva, por Resolución FN/MP Nº 651, de 9 de julio de 2021, se rechaza la solicitud de tener por cumplida la medida disciplinaria de Suspensión de Funciones, con la medida cautelar preventiva de suspensión funciones aplicada durante el sumario disciplinario.

DUODÉCIMO: Que, de acuerdo con las normas legales analizadas en el considerando Décimo de esta sentencia, cabe concluir que las evaluaciones de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, deberán hacerse de acuerdo a las normas del Reglamento dictado en uso de sus atribuciones por el Fiscal Nacional, y según el inciso segundo del artículo 78 de la Ley Nº 119.640, eso es, “(…) los criterios de evaluación deberán considerar, a lo menos, el cumplimiento de metas establecidas y la calidad del trabajo realizado.” Asimismo según el artículo 80, de esa misma ley:“ (…) Las evaluaciones servirán de base para determinar los bonos que corresponda otorgar de acuerdo al reglamento,(…).”

Que, por su parte el Reglamento del Sistema de Evaluación del Desempeño, el artículo 20, dispone:

“La evaluación del desempeño deberá ser aplicada a todos los fiscales y funcionarios, que en un período de evaluación hayan cumplido al menos 180 días de desempeño efectivo en la institución, ya sea en forma continua a discontinua dentro del respectivo período. Par estos efecto, se descontarán los permisos sin goce de sueldos y las licencias médicas del período, incluidas las licencias maternales y de accidentes del trabajo, de trayecto o de enfermedad profesional.”

Del mismo modo, el artículo 22, indica: "No serán Evaluados: (…)

c) Los fiscales o funcionarios que, conforme a este Reglamento, se hubieren desempeñado efectivamente en el Ministerio nombre reservado por un lapso inferior a ciento ochenta días efectivos, ya sea en forma continua o discontinua, dentro del respectivo período.

Los fiscales o funcionarios que no se evalúan durante un período conservarán la evaluación del año anterior.”

DÉCIMO TERCERO: Que, en tales circunstancias, se comprueba que el recurrente nombre reservado, al no haber desempeñado sus funciones durante el año 2021, debe aplicársele lo establecido en el inciso final del artículo 22 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Desempeño, que dispone que conserva “(…) la evaluación del año anterior.” Lo que impide durante el período incorporarlo al sistema de incentivo al desempeño, que otorga el beneficio de bonos de gestión a los fiscales y funcionarios, supeditados a un cumplimiento efectivo de las metas de rendimiento que se hayan establecido para el año en que el recurrente no desempeñó funciones, pues, el incentivo al desempeño necesariamente se otorga mediante bonos de gestión, entendido como un beneficio económico incorporado a la remuneración que atiende exclusivamente al valor efectivo del trabajo anual de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público.

Y, lo dispuesto, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia de la Excma. Corte Suprema de Justicia, se resuelve:

Que se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de Jorge Abbott Charme, Fiscal Nacional del Ministerio Público, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción del Ministro Jorge Zepeda Arancibia.

N°Protección-80865-2022.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Jorge Luis Zepeda Arancibia, señor Tomás Gray Gariazzo y el Abogado Integrante señor Euclides Ortega Duclercq.

En Santiago, trece de junio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.