nombre reservado con CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, abogada, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (en adelante e indistintamente, CAPJ), por haberle negado arbitrariamente el pago de los bonos por desempeño institucional, individual y colectivo.

Señala que esta actuación es ilegal y arbitraria, por cuanto se funda en la aplicación de una norma declarada inaplicable por inconstitucionalidad, estableciendo una diferencia carente de sustento racional respecto de otras situaciones de salud. Sostiene que con ello se vulneran los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad, garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas en su artículo 19 N°1, N°2 y N°24, por lo que solicita el pago retroactivo y futuro de los referidos emolumentos.

Refiere la recurrente que se desempeña como relatora titular de la Corte de Apelaciones de Santiago y que enfrenta una compleja situación de salud, pues padece dos patologías oncológicas que requirieron intervenciones quirúrgicas y extensos períodos de reposo médico debidamente justificados. Indica que, pese a haber obtenido una calificación sobresaliente y haber contribuido al cumplimiento de las metas institucionales durante los días efectivamente trabajados, habiendo retornado a sus funciones el 8 de enero de 2025, la entidad recurrida omitió el pago del incremento por desempeño en la liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de marzo del mismo año.

Expone que el artículo 4° de la Ley N°19.531, que reajusta e incrementa las remuneraciones del Poder Judicial, modificado por la Ley N°20.224, establece que no tendrán derecho a percibir los mencionados bonos “los funcionarios que sean calificados en lista condicional o deficiente, ni aquellos que, durante el año anterior al pago del mismo, no hayan prestado servicios efectivos en el Poder Judicial, en la Academia Judicial o en la Corporación Administrativa del Poder Judicial durante a lo menos seis meses, con la sola excepción de los períodos correspondientes a licencias médicas por accidentes del trabajo a que se refiere la Ley N°16.744, incluidos los descansos previstos en los artículos 195 y 196, así como el permiso postnatal parental del artículo 197 bis, todos del Código del Trabajo”.

Agrega que, tras impugnar formalmente dicha omisión el 14 de abril de 2025 recibió una respuesta negativa por parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, persistiendo así la privación de estos beneficios económicos.

Sostiene que la negativa al pago constituye una discriminación arbitraria que infringe el principio de igualdad ante la ley. En efecto, la distinción aplicada por la recurrida establece un trato diferenciado injustificado entre aquellos funcionarios que se ausentan por licencias derivadas de accidentes laborales y quienes lo hacen por enfermedades comunes de carácter catastrófico, como el cáncer. Afirma que esta diferenciación carece de fundamento racional y contradice el espíritu de la Ley Nacional del Cáncer N°21.258, orientada a proteger a quienes enfrentan esta enfermedad.

Invoca, además, jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en particular la causa Rol N°35.773-2024, en la cual se acogió un recurso de protección de similares características luego de declararse la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 4° inciso quinto de la Ley N°19.531. Señala que en dicho pronunciamiento el máximo tribunal determinó que, al no poder aplicarse la citada norma al caso concreto, la omisión en el pago de los bonos carece de fundamento legal y debe calificarse como un acto ilegal y arbitrario. Añade que el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente la inconstitucionalidad de esta norma en casos similares, entre ellos los Roles N°1801-2010 y N°14.595-2023, por discriminar a funcionarios que se ausentan por causas involuntarias y graves.

Argumenta que el proceder administrativo vulnera el derecho de propiedad de la funcionaria sobre prestaciones legítimamente ganadas, toda vez que los bonos corresponden a un período en el que desempeñó sus funciones con eficiencia comprobada. De igual forma, señala que se afecta su integridad física y psíquica, pues la reducción de sus ingresos la coacciona a reintegrarse anticipadamente a sus labores, interfiriendo con los estándares médicos requeridos para su recuperación oncológica.

Explica que el acto administrativo afecta la integridad física y psíquica resguardada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, al comprometer la estabilidad económica necesaria para su tratamiento de salud; lesiona la igualdad ante la ley consagrada en artículo 19 N°2, al imponerle un perjuicio económico por padecer una enfermedad grave en comparación con otras licencias; y vulnera el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, al privarla de una remuneración que ya forma parte de su patrimonio por haber cumplido con los requisitos de calificación y gestión institucional.

Solicita que se acoja el recurso y se declare que el acto denunciado es arbitrario, ordenando a la Corporación Administrativa del Poder Judicial proceder al pago retroactivo del incremento por desempeño institucional, individual y colectivo omitido en marzo de 2025, así como al pago de los correspondientes a los meses de junio, septiembre y diciembre de 2025, con sus respectivos reajustes e intereses, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, a folio 7, informa don nombre reservado, en representación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quien evacua el informe solicitado sosteniendo la total licitud y razonabilidad de su actuación frente a la omisión del pago del incremento por desempeño institucional y colectivo regulado en el artículo 4° de la Ley N°19.531, reclamado por la recurrente. Señala que la decisión de no otorgar dichos beneficios económicos no constituye un acto arbitrario ni ilegal, sino que responde al estricto cumplimiento de la normativa vigente que rige a los funcionarios del Poder Judicial.

Confirma que la recurrente se desempeña como relatora de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, pero indica que durante el año 2024 registró diez licencias médicas por enfermedad común, las que sumaron 193 días de ausentismo. En consecuencia, sostiene que la funcionaria prestó servicios efectivos durante 173 días en el período anual respectivo, cifra inferior al mínimo de seis meses de trabajo efectivo exigido por el legislador para acceder al pago de los incrementos variables.

Expone que el artículo 4° inciso quinto de la Ley N°19.531, modificado por la Ley N°20.224, dispone que no tendrán derecho a percibir dichos incrementos aquellos funcionarios que, durante el año anterior a su pago, no hayan prestado servicios efectivos por al menos seis meses. Añade que la propia norma contempla excepciones limitadas a este requisito, referidas únicamente a las licencias por accidentes del trabajo reguladas por la Ley N°16.744, los descansos de maternidad y el permiso postnatal parental. En consecuencia, tratándose en la especie de licencias por enfermedad común, sostiene que no resulta legalmente procedente computar dicho tiempo como efectivamente trabajado para los efectos del beneficio reclamado.

Relaciona la legalidad de su proceder con lo dispuesto en el Auto Acordado contenido en el Acta N°134-2015 de la Excma. Corte Suprema, que reglamenta la aplicación de los beneficios por desempeño, instrumento que refuerza la exigencia de haber trabajado seis meses efectivos y establece el procedimiento para determinar dicho período, descontando todas las ausencias del funcionario, con excepción de las licencias pre y postnatales, la patología del embarazo y los accidentes profesionales reconocidos.

Agrega que su actuación se limitó a ejecutar la superintendencia directiva y económica que la Constitución Política de la República encomienda al máximo tribunal en su artículo 82.

Asimismo, descarta la existencia de una discriminación arbitraria que afecte la igualdad ante la ley, argumentando que la aplicación general y abstracta de una norma legal no puede ser calificada como tal, especialmente cuando el trato diferenciado proviene directamente del legislador y no del arbitrio administrativo.

En cuanto al derecho de propiedad, sostiene que la recurrente no posee un derecho indubitado sobre los emolumentos reclamados, toda vez que estos no ingresaron a su patrimonio al no verificarse el cumplimiento de los requisitos legales habilitantes. En relación con la alegada afectación de la integridad física y psíquica, afirma que no existe una vulneración real de dicho derecho, puesto que el acto impugnado se limita a la aplicación de una normativa de carácter remuneratorio.

Concluye que el recurso de protección carece de los presupuestos necesarios para prosperar, al no existir un acto ilegal ni una omisión arbitraria que deba ser restablecida, solicitando que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago rechace la acción en todas sus partes por encontrarse lo obrado ajustado a derecho.

Tercero: Que el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la propia norma fundamental asegura, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen su privación, perturbación o amenaza. Su finalidad es restablecer de inmediato el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado, sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Para que esta acción prospere, es necesario que concurran copulativamente los siguientes presupuestos: la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible al recurrido; que dicha conducta afecte alguna de las garantías constitucionales protegidas por la acción; y que el derecho cuyo amparo se solicita aparezca como indubitado o, al menos, suficientemente acreditado en esta sede cautelar.

Cuarto: Que de los antecedentes acompañados por las partes y de lo expuesto en el recurso y en el informe evacuado por la recurrida, aparecen como hechos relevantes para la resolución del presente asunto los siguientes:

a) Que la recurrente se desempeña como relatora titular de la Corte de Apelaciones de Santiago, perteneciente al escalafón primario del Poder Judicial.

b) Que durante el año 2024 hizo uso de diversas licencias médicas por enfermedad común, vinculadas a patologías oncológicas, registrando un total de 193 días de ausentismo, lo que determinó que prestara 173 días de servicios efectivos durante dicho período.

c) Que en la liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de marzo de 2025 no se incluyeron los incrementos por desempeño institucional y colectivo correspondientes al año 2024.

d) Que frente a la consulta de la recurrente por su situación, la Corporación Administrativa del Poder Judicial respondió mediante correo electrónico de 14 de abril de 2025 diciendo que no procedía el pago de tales incrementos por no cumplirse el requisito de haber prestado servicios efectivos durante al menos seis meses en el año anterior al pago, exigencia establecida en el artículo 4° de la Ley N° 19.531 y en el Acta N° 134-2015 de la Excma. Corte Suprema.

Quinto: Que, en primer término, corresponde analizar si la conducta reprochada a la recurrida constituye un acto ilegal o arbitrario en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En la especie, el acto que se impugna consiste en la negativa de la Corporación Administrativa del Poder Judicial a pagar a la recurrente los incrementos por desempeño institucional y colectivo correspondientes al año 2024, fundada en que ésta no cumplió el requisito de haber prestado servicios efectivos durante a lo menos seis meses en el año anterior al pago, exigencia prevista en el inciso quinto del artículo 4° de la Ley N° 19.531, que reajusta e incrementa las remuneraciones del Poder Judicial, disposición complementada por lo establecido en el Acta N° 134-2015 del Pleno de la Excma. Corte Suprema.

Ahora bien, de los antecedentes acompañados aparece que la recurrente registró durante el año 2024 un total de 193 días de ausentismo por licencias médicas por enfermedad común, lo que determinó que prestara servicios efectivos por 173 días, cifra inferior al mínimo legal exigido. En consecuencia, la decisión de la recurrida se limitó a aplicar una regla expresa contenida en la normativa que regula la procedencia de los incrementos reclamados.

En estas condiciones, el proceder de la recurrida no puede calificarse como ilegal, por cuanto se funda en la aplicación de una disposición legal vigente que regula los requisitos para acceder al beneficio cuya percepción se reclama. En efecto, los incrementos en cuestión constituyen beneficios remuneratorios cuyo otorgamiento se encuentra condicionado por el legislador al cumplimiento de determinados requisitos, entre ellos, haber prestado servicios efectivos durante el período mínimo que establece la ley, de modo que su percepción no deriva automáticamente del solo hecho de pertenecer a la institución.

Sexto: Que tampoco puede estimarse que el acto sea arbitrario, toda vez que la regla aplicada reviste carácter general y abstracto, siendo aplicable a todas las personas funcionarias que se encuentren en la misma situación fáctica, esto es, a aquellas que durante el año anterior al pago no hayan prestado servicios efectivos por al menos seis meses. Es así como la eventual diferenciación que la recurrente estima injustificada no proviene del actuar de la recurrida, sino que se encuentra establecida directamente por el legislador en la normativa que regula el otorgamiento de los referidos incrementos, de modo que la Corporación Administrativa del Poder Judicial se limitó a dar cumplimiento a una regla legal obligatoria, sin margen para adoptar una decisión diversa.

De esta forma, la eventual discusión acerca de la razonabilidad de la diferenciación normativa corresponde al ámbito de la potestad legislativa y no a la actuación administrativa de la recurrida, la cual se limitó a aplicar la normativa vigente.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, resulta pertinente consignar que, estando pendiente la tramitación de esta causa, la recurrente acudió al Tribunal Constitucional solicitando la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del referido inciso quinto del artículo 4º de la Ley Nº 19.531, el cual fue rechazado mediante sentencia dictada el 29 de enero de 2026, en causa Rol N° 16.685-2025. En dicho pronunciamiento, el voto de mayoría sostuvo que la exigencia de servicios efectivos durante un período mínimo constituye un criterio razonable para la procedencia de un incentivo asociado al desempeño institucional, descartando que su aplicación importe una discriminación arbitraria o una infracción al derecho de propiedad de los funcionarios.

Este antecedente refuerza la conclusión de que la decisión adoptada por la recurrida se enmarca en la aplicación de una regla legal válida y vigente, razón por la cual no es posible estimar que el acto impugnado configure una actuación ilegal o arbitraria susceptible de ser enmendada por la presente vía cautelar.

Octavo: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado en la especie la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible a la recurrida, presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional intentada, resulta innecesario pronunciarse acerca de las garantías fundamentales que la recurrente estima vulneradas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se declara que:

Se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactó la abogada integrante Magaly Correa Farías.

N° Protección 8079-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y la Abogado Integrante señora Magaly Correa Farías.

En Santiago, veintitrés de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.