SINDICATO NACIONAL DE EMPRESA BANCO ESTADO MICROEMPRESAS S.A. ASESORÍAS FINANCIERAS con MINISTERIO DE HACIENDA - VISTA EN POS DE LA ANTERIOR

Santiago, trece diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que en estos autos Rol N°80.736-2020 por presentación ingresada a esta Corte con fecha 31 de agosto de 2020 recurrió de protección constitucional el Sindicato Nacional de Empresa Banco Estado Microempresas S.A. Asesorías Financieras representado por su presidente don nombre reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, a favor propio y en nombre y favor de sus 1.181 afiliados que individualiza, en contra del Ministerio de Hacienda, encabezado a la época por don nombre reservado, por haber incurrido éste en un acto ilegal y arbitrario al dictar el Oficio Circular Nº 28 del Ministerio de Hacienda de 23 de julio de 2020, lo que conculca sus garantías constitucionales de los números 2, 16, 19 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se acoja su acción y se deje sin efecto el Oficio Circular Nº 28 del Ministerio de Hacienda, declarando la arbitrariedad e ilegalidad del mismo, adoptando todas las medidas que fueren pertinente para establecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Funda su recurso, indicando que es una organización sindical que cuenta con socios distribuidos desde Arica a Futaleufú, registrando en la actualidad más de 1.000 socios, siendo la única organización sindical de Banco Estado Microempresas S.A. Refiere que su primera negociación colectiva fue el año 2018, de la cual emanó el primer contrato colectivo vigente hasta el 11 de septiembre del año 2021.

Detalla que, la directiva sindical fue citada a una reunión el 6 de agosto de 2020 por parte del Gerente General de Banco Estado Microempresas S.A. Asesorías Financieras en la que presentó y expuso el Oficio Circular Nº 28 del Ministerio de Hacienda, que modificó a partir del 01 de agosto 2020 el Oficio Circular N° 15, de 14 de septiembre de 2018, que actualizó instrucciones y procedimientos respecto de negociaciones colectivas y política de personal para empresas del Estado y aquellas en que el Estado, sus instituciones empresas tengan aporte de capital igual o superior a 50%.

Explica que, mediante éste se modificó el numeral 4.1, del Oficio Circular N° 15, señalando que los costos totales del nuevo contrato colectivo producto de la negociación que se lleve a cabo no podían exceder de un 0% real promedio anual respecto del contrato colectivo vigente proyectado del estamento que negocia, porcentaje que debe estar asociado a incrementos efectivos de la productividad de la Empresa, de lo contrario, sólo deben mantenerse los costos laborales en términos reales y agregó el numeral 4.9 referido a la postergación de negociaciones colectivas, señalando que la administración de la Empresa que, en conjunto con la comisión negociadora sindical respectiva, decidan poner término a un proceso de negociación colectiva ya iniciado, manteniendo el contrato vigente y acordando adelantar el próximo periodo deberá realizarlo sin costos financieros ni económicos adicionales para la compañía.

Argumenta que dicha Circular Nº 28 es ilegal por cuanto contraviene los principios de reserva legal y juridicidad que dispone la Constitución Política en los artículos 6º y 7º, en relación con el artículo 2º de la Ley N°18.575, por cuanto fue dictada por el Ministerio de Hacienda de oficio y sin mandato legal suficiente, excediendo el ámbito de sus competencias, toda vez que no está llamado a colmar un vacío normativo ni complementar, regular o limitar el procedimiento y materias de negociación colectiva, por cuanto sus modalidades, procedimientos y limites deben ser establecidos por ley, tal como lo dispone el inciso 5º del artículo 19 Nº16 de la Carta Fundamental, en relación a su artículo 63 Nº2 y N°4 que establecen como materias de reserva legal aquellas que la Constitución exige que sean reguladas por una ley y las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social, tampoco le otorga esa competencia la legislación laboral.

En razón de ello, afirma que no puede ser atribuido al acto administrativo los mismos efectos que a la ley o que a una sentencia judicial, estableciendo limitaciones o prohibiciones a una empresa o empleador, de forma que restrinja su voluntad en un procedimiento legal de negociación colectiva.

Agrega que, sí del artículo 65 N°5 de la Constitución se desprende que el Presidente de la República sólo está facultado para determinar el contenido sometido a deliberación parlamentaria en materia de procedimientos de negociación colectiva y no por decreto, no es razonable suponer que se permitirá a un organismo de la Administración del Estado regular esta materia, en ejercicio de una facultad de interpretación de la ley y por medio de un instrumento de menor jerarquía como una oficio o circular.

En cuanto a sus garantías fundamentales, alega que se vulnera su libertad sindical, en su dimensión colectiva, particularmente en su atributo de autonomía colectica y sindical y el derecho a negociación colectiva del sindicato.

Respecto de la igualdad ante la ley, sostiene que se conculca, pues el acto recurrido se dictó fuera del campo de las competencias del recurrido, a fin de favorecer a coaliciones transitorias de trabajadores o grupos negociadores de trabajadores unidos para el solo efecto de negociar, existiendo una aplicación arbitraria e ilegal del derecho al utilizar un instrumento no idóneo para regular materias constitucionales reservadas exclusivamente a otros organismos del estado.

Asimismo, señala que se conculca la libertad sindical en sus diversos atributos, especialmente en su variante de la negociación colectiva, ya sea como derecho propio del sindicato o de los afiliados, la que se encuentra reconocida en los Convenios internacionales que cita, por cuanto la intervención del Estado afectó su libertad colectiva de actuación sindical, que implica, especialmente, el derecho de negociar colectivamente, entorpeciendo el mismo al establecer ex ante limitaciones cuantitativas y económicas a la negociación, limitando previamente las materias y sus términos, imponiendo restricciones colectivas sin ser el organismo público autorizado legalmente para ello, impidiéndole alcanzar una de sus principales finalidades, como es el perseguir armonizar los intereses contradictorios de los actores laborales, para que, de común acuerdo y con plena autonomía, fijen los salarios y condiciones de trabajo.

Hace presente que si bien la doctrina ha señalado sobre las limitaciones que puede imponer el Estado en la materias de negociación colectiva, si bien afirma que el Estado puede imponer restricciones siempre y cuando cumpla los requisitos copulativos de “a) sea precedidas por consultas a las organizaciones de trabajadores y empleadores; b) se apliquen de manera excepcional; c) se limiten a lo necesario, no excedan un periodo razonable; d) vengan acompañadas de garantías dirigidas a proteger el nivel de vida de los trabajadores”.

Finalmente argumenta que la presente vía es idónea para conocer lo pedido, al existir afectación de derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

Concluye solicitando sea acogido su recurso, en los términos ya expuestos.

SEGUNDO: Que, con fecha 14 de diciembre de 2020, informó don nombre reservado, ingeniero comercial, en su calidad de Jefe de Gabinete del Ministro de Hacienda, solicitando sea rechazado el presente recurso de protección, con costas.

En primer término, alega la improcedencia del recurso, por no cumplir con los presupuestos de procedencia, por no ser la vía idónea y exceder de su naturaleza cautelar, ya que no constituye la vía jurídica para formular cuestionamientos sobre puntos de interpretación jurídica, citando jurisprudencia al efecto.

Hace presente que el recurso recae en un acto administrativo que, a la fecha de presentación del mismo, no se encontraba vigente, pues el Oficio Circular Nº27, fue reemplazado por el Oficio Circular Nº28, de 23 de julio de 2020, del Ministerio de Hacienda, el que a su vez modificó el Oficio Circular Nº 15, reemplazando el primer párrafo del numeral 4.1. sobre los costos reales de cada negociación colectiva, señalando, en lo pertinente, que los costos totales del nuevo contrato colectivo producto de la negociación que se lleve a cabo, no podrán exceder de un 0% real promedio anual respecto del contrato colectivo vigente proyectado del estamento que negocia, y agregando un nuevo numeral 4.9, indicando que, en aquellos casos en que la administración de la Empresa en conjunto con la comisión negociadora sindical respectiva decidan poner término a un proceso de negociación colectiva ya iniciado, manteniendo el contrato vigente y acordando adelantar el próximo periodo de negociación.

En segundo término, señala que obró dentro de sus facultades al dictar la Circular Nº27, pues el Decreto Ley Nº1263, de 1975, del Ministerio de Hacienda, Orgánico de Administración Financiera del Estado y el Decreto Supremo Nº4.727 de 1957, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento Orgánico de la Secretaria y Administración General del Ministerio de Hacienda, indica que dicho Ministerio tiene como misión primordial el velar por el cuidado del patrimonio fiscal, correspondiéndole estudiar y proponer todas aquellas medidas que incidan en materias relacionadas con la política económico-financiera del Estado y en las demás que le encomienda la ley, conforme lo prescribe el artículo 1° del Decreto Supremo citado.

Añade que, según lo prescribe el artículo 11° de la Ley Nº 18.196, sobre Normas Complementarias de Administración Financiera, personal y de incidencia presupuestaria, las empresas de que se tratan deben operar en sus actividades financieras ajustadas a un sistema presupuestario, que se aprobará a más tardar el 31 de diciembre del año anterior al de su vigencia, mediante decreto exento conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo, y suscrito, en el caso de autos, por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Agrega que dichas facultades se refrendaron en el artículo 25 de la Ley Nº 21.192, de Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año 2020, el que señala que el Ministerio de Hacienda podrá impartir instrucciones generales en materias de presupuesto de caja, endeudamiento y proyectos de inversión, y específicas, en materias de viajes al exterior, gastos de publicidad y de responsabilidad empresarial, aplicables a todas las empresas del Estado, y a todas aquellas sociedades en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento.

En razón de ello, concluye que el Ministerio de Hacienda está facultado para dictar normas o instrucciones que incluyan orientaciones relativas a la contratación de recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la gestión de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, pues estas forman parte de la Administración del Estado, al tenor de lo establecido en el inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº18.575, y deben observar los principios de eficiencia, eficacia y probidad, establecidos en su artículo 3°, por cuanto ésta administra recursos de carácter público y debe velar por el idóneo resguardo del patrimonio que se les ha encomendado.

Señala que éstas, en el caso, se traducen en los Oficios Circulares Nos. 27 y 28, los que han sido emitidos conforme a derecho, específicamente en el marco de lo dispuesto en el Decreto Ley Nº1263; en el Decreto Supremo Nº 4.727; en el artículo 11 de la Ley Nº18.196, y en estricto apego a lo señalado en el dictamen Nº 7.116 de 2018, de la Contraloría General de la República, el que emitió un pronunciamiento favorable respecto de sus facultades para dictarlo, ante una consulta efectuada por el Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Nº8 de la Empresa de Ferrocarriles del Estado.

En tercer lugar, alega que no ha cometido arbitrariedad alguna, pues el acto recurrido fue razonablemente dictado en el contexto de austeridad y eficiencia en el uso y gestión de los recursos públicos, con ocasión del brote de COVID-19.

En cuanto a las garantías fundamentales, alega que no ha conculcado el derecho de igualdad ante la ley, y que el actor incurre en falsa analogía al comparar erradamente su situación con la de los trabajadores que ejercen funciones en empresas que no reciben aportes del Estado, pues su empresa forma parte de la Administración del Estado, conforme lo dispone el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley Nº1 de 1993, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, las que se encuentran sujetas a normativas completamente distintas, lo que no configura en caso alguno una situación arbitraria y desigual, citando jurisprudencia al efecto. Añade que, además, no se ha dado al recurrente un trato diferenciado respecto de los empleados que se encuentran en su misma posición jurídica, ya que el Oficio Circular Nº 27 se aplica por igual a todos ellos.

Explica que tampoco ha vulnerado el derecho de la libertad de trabajo, negociación colectiva y huelga, ya que ni el Oficio recurrido ni su modificación posterior prohíben el derecho a negociar colectivamente, y el actor no explica de qué modo se produce la vulneración.

Refiere que, asimismo, las materias que regula el Oficio Circular Nº 28 no están reservadas a favor de otros organismos y, por tanto, no existe la supuesta reserva legal que indica, y si existiese, no sería fundamento suficiente para ser subsumido como una vulneración a la garantía constitucional en análisis.

También manifiesta que, no se indican los fundamentos por los cuales se vulneraria el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la Republica.

Concluye su informe, solicitando el rechazo de este recurso, en los términos ya reseñados, previamente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Pues bien, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, lo impugnado a través del recurso de protección presentado por el Sindicato Nacional de Empresa Banco Estado Microempresas S.A. Asesorías Financieras ha perseguido que se deje sin efecto la Circular N°28 de fecha 23 de Julio de 2020 emanada del Ministerio de Hacienda, que en lo pertinente resolvió: “Modifíquese a partir del 01.08.2020 el Oficio Circular N°15, de 14.09.2018, del Ministerio de Hacienda, que actualiza instrucciones y procedimientos respecto de negociaciones colectivas y política de personal para empresas del Estado y aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tenga aporte de capital igual o superior al 50 por ciento, en los siguientes términos: a) Reemplázase en el numeral 4.1., el primer párrafo por el siguiente: “Los costos totales del nuevo contrato colectivo producto de la negociación que se lleva a cabo no podrán exceder de un 0% real promedio anual respecto del contrato colectivo vigente proyectado del estamento que negocia, porcentaje que debe estar asociado a incrementos efectivos de la productividad de la Empresa, de lo contrario, sólo deben mantenerse los costos laborales en términos reales. Esta disposición rige de igual manera para el sector que no negocia y para el estamento ejecutivo”; b) Agrégase el siguiente numeral 4.9 nuevo, a continuación del numeral 4.8: “4.9.- Postergación de Negociaciones Colectivas. En aquellos casos que la administración de la Empresa, en conjunto con la comisión negociadora sindical respectiva, decidan poner término a un proceso de negociación colectiva ya iniciado, manteniendo el contrato vigente y acordando adelantar el próximo período de negociación conforme a lo indicado en el punto 4.8. anterior, este nuevo proceso deberá ser realizado sin costos financieros ni económicos adicionales para la compañía. Lo anterior, sin perjuicio de las normas laborales que regulan la materia; c) Déjase sin efecto hasta nueva comunicación, la autorización conferida en el numeral 5.1. a los directorios para que, en casos calificados, las remuneraciones de los ejecutivos, incluida la renta variable mensualizada, exceda el monto establecido como remuneración mensual del Presidente del Banco Central de Chile. 3.- Sin perjuicio de lo señalado en el numeral 9 del Oficio Circular N°15 antes indicado, los cambios señalados en el numeral 1 entrarán en vigencia a la fecha de total tramitación del presente Oficio. 4.- Los demás numerales del Oficio Circular N°!15, de 14.08.2019, de este Ministerio se mantienen plenamente vigentes. 5.- Considerando que lo anterior precisa y complementa lo dispuesto en el reciente Oficio Circular N°27, de 20.07.2020, de este Ministerio, el presente Oficio lo sustituye.”

QUINTO: Que, el Oficio Circular N°28 de fecha 23 de julio de 2020 del Ministerio de Hacienda, tiene la naturaleza jurídica de un acto administrativo, esto es, aquel que conforme preceptúa el artículo 3° inciso final de la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, dispone en lo que interesa: “…Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa…”

SEXTO: Que conviene tener presente que la decisión recurrida contenida en el Oficio Circular N°28 de fecha 23 de julio de 2020, se ha limitado a modificar el Oficio Circular N°15 de fecha 14 de septiembre de 2018 del Ministerio de Hacienda, acto administrativo que tuvo por objeto actualizar las instrucciones y procedimientos respecto de negociaciones colectivas para empresas del Estado y aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas, tengan aporte de capital igual o superior al 50 por ciento.

SÉPTIMO: Que, el aludido Oficio Circular N°28 de 2020 ha sido dictado por el Ministerio de Hacienda haciendo uso, principalmente, de la atribución contemplada en el artículo 11 de la Ley N°18.196 sobre normas complementarias de administración financiera, personal y de incidencia presupuestaria, cuyo texto preceptúa en los incisos primero a cuarto, lo siguiente:

“Las empresas del Estado y todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50 por ciento, deberán publicar sus balances generales y demás estados financieros anuales debidamente auditados. La forma, contenido y oportunidad de publicación de los estados financieros serán idénticos a los que se exijan a las Sociedades Anónimas abiertas.

Las empresas a que se refiere el inciso anterior operarán en sus actividades financieras ajustadas a un sistema presupuestario, que comprenderá: un presupuesto de operación, un presupuesto de inversiones y un presupuesto de contratación, desembolso y amortizaciones de créditos, los que deberán ser operados a través de un Presupuesto Anual de Caja, que coincidirá con el año calendario.

El Presupuesto Anual de Caja señalado precedentemente se aprobará a más tardar el 31 diciembre del año anterior al de su vigencia mediante decreto exento conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo, el que deberá además ser suscrito por el Ministerio a través del cual la respectiva empresa se relaciona con el Ejecutivo. Si a tal fecha el decreto respectivo no hubiere sido suscrito por alguno o ninguno de estos dos últimos Ministros, regirá el presupuesto contenido en el decreto expedido por el Ministro de Hacienda, sin perjuicio de la firma posterior por parte de él o los Ministros antes señalados.

Las normas sobre formulación y clasificación presupuestaria a las que deberán ajustarse las empresas indicadas en el presente artículo para la elaboración de sus presupuestos, como asimismo los plazos que deberán observarse para dicha formulación, serán dictados mediante decreto exento conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción. El mismo decreto señalará la forma y oportunidad de las informaciones sobre ejecución presupuestaria, física y financiera, que deberán proporcionar.”

OCTAVO: Que, luego, estas atribuciones del Ministerio de Hacienda aparecen refrendadas a través de la ley anual de Presupuesto, que para el año 2020, fue la identificada como Ley N°21.192 (D.O. 19.12.2020) cuyo texto, en su artículo 25 preveía: “El Ministerio de Hacienda podrá impartir instrucciones generales en materias de presupuesto de caja, endeudamiento y proyectos de inversión, y específicas, en materias de viajes al exterior, gastos de publicidad y de responsabilidad empresarial, aplicables a todas las empresas del Estado, incluida Televisión Nacional de Chile, Corporación Nacional del Cobre y Banco del Estado de Chile, y a todas aquellas sociedades en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento. Copia de estas instrucciones serán enviadas a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos a más tardar treinta días después que sean emitidas.”

NOVENO: Que, de este modo no se aprecia la concurrencia de una ilegalidad en el actuar de la recurrida, ello en la medida que su proceder se ha ajustado a las facultades que el propio ordenamiento jurídico le ha otorgado para dictar Oficios Circulares, como el que ha sido objeto de este recurso.

DÉCIMO: Que, ahora bien, en cuanto a la arbitrariedad del señalado Oficio Circular N°28 de 23 de julio de 2020, bastará con manifestar que tal acto administrativo se ha circunscrito a modificar en lo pertinente al Oficio Circular N°15 de 14 de septiembre de 2018 que impartió instrucciones y fijó procedimientos sobre negociaciones colectivas y política de personal en las empresas del Estado y en las que éste tenga participación igual o superior a un 50 por ciento.

En ese contexto, el Oficio Circular N°15 de 2018, en su apartado N°4 regula la negociación colectiva en esta clase de empresas estatales o con participación del Estado, abarcando tópicos como: costos reales de cada negociación, financiamiento de la negociación colectiva, ahorro previsional voluntario colectivo, exclusión de cláusula de determinados beneficios, préstamos, aprobación del convenio o contrato colectivo, información sobre negociaciones colectivas y adelanto de negociaciones colectivas.

UNDÉCIMO: Que, particularmente, lo modificado a través del Oficio Circular N°28, apunta al reemplazo del guarismo “1%” por “0%” en materia de costos reales de cada negociación y la incorporación de un noveno tópico o punto en el apartado N°4, que trata acerca de la postergación de negociaciones colectivas.

Cabe advertir que, de la sola lectura del ítem correspondiente a costos reales de cada negociación, aparece que sólo se modifica el aspecto ya observado, sin alterar los demás reglados en aquel punto. En este sentido, no es menor la circunstancia que del texto en análisis se establezca en su párrafo tercero, textualmente: “El reajuste al que se hace referencia es adicional al de la actualización de la remuneración conforme la variación experimentada por el IPC del año, puesto que conforme lo dispone el artículo 11° inciso final del Código del Trabajo “…la remuneración del trabajador deberá aparecer actualizada en los contratos por lo menos una vez al año, incluyendo los referidos reajustes.”, lo que permite concluir que no se está negando el reajuste a los trabajadores afectos a este régimen.

DUODÉCIMO: Que, seguidamente, sobre la incorporación de un nuevo punto en el apartado N°4 del Oficio Circular N°15 de 2018, relativo a la postergación de las negociaciones colectivas, no se vislumbra la concurrencia de alguna arbitrariedad en la decisión adoptada en orden a evitar que tal proceso implique con posterioridad, esto es, cuando se materialice una nueva negociación colectiva, mayores costos financieros o económicos a la empresa, algo que aparece revestido de razonabilidad considerando que estas medidas se concretaron con ocasión de buscar la mejor forma de enfrentar la incertidumbre que ha significado el actual estado de pandemia producto del COVID-19 que afecta al territorio nacional, sin que por consiguiente pueda estimarse que alguna de estas decisiones sean carentes de la razonabilidad necesaria y prudente que se aconsejan en estas excepcionales y extraordinarias circunstancias, por lo que, es posible concluir que no existe arbitrariedad en la resolución recurrida.

DÉCIMO TERCERO: Que, a mayor abundamiento, tampoco se vislumbra por esta Corte que, a través del cuestionado Oficio Circular N°28 de 2020, la autoridad ministerial pretenda inhibir o afectar, en cualquier grado, ya sea como amenaza, perturbación o privación, la garantía que tienen los trabajadores pertenecientes a estas empresas estatales o en que éste último tiene participación relevante igual o superior al 50 por ciento, de su derecho a negociar colectivamente, según prevé el inciso quinto del numeral 16° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues simplemente ha fijado determinadas reglas, como ya había acontecido con anterioridad en otras Circulares dictadas por el Ministerio de Hacienda, sin que por ello se haya entendido la existencia de una pretendida afectación a este derecho, que como está visto no es tal.

DÉCIMO CUARTO: Que, así las cosas, no revistiendo el acto impugnado la significancia de haber sido dictado de manera ilegal o arbitraria y, menos que pueda afectar el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales o garantías constitucionales de los recurrentes, este arbitrio constitucional así deducido deberá ser desestimado, siendo inoficioso ponderar la eventual trasgresión de las garantías que denuncian ambos recursos.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el Sindicato Nacional de Empresa Banco Estado Microempresas S.A. Asesorías Financieras representado por su presidente don nombre reservado en contra del Ministerio de Hacienda.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Rodrigo Rieloff Fuentes.

Protección N°80.736-2020.- No firma la ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado sus funciones.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile e integrada por la ministra doña Graciela Gómez Quitral y el abogado integrante don Rodrigo Rieloff Fuentes.