nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de septiembre de dos mil veinticinco.

Proveyendo al escrito folio 19: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Felipe Contreras Frias, abogado, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Caja Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber efectuado descuentos directos de las remuneraciones del trabajador afiliado, por un monto de $92.955, correspondiente a un crédito social contraído en el año 2016 y respecto del cual habían transcurrido más de nueve años sin pago alguno, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se habría ejercido de manera abusiva e intempestiva la facultad contemplada en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, sin otorgar aviso previo al trabajador y respecto de una deuda que presentaría serias evidencias de encontrarse prescrita, vulnerando con ello el derecho fundamental de propiedad que la Constitución Política de la República garantiza en su artículo 19 N°24, por lo que solicita que se declare ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, se ordene la abstención de continuar con los descuentos y se restituyan los montos indebidamente cobrados.

En cuanto a los antecedentes fácticos, relata que en el año 2016 su representado contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado "crédito social", pactado en 24 cuotas, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. Sostiene que al ser desvinculado de su trabajo por causas ajenas a su voluntad, perdiendo su única fuente de ingresos.

Señala que debido a un período de cesantía de su representado, es que éste no pudo cumplir con su obligación de pago, por lo que fue demandado judicialmente por la recurrida ante el 2º Juzgado de Letras de Los Andes en cusa C-1303-2018, haciendo uso de la cláusula de aceleración, pretendiendo el cobro el total de la deuda insoluta que ascendía a $1.093.856.- según se desprende del texto de la demanda de la propia recurrida en aquel juicio ejecutivo.

Afirma que, sin perjuicio de lo anterior, durante el mes de febrero y marzo su representado recibió su sueldo con un descuento por $92.955, cuyo origen hasta la fecha se desconoce, pero que en la liquidación figura como “préstamo ccaf los andes Cuota 5 /36”. De este modo, la recurrida se apropia ilegítimamente de las remuneraciones de un trabajador, prescindiendo de los procedimientos que ella misma ha iniciado para cobrar la deuda, y se niega entregar antecedentes adicionales que permitan entender los motivos de este descuento, que da claras luces de un acto de auto tutela.

Sostiene que la recurrida, una Caja de Compensación, ha decidido usar la vía jurisdiccional para cobrar la deuda, y en este caso, estando la demanda notificada, deja transcurrir el tiempo para de pronto pretender burlar el derecho, usando ilegal y/o arbitrariamente la facultad que le otorga la ley 18.833, la que sólo se contempla para un uso oportuno, lo que además no procede en la especie por el tiempo que hubo de inactividad.

Desde la perspectiva jurídica, fundamenta su acción en que el actuar de la recurrida vulnera abiertamente el derecho de propiedad de su representado, específicamente en lo relativo a su remuneración, contraviniendo el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República. Sostiene que si bien el artículo 22 de la Ley N° 18.833 faculta a las Cajas de Compensación para efectuar descuentos directos de las remuneraciones de los trabajadores afiliados, dicha entidad, en su calidad de órgano intermedio sujeto a la Carta Fundamental y a las leyes, no puede hacer un uso irracional y caprichoso de los derechos y facultades que el ordenamiento jurídico le confiere, sin que el afectado tenga posibilidad de defenderse ante una deuda cuya acción muestra seria evidencia de encontrarse prescrita, citando jurisprudencia al respecto, en la cual se estableció que las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones al afectado tras el transcurso de un extenso lapso de tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare arbitrario e ilegal el actuar de la recurrida, ordenándose que se abstenga de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de remuneraciones, que reembolse los montos indebidamente cobrados en un plazo de cinco días hábiles y todo cobro futuro que pudiere ser descontado de manera arbitraria e ilegal, y que se condene expresamente en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que, requerido el informe correspondiente a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, comparece representada por el abogada don Matías Amigo García, quien expone detalladamente las circunstancias que rodean la relación crediticia mantenida con el recurrente y los fundamentos legales que amparan su actuación.

En cuanto a los antecedentes fácticos, relata el historial crediticio del recurrente, señalando que con fecha 26 de diciembre de 2016, otorgó a don nombre reservado el crédito código 063CON100220117, por la suma de $1.640.791.- a una tasa de 2.17%, en un plazo de 24 meses, con una cuota de $96.743.-, cuyo primer vencimiento fue el 31.01.2017.

De aquel crédito, las primeras ocho cuotas se pagaron regularmente en el plazo establecido, la novena cuota del mes de septiembre de 2017, se pagó con desface y las cuotas restantes fueron reprogramadas con fecha 08 de julio de de 2019, por la suma de $1.565.701.-, en un plazo de 49 meses, con una cuota de $54.249.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 de agosto de 2019.

De la reprogramación se pagaron las cuotas del mes de agosto de 2019 a octubre de 2020 (1 a 15), durante el periodo 09 de septiembre de 2019 al 24 de diciembre de 2020 y el saldo de capital al 31 de octubre de 2020, más los intereses devengados al 19 de febrero de 2021 fueron reprogramados con fecha 19 de febrero de 2021 por la suma de $1.367.979, en un plazo de 36 meses, con una cuota de $54.181, cuyo primer vencimiento fue el 31 de marzo de 2021, donde las dos primeras cuotas del mes de marzo y abril de 2021, se pagaron regularmente y el saldo de capital al 30 de abril de 2021, más los intereses devengados al 28 de septiembre de 2021, fueron reprogramados en esta última fecha por $1.433.286., en un plazo de 36 meses, con una cuota de $56.768.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 de octubre de 2021.

De la reprogramación, las tres primeras cuotas del mes de octubre a diciembre de 2021, fueron pagadas con desfase, y las cuotas restantes, más los intereses penales, fueron reprogramadas con fecha 04 de febrero de 2025, por la suma de $2.655.745.-, a una tasa de 1.83%, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $77.094.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 de marzo de 2025.

Por último con fecha 10 de marzo de 2025 y 09 de abril de 2025, se recibió la suma de $92.955 y $77.094.-, conformando un total por $170.049.- cuyo monto se contabilizó como pagadas las dos primeras cuotas, más un abono en la tercera cuota. El vencimiento de la última cuota corresponde el 28 de febrero de 2030.

En consecuencia, afirma que en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

En lo que respecta a los fundamentos jurídicos, sostiene que los descuentos efectuados para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, argumentando que se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada judicialmente prescrita. En este orden de ideas, invoca las disposiciones contenidas en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya interpretación sostiene que se desprende con absoluta claridad que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho.

Complementariamente, sostiene que la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos, sino que debe ser discutida y declarada en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Por lo antes señalado, solicita el rechazo de la acción TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que en atención a la naturaleza de la entidad de previsión social, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja Acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, ha señalado en Dictamen N° 2659-2020 de 12/8/2020: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagará respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos”

SEXTO: Que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario por el recurrente, consiste en que la recurrida efectúa descuentos mensuales en su remuneración en base a una obligación respecto de la cual renunció al cobro individual de cuotas del crédito social a través del mecanismo de descuento de remuneraciones, prefiriendo la vía judicial para el pago íntegro de la misma.

SEPTIMO: Que, habiéndose deducido acción ejecutiva en contra del protegido, en la cual exigió el cobro del total de la deuda, de la cual se desistió, no resulta procedente el descuento de cuotas de las remuneraciones como trabajador, pues la utilización de tal mecanismo, se torna en un acto ilegal y arbitrario.

En efecto, a juicio de esta Corte, la recurrida incurrió en un acto ilegal y arbitrario al efectuar los descuentos que han sido cuestionados, toda vez que pese a haber optado por la vía judicial para obtener el cobro, ejerciendo la vía ejecutiva para obtener la satisfacción de su crédito, insistió en realizar, posteriormente, descuentos de las remuneraciones.

En las condiciones descritas la recurrida no estaba facultada para hacer los descuentos efectuados al trabajador, sino que debió atenerse a lo resuelto en el respectivo juicio ejecutivo en relación al crédito otorgado, con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de la vía especialísima de descuentos unilaterales es arbitraria.

En este punto, es necesario consignar que la recurrida decidió una posición jurídica como vía de cobro legítima que ahora debe respetar, por exigirlo así el principio de no contravenir los actos propios, lo que en el caso concreto es relevante, en la medida que la utilización de dos vías de cobro arriesga, como es lógico, no solo un doble pago, sino que la contradicción e incumplimiento de un fallo judicial.

Por otro lado, si bien la Caja señala que, con posterioridad al ejercicio de la acción ejecutiva, el actor reprogramó el crédito, lo cierto es que no acompaña ningún antecedente que permita tener por establecido tal aserto.

OCTAVO: Que, de esta forma, los descuentos unilaterales efectuados a las remuneraciones del recurrente, en los términos en que se hicieron, respecto del referido crédito, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, razón por la cual se acogerá a este respecto el recurso de protección, como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE ACOGE, sin costas, la acción cautelar deducida por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sólo en cuanto ordena que la recurrida deberá abstenerse de efectuar descuentos relativo al crédito N°063CON100220117 de 26 de diciembre de 2016, en consecuencia, deberá restituir todas las sumas efectuadas a dicho respecto en el presente año..

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-8070-2025.