nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de mayo de dos mil veintitrés.

Al folio 30: A todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el 19 de agosto de 2022 comparece nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Pensiones por el rechazo de su pensión de invalidez en circunstancias que su médico tratante ha considerado que su diagnóstico es irrecuperable; y además por el no pago de licencias médicas.

Indica que en 1985 tuvo un accidente en que sufrió una rotura de rótula, cartílago y meniscos de su rodilla izquierda, por lo que fue operado en 6 oportunidades en el Instituto Traumatológico, quedando con una sinovitis crónica.

Señala que en esa instancia le dieron un 35% de invalidez.

Añade que en 2015 se realizó una meniscectomía parcial, luego de lo cual ha presentado una serie de dolencias como gonartrosis bilateral, lumbago, artrosis facetaria, síndrome de tunelcarpiano, discopatía lumbar, fascitis plantar en ambos pies, atrapamiento radial, compresión de nervio ciático, hipertensión y diabetes, pese a lo cual, en su última apelación le dieron un 8% de invalidez.

Agrega que hace dos años está en tratamiento siquiátrico por depresión grave y que no le han pagado las licencias médicas que ha pedido.

Indica, además, que toma una serie de medicamentos, como pregabalina, celecoxib, quetiapina, duloxetina, escitalopram, paroxetina, clonazepan, ciclovenzaprina, atenolol, enalapril, metformina, aspirina, omeprazol, paracetamol y zopiclona, los cuales lo hacen sentir somnoliento, lo que afecta su trabajo de chofer.

SEGUNDO: Que la Superintendencia de Pensiones alegó, en síntesis:

I. Respecto del supuesto rechazo de la pensión de invalidez del recurrente:

1) Su falta de legitimación pasiva dado que el acto objeto del recurso, conforme a lo que en él señala, sería la Resolución C.M.C. N°11480/2021 de 17 de noviembre de 2021, dictada por la Comisión Médica Central, confirmando un porcentaje de invalidez resuelto por la Comisión Médica Regional Santiago Centro.

Indica que la Comisión Médica Central no depende de la Superintendencia de Pensiones, y goza de autonomía en el conocimiento y calificación de las solicitudes de invalidez sometidas a su consideración.

Agrega que no tiene la representación judicial ni extrajudicial de dicha Comisión, y que sería el Consejo de Defensa del Estado a quien le correspondería su representación judicial.

2) La extemporaneidad del recurso, dado que el acto reclamado es la Resolución N° C.M.C 11480/2021 de 17 de noviembre de 2021 de la Comisión Médica Central, y el recurso fue interpuesto el 2 de junio de 2022, fuera del plazo de 30 días dispuesto por el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Señala que el recurrente no registra ante la Superintendencia ninguna presentación ni reclamo referente a la materia que motiva la presente acción cautelar.

3) La improcedencia del recurso de protección por cuanto el recurrente pretende un pronunciamiento declarativo, no amparándolo un derecho preexistente e indubitado que proteger.

Precisa que el fondo del asunto es una discrepancia con el porcentaje de invalidez con el que fue evaluado, lo que excede la materia de un recurso de protección.

Además, la recurrida informó que el señor nombre reservado, el 27 de julio de 2021, presentó una solicitud de pensión y calificación de invalidez, alegando como principales enfermedades invalidantes gonartrosis bilateral severa, lumbago crónico.

Indica que de la solicitud de pensión de invalidez correspondió conocer la Comisión Médica Regional Santiago Centro, la que en sesión N°318 de 28 de abril de 2021 analizó los antecedentes del caso. Mediante Dictamen N° 016.9907/2021, de 29 de septiembre de 2021, estableció que las enfermedades alegadas como invalidantes, provocan al recurrente un 8% de pérdida de capacidad de trabajo, por lo que se rechazó la solicitud de pensión de invalidez.

Señala que del referido dictamen, el recurrente apeló, conociendo de este reclamo la Comisión Médica Central, la que en Sesión N°864 de 29 de octubre de 2021 procedió a estudiar el procedimiento de calificación de invalidez del recurrente. Mediante Resolución C.M.C. N°11480/2021 de 17 de noviembre de 2021, dicha Comisión Médica Central confirmó el Dictamen de la Comisión Médica Regional y resolvió que no procedía otorgar pensión de invalidez, considerando que las enfermedades invocadas como invalidantes no alcanzan a provocar una pérdida de la capacidad de trabajo de a lo menos un cincuenta por ciento, estimándola en un 8%, rechazando en segunda instancia la solicitud de pensión de invalidez.

Agrega que, por tanto, se ha dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el D.L. N° 3.500 de 1980, por lo que el acto impugnado no sería ni arbitrario ni ilegal.

Añade por último la falta de privación, perturbación o amenaza de derechos del recurrente, quien no indica en su recurso cuáles serían.

TERCERO: Que la Superintendencia De Seguridad Social informó respecto al supuesto rechazo de licencias médicas que señaló el recurrente, indicando que corresponde informar sobre el rechazo de las licencias médicas Nº RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 52446936-7, 54166969-8, 56157877-K.

1) Indica que. respecto de las Licencias Médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, por presentación de fecha 21 de diciembre de 2018, el Sr. nombre reservado, reclama ante la Superintendencia solicitando la reconsideración de la Resolución Exenta IBS N° 7898 de 29 de marzo de 2018, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, que rechazó las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 120 días a contar del 14 de agosto de 2016, por reposo no justificado.

Al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-21336-2019 de fecha 05 de julio de 2019 la Superintendencia confirmó el rechazo dado que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado.

2) Señala que, respecto de las Licencias Médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 52446936-7, 54166969-8, 56157877-K, por presentación de fecha 09 de diciembre de 2021, el Sr. nombre reservado, reclama ante la Superintendencia en contra de la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 52446936-7, 54166969-8, 56157877-K, extendidas por un total de 171 días a contar del 22 de enero de 2021, por reposo no justificado.

Al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-52795-2022 de fecha 28 de abril de 2022 la Superintendencia confirmó el rechazo basándose en que no se presentó un informe médico que describiera evolución, pronóstico y limitación funcional que provoquen las lesiones descritas en las licencias médicas reclamadas, no se acreditó derivación ni evaluación por especialista, y no hay antecedentes que respalden la extensión del reposo prescrito previo ya autorizado, el que supera los 490 días por diagnóstico.

CUARTO: Que la dra. nombre reservado, Presidenta de la Comisión Médica Central, informó en representación de dicha institución, alegando, en síntesis:

1) Su falta de legitimación pasiva por no tener personalidad jurídica ni patrimonio propios, correspondiendo su representación al Consejo de Defensa del Estado.

2) La improcedencia del recurso por no basarse en un derecho preexistente e indubitado, sino en una discusión sobre el porcerntaje de invalidez que le correspondería, en los mismos términos que la Superintendencia de Pensiones.

Además, informa que el recurrente registra dos procesos de invalidez, el primero iniciado el 17 de diciembre de 2018, alegando como principales enfermedades invalidantes Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Gonartrosis bilateral y Lumbago crónico.

El referido proceso finalizó con la dictación de la Resolución N° C.M.C.7789/2019 de 25 de julio de 2019 que rechazó la solicitud de pensión de invalidez, toda vez que las enfermedades alegadas como invalidantes provocaban al recurrente un 15% de pérdida de su capacidad de trabajo.

Posteriormente, el 22 de julio de 2021, el señor nombre reservado presentó una nueva solicitud de pensión y calificación de invalidez, la que motiva la presente acción cautelar. En esta oportunidad, el recurrente fundó su solicitud de invalidez alegando como principales enfermedades Gonartrosis bilateral Coxartrosis bilateral, Síndrome depresivo en tratamiento; Hipertensión arterial; Diabetes Mellitus; Lesión de nervio radial izquierdo.

Del proceso de reevaluación conoció la Comisión Médica Regional Santiago Centro, la que para una acertada evaluación requirió interconsulta con médico especialista en Ortopedia y Traumatología, Psiquiatría y Oftalmología.

Evaluado por médico interconsultor traumatólogo, Dr. nombre reservado., el 21 de agosto de 2021, sugiere configurar impedimento por Lumbalgia, con menoscabo en Clase I, rango medio. Propone no configurar impedimento por Coxalgia ni Talalgia por los fundamentos médicos que indica.

Por su parte, el 30 de agosto de 2021, el recurrente fue evaluado por médico interconsultor psiquiatra Dr. nombre reservado., quien sugiró no configurar impedimento por Episodio depresivo mayor, considerando, entre otros fundamentos médicos, la existencia de tan solo 4 sesiones de sicoterapia y que su sintomatología es de intensidad leve y frecuencia ocasional, mejorables con modificación de las dosis de sus medicamentos.

Por último, el recurrente fue evaluado el 9 de septiembre de 2021, por médico interconsultor Dr. nombre reservado, quien refirió que se trata de un afiliado hipertenso y diabético, con antecedentes de trombosis retinal en ojo derecho tratada con láser. Agudeza visual corregida ODI: 0.8. Campo visual conservado OD 367° y OI 376°. Fondo de ojos con esclerosis vascular retinal leve. Menoscabo por campo visual 8%.

Por todo lo anterior la Comisión Médica Regional Santiago Centro, mediante Dictamen de Invalidez N° 016.9907/2021 de 29 de septiembre de 2021, acordó rechazar la solicitud de pensión de invalidez del recurrente, toda vez que las enfermedades alegadas como invalidantes, no alcanzan a provocar una pérdida de la capacidad de trabajo de a lo menos un 50%.

El 29 de octubre de 2021, el recurrente reclamó en contra del citado Dictamen de Invalidez ante la Comisión Médica Central, considerando bajo el porcentaje otorgado. Señaló que sus impedimentos son graves, que se encuentran en tratamiento de larga data y no le permiten seguir trabajando. Solicita una reevaluación de su caso. Adjunta informe médico de neurólogo, psiquiatra y traumatólogo.

Los antecedentes fueron revisados por la médico integrante asignada dra. Repetto, y mediante Resolución C.M.C. N°11480/2021, de 17 de noviembre de 2021, la Comisión Médica Central acordó rechazar el reclamo; confirmar el Dictamen de Invalidez en cuestión; y resolvió que no procede otorgar invalidez, por cuanto las enfermedades alegadas como invalidantes provocan al recurrente un 8% de pérdida de la capacidad de trabajo.

En cuanto al derecho, alega que se cumplió en el procedimiento con todas las normas del D.L. N° 3.500 de 1980; su Reglamento, contenido en el D.S. N° 57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; las normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones; y las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema Previsional.

QUINTO: Que, del examen de la acción de protección deducida aparece que la parte recurrente ataca como actuación de la recurrida la Resolución C.M.C. Nº 11480/2021 de la Comisión Médica Central, que confirmó el porcentaje de invalidez del recurrente resuelto por la Comisión Médica Regional Santiago Centro, y las Resoluciones Exentas Nº R-01-S-21336-2019 y Nº R-01-UME-52795-2022 de la Superintendencia de Seguridad Social que confirmaron el rechazo, en su conjunto, de 10 licencias médicas del recurrente, resuelto por la COMPIN Región Metropolitana.

Estas tres resoluciones fueron dictadas, respectivamente, con fechas 17 de noviembre de 2021, 5 de julio de 2019 y 28 de abril de 2022 SEXTO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, como se desprende de lo manifestado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

OCTAVO: Que, el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

NOVENO: Que, teniendo en cuenta que, como se ha indicado, las resoluciones que en el fondo son los actos recurridos fueron dictadas, respectivamente, con fechas 17 de noviembre de 2021, 5 de julio de 2019 y 28 de abril de 2022, mientras que el presente recurso de protección fue interpuesto con fecha 19 de agosto de 2022.

De todo lo cual fluye con toda evidencia que la presente acción cautelar se dedujo extemporáneamente, por lo que esa alegación será acogida.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo decidido precedentemente y, entrando de todas maneras al fondo del asunto, cabe advertir que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

UNDÉCIMO: Que, en efecto, frente a las argumentaciones expresadas en los motivos que preceden y de la información entregada por las partes, aparece de manera evidente que el presente asunto excede -con creces- los límites para los cuales está establecida la presente acción cautelar.

DUODÉCIMO: Que, el artículo 149 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 el mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

DECIMOTERCERO: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), en el caso de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las COMPIN deben resolver, como en el caso de la recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL. Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

DECIMOCUARTO: Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

DECIMOQUINTO: Que, en consecuencia, la actividad realizada por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

DÉCIMOSEXTO: Que el recurrente no indica qué derechos constitucionales amparados por el recurso de protección de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política de la República se han vulnerado mediante los actos recurridos.

DÉCIMOSEPTIMO: Que así y según lo dispone el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, el recurso de protección es una acción destinada a adoptar una medida para que cese una actuación arbitraria o ilegal, esto es, contraria a la ley o que sea producto del mero capricho de quien incurre en ella y dado su carácter excepcionalísimo, está llamado únicamente a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentarse, siendo que, en el caso propuesto, parte de los actos recurridos consiste en la negativa fundamentada a cursar las licencias médicas por parte de la autoridad administrativa determinada legalmente para ello y con plena competencia, no es posible advertir arbitrariedad ni ilegalidad en su proceder.

DECIMOCTAVO: Que en lo que toca respecto del porcentaje de incapacidad del recurrente, lo cierto es que la situación jurídica y de hecho presentadas por éste no ha sido demostrada fehacientemente, por lo que una controversia así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaración de tales derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria precisa y determinada, atribuible a quien se presente como recurrida, lo que en el presente caso no se ha clarificado debidamente.

DECIMONOVENO: Que, de lo expuesto, el presente recurso de protección no está en estado de prosperar.

VIGESIMO: Que, a mayor abundamiento, aunque el procedimiento sumarísimo de protección no establezca un período probatorio en contradictorio, ello no significa que el juez pueda decidir sin la existencia de pruebas que evidencien los argumentos presentados por las partes.

En efecto, en el procedimiento de las acciones constitucionales de protección, la prueba debe otorgar la certeza y la exigibilidad del derecho que se pretende ver tutelado. Frente a esto, no sería imposible suponer que, cuando se interpone el recurso de protección, estamos hablando de un derecho indiscutible que se ve amenazado o afectado su ejercicio por una arbitrariedad VIGESIMOPRIMERO: Que, por ello es que, no siendo el recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia surgida entre la recurrente y la recurrida, toda vez que la litis trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales, refiriéndose a cuestiones técnicas del área de la medicina que son competencia de los órganos técnicos de la administración y no de esta corte mediante un procedimiento sumarísimo y de urgencia.

VIGESIMOSEGUNDO: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se declara:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-80680-2022.