nombre reservado con CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

C.A. de Santiago Santiago, doce de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por haber incurrido, a su parecer, en un acto ilegal y arbitrario al denegar el pago del bono por desempeño institucional correspondiente al año 2024, cuyo primer pago debió hacerse en las remuneraciones de marzo de 2025, invocando fundamentos que resultan contrarios a la normativa aplicable, a los principios constitucionales que garantizan la igualdad ante la ley, la no discriminación por razón de género y el derecho de propiedad.

Expone que se desempeña como funcionaria de la Corporación Administrativa del Poder Judicial desde el año 2016, con calificaciones anuales constantes de “sobresaliente”. Actualmente ejerce el cargo de Jefa de Proyectos del Sub-Departamento de Mantenimiento.

Precisa que su hija Amelia nació de forma prematura con 33 semanas de gestación, el día 24 de julio de 2023. Por esa razón, hizo uso de su permiso postnatal desde el 24 de julio de 2023 hasta el 7 de enero de 2024; y desde el 8 de enero de 2024 hasta el 24 de julio del mismo año, continuó haciendo uso de permiso postnatal, por enfermedad grave de su hija menor de un año, quien fue diagnosticada con hipertonía y trastorno del control motor del prematuro, con tratamiento kinésico continuo y terapia ocupacional. Este período alcanzó un total de 198 días. Estas licencias médicas se complementaron con rutinas de ejercicios diarias que debían realizar en casa, con el fin de reforzar los objetivos terapéuticos, conforme a indicación médica certificada.

Precisa que el 19 de marzo de 2025, al revisar el pago de su remuneración, se percató que no fue pagada la cuota correspondiente al bono por desempeño institucional, efectuando las consultas por correo electrónico al área respectiva y ese mismo día doña nombre reservado de nombre reservado, le respondió que tenía 229 días de ausentismo no cumpliendo con el requisito de 180 días efectivamente trabajados.

Sostiene que la Ley N° 19.531 omitió referirse expresamente en el inciso quinto de su artículo 4° al artículo 199 del Código del Trabajo, pues esta norma se remite al permiso consagrado en el artículo 195, de modo que, a su juicio, habría sido reiterativo mencionarlo, aunque reconoce que a la luz de los hechos, habría sido lo más conveniente pues se trata del mismo permiso postnatal, pero que es otorgado cuando el hijo recién nacido, teniendo menos de un año, padece una enfermedad grave.

Se refiere a una sentencia del Tribunal Constitucional dictada en causa Rol N°14.595-23, que declaró inconstitucional el inciso quinto del artículo 4° de la Ley N° 19.531, por ser vulneratorio de derechos fundamentales.

Concluye que en realidad, la norma del artículo 4° inciso quinto de la Ley N°19.531 no excluye el permiso postnatal por enfermedad grave del hijo menor de un año, pues ese permiso está consagrado en el artículo 195 del Código del Trabajo, que es justamente al que se remiten los artículos 199 y 198 del mismo Código. La única diferencia, resalta, es que ese permiso se otorga cuando el hijo recién nacido tiene menos de un año y padece una enfermedad grave, que es justamente lo que ocurrió en su caso.

Aduce que se han vulnerado las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley y derecho de propiedad, garantizados por el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso, disponiéndose el pago a la suscrita del bono por desempeño institucional, individual y colectivo, cuyo pago corresponde ser realizado durante la anualidad 2025, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que evacúa informe la Corporación Administrativa del Poder Judicial, solicitando el rechazo del recurso.

Explica que la recurrente el año 2024 hizo uso de licencias médicas por enfermedad grave del hijo menor de un año, por un lapso de 198 días, sin embargo, realmente hizo uso de 13 licencias médicas por enfermedad de hijo menor de un año y 3 licencias médicas por enfermedad común, dando un total de 229 días de ausentismo laboral, por lo que trabajó efectivamente sólo 137 días durante el año, es decir, menos de 6 meses.

Asevera que el artículo 4° de la Ley N° 19.531 establece que no tendrán derecho a percibir los incrementos por desempeño los funcionarios que sean calificados en lista condicional o deficiente, ni aquellos que, durante el año anterior al pago del mismo, no hayan prestado servicios efectivos en el Poder Judicial, en la Academia Judicial o en la Corporación Administrativa del Poder Judicial durante a lo menos seis meses, con la sola excepción de los períodos correspondientes a licencias médicas por accidentes del trabajo a que se refiere la Ley Nº 16.744, incluidos los descansos previstos en los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo.

Agrega que la Ley N° 20.717, de 14 de diciembre de 2013, estableció que el permiso post natal parental debe considerarse como efectivamente trabajado para efectos de los requisitos para percibir incrementos por desempeño.

Además, se refiere al Acta 134-2015 de la Excma. Corte Suprema, que establece como requisito para recibir el pago de incrementos por desempeño registrar calificación sobresaliente, muy buena, satisfactoria o regular en el periodo correspondiente al pago, dado que no tienen derecho a percibir los incrementos los funcionarios calificados en lista condicional o deficiente.

Entiende que para efectos de determinar el tiempo efectivamente trabajado, se restan todas las ausencias que registre el funcionario, con excepción de las licencias pre y post natal, permiso postnatal parental, patología del embarazo, accidente o enfermedad profesional debidamente reconocidos por la ACHS, permisos con goce de remuneraciones y feriado legal, que en su artículo 64 letra c), prevé que atendido lo prescrito en la Ley N° 19.531, modificada por la Ley N° 20.244, los requisitos para hacer efectivo el pago, entre otros, es haber trabajado, a lo menos, seis meses efectivos durante el año inmediatamente anterior.

Concluye que su actuar no ha sido ilegal ni arbitrario, toda vez que ha ajustado su actuar estrictamente a lo dispuesto por la Ley N° 19.531 y el Auto Acordado N° 134-2015 del Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, estimando que la apreciación de la recurrente se debe meramente a una expectativa con respecto a poder obtener el incremento por desempeño colectivo e institucional relativo al año 2024, aún en contra de texto legal expreso.

Respecto a las eventuales vulneraciones de garantías constitucionales, refiere que no ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado las garantías constitucionales invocadas.

Finalmente, solicita el rechazo de la acción constitucional, en todas sus partes.

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, el acto que motiva el presente arbitrio consiste en la negativa de la recurrida de pagar a la protegida el bono por desempeño institucional correspondiente al año 2024, cuyo primer pago debió hacerse en las remuneraciones de marzo de 2025.

QUINTO: Que, la acción de protección en análisis tiene como fundamento la circunstancia de haberse encontrado la protegida, desde el 8 de enero de 2024 hasta el 24 de julio del mismo año -en total por 198 días-, haciendo uso de un permiso postnatal, por enfermedad grave de su hija menor de un año, quien fue diagnosticada con hipertonía y trastorno del control motor del prematuro, con tratamiento kinésico continuo y terapia ocupacional, incluidas rutinas de ejercicios diarias que debían realizar en casa, con el fin de reforzar los objetivos terapéuticos, conforme a indicación médica certificada.

SEXTO: Que, en el ámbito normativo, es preciso tener en vista que el artículo 4° inciso quinto de la Ley N°19.531 expresamente dispone que: “No tendrán derecho a percibir los incrementos a que se refieren los literales b) y c) precedentes, los funcionarios que sean calificados en lista condicional o deficiente, ni aquellos que, durante el año anterior al pago del mismo, no hayan prestado servicios efectivos en el Poder Judicial, en la Academia Judicial o en la Corporación Administrativa del Poder Judicial durante a lo menos seis meses, con la sola excepción de los períodos correspondientes a licencias médicas por accidentes del trabajo a que se refiere la Ley Nº 16.744, incluidos los descansos previstos en los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo”.

SÉPTIMO: Que, para zanjar la problemática sometida al conocimiento de esta Corte, es conveniente recordar que la protección al embarazo y a la maternidad tiene lugar importante en diversas normas nacionales, en especial en las leyes laborales. Es así como el Código del Trabajo contiene varias disposiciones orientadas a evitar la discriminación y proteger la salud de la mujer, así como facilitar el cuidado del hijo o hija por la trabajadora, incorporándose últimamente la responsabilidad paterna.

Es así entonces, como la licencia médica otorgada al alero del artículo 199 del Código del Trabajo, debe considerarse como “un derecho vinculado a la protección de la salud”, en este caso en la protección de la salud del niño menor de un año, instrumento que otorgado con las formalidades legales permite a la madre ausentarse de sus funciones por el tiempo que haya sido necesario para lograr el restablecimiento de la salud del menor, sin que ello deba implicar un detrimento en sus remuneraciones, asignaciones y bonos.

OCTAVO: Que, por lo demás, es preciso resaltar que el permiso previsto en el citado 199 es el mismo que se consagra en el artículo 195 del Código del Trabajo -al cual se alude expresamente como motivo de excepción por el artículo 4° inciso quinto de la Ley N°19.531-, solo que tiene una causa diferente: la enfermedad grave del hijo menor de un año.

Reafirma lo antes razonado, el reenvío que el propio artículo 199 del Código del Trabajo, efectúa a su artículo 198 -al referir que la madre trabajadora tendrá derecho al permiso y subsidio que establece el artículo anterior-, norma esta última que expresamente hace alusión a los descansos de maternidad reglados en los artículos 195 y 196 del mismo cuerpo legal.

NOVENO: Que, tampoco puede obviarse que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que es deber de los Estados Partes velar por la protección y cuidado necesarios para el bienestar de los menores, adoptando para ello todas las medidas legislativas y administrativas que se precisen, y así el artículo 24 Nº 1 de esa Convención, expresa que “los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a los servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud”.

Conforme lo antes expuesto, el interés superior del niño constituye un parámetro de protección de los derechos y medidas que importen a menores de edad, en cuanto en su virtud los órganos del Estado deben orientar sus políticas a cautelar el interés superior de estos.

DÉCIMO: Que al haberse efectuado por la recurrida una aplicación literal de una norma legal, pese a que ésta evidentemente contenía una situación de discriminación respecto de la funcionaria recurrente al excluirla del pago de los bonos que reclama, lo ha hecho de forma arbitraria, al no haber dado una razón suficiente para tal proceder.

A lo anterior debe sumarse que la conducta que se le atribuye a la entidad recurrida es también contraria a la lógica y al sentido común al excluir a la funcionaria recurrente del pago de los bonos que pretende le sea pagados por utilizar una licencia médica que no era para ampararla por una enfermedad propia, sino para la protección y rehabilitación de su hijo que sí necesitaba de la presencia continua y permanente de su madre frente a la gravedad del mal que sufría.

UNDÉCIMO: Que en consecuencia, se ha vulnerado por la recurrida no solo la garantía de igualdad ante la ley -al adoptarse una decisión contraria al deber del Estado de adoptar medidas que aseguren condiciones laborales compatibles con la crianza y el cuidado de los hijos, especialmente en sus primeros años de vida-, sino que también el derecho de propiedad que se tiene sobre toda clase de bienes, incluidos los patrimoniales, al no pagársele a la actora el bono a que tiene derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, disponiéndose que dicha institución deberá pagar a la protegida el bono por desempeño institucional, individual y colectivo, correspondiente al año 2025.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro (s) Sr. Valderrama Martínez.

Rol N° Protección-8064-2025.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner e integrada, además, el ministro (S) señor Fernando Valderrama Martínez y la abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.