Protección contra Instituto de Previsión Social

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco.

Al folio 30: a todo, téngase presente.

Al folio 31: a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece Juan Antonio Castillo Saavedra, abogado, en representación de nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra del Instituto de Previsión Social, por haber declarado vacante el cargo que servía la recurrente mediante Resolución TRA N° 954/7/2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, tomada de razón por la Contraloría General de la República con fecha 28 de febrero de 2025, fundada en salud incompatible con el desempeño del cargo. Actuación que considera ilegal y arbitraria, que vulneraría los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 números 1°, 2°, 16° y 24° de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución impugnada, se reincorpore a la funcionaria a su cargo y se le paguen las remuneraciones y demás estipendios no percibidos durante su separación, con expresa condena en costas.

Expone que ingresó a prestar servicios en el Instituto de Previsión Social el 6 de enero de 2020, en calidad de contrata grado 15°, asimilada a la planta administrativa, renovándose su contrata de manera sucesiva y continua hasta alcanzar una antigüedad laboral en la administración pública de 5 años, 2 meses y 13 días al momento de su desvinculación. Señala que el día 19 de marzo de 2025 fue notificada verbalmente que dejaría de pertenecer a la institución recurrida, informándosele presencialmente en su lugar de trabajo que se había declarado vacante su cargo por salud incompatible, dado que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) había informado que su salud era recuperable. Manifiesta que se negó a firmar los documentos presentados, toda vez que no se le remitió carta certificada a su domicilio ni correo electrónico que le informara de la desvinculación, como tampoco fue citada por el COMPIN para emitir el informe indicado.

Agrega que ese mismo día 19 de marzo de 2025 dejó constancia en Carabineros de Chile del término de sus servicios por salud incompatible con el cargo, y que al momento de presentar la acción no se le había pagado la remuneración correspondiente a los 19 días trabajados en marzo del presente año, lo que constituye un indicio del actuar irregular de la institución. Sostiene que la Resolución TRA N° 954/7/2024 declaró vacante por salud incompatible el cargo que servía, a contar de la fecha de total tramitación del acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Indica que mediante Resolución Exenta N° 145021 de fecha 9 de abril de 2024, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana resolvió que presenta un estado de salud recuperable, sin que nunca haya sido citada por esa entidad para determinar aquello. Explica que sus licencias médicas obedecieron a una situación puntual de depresión que, gracias a la terapia realizada, se encuentra actualmente recuperada, circunstancia que habría sido certificada por la especialista tratante, quien indicó que ya se puede reintegrar laboralmente. Destaca que el servicio, pudiendo haber solicitado la declaración de vacancia durante el año 2024, no lo hizo, sino que, por el contrario, renovó su contrata para todo el año 2025.

En relación con los fundamentos jurídicos del recurso, invoca que la resolución impugnada se basa en los artículos 150 letra a) y 151 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, normas que establecen que el jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No obstante, argumenta que si bien se trata de una facultad discrecional del jefe de servicio, discrecionalidad no significa arbitrariedad, debiendo ejercerse con respeto a las garantías constitucionales.

Sostiene que, conforme consta en la resolución del COMPIN, la actora presenta un estado de salud recuperable, pero que no se consideraron elementos para determinar que su estado de salud fuera incompatible con el cargo. Afirma que para desvincularla, lo único que consideró la recurrida fue el número de días de licencia, sin realizar peritaje o informe alguno para evaluar si su salud es compatible o no con el cargo, sin que la funcionaria fuera citada por la comisión de ausentismo de la institución ni se le preguntara si su condición le dificultaba de alguna forma el desempeño de sus funciones. Por consiguiente, sostiene que constituye un acto arbitrario considerar solo el tiempo de las licencias médicas cuando el propio COMPIN señala que no adolece de estado de salud irrecuperable y que en el cumplimiento de sus funciones nunca fue objeto de reproche.

Aduce que la forma en que se procedió a ejercer dicha potestad aparece como sorpresiva, antojadiza y carente de fundamento, toda vez que no resulta comprensible la medida adoptada tratándose de una persona que ya se encuentra recuperada, cuando se optó por aplicar los artículos respectivos del estatuto administrativo. Sostiene que no se advierte razón alguna para separarla del cargo y menos estimarse justificada la declaración de salud incompatible, si se entiende por salud el estado definitivo que ella puede alcanzar y que alcanzó efectivamente cuando terminó con éxito sus tratamientos y, por ende, sus licencias médicas.

Considera que el proceder de la recurrida ha vulnerado la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la integridad física y psíquica, al declararse vacante su cargo por salud incompatible basándose únicamente en el tiempo de las licencias sin tener ningún otro antecedente respecto de su salud, lo que le ocasiona un perjuicio psíquico al afectar de modo directo su salud mental, poniendo en peligro su futuro económico y laboral por un acto que no respondió a una razón atendible. Asimismo, invoca la vulneración del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, relativo al derecho a la igualdad ante la ley, ya que en situaciones similares no se declara la salud incompatible respecto de funcionarios que están en tratamiento médico con pronóstico recuperable, estableciéndose así diferencias arbitrarias. Adicionalmente, sostiene la vulneración del artículo 19 N° 16 de la Constitución Política, en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, toda vez que la Constitución no solo protege la libertad de trabajo sino también el trabajo mismo, que es un atributo esencial de la persona que se integra en su dignidad y patrimonio, obligando al ordenamiento jurídico a protegerlo y ampararlo. Finalmente, invoca la vulneración del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, relativo al derecho de propiedad, ya que se le ha privado del legítimo derecho a mantener su cargo y la retribución económica que acarrea el ejercicio de este, por una decisión arbitraria de la autoridad.

Por estas razones, solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada y reincorporar a la funcionaria a su cargo, debiéndole pagar las remuneraciones y demás estipendios y beneficios que dejo de recibir mientras estuvo separada de su cargo con expresa condenación en con costas.

SEGUNDO: Que, evacúa informe Susana Roa Gutiérrez abogada en representación del Instituto de Previsión Social, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Luego de reseñar los antecedentes del recurso, sostiene la falta de idoneidad del medio empleado por la recurrente para la solución del conflicto jurídico planteado. En este sentido, sostiene que, si bien la actora reconoce la facultad privativa y discrecional del Jefe de Servicio para declarar vacante el cargo por salud incompatible, simultáneamente manifiesta su disconformidad con la decisión adoptada, cuestión que, a juicio del organismo público, no puede ser calificada en sede de protección, por cuanto ésta constituye una acción cautelar de urgencia que carece de las garantías procesales propias de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la cual sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En dicho sentido, sostiene que no puede considerarse la existencia de un derecho indubitado en favor de la recurrente, toda vez que el ordenamiento jurídico permite expresamente tomar la decisión adoptada, habiéndose respetado íntegramente la normativa especial aplicable. Agrega que controvierten expresamente la vulneración de derechos alegada y la existencia de un acto ilegal y arbitrario, circunstancia que demuestra que se está en presencia de una controversia jurídica que excede los límites de la acción cautelar intentada.

Asimismo, destaca que la propia recurrente realiza una interpretación del artículo 151 del Estatuto Administrativo, concluyendo que, según su criterio personal, no procedería la declaración de vacancia, lo que evidencia que la real intención de la actora es que se interprete la ley y que se ponderen las motivaciones de la resolución impugnada, finalidades que no constituyen el objeto propio de la acción de protección constitucional.

En segundo lugar y entrando al fondo del asunto, plantea la inexistencia de un acto arbitrario e ilegal. Sostiene que el artículo 146 del Estatuto Administrativo, que establece las causales de cese de funciones, entre las cuales se encuentra la declaración de vacancia. Asimismo, el artículo 150 del Estatuto Administrativo, que establece las causales que habilitan la declaración de vacancia, entre las cuales se encuentra la salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo. Especial relevancia otorga el informe al artículo 151 del referido estatuto, que establece que el Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Destaca que el inciso tercero del artículo 151 establece que, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, el Jefe Superior del Servicio deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y sólo en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo y resolver la vacancia de éste por esa causal.

El Instituto de Previsión Social distingue esta hipótesis de aquella contemplada en el artículo 152 del Estatuto Administrativo, que se refiere al caso en que se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, señalando que se trata de dos situaciones jurídicas completamente diferentes. En efecto, argumenta que en el caso de marras se cumplió total y absolutamente con la normativa, toda vez que, mediante oficio ordinario N°214, de fecha 14 de marzo del año 2024, se solicitó a la COMPIN que evaluara el estado de salud (irrecuperabilidad) de doña nombre reservado, dado que, desde el mes de enero del año 2022 hasta marzo del año 2024, registraba un total de 541 días de licencia médica dentro de los últimos 2 años.

Posteriormente, mediante Resolución Exenta N°145021, de fecha 09 de abril del año 2024, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN – SEREMI de Salud Región Metropolitana, resolvió que la funcionaria nombre reservado adolece de un estado de salud Recuperable, remitiendo los antecedentes para los fines estatutarios pertinentes. En virtud de lo anterior, y conforme al artículo 151 ya referido, el Jefe Superior del Servicio se encontraba facultado para declarar la vacancia del cargo por salud incompatible.

En cuanto al procedimiento administrativo seguido, señala que, en ejercicio de dicha facultad legal, el Instituto dictó la Resolución TRA N°954/7/2024, de fecha 10 de diciembre del año 2024, debidamente tomada de razón por la Contraloría General de la República con fecha 28 de febrero del año 2025, que dispuso declarar vacante el cargo que servía doña nombre reservado, como Administrativo, grado 15 Escala Única de Sueldos, por salud incompatible, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Destaca que la resolución indica expresamente el marco normativo aplicable, citando el artículo 151 del Estatuto Administrativo y el artículo 63 de la ley N° 21.050. Asimismo, se hace referencia al Dictamen 030943 de 13 de diciembre de 2018 de la Contraloría General de la República, que dispone que previo a declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible de un funcionario, la autoridad debe requerir a la comisión de medicina preventiva e invalidez la evaluación de ese empleado respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud.

Resalta el considerando que indica que la resolución de la evaluación que realice la COMPIN constituye para la autoridad que lo solicita un antecedente sobre la irrecuperabilidad de la salud del servidor, ya que se trata de la valoración que un organismo técnico especializado realiza acerca de la condición de salud. La resolución establece que, atendido lo anterior, en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo y resolver la vacancia de éste por esa causal, citando diversos dictámenes de la Contraloría General de la República que avalan esta interpretación.

La resolución impugnada establece que, desde enero del 2022 a la fecha de esa resolución, la funcionaria presentaba 541 días de licencia médica, los cuales se encontraban autorizados por su respectiva Entidad de Salud, y que el COMPIN – SEREMI de Salud Región Metropolitana, a través de la Resolución Exenta N° 145021 del 9 de abril de 2024, dictaminó que la funcionaria nombre reservado presenta un estado de salud Recuperable, por lo que se cumplían las circunstancias de hecho requeridas por la normativa, así como las demás gestiones e indagaciones realizadas por el Servicio a través de su mesa de ausentismo, razón por la cual se resolvió fundadamente calificar la procedencia de declarar la vacancia del cargo por salud incompatible con el desempeño del cargo.

Finalmente, el acto administrativo justifica la declaración de salud incompatible atendiendo a la necesidad de velar por la continuidad en el ejercicio de las funciones públicas y, por ende, satisfacer las necesidades de la comunidad, exigencia que justifica la separación de la funcionaria que ha mantenido una ausencia prolongada, considerando además que las licencias computadas no obedecen a los supuestos que se encuentran excluidos para ese efecto, como sucede con las licencias otorgadas por accidente del trabajo y enfermedad profesional, por reposos vinculados con la maternidad y por cáncer.

Informa que la resolución fue debidamente notificada, señalando que, luego de tomada razón, fue notificada personalmente a la recurrente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 46 inciso 2 de la Ley N° 19.880, a través de carta certificada, ingresada el día 5 de marzo de 2025 en la oficina de Correos de Chile.

En cuanto a las alegaciones específicas de la actora, sostiene que la misma hace sinónimos los conceptos de salud irrecuperable con salud incompatible, lo que es absolutamente erróneo, ya que la salud irrecuperable no permite declarar el cargo vacante por salud incompatible. Esta confusión queda en evidencia, cuando la recurrente señala que su estado de salud, según informó la COMPIN, es recuperable, situación que, a su juicio, no habilitaría a la recurrida a ejercer la facultad del artículo 151 del Estatuto Administrativo. El organismo recurrido sostiene que, contrario a lo que sostiene la recurrente, la norma citada precisamente habilita a declarar vacante el cargo por salud incompatible cuando la COMPIN declara que el estado de salud es recuperable.

Asimismo, destaca que, conforme a las argumentaciones de la recurrente, jamás podría declararse vacante un cargo por salud incompatible, lo que evidencia el error en su interpretación. Adicionalmente, señala que el hecho de que la recurrente esté realizando una interpretación de la Ley demuestra que no existe un derecho indubitado, por lo que el conflicto excede el ámbito de aplicación de una acción cautelar.

Respecto a la alegación en orden a que la Resolución recurrida solo da cuenta que el COMPIN declaró su salud como recuperable, pero no consta que se haya analizado si se encuentra en condiciones de desempeñar su cargo, el organismo recurrido señala que aquello no es efectivo, toda vez que la resolución indica, entre otras motivaciones, la declaración emitida por COMPIN, los 541 días de licencia en los 2 últimos años y que la normativa permite al Jefe Superior declarar el cargo vacante por salud incompatible.

En relación con el argumento de la recurrente en torno a sus calificaciones en lista uno en sus evaluaciones de desempeño, y sin perjuicio de que es un hecho absolutamente ajeno a la problemática de autos, el Instituto de Previsión Social señala que no puede desconocerse que el sistema de calificación de los funcionarios públicos presenta serias deficiencias. Para apoyar esta afirmación, cita la prevención del Ministro señor Marcelo Urzúa Pacheco en fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 9 de enero de 2019, Rol 947-2018, que señaló que es de notorio y público conocimiento que el sistema de calificaciones de los servidores públicos de nuestro país ha dejado de ser uno de carácter objetivo, lo que ha derivado en que prácticamente todos los funcionarios son calificados en lista 1 y con las máximas notas, por lo que de ningún modo puede ser un parámetro para determinar si a una persona que se encuentra desempeñándose a contrata deba renovársele ésta.

Respecto a la alegación de la recurrente en cuanto a que no se indica por qué se ejerció dicha facultad en esta oportunidad y no con anterioridad, a pesar de que en años anteriores también se cumplían los presupuestos de hecho para haber declarado la vacancia, el organismo recurrido señala que tal argumentación es bastante contradictoria, ya que primeramente reconoce que se trata de una facultad, luego indica que anteriormente se cumplía también el plazo para ejercer dicha facultad y finaliza señalando que, a pesar de sus problemas, sigue contando con salud compatible con su cargo, lo que resulta contradictorio y absurdo, siendo evidente que su salud es incompatible con el cargo.

Finalmente aborda la falta o ausencia de vulneración de los derechos constitucionales denunciados. En este contexto, sostiene que las motivaciones que sirvieron de base para adoptar la decisión impugnada en ningún caso obedecieron a una decisión infundada y arbitraria como alega la recurrente, sino que han tenido por objeto dar continuidad a la función pública que despliega este servicio, no siendo posible sostener que se hayan vulnerado los derechos constitucionales reclamados.

Respecto al derecho a la integridad física y psíquica consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política, el Instituto de Previsión Social niega y controvierte categóricamente que se haya vulnerado esta garantía constitucional, señalando que solo se ha hecho aplicación de la normativa legal vigente que rige a este Instituto, quien debe velar por la continuidad del Servicio, en particular velar por que se concedan los beneficios previsionales y se dé un servicio directo a los usuarios que concurran a las diferentes sucursales. Argumenta que el hecho de aplicar las normas vigentes no puede significar afectación física y/o psíquica de la exfuncionaria, puesto que, de ser así, cualquier funcionario o funcionaria podría alegar esta afectación ante cualquier cambio o modificación en las políticas de atención al público u otra análoga que signifique una exigencia a los funcionarios.

Señala que la recurrente tampoco explica de qué forma se le habría vulnerado su integridad física y menos psíquica, siendo un hecho conocido por la señora nombre reservado que en los últimos años registra una ausencia de 541 días de licencias médicas, lo que trae como consecuencia que este servicio debe tomar las medidas necesarias para suplir esta ausencia, no siendo comprensible una afectación a su integridad física y psíquica, dado que la recurrente siempre que lo requirió pudo hacer uso de permisos médicos, pagados por el Instituto.

En cuanto al derecho de igualdad ante la ley, el Instituto de Previsión Social niega y controvierte que se haya conculcado este derecho, desde que la decisión se fundamenta en normas que establecen criterios objetivos, quedando todos los funcionarios sujetos a la posibilidad de que se declare la vacancia en el evento de que se cumplan los presupuestos establecidos en la norma estatutaria. Agrega que la decisión adoptada por el Instituto ha sido uniforme en estos últimos años respecto de todos los funcionarios que se encuentren en la hipótesis de constituir casos críticos de ausentismo, cuyas situaciones eran monitoreadas por la mesa de ausentismo, instancia consultiva que tiene por finalidad analizar la situación de funcionarios y funcionarias con ausentismos prolongados y asesorar a la autoridad en la medida que este último opte, dentro del ámbito de sus facultades, declarar vacante el cargo de algún funcionario o funcionaria en cumplimiento de los supuestos del artículo 151 del Estatuto Administrativo, respecto de quienes se decidió poner término a sus funciones bajo los mismos fundamentos, tal como consta de las resoluciones que se acompañan al informe.

A partir de lo expuesto, argumenta que, considerando que la decisión adoptada, motivada, alcanzó a otros funcionarios que se encontraban bajo los mismos supuestos que facultan el término de sus servicios por incompatibilidad del cargo, debe descartarse una vulneración al derecho de igualdad ante la ley, más aún cuando la recurrente ni siquiera menciona respecto a quién se le discriminó.

Respecto al derecho de propiedad reconocido y amparado por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, el Instituto de Previsión Social niega y controvierte su vulneración. Señala que, en opinión de la recurrente, ésta sería titular de un derecho de propiedad sobre el cargo y beneficios que detentaba en el IPS, sin embargo, argumenta que no es posible entender que las personas que desarrollan funciones públicas tengan un derecho de propiedad sobre éstos, puesto que las labores que en definitiva desempeñan son aquellas propias del Estado, cuya finalidad es el bien común, por lo que mal podría pretenderse propiedad sobre aquellas, ni menos derechos derivados de las mismas. Explica que la función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria, por lo tanto, el cargo a través del cual se desempeña participa de tal carácter y constituye una clase de representación del Estado que no es posible incluir en el campo del derecho privado en el que el derecho de propiedad se inserta y respecto del cual se establece la respectiva garantía constitucional.

Finalmente, respecto al derecho de protección del trabajo consagrado en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política, en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y contratación, el Instituto niega y controvierte afectación alguna, señalando que la recurrente goza de este derecho en toda su amplitud.

Finalmente, para el caso de que esta Corte acoja la acción, el Instituto de Previsión Social solicita la improcedencia de condena en costas, por no estar de mala fe y haber litigado con motivo plausible.

Por todo lo expuesto, el Instituto de Previsión Social solicita el rechazo de la acción de protección deducida.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley- o arbitrario- producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha la parte recurrente, es el acto administrativo contenido en la Resolución TRA N° 954/7/2024, que fue objeto del trámite de toma de razón el 28 de febrero de 2025 y notificada el 19 de marzo del mismo año, por el cual se declaró vacante su cargo por "salud incompatible", en lo pertinente, es el siguiente tenor:

“4. Que el certificado extendido por el Jefe de Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas del Instituto de Previsión Social, certifica que a la fecha, la funcionaria ha hecho uso de 288 días de licencia médica por Enfermedad o Accidente Común durante los últimos dos años, los cuales se encuentran autorizados por su respectiva Entidad de Salud sin mediar declaración de irrecuperabilidad. De igual manera se certifica que las licencias otorgadas no obedecen a accidente del trabajo, enfermedad profesional, reposos vinculados con la maternidad y/o cáncer.

5. Que la Resolución Exenta N°145021, del 9 de abril de 2024, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN – SEREMI de Salud Región Metropolitana, resuelve que la funcionaria nombre reservado, RUN RUT reservado, adolece de un estado de SALUD RECUPERABLE.

6.- - Que a través de la Resolución Exenta N° 318 de 20 de abril de 2021 de este Servicio, se implementó la “Mesa de Ausentismo” dependiente del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas del Instituto de Previsión Social, instancia formal cuya responsabilidad es coordinar y gestionar de forma transversal las acciones y/o programas en el ámbito del ausentismo laboral, para ello efectúa distintas gestiones, tales como, seguimiento de los casos de licencias médicas prolongadas, indagando acerca de la situación particular que afecta al o la funcionario/a, establecer los motivos que explican una prolongada licencia médica y precisar la situación operativa que informa la jefatura directa en relación al desarrollo de funciones. De esto, se levanta un informe que es presentado, en conjunto con otros antecedentes, ante la autoridad con el fin de que pueda ejercer la facultada del art. 151 del Estatuto Administrativo, de la manera más informado posible y que al momento de analizar cada caso la decisión no solo se limite a aplicar únicamente un criterio matemático consistente en la sumatoria de los períodos a que se ha extendido el permiso por enfermedad.

7.- Que, desde Enero del 2022 a la fecha, la funcionaria presenta 541 días de licencia médica, los cuales se encuentran autorizados por su respectiva Entidad de Salud; que el COMPIN – SEREMI de Salud Región Metropolitana, a través de la Resolución Exenta N° 145021 del 9 de abril de 2024, dictamino que la funcionaria nombre reservado, presenta un estado de salud Recuperable, por lo que se cumplen las circunstancias de hecho requeridas por la normativa, así como las demás gestiones e indagaciones realizadas por este Servicio, a través de su mesa de ausentismo, por lo que se ha resuelto fundadamente calificar la procedencia de declarar la vacancia del cargo por salud incompatible con el desempeño del cargo de doña nombre reservado , RUN RUT reservado.

8.- Que la declaración de salud incompatible de la funcionaria nombre reservado, atiende a la necesidad de velar por la continuidad en el ejercicio de las funciones públicas y, por ende, satisfacer las necesidades de la comunidad. Esta exigencia justifica la separación de la funcionaria que ha mantenido una ausencia prolongada, considerando además que las licencias computadas no obedecen a los supuestos que se encuentran excluidos para ese efecto, como sucede con las licencias otorgadas por accidente del trabajo y enfermedad profesional, por reposos vinculados con la maternidad y por cáncer.

RESUELVO:

DECLÁRASE VACANTE POR SALUD INCOMPATIBLE, a contar de la notificación de la total tramitación del presente acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, el cargo servido por:

1) Don(a) nombre reservado, R.U.N N° RUT reservado, ADMINISTRATIVO, grado 15°ESCALA UNICA DE SUELDOS, Contrata, del servicio INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL “.

QUINTO: Que en cuanto a la normativa aplicable corresponde indicar que el artículo 146 c) del Estatuto Administrativo señala: "El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaraciones de vacancia;". Asimismo, el artículo 150 del Estatuto Administrativo dispone que: "La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo".

Por su parte, el artículo 151 del Estatuto Administrativo –de acuerdo a la modificación introducida por el artículo 63 de la Ley N° 21.050- dispone que: "El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código de Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo".

Por último, el artículo 3° inciso final de la Ley N° 19.880 dispone: "Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional".

SEXTO: Que el término de la contrata se realizó en virtud del artículo 3° de la Ley N° 18.834, el cual dispone que el empleo a contrata es de carácter transitorio, esto es, que, si bien su duración se extiende por ley hasta el 31 de diciembre de cada año, ello no es óbice para que el Jefe Superior de Servicio pueda disponer el término anticipado, si los servicios no son requeridos o si existe una declaración de vacancia del cargo.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 151 del Estatuto Administrativo, se establece que el Jefe de Servicio podrá considerar como salud incompatible el uso de licencia médicas por un lapso superior a 6 meses continuo o discontinuo, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, después de la modificación introducida por la Ley N° 21.050, para aplicar el artículo 151 del Estatuto Administrativo resulta estrictamente necesario solicitar la evaluación a la COMPIN respecto del estado de salud que afecta a un funcionario, cuyo informe sólo puede señalar dos opciones: que sea el estado de salud irrecuperable o recuperable, conservando en ambos casos la administración la facultad de mantener al funcionario en el respectivo cargo o declarar su vacancia, en los términos del artículo 151 del Estatuto Administrativo.

De esta forma, el pronunciamiento de la COMPIN de recuperabilidad no resulta vinculante para la recurrida, toda vez que aún en dicha hipótesis, igualmente puede estimar la jefatura del servicio que la salud del funcionario es "incompatible" con el funcionamiento de la entidad, dado que en dicho contexto se trata del ejercicio de una potestad exclusiva de la administración.

OCTAVO: Que, de acuerdo al tenor del acto impugnado se advierte que corresponde a un acto administrativo fundado desde los hechos y el derecho -analizándose de manera pormenorizada la situación particular de la recurrente-, dictado en el ejercicio de una facultad legal y contando con el cumplimiento de los requisitos que el Estatuto Administrativo exige al efecto, conforme además al artículo 3° inciso final del referido cuerpo normativo –presunción de legalidad de los actos administrativos-, toda vez que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República con fecha 28 de febrero de 2025 y notificada el 19 de marzo del mismo año.

NOVENO: Que, asimismo, resulta pertinente tener presente que, mediante el Dictamen N° 17.351 de 2018, el Ente Fiscalizador ha sostenido que la resolución de la evaluación que realice la COMPIN, constituye para la autoridad que lo solicita un antecedente sobre la irrecuperabilidad de la salud del servidor, ya que se trata de la valorización que un organismo técnico especializado, realiza acerca de la condición de salud de ese empleado.

Atendido lo anterior, en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo y resolver la vacancia de éste por esa causa", resultando para estos efectos la jurisprudencia administrativa vinculante para la administración, conforme con lo dispuesto en los artículos 9 y 19 de la Ley N°10.336 sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

DÉCIMO: Que, en síntesis, la autoridad recurrida sostiene que su decisión tuvo como fundamento reconocer en los hechos los evidentes impedimentos de salud de la recurrente en relación con el ejercicio del cargo, por lo que dispuso su vacancia a efectos de cubrirlo en el futuro y dotar al respectivo servicio público de los elementos humanos necesarios e idóneos para dar continuidad operativa a los procesos administrativos que la ley mandata, antecedentes que implicaron que se declarara su "salud incompatible", en los términos antes explicitados.

En efecto, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico del cáncer y la protección a la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años.

UNDÉCIMO: Que de lo expresado aparece que la decisión recurrida fue adoptada en virtud del ejercicio de la atribución conferida por ley al jefe de servicio, quien ponderó en el curso del procedimiento no sólo la concurrencia de los requisitos objetivos previstos por la normativa pertinente para la declaración objetada, sino también la probabilidad de contar con el concurso de los servicios de la recurrente para los fines del servicio a partir de su reintegro, después de ausencia por motivos médicos, en base a antecedentes que sostienen la calificación de incompatibilidad que se formulara, y que priva de sustento a las imputaciones de ilegalidad y arbitrariedad del recurso.

DUODÉCIMO: Que, asimismo, tampoco se ha demostrado la existencia de una arbitrariedad, pues el acto impugnado se fundamenta en la declaración previa de salud recuperable y en el hecho acreditado de haber hecho uso de licencia médica (541 días) en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que transforma su permanencia en el cargo incompatible con los fines del servicio a prestar.

DÉCIMO TERCERO: Que en relación a lo impetrado mediante el presente arbitrio constitucional, es del caso enfatizar la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.

DÉCIMO CUARTO: Que, es así como, aparece que el asunto propuesto a través de esta acción constitucional, en cuanto a la presunta inconsistencia entre la declaración de recuperabilidad de la salud con la consideración de su incompatibilidad con el servicio, rebasa sus límites y propósitos, dado que necesariamente supone dirimir los tópicos antes consignados para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo.

DÉCIMO QUINTO: Que, lo cierto es entonces que la recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de derechos, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose aquéllos indubitados es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito –como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

DÉCIMO SEXTO: Que, en base a lo expuesto con antelación, el actuar de la recurrida se ajustó completamente a la normativa vigente y a lo previsto en los artículos 6° y 7° de nuestra Carta Fundamental, sin que haya existido ilegalidad o arbitrariedad alguna –denunciada o verificable- de parte de la recurrida.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en conformidad a lo antes referido, al no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado y encontrándose el acto administrativo debidamente fundado en su decisión, por ende, no se configura un acto ilegal y/o arbitrario, por lo que corresponde rechazar el recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso interpuesto por Juan Antonio Castillo Saavedra, abogado, en representación de doña nombre reservado, en contra del Instituto de Previsión Social.

Regístrese y archívese.

N°Protección-8059-2025.