nombre reservado con nombre reservado

Santiago, ocho de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho comparece don nombre reservado, profesor, y deduce recurso de protección en contra del Teniente Coronel de Carabineros nombre reservado Villagrán en su calidad de Prefecto Subrogante de la Prefectura de Seguridad Privada (OS10), quien le notificó la Resolución Administrativa N° 805, de 24 de octubre de 2018, la que en síntesis ha dispuesto negarle la autorización para renovar por dos años su trabajo como Asesor y Capacitador de Seguridad Privada.

Refiere que hace cuatro años ejerce funciones de profesor capacitador en el Instituto de Capacitación INCADECH LTDA. en asignaturas que describe y que con fecha 27 de julio de 2018 concurrió para que se le extendiera un permiso de renovación como Asesor y Capacitador por nuevos dos años, según dispone el artículo 5 bis del Decreto Ley N° 3.607 y artículos 1 y 5 del Reglamento, Decreto Supremo N° 93, todos en relación con la Ley N° 19.329.

Es así que la resolución indicada le impide el ejercicio de su profesión pedagógica señalando “carecer de idoneidad cívica exigida para desempeñarse en cualquier cargo de seguridad pública”, señalando que la resolución se sujeta a lo que indica el certificado de antecedentes que acompaña.

Expresa que adjuntó su certificado a la solicitud de renovación y ahí aparece que se encuentra sometido a proceso por el delito de secuestro calificado por la Corte de Apelaciones de San Miguel en la causa C-116-2011, que no tiene sentencia definitiva, por lo que afirma le asiste la presunción de inocencia.

Añade que las garantías conculcadas son el artículo 5 inciso segundo, en lo que dice relación con la presunción de inocencia; el artículo 19 N°2, respecto a la igualdad ante la ley; artículo 19 N°11, referido a la libertad de enseñanza y artículo 19 N°16, sobre la libertad de trabajo, todos de la Constitución Política de la República.

Pide se deje sin efecto tal documento y que la autoridad policial le conceda la autorización por nuevos dos años para ejercer docencia como Asesor y Capacitador, según lo ya referido, con costas.

Con fecha 23 de noviembre de 2018 se evacua informe por el recurrido, señalando que revisados los antecedentes presentados por el recurrente se resolvió rechazar la renovación solicitada, toda vez que se verificó que carecía de la idoneidad cívica exigida para desempeñarse en cualquier cargo de seguridad privada, ya que acompañó certificado de antecedentes para fines especiales donde consta haber sido declarado reo con fecha 22 de marzo de 2016 como autor del delito de secuestro calificado en grado de consumado.

Lo anterior -afirma- se encuentra regulado en el artículo 5 bis del Decreto Ley N° 3.607, de 1981, en relación con el artículo 8 del Decreto Supremo N° 93, que establece como requisito de idoneidad no estar condenado ni estar sometido a proceso por crimen o simple delito y en cuanto a la forma de acreditación de dicho requisito, el manual de organización del sistema de seguridad privada dispone que la idoneidad cívica de los componentes del sistema se acredita con el respectivo certificado de antecedentes.

Añade que es facultad de las Prefecturas de Carabineros otorgar o rechazar las autorizaciones que se le solicitan, previa comprobación de los requisitos legales.

Respecto al proceso de renovación respecto del cual el recurrente indica que no obstante encontrarse sometido a proceso el 22 de marzo de 2016 y que de igual forma le habían renovado su autorización, en aquella oportunidad acompañó certificado de antecedentes con fecha de emisión 25 de mayo de 2016, fecha en la que si bien ya había sido sometido proceso no constaba dicha anotación en su certificado de anotaciones para fines especiales.

Pide tener por evacuado el informe y se rechace el recurso.

Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que como puede deducirse de la parte expositiva de esta sentencia, el conflicto sometido a decisión de esta Corte dice relación con la negativa comunicada al recurrente por la Prefectura de Carabineros OS10, de renovar por dos años su trabajo como Asesor y Capacitador de Seguridad Privada, en atención a haber sido sometido a proceso como autor de un delito de secuestro calificado, lo que produce la imposibilidad de acreditar su idoneidad cívica para desempeñar ese oficio.

SEGUNDO: Que, como es sabido, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio; esto es, requisito indispensable de la acción cautelar de protección lo constituye (1) la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, y (2) que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un (3) derecho indubitado y no disputado del afectado. Asimismo, es menester que concurra una (4) relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional y que (5) exista la posibilidad actual del órgano jurisdiccional, ante el cual se plantea la acción, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Es decir, son variadas las exigencias que deben rodear su presentación y, ciertamente, motivar el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada.

TERCERO: Que en atención al conflicto concreto que se ha sintetizado en el considerando primero, corresponde examinar si acaso resulta admisible el recurso por cumplir los requisitos antes anotados, a los que el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales ha añadido uno relativo al plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

CUARTO: Que debe advertirse que el citado artículo 5° bis del Decreto Ley N° 3.067, actualmente vigente, señala:

“Artículo 5° bis.- Las personas naturales o jurídicas que realicen o tengan por objeto desarrollar labores de asesoría o de prestación de servicios en materias inherentes a seguridad, o de capacitación de vigilantes privados, deberán contar con la autorización previa de la Prefectura de Carabineros.

Por exigirlo el interés nacional, prohíbese a toda persona natural o jurídica proporcionar u ofrecer, bajo cualquier forma o denominación, vigilantes privados.

Esta prohibición se extiende a las convenciones destinadas a proporcionar personal para cumplir labores de vigilantes privados.

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior constituirá delito y será sancionada con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, con multa de doscientos a quinientos ingresos mínimos mensuales y con la pena accesoria de inhabilitación perpetua para desempeñar las labores que requieren de la autorización a que se refiere el inciso primero. En caso de reincidencia, la pena será de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de quinientos a mil ingresos mínimos mensuales.

Tratándose de personas jurídicas tendrán aplicación las normas del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal.

Los delitos tipificados en el inciso segundo serán de conocimiento de la justicia ordinaria.

Las personas naturales o jurídicas que desarrollen alguna de las actividades a que se refiere el inciso primero, deberán cumplir con las siguientes exigencias y condiciones, en lo que fueren aplicables:

a) Contar con la autorización de la Prefectura de Carabineros respectiva;

b) Acreditar su idoneidad cívica, moral y profesional, como asimismo la del personal que por su intermedio preste labores de nochero, portero, rondín u otras de similar carácter, manteniendo permanentemente informada a la correspondiente Prefectura de Carabineros acerca de su individualización, antecedentes y demás exigencias que determine el reglamento;

c) Contratar un seguro de vida en beneficio del personal a que se refiere la letra anterior;

d) Disponer de las instalaciones físicas y técnicas propias para capacitación y adiestramiento en materia de seguridad;

e) Cumplir las instrucciones sobre capacitación y adiestramiento impartidas por la respectiva Prefectura de Carabineros, y f) Identificar, en los casos en que se proporcione personal para desarrollar labores de vigilancia y protección, los lugares donde éste cumpla su cometido y el número asignado a los mismos.

Las personas que desarrollen funciones de nochero, portero, rondín u otras de similar carácter, no podrán, en caso alguno, portar armas de fuego en su desempeño, pudiendo ser contratados directamente por los particulares o a través de las empresas a que se refiere el inciso primero de este artículo. La duración de su jornada ordinaria de trabajo no excederá de cuarenta y ocho horas semanales.”

Dicho artículo ha sido objeto de la dictación de un Reglamento, que consta en el Decreto Supremo N° 93, de 1981, del Ministerio de Defensa Nacional, modificado recientemente a través del Decreto N° 867, de 17 de marzo de 2018, el que dejó una norma sin aplicación, puesto que el artículo 8° del mismo señala que los requisitos que deben cumplir las personas que soliciten alguna autorización relacionada con el oficio del recurrente, deben acreditar por los medios señalados en el artículo 6° la idoneidad cívica, moral y profesional, cuando dicha disposición reglamentaria fue derogada por el último de los actos administrativos citados.

Esto significa que, en la actualidad, el certificado de antecedentes válido para fines especiales que otorga el Servicio de Registro Civil e Identificación no resulta un mecanismo exigido por el Reglamento para acreditar la idoneidad cívica, moral y profesional de algún requirente de las autorizaciones a las que nos referimos en esta sentencia, lo que significa que el razonamiento de la Prefectura de Carabineros OS10, comunicado a través del informe, comete un equívoco solamente explicable por la relativa reciente data de la modificación antes comentada.

QUINTO: Que lo analizado en el considerando precedente exige revisar de manera rigurosa la mencionada Resolución Administrativa N° 805, de 24 de octubre de 2018, de la Prefectura de Carabineros OS10, la que siendo ajustada al ordenamiento jurídico, resulta necesario verificar si la misma puede ser arbitraria, para lo cual deberá establecerse (1) si la misma se encuentra motivada, (2) si ésta en el caso de existir es suficiente o (3) si acaso es incongruente o se encuentra irracionalmente motivada.

SEXTO: Que revisando el texto del acto administrativo referido, dentro de los vistos se cita lo establecido en el artículo 5° bis del Decreto Ley N° 3.607 y lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 93, de 1985, del Ministerio de Defensa Nacional, que como se dijo es el Reglamento de la disposición legal antes indicada.

En el único considerando que se contiene en la resolución impugnada se alude a la necesidad de mantener un control de cada una de las actuaciones que involucran los procesos para las tramitaciones de las autorizaciones y renovaciones de las acreditaciones respectivas, que son solicitadas ante esa Autoridad Fiscalizadora.

A su turno, dentro de la parte resolutiva, junto con rechazar la renovación solicitada por el recurrente, se justifica aquello en que, conforme al certificado de antecedentes válido para fines especiales, el solicitante carece de la idoneidad cívica exigida.

De manera que en ello se ancla la justificación para la decisión que se adopta, que el recurrente carece de idoneidad cívica, lo que la autoridad infiere del certificado de antecedentes válido para fines especiales, el que si bien es cierto ha dejado de ser el mecanismo exigido por el Reglamento para acreditar dicho requisito, no es menos cierto que da cuenta de un suceso procesal importante que se estima por la Autoridad Fiscalizadora correspondiente que implica desmerecer la idoneidad cívica exigida por la norma legal correspondiente.

No puede soslayarse que la idoneidad se refiere a la aptitud, buena disposición o capacidad que algo o alguien tiene para un fin determinado, de manera que al no encontrarse determinada ahora en el Reglamento a través de qué medios es posible acreditar dicha cualidad, el contenido del certificado de antecedentes puede ser tomado en cuenta para adoptar la decisión, en cuanto resulta perfectamente posible que contenga información que sirva para establecer la buena disposición, la capacidad de alguien para desempeñar, en este caso, el oficio de Asesor y Capacitador en materias tan sensibles como la Seguridad Privada.

SEPTIMO: Que, en coherencia con lo razonado, se rechazará el presente recurso de protección.

En conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por don nombre reservado, en contra del Teniente Coronel de Carabineros nombre reservado Villagrán en su calidad de Prefecto Subrogante de la Prefectura de Seguridad Privada (OS10).

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del abogado integrante señor Decap.

N°Protección-80331-2018.-