nombre reservado con AFP CAPITAL S. A.

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha nueve de enero de dos mil veintiséis, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., representada por don nombre reservado, por haber rechazado mediante comunicación electrónica de fecha ocho de enero de dos mil veintiséis, la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida impone requisitos de carácter formal y probatorio que exceden el marco normativo de la Ley N° 18.156, ignorando la validez de los medios de verificación electrónica, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto el acto impugnado y se ordene la restitución inmediata de sus ahorros previsionales.

Sostiene el recurrente que su representada, en su calidad de técnica profesional extranjera, solicitó la devolución de sus fondos de conformidad con los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, acreditando debidamente su afiliación a un régimen de seguridad social en su país de origen. No obstante, la recurrida denegó la solicitud argumentando presuntos vicios en los anexos de los contratos de trabajo y la falta de vigencia de la constancia de afiliación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Alega que los anexos contractuales cumplen plenamente con la legalidad vigente al expresar la voluntad del trabajador de mantener su afiliación extranjera. Respecto a la certificación del IVSS, aduce que es un documento verificable mediante un código alfanumérico en el portal web oficial de dicha institución, medio que la Administradora se ha negado a emplear, incurriendo en un excesivo rigorismo formal.

Refuerza su argumentación invocando la máxima «ad impossibilia nemo tenetur», dado que la obtención de documentos apostillados resulta un obstáculo insuperable ante la inexistencia de relaciones diplomáticas actuales entre Chile y Venezuela, lo que constituye un evento de fuerza mayor según el artículo 45 del Código Civil.

Asimismo, invoca jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que han amparado a nacionales venezolanos en situaciones análogas, señalando que la Administración no puede imponer barreras que impidan el ejercicio de derechos por causas ajenas a la esfera de control del administrado.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, denuncia que esta se configura, en primer término, respecto de la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, al imponerse a la recurrente un trato desigual y excluyente frente a otros solicitantes mediante la exigencia de requisitos no previstos en la ley; y, en segundo lugar, se conculca el derecho de propiedad previsto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, toda vez que el acto arbitrario de la recurrida priva a la actora de la disposición de sus ahorros previsionales, los cuales forman parte de su patrimonio, afectando, además, la esencia del derecho conforme al numeral 26 de la referida norma superior.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación presentada, emitir un nuevo pronunciamiento acorde a derecho y efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados dentro de un plazo razonable.

Segundo: Que, evacuando el informe solicitado, comparece la representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., solicitando el rechazo de la acción de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

En primer término, la recurrida opone la falta de idoneidad de la acción constitucional, arguyendo que esta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino una vía cautelar para amparar derechos preexistentes e indubitados, condición que no concurre en la especie, toda vez que la controversia versa sobre la interpretación y aplicación de normativas especiales en materia previsional, específicamente los requisitos para acceder al beneficio excepcional de la Ley N° 18.156.

En cuanto al fondo, sostiene la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, afirmando haber actuado en estricto cumplimiento de la ley y de las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Detalla que la solicitud de la recurrente fue rechazada por fundadas razones: en primer lugar, respecto del empleador IDOM Ingeniería y Consultoría S.A., se acompañó un anexo de contrato extemporáneo, extendido con posterioridad al término de la relación laboral, contraviniendo el criterio de temporalidad exigido por el órgano regulador en sus Oficios Ordinarios N° 24.472 y N° 1.876; en segundo lugar, respecto al empleador Constructora Américo Vespucio Oriente S.A., el contrato no contiene la declaración de voluntad expresa de mantener la afiliación en el extranjero exigida por el artículo 1° letra b) de la Ley N° 18.156; y en tercer lugar, la «Constancia electrónica de cotizaciones» del IVSS carece de firma, legalización o apostilla, infringiendo los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Refiere que la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N° 12.954 de 2025, ha instruido expresamente que tales certificaciones electrónicas sin las formalidades legales no son idóneas para acreditar la cobertura previsional extranjera.

En mérito de lo anterior, solicita el rechazo de la acción constitucional, con expresa condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de una conducta ilegal, esto es, contraria a la ley, o arbitraria, esto es, carente de razones o motivaciones legítimas por parte de quien incurre en ella y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental. En este sentido, además, el sujeto activo de la conducta denunciada puede ser parte de la Administración del Estado, en su más amplio sentido, como también un particular.

Cuarto: Que del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de la Administradora recurrida de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales de la actora, se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Ley N° 18.156, así como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar y fiscalizar el cumplimiento de dicha normativa.

Quinto: Que, específicamente, la negativa se fundó en que el anexo de contrato de trabajo resultaba extemporáneo, pues era posterior al término del vínculo contractual, lo que contraviene los Oficios Ordinarios N° 24.472 y N° 1.876 de la Superintendencia de Pensiones y, además, en que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), no constituye un certificado válido de afiliación en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico nacional. Ello, por cuanto dicho documento carece de firma legible de autoridad competente, no especifica las prestaciones cubiertas y no se observa debidamente legalizado ni apostillado, conforme lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Sexto: Que, luego, la alegación de la recurrente fundada en la imposibilidad fáctica de obtener la apostilla debido al cese de actividades de la Embajada de Venezuela en Chile, si bien expone una dificultad real derivada del contexto diplomático, no tiene la virtud de eximir al interesado del cumplimiento de las solemnidades legales ni faculta a esta Corte para prescindir de las normas que rigen la prueba instrumental extranjera. Aceptarlo implicaría que la mera exhibición de un documento descargado de un portal electrónico extranjero, desprovisto de toda autenticación oficial del Estado emisor, tuviese pleno valor probatorio en Chile, vulnerando los principios de certeza jurídica y de igualdad ante la ley.

Séptimo: Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no sólo se enmarca dentro del cumplimiento estricto de la Ley N° 18.156 y de su reglamentación técnica, sino también dentro del cumplimiento de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente —la Superintendencia de Pensiones—, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980.

Octavo: Que no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna. La exigencia de documentación debidamente legalizada o apostillada no responde a un formalismo irrazonable, sino a una garantía mínima de autenticidad y veracidad de los instrumentos públicos extranjeros, que encuentra sustento en normas de orden público procesal que regulan el valor probatorio de dichos documentos en el país.

Noveno: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre las garantías fundamentales invocadas por la actora, desde que no se configura, en el caso concreto, un acto que prive, perturbe o amenace ilegítimamente su ejercicio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por don Pablo Daniel Peñaloza Parra en favor de nombre reservado en contra de AFP Capital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 8.017-2026