Protección contra Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile

Santiago, dieciséis de enero de dos mil veintiséis.

Proveyendo el escrito folio 17: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 17 de abril de 2025, comparece el abogado Juan Carlos Rivera Fuentes, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la omisión del pago íntegro de la asignación de especialidad al grado efectivo en la base de cálculo de su gratificación de zona por el periodo en que se desempeñó en la ciudad de Coyhaique, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que el recurrente ingresó a la institución el 1 de febrero de 1999 y que, mediante Resolución Exenta N° NUM000 del 10 de diciembre de 2009, fue destinado a la ciudad de Coyhaique, donde permaneció hasta el 23 de mayo de 2016. Expone que en dicha localidad se le generó el derecho a percibir la asignación de grado efectivo con el incremento correspondiente a la zona (105%), pero que la institución suspendió el pago íntegro en junio de 2019 al someter la base de cálculo a un pronunciamiento de la Contraloría General de la República.

Indica que, si bien el Dictamen N° E98928/2021 de fecha 26 de abril de 2021 reconoció que dicho estipendio debe considerarse en el cálculo de la zona, la recurrida solo ha regularizado los pagos desde la fecha del dictamen hacia el futuro, excluyendo el periodo comprendido entre el 10 de diciembre de 2009 y el 23 de mayo de 2016, bajo una interpretación errada sobre la irretroactividad de los dictámenes.

Previas citas legales, pide se se acoja el recurso y se ordene a la recurrida regularizar el pago de los montos adeudados por el periodo reclamado.

SEGUNDO: Que, con fecha 4 de septiembre de 2025, comparece el abogado Omar Alonso Castro Torres, en representación del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Alega, en primer lugar, la excepción de prescripción, invocando el artículo 99 de la Ley N° 18.834 (Estatuto Administrativo), que establece un plazo de seis meses para el cobro de asignaciones desde que se hicieron exigibles. Cita dictámenes de la Contraloría General de la República, en que se determinó que el plazo de prescripción de seis meses es aplicable al cobro de diferencias producidas por estipendios pagados parcialmente.

En segundo lugar, opone la extemporaneidad del recurso, arguyendo que el asunto es de público conocimiento desde sentencias de la Excma. Corte Suprema de 2022 y 2023, y que el recurrente no acredita de manera fehaciente su conocimiento del acto el 9 de abril de 2025.

En cuanto al fondo, expone que que la normativa original no contemplaba este beneficio y que la actual interpretación de la Contraloría emana de cambios normativos recientes. Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que ha dado cumplimiento estricto a lo resuelto por el órgano contralor en su Dictamen N° E98928/2021, el cual utiliza la locución "actualmente", lo que implica que el derecho rige desde su pronunciamiento hacia el futuro, sin tener efectos retroactivos.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que la pretensión del recurrente carece de un derecho indubitado y preexistente para el periodo anterior a 2021, tratándose de una materia que debe discutirse en un juicio de lato conocimiento.

Solicita, en definitiva, el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que lo que se impugna en esta acción constitucional es la circunstancia de que no habría efectuado el pago íntegro de la “asignación de especialidad al grado efectivo”, emolumento que incide a su vez en el cálculo de la “gratificación de zona”.

QUINTO: Que respecto a la alegación de extemporaneidad, esta será acogida. Los antecedentes dan cuenta de que el recurrente, no logró acreditar que tomó conocimiento del acto el 9 de abril de 2025 y que debió tomar conocimiento de la situación que alega con anterioridad al plazo de treinta días corridos establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

A lo dicho cabe agregar que atendida la fecha del dictamen materia de controversia, esto es, el 26 de abril del año 2021, a lo que se suma la pretensión de la actora de que el pago de la asignación materia de controversia lo sea desde su ingreso a la institución lo que se produjo en el año 1999, resulta evidente que el plazo para la interposición de la acción se encuentra latamente extinguido, lo que determina desde ya que ésta sea extemporánea.

SEXTO: Que como se puede apreciar, la pretensión desarrollada en el libelo dice relación con el pago retroactivo de remuneraciones a dos funcionarios de la PDI, en el período allí indicado, asunto que, por su naturaleza, debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda. En efecto, un primer asunto que impide el éxito de la presente acción constitucional cautelar consiste en que el derecho de dos funcionarios determinados a percibir la gratificación de zona exige la acreditación su presupuesto de hecho esencial: el desempeño de una función pública en un lugar del territorio nacional sujeto a este beneficio.

Misma situación se extiende a la alegación de prescripción de los derechos reclamados por la recurrente, aspecto que depende de un proceso y un pronunciamiento eminentemente declarativos.

SÉPTIMO: Que al respecto se debe poner énfasis en la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o el reconocimiento de derechos.

OCTAVO: Que, en tal sentido, las peticiones de la parte recurrente, expresadas en su libelo, comportan -en último término-, la pretensión de adjudicar un derecho, para cuyo fin esta Corte tendría que dilucidar una controversia jurídica en cuanto a sí lo resuelto por la Contraloría en su Dictamen del año 2021 sólo resulta aplicable desde esa fecha en adelante, como lo entiende la PDI o desde que la persona ingresa a la institución, como lo solicita la recurrente, lo cual desborda los fines y propósitos de esta clase de procedimientos, los que deben ser objeto de las acciones ordinarias y declarativas que las partes estimen pertinentes. Así lo ha resuelto la Excma.

Corte Suprema en la causa rol 210.627-2023, al confirmar la sentencia dictada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago en el rol 11646-2022.

NOVENO: Que, en conclusión, de los antecedentes allegados, no es posible establecer la existencia de derechos indiscutidos del recurrente que pudieran comprometer alguna de las garantías fundamentales protegibles, no teniendo éstos -en consecuencia- el carácter de indubitados, exigencia fundamental para que esta acción pueda prosperar.

En efecto, el derecho reclamado por la parte recurrente aparece visiblemente controvertido por la recurrida, sin que esta acción cautelar y urgente pueda llegar a constituirse en una instancia declarativa de derechos, analizando la vigencia o extinción de obligaciones, pues el ordenamiento jurídico dispone de otros procedimientos de lato conocimiento para dicha revisión, todo lo cual determina que el recurso sea desestimado.

Por lo demás, así ha razonado la Excma. Corte Suprema en los autos Rol 217.333-2023 y Rol 14.752-2025, afirmando que del análisis del contenido del recurso y sus peticiones concretas, se verifica que el acto contra el cual se reclama dice relación con el pago retroactivo de remuneraciones al recurrente, cuestión que, por su naturaleza, debe ser objeto de un pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda, a fin de verificarse la concurrencia de los supuestos de hecho que habiliten al actor a percibir la gratificación de zona que exige como también revisarse la exigibilidad del derecho que se invoca, todo lo cual excede de la naturaleza cautelar y extraordinaria del recurso de protección, no siendo la presente la vía idónea para constituir derechos, sino que para proteger aquellos que se encuentren en carácter de indubitado, requisito que no concurre en el particular.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 8016-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.