Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Carla Nicole Cañón Rubio, abogada, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, RUN N° RUT reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo a su solicitud de devolución de fondos previsionales, formalizado mediante comunicación de fecha 25 de febrero de 2026, actuación que vulneraría las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente posee el título profesional de Médico Cirujano, otorgado por la Universidad de Carabobo, República Bolivariana de Venezuela, el cual se encuentra debidamente apostillado. Añade que, durante la vigencia de sus relaciones laborales en Chile, solicitó la devolución de los fondos previsionales enterados al amparo de la franquicia contemplada en la Ley N° 18.156. Para tal fin, con fecha 14 de febrero de 2026, ingresó la respectiva solicitud ante la recurrida, adjuntando su contrato de trabajo con la empresa Centro Médico Aragón SpA y sus respectivos anexos, el Decreto Alcaldicio de nombramiento en el CESFAM de Requínoa, una declaración jurada notarial y una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Indica que AFP Habitat S.A. rechazó dicha solicitud argumentando fundamentos genéricos y carentes de motivación. Señala que la administradora desconoce la validez de la constancia del IVSS por carecer de apostilla, sin considerar que dicho documento es verificable en línea a través del portal oficial venezolano. Alega que esta exigencia formalista desatiende la finalidad del legislador, la cual es permitir que el extranjero pueda disponer de su propiedad sobre los fondos acumulados, configurando un trato desigual frente a otros solicitantes y una retención injustificada de su patrimonio. En definitiva, solicita se acoja el recurso, ordenando a la recurrida prescindir de la exigencia de apostilla respecto del certificado del IVSS y proceder a la restitución íntegra de sus fondos previsionales.

Segundo: Que informa la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

En primer término, plantea la improcedencia de la vía cautelar, argumentando que la acción de protección no constituye una instancia para declarar derechos, sino para proteger aquellos de carácter indubitado, no existiendo en la especie un actuar arbitrario o ilegal que vulnere garantías fundamentales.

En cuanto al fondo, sostiene que su representada ha actuado en estricto cumplimiento de la Ley N°18.156, del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y de las instrucciones vinculantes de la Superintendencia de Pensiones, específicamente del Compendio de Normas y del Oficio Ordinario N° 12.954 de fecha 17 de julio de 2025.

Explica que el rechazo se fundamentó en razones técnicas y jurídicas precisas comunicadas a la actora: a) La "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del IVSS carece de firma autorizada y de la debida apostilla, por lo que carece de valor probatorio en Chile; b) La declaración jurada notarial suscrita por la propia interesada no suple la certificación oficial de la entidad de seguridad social extranjera; c) Respecto a los servicios prestados en el CESFAM de Requínoa, la actora ingresó mediante Decreto Alcaldicio sin acreditar un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo que contenga la cláusula de exención exigida por la ley; d) En cuanto a los servicios para Centro Médico Aragón SpA, iniciados en agosto de 2023, la voluntad de mantener la afiliación extranjera se manifestó recién mediante un anexo suscrito el 15 de diciembre de 2025, de manera extemporánea.

Tercero: Que la acción constitucional de protección consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental se estructura como un arbitrio de naturaleza cautelar y urgente, cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho y otorgar amparo frente a actos u omisiones de carácter ilegal o arbitrario que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de garantías fundamentales expresamente enumeradas, las cuales deben revestir la calidad de indubitadas, esto es, consolidadas y no sujetas a un debate propio de un juicio declarativo de lato conocimiento.

Cuarto: Que, para resolver la controversia, es necesario establecer que el estatuto excepcional contemplado en la Ley N° 18.156 exime a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, o bien faculta la devolución de los fondos ya depositados, siempre que se cumplan copulativamente los siguientes requisitos sustantivos: a) Que el trabajador posea la calidad de técnico o profesional acreditada; b) Que se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y c) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación extranjera. Tratándose de una norma de excepción al sistema general de seguridad social, su interpretación y aplicación debe ser estricta y restrictiva.

Quinto: Que, en lo referente a la acreditación de la afiliación previsional extranjera, la legislación nacional es clara. El artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y la Ley N° 20.711 (que incorpora el Convenio de la Apostilla de La Haya) exigen imperativamente que los instrumentos públicos otorgados en el extranjero se presenten debidamente legalizados o apostillados para surtir efectos en Chile. La sola exhibición de un documento descargado de internet con un código de verificación, desprovisto de la autenticación de la autoridad estatal competente mediante la respectiva apostilla, carece de mérito legal probatorio. Así lo ha ratificado la Superintendencia de Pensiones en su Oficio Ordinario N° 12.954 de 2025, el cual es de acatamiento obligatorio para la AFP recurrida, resultando inidónea, además, la declaración jurada notarial de la propia actora para suplir una certificación que es de competencia exclusiva de la autoridad de seguridad social extranjera.

Sexto: Que, adicionalmente y adentrándose en el análisis del vínculo laboral, el artículo 1° letra b) de la Ley N° 18.156 exige que la voluntad de mantener la afiliación extranjera se exprese "en el contrato de trabajo respectivo". De los antecedentes del expediente fluye que la recurrente inició sus labores en el CESFAM en 2019 (vía decreto) y en Centro Médico Aragón SpA el 1 de agosto de 2023. Sin embargo, la cláusula en que manifiesta su voluntad de acogerse al sistema previsional venezolano consta en el "Anexo 6", suscrito recién el 15 de diciembre de 2025.

Séptimo: Que, al respecto, resulta palmario que la manifestación de voluntad para mantener la previsión extranjera debe ser contemporánea al inicio o vigencia oportuna de la relación laboral que genera la obligación de cotizar. En el caso de marras, al dejar transcurrir años desde el inicio de sus prestaciones de servicios sin suscribir la cláusula respectiva, se configura ineludiblemente respecto de la actora el haber perdido oportunidad para acogerse a la franquicia legal en los términos concebidos por el legislador.

En efecto, la extemporaneidad de la declaración, materializada cuando ya se había consolidado su afiliación y el consiguiente ahorro obligatorio en el sistema chileno durante un extenso período, desnaturaliza el propósito eximente de la norma, confirmando la improcedencia del reintegro de dichos fondos.

Octavo: Que, por consiguiente, al denegar la devolución de los fondos previsionales acumulados, la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. ha actuado con estricto apego a la normativa legal (Ley N° 18.156 y artículo 345 del Código de Procedimiento Civil) y a las directrices técnicas obligatorias emanadas de la Superintendencia de Pensiones. La exigencia de documentación apostillada y la revisión temporal de los contratos no responden a un formalismo caprichoso, sino a un deber de control y resguardo del orden público laboral y previsional.

Noveno: Que, descartada la existencia de un acto ilegal o arbitrario, no se advierte vulneración alguna al derecho de igualdad ante la ley ni al derecho de propiedad de la recurrente, por cuanto la titularidad de los fondos se mantiene intacta en su cuenta de capitalización individual para ser destinados a los fines previsionales generales previstos en el D.L. N° 3.500, motivo por el cual la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-8003-2026.