nombre reservado con HOSPITAL CLÍNICO METROPOLITANO EL CARMEN Y OTRO

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés.

A los escritos folios 26, 27 y 28: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado y deduce recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República y del Hospital El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada de Maipú, por los actos que estima como arbitrarios e ilegales consistentes en haberse declarado vacante su cargo por salud incompatible, por medio de Resolución TRA Nº 120937/1/2021, de 06 de septiembre de 2021, tomada de razón el 29 de septiembre de 2021, y el rechazo del ente contralor a su reclamo interpuesto, mediante Oficio N° E284121, 05 de diciembre de 2022, estimando como vulneradas las garantías constitucionales contenidas en los numerales 2º, 16º y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que pide ordenar dejar sin efecto los actos recurridos, se le reincorpore a sus funciones habituales en igual calidad jurídica y se le paguen las remuneraciones y demás estipendios que correspondan, desde la fecha de su separación y hasta su efectivo reintegro.

Para fundar el recurso expone que ingresó a prestar servicios al Hospital recurrido el 01 de mayo de 2013, en calidad de contrata, grado 12, del Escalafón Profesional, siendo encasillada en grado 10 de la Escala Única de Sueldos en el año 2015.

Detalla que a finales del año 2017 presentó fuertes dolores de cadera y espalda y luego de varios exámenes médicos fue diagnosticada de “pinzamiento femoroacetabular bilateral”, por la cual debió operarse ambas caderas, en diversas cirugías, extendiendo licencias médicas por más de 700 días.

Refiere que en el mes de octubre del año 2021 la contactan para hacer un turno de enfermería en el Servicio de Salud del Libertador Bernardo O´Higgins (Pichilemu) el que solo pudo llevar a cabo desde el 13 de octubre hasta el 14 de octubre, ambos del año 2021, ya que le informaron que no podía seguir desempeñándome en dicho servicio público a consecuencia de que existía una resolución que determinaba que su salud no era compatible con el cargo. Efectivamente, indica que el 06 de septiembre de 2021 mediante Resolución Exenta Nº 1 su cargo fue declarado vacante por salud incompatible.

Menciona que actualmente se encuentra sana a sus 36 años, tiene dos hijos y es el sustento de su grupo familiar. Y en tal sentido, reseña la Resolución Exenta N° 147, de 21 de agosto de 2019, proveniente de la SEREMI de Salud Metropolitana, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) que resolvió que adolece de un estado de salud recuperable y pese a ello el citado Hospital dictó el acto recurrido.

Alega la falta de fundamentación del acto recurrido, limitándose a señalar el “uso de la licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años, sin mediar declaración de salud irrecuperable…”.

Al respecto, indica que el 22 noviembre de 2021 interpuso reclamo en Contraloría General de la República, y con fecha 05 de diciembre de 2022 se le notifica el Oficio N° E284121, de dicha repartición, que se pronuncia con lo siguiente: “No se advierte reproche que formular frente a la declaración de vacancia del cargo que se indica, por las razones que se señalan”, motivo por el cual se rechazó el citado reclamo.

Reclama que la ilegalidad deviene de una falsa aplicación del artículo 151 de la Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, por no ser aplicable dicha norma en entendido que su salud fue declarada recuperable por COMPIN, por resolución firme. Y la arbitrariedad por haberse dictado el acto recurrido con exceso de facultades legales, obrando por mero capricho, con la única finalidad de prescindir de sus servicios como funcionaria.

Segundo: Que, por medio de la abogada Claudia Manríquez Villouta, evacúa informe el recurrido Hospital El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada y solicita el rechazo de la acción cautelar.

De manera preliminar, reclama que la acción de protección se dedujo extemporáneamente en el entendido que la recurrente fue notificada el 01 de octubre de 2021 de la Resolución Exenta Nº 120937/1/2021, que declara vacante su cargo por salud incompatible y, sin embargo, el recurso fue interpuesto el día 04 de enero de 2023.

Luego, indica que el órgano contralor es el llamado a conocer la materia de autos, de acuerdo al artículo 6 de la Ley Nº 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República.

Por otra parte, señala que el acto administrativo recurrido contiene la fundamentación suficiente, destacando que debía darse continuidad al servicio habiendo presentado la actora 731 días de licencias continuas y discontinuas en un lapso de 2 años, causando un grave perjuicio a la institución.

Alega que la ley dispone que el Jefe Superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, declaración que le compete exclusivamente definir a la COMPIN. Al respecto, mediante Oficio Nº 246, de 17 de marzo de 2021, el Hospital solicitó a la COMPIN la evaluación de salud irrecuperable de la actora. Mediante Resolución Nº 147, la subcomisión Poniente de la COMPIN Metropolitana resolvió que la recurrente adolecía de un estado de salud recuperable. Por tanto, teniendo en cuenta, por un lado, los días de ausentismo en el lapso de 2 años, que a esa fecha eran 705 días, y la declaración de salud recuperable efectuada por la subcomisión Poniente de la COMPIN Metropolitana, la Dirección se hizo la convicción de que su salud no era compatible con el desempeño de su cargo, por lo que lo declaró vacante.

Recalca que la salud compatible es un requisito en la Administración Pública, según las normas establecidas en los artículos 12 y 23 del Estatuto Administrativo y si se pierde, no puede mantenerse en el servicio público. Además, la declaración de vacancia de un cargo es una de las posibilidades para cesar en funciones en conformidad al artículo 146 del mismo cuerpo legal antes citado.

Esgrime que la salud irrecuperable y la salud incompatible son dos hipótesis diversas. La primera denota salud incurable que implica un juicio médico y está regulada en el artículo 152 del Estatuto Administrativo, mientras que la segunda no refiere si la salud es recuperable o no, sino a la compatibilidad en el ejercicio de un cargo público, decisión que le compete a la administración, estando contemplada en el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Arguye que la modificación de la Ley Nº 21.050 no cambió la esencia de la causal contenida en el citado artículo 151, y solamente agregó que el jefe superior del servicio, para ejercer la facultad deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo. Y al respecto, esclarece que se mantuvo la redacción del inciso primero: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.”. Y en cuanto a la última frase, señala que la salud “incompatible” se puede declarar, salvo que exista declaración de salud “irrecuperable”, pues en este caso prima la irrecuperabilidad, razón por la cual se estatuyó que la COMPIN debe pronunciarse sobre la irrecuperabilidad de la salud del funcionario que no le permite desempeñar el cargo, trámite que hoy es imprescindible luego de la reforma legal. Y que en el caso concreto, se evacuó por COMPIN indicándose que la salud de la recurrente era recuperable.

Menciona que, por tanto, en caso de ser irrecuperable la salud del funcionario, el Jefe Superior del servicio no puede declarar vacante su cargo por no tener salud compatible con el servicio, por cuanto en ese caso – de ser su salud irrecuperable- se adopta otro procedimiento pro operario para el funcionario en esa condición – de irrecuperabilidad de su salud, aplicando el artículo 152 del Estatuto Administrativo el que señala que el funcionario debe retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo. A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador.

Sostiene que la resolución que se impugna fue tomada de razón por la Contraloría General de la República, de acuerdo a su jurisprudencia uniforme al respecto.

Finaliza concluyendo que no existe acto arbitrario o ilegal que haya vulnerado garantías constitucionales de la parte recurrente, en tanto la resolución impugnada se ajustó a lo establecido en el Estatuto Administrativo, específicamente en los artículos 150, letra a) y 151.

Tercero: Que, a petición de esta Corte, evacuó informe la recurrida Contraloría General de la República, por medio de la Fiscal Doris Roa Moraga, y solicita el rechazo de la acción.

Refiere que mediante Resolución TRA 120937/1/2021, la superioridad del nombrado hospital declaró la vacancia del cargo que servía la recurrente, en razón de que hizo uso de licencias médicas por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses durante los últimos dos años -731 días-, acto administrativo que fue tomado razón por la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago el 29 de septiembre de 2021. Dentro de los antecedentes adjuntos a la anotada resolución, consta que dicho establecimiento asistencial solicitó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana (COMPIN) la evaluación de la señora nombre reservado, respecto de la condición de irrecuperabilidad de su salud, requerimiento que fue atendido mediante la Resolución Exenta N° 147, de 21 de agosto de 2019, de la Subcomisión Poniente de la COMPIN, que declaró que la recurrente presentaba una situación de salud recuperable.

Estatuye que en cuanto al acto recurrido emanado de su parte, el Oficio N° E284121, de 05 de diciembre de 2022, por el cual se rechazó el reclamo de ilegalidad del artículo 160 de la Ley N° 18.834, interpuesto por la actora en contra de la declaración de vacancia de su cargo, por la causal de salud incompatible, dispuesta por el Hospital, toda vez que no se advirtió que dicho establecimiento de salud hubiere incurrido en ilegalidades o arbitrariedades que pudieran ser objeto de reproche administrativo, en el entendido que no pudo advertirse que las licencias médicas de que gozaba la recurrente fueran de aquellas descritas en el artículo 151, inciso segundo, de la Ley N° 18.834, por lo que lo obrado en el asunto por parte del aludido establecimiento hospitalario se había ajustado a la normativa que regula la materia.

Alega, en primer lugar, la falta de legitimación pasiva a su respecto, ya que en su petitorio la recurrente solicita el reintegro a sus funciones, de lo que se colige que es la decisión del establecimiento asistencial -y no el pronunciamiento emitido por la Entidad Fiscalizadora, a petición de la propia interesada- la que le causaría un agravio a esta. Y señala que agotada la vía administrativa con la notificación del oficio N° E284121, de 2022, de su origen, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 54 de la Ley N° 19.880, se reanudó el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, no en contra del Organismo de Control, sino que en contra del centro de salud que emitió el acto que, eventualmente, sería susceptible de causar el agravio que reclama el recurrente. Recalcando que, aún en el evento de acogerse la presente acción cautelar, si se dejara sin efecto el oficio de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, no se cumpliría lo verdaderamente pretendido por la actora, que es ser reincorporada en las mismas funciones que ejercía en el establecimiento asistencial y en idéntica calidad jurídica.

En segundo lugar, reclama que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, para otorgar tutela rápida y eficaz, en asuntos en los que existe un derecho indubitado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado y que no admite cuestionamientos sobre puntos de interpretación jurídica, ya que ello implicaría dilucidar en este proceso discusiones normativas acerca del correcto sentido y alcance que debe darse a ciertos preceptos legales. Y, sin embargo, del libelo de la actora se vislumbra que pretende discutir la interpretación de normas estatutarias y que esta Corte se pronuncie sobre las facultades que la Constitución Política y las leyes han conferido a la Entidad de Fiscalización.

En tercer lugar, esgrime la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad. No siendo ilegal en cuanto el oficio recurrido fue dictado a petición de la propia actora, de acuerdo con las facultades que le han sido asignadas a esta Entidad Fiscalizadora en virtud de los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República; 1°, 5°, 6° y 9° de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, funciones que han sido debidamente delegadas por el Contralor General de la República a los Contralores Regionales por medio de la Resolución N° 1.002, de 2011, de este origen. Asimismo, ha sido dictado en aplicación de la legislación vigente y en armonía con lo que la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora sobre la materia, por lo que fue emitido con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico.

Por su parte, no puede devenir en arbitrario ya que se emitió luego de un estudio acabado de los antecedentes que dieron paso a un pronunciamiento motivado por la jurisprudencia administrativa, tomando en consideración que la declaración de vacancia por salud incompatible efectuada por el Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada de Maipú cumple con los requisitos exigidos por el legislador. Así, en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y resolver la vacancia de éste por esa causal. En la situación opuesta, esto es, si la COMPIN informa que la salud es irrecuperable, no resulta procedente declarar la referida incompatibilidad. Criterio que ha sido recogido por la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control, contenida, entre otros, en el dictamen N° 17.351, de 2018. Supuesto de hecho que acaeció respecto de la recurrente.

Reitera que la declaración de vacancia por salud incompatible del artículo 151 del Estatuto Administrativo es distinta a aquella por salud irrecuperable de su artículo 152. Que ambas calificaciones son excluyentes entre sí, tienen procedimientos y fines distintos, contrariamente a lo que afirma la actora.

Por último, destaca que ningún sistema de salud público puede operar con funcionarios que tengan más de dos años con licencia médica. Por lo que la atribución de declarar la salud incompatible atiende a la necesidad de velar por la continuidad en el ejercicio de las funciones públicas de los órganos de la Administración del Estado y, por ende, satisfacer las necesidades de la comunidad, exigencia que justifica la separación de un funcionario que ha mantenido una ausencia prolongada, siempre que ella no obedezca a los supuestos que se encuentran excluidos para ese efecto, como sucede con las licencias otorgadas por accidente del trabajo y enfermedad profesional, por reposos vinculados con la maternidad y por cáncer. Y puntualiza que la recurrente en ninguna de sus presentaciones ha remitido antecedentes que permitan acreditar que las licencias médicas de origen común de que gozó hayan tenido un origen laboral, en razón de accidente del trabajo o enfermedad profesional, ni con reposos vinculados con la maternidad y por cáncer.

Finaliza sosteniendo que no hay vulneración a derechos constitucionales de la actora.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposicióń se enuncian, mediante la adopcióń de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la accióń de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha la parte recurrente, consiste en la decisión de renovar su contrata por la dictación de la Resolución TRA N° 120937/1/2021 de fecha 06 de septiembre de 2021, mediante la cual declaró vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible, bajo el siguiente tenor:

“CONSIDERANDO: Que, es preciso dar por terminada la contrata de D. nombre reservado, en razón a la necesidad de dar continuidad al servicio, pues se requiere que un funcionario de cumplimiento a sus labores de manera habitual, eficiente y sistemáticamente.

Que, al respecto D. nombre reservado, ha presentado 731 días de licencias continuas y discontinuas en un lapso de dos años, causando un grave perjuicio a esta institución.

Que, habiendo agotado las gestiones instituciones para facilitar el reintegro de funcionarios/as por licencias médicas prolongadas, no se ha conseguido el resultado esperado.

Que, los antecedentes de licencias médicas tipo 1 y 2 que obran en poder del Departamento de Gestión de Personas, son parte integra del presente acto administrativo. Ord. N° 1405 de fecha 14 de diciembre de 20218 y Resolución Exenta N° 147 de fecha 21 de agosto de 2019, que resuelve salud recuperable de D. nombre reservado, ambos documentos de la Subcomisión de medicina preventiva e invalidez, son motivos suficientes para dictar lo siguiente:

RESUELVO:

DECLÁRASE VACANTE POR SALUD INCOMPATIBLE, a contar de la notificación de la total tramitación del presente acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, el cargo servido por: 1) Don(a) nombre reservado, R.U.N N° RUT reservado, ENFERMERO(A), grado 10° ESCALA UNICA DE SUELDOS, Contrata, , con jornada de 44 horas semanales, del servicio SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL”.

Sexto: Que resultan ser hechos no controvertidos para el conocimiento de este recurso de protección que:

1. A finales del año 2017 la recurrente fue diagnosticada de pinzamiento femoroacetabular bilateral, que la obligó a someterse a diversas intervenciones quirúrgicas en sus caderas, por lo que se mantuvo por 731 días con licencia médica.

2. Requerido el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva, ella estimó por resolución de 21 de agosto de 2019, que la recurrente presentaba un estado de salud recuperable.

3. Con fecha 01 de octubre de 2021, se le notificó a la recurrente la Resolución TRA N° 120937/1/2021, que declara vacante el cargo por salud incompatible, por superar, en lapso continuo, los seis meses de licencias médicas en los últimos 2 años.

4. Con fecha 29 de septiembre de 2021, la Resolución TRA N° 120937/1/2021 fue tomada de razón por el órgano contralor.

Séptimo: Que en cuanto a la normativa aplicable corresponde indicar que el artículo 146 c) del Estatuto Administrativo: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia;”

Asimismo, el artículo 150 del Estatuto Administrativo dispone que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales:

a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”;

Por su parte, el artículo 151 del Estatuto Administrativo -de acuerdo a la modificación introducida por el artículo 63 de la Ley N° 21.050- dispone que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Por último, el artículo 3 inciso final de la Ley N° 19.880 dispone: “Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional”.

Octavo: Que el término de la contrata se realizó en virtud del artículo 3 de la Ley Nº 18.834, el que dispone que el empleo a contrata es de carácter transitorio, esto es, que, si bien su duración se extiende por ley hasta el 31 de diciembre de cada año, ello no es óbice para que el Jefe Superior de Servicio pueda disponer el término anticipado, si los servicios no son requeridos o si existe una declaración de vacancia del cargo.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 151 del Estatuto Administrativo, se establece que el Jefe de Servicio podrá considerar como salud incompatible el uso de licencias médicas por un lapso superior a 6 meses continuo o discontinuo, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Noveno: Que en consecuencia, después de la modificación introducida por la Ley N° 21.050, para aplicar el artículo 151 del Estatuto Administrativo resulta estrictamente necesario solicitar la evaluación a la COMPIN respecto del estado de salud que afecta a un funcionario, cuyo informe sólo puede señalar dos opciones: que sea el estado de salud irrecuperable o recuperable, conservando en ambos casos la administración la facultad de mantener al funcionario en el respectivo cargo o declarar su vacancia, en los términos del artículo 151 del Estatuto Administrativo. De esta forma, el pronunciamiento de la COMPIN de recuperabilidad no resulta vinculante para la recurrida, toda vez que aún en dicha hipótesis, igualmente puede estimar la jefatura del servicio que la salud de la funcionaria es incompatible con el funcionamiento de la entidad, dado que en dicho contexto se trata del ejercicio de una potestad exclusiva de la administración.

Décimo: Que, de acuerdo al tenor del acto impugnado se advierte que corresponde a un acto administrativo fundado desde los hechos y el derecho -analizándose de manera pormenorizada la situación particular de la actora-, dictado en el ejercicio de una facultad legal y contando con el cumplimiento de los requisitos que el Estatuto Administrativo exige al efecto, conforme además al artículo 3 inciso final del referido cuerpo normativo -presunción de legalidad de los actos administrativos-, toda vez que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República con fecha 29 de septiembre de 2021.

Undécimo: Que, asimismo, resulta pertinente tener presente que, mediante en el Dictamen N° 17.351 de 2018 el Ente Fiscalizador ha sostenido que “la resolución de la evaluación que realice la COMPIN constituye para la autoridad que lo solicita un antecedente sobre la irrecuperabilidad de la salud del servidor, ya que se trata de la valoración que un organismo técnico especializado, realiza acerca de la condición de salud de ese empleado. Atendido lo anterior, en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo y resolver la vacancia de éste por esa causal”, resultando para estos efectos la jurisprudencia administrativa vinculante para la administración, conforme con lo dispuesto en los artículos 9 y 19 de la Ley N° 10.336 sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

Duocécimo: Que, en síntesis, la autoridad recurrida sostiene que su decisión tuvo como fundamento reconocer en los hechos los evidentes impedimentos de salud de la actora en relación con el ejercicio del cargo, por lo que dispuso su vacancia a efectos de cubrirlo en el futuro y dotar al respectivo servicio público de los elementos humanos necesarios e idóneos para dar continuidad operativa a los procesos administrativos que la ley mandata, antecedentes que implicaron que se declarara su salud incompatible, en los términos antes explicitados.

Décimo tercero: Que de lo expresado aparece que la decisión recurrida fue adoptada en virtud del ejercicio de la atribución conferida por ley al jefe del servicio, quien ponderó en el curso del procedimiento no sólo la concurrencia de los requisitos objetivos previstos por la normativa pertinente para la declaración objetada, sino también la probabilidad de contar con el concurso de los servicios de la recurrente para los fines del servicio a partir de su reintegro, después de más de 700 días de ausencia por motivos médicos, en base a antecedentes que sostienen la calificación de incompatibilidad que se formulara, y que priva de sustento a las imputaciones de ilegalidad y arbitrariedad del recurso.

Décimo cuarto: Que en relación a lo impetrado mediante el presente arbitrio constitucional, es del caso enfatizar la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.

Décimo quinto: Que, es así como, aparece que el asunto propuesto a través de esta acción constitucional en cuanto a la presunta inconsistencia entre la declaración de recuperabilidad de la salud con la consideración de su incompatibilidad con el servicio, rebasa sus límites y propósitos, dado que necesariamente supone dirimir los tópicos antes consignados para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo.

Décimo sexto: Que lo cierto es entonces que, el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de derechos, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose aquéllos indubitados es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Décimo séptimo: Que, en base a lo expuesto con antelación, el actuar de la recurrida se ajustó completamente a la normativa vigente y a lo previsto en los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental, sin que haya existido ilegalidad o arbitrariedad alguna -denunciada o verificable- de parte de las recurridas.

Décimo octavo: Que los mismos razonamientos expuestos precedentemente, se contiene en sentencia firme y ejecutoriada dictada por esta Corte con fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en causa Rol N° 82.066-2020.

Décimo noveno: Que, en conformidad a lo antes referido, al no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado y al no configurarse un acto ilegal y arbitrario, corresponde rechazar el recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República y del Hospital El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada de Maipú.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-80-2023.