nombre reservado con BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES

Santiago, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 8 de noviembre de 2018, comparece don nombre reservado, quien recurre de protección en contra de Banco de Crédito e Inversiones (BCI), dado que éste ha cometido una acción ilegal y arbitraria, de aquellas que el presente recurso protege, al retener ilegal e arbitrariamente la totalidad de sus remuneraciones depositadas en su cuenta vista, atentando en contra de sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Los citados derechos y garantías constitucionales resultan materialmente afectados con la indicada retención, ya que se vulneró de manera flagrante el derecho de propiedad sobre esos fondos y el Banco al hacerse el pago de manera unilateral, hizo justicia por cuenta propia arrogándose facultades constitucionales sin autorización judicial que lo autorice a realizar esta acción.

Por esta razón, el recurrente, solicita a esta Corte que proceda a restablecer a la brevedad el imperio del derecho, ordenándole al Banco BCI, en calidad de recurrido, que deje sin efecto la retención realizada el día 7 de noviembre pasado y, en definitiva, se le restituya la cantidad de $700.389.- correspondiente a su remuneración del mes de octubre de 2018.

Expone que, por disposición de su empleador, el 28 de septiembre de 2018 suscribió un contrato de Apertura de Cuenta a la Vista con el Banco recurrido. En virtud de aquel, su empleador le deposita mensualmente la cantidad de $700.389.- por concepto de sus remuneraciones. Con fecha 7 de noviembre de 2018, constató que de manera unilateral, el Banco le descontó el día anterior, la suma de $700.389.- equivalente al 100% de su remuneración mensual, dejando su cuenta con saldo cero.

El mismo día acudió al Banco y nadie fue capaz de indicarle con certeza bajo qué titulo se procedió a la retención, cuál es la deuda líquida que supuestamente mantiene con el Banco y solucionar el problema patrimonial causado. Hace presente que hasta la fecha no ha sido emplazado en causa alguna, ni ha tomado conocimiento de resolución que faculte al Banco a hacerse el pago unilateral con la totalidad de su remuneración mensual de la que depende para su subsistencia.

Las garantías constitucionales que estima le han sido infringidas son la de igualdad ante la ley y la prohibición de arrogarse facultades jurisdiccionales, así como su derecho de propiedad. Con ello, el recurrido ha afectado, perturbado y amenazado sus garantías de los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Así, en los hechos el Banco se ha atribuido facultades que no le están concedidas por la ley ni la Constitución, condenándolo a un pago compulsivo de una deuda cuyo monto, liquidez y exigibilidad ignora. Respecto al monto retenido forzosamente no ha podido defenderse ni impugnar ante tribunal alguno, pues las eventuales deudas relativas al Banco no están judicializadas e ignora si se ha iniciado algún juicio de cobro. La retención y apropiación de los dineros correspondiente a su remuneración se ha realizado sin resolución judicial que lo autorice.

Agrega que en ninguno de los contratos que ha suscrito con el recurrido, lo ha autorizado para descontarle de sus remuneraciones. Según se desprende del contrato de Apertura de Cuenta a la Vista, el Banco tiene conocimiento que aquella cuenta tiene como objeto el depósito de sus remuneraciones. En consecuencia, con esta retención, el Banco ha ido más allá de lo permitido por la ley, pues incluso si estuviera judicializada la deuda, el Banco incurrió en un acto expresamente prohibido: el embargo sobre las remuneraciones que no excedan las 56 Unidades de Fomento. Lo anterior denota la mala fe con la que actúa el Banco y los métodos reñidos con la ley para presionar a los deudores con el pago de sus deudas.

En cuanto a la vulneración de su derecho de propiedad, queda expuesto el daño patrimonial evidente que le ha ocasionado el Banco, pues la apropiación corresponde a la totalidad de su remuneración del mes de octubre. El Banco tenía conocimiento que aquellos dineros corresponden a su remuneración, pues en el contrato de fecha 28 de septiembre de 2018 se indica expresamente que "El presente contrato tiene por principal propósito permitir que las remuneraciones que percibe por parte del empleador... se le paguen en su cuenta vista".

Sostiene, que el actuar del Banco es ilegal, arbitrario y de mala fe pues para realizar la retención indicada no ha mediado resolución judicial que autorice al pago de una deuda de la cual no le consta su vigencia, liquidez ni monto.

Concluye el libelo, solicitando se declare admisible y se acoja en todas sus partes, dejando sin efecto la retención realizada y, en definitiva, devolver a su cuenta vista, la cantidad de $700.389.-, todo con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, en resolución de fecha 9 de noviembre de 2018, se declaró admisible el recurso interpuesto y se requirió el informe de rigor al Banco recurrido. Luego, por resolución de fecha 12 de noviembre, consta la negativa de esta Corte a conceder la orden de no innovar solicitada en el libelo del recurso.

TERCERO: Que, posteriormente, el abogado Marcelo Eduardo Rojas Barrera, en representación del Banco de Crédito e Inversiones, entidad bancaria recurrida, procede a evacuar el informe que le fuera requerido, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas. Invoca para ello, las siguientes razones:

Efectivamente, señala que con fecha 6 de noviembre de 2018, se aplicó a la cuenta vista N° [cuenta reservada], que pertenece al recurrente los siguientes dos cargos por un total de $ 700.389.-, el primero por $ 690.082.- y, el segundo, por $ 10.307.- Señala que estos dos cargos consumieron íntegramente el abono previo efectuado, con la misma fecha, por la suma total de $ 700.389.- y que provino de un pago efectuado por la empresa Comercial Multicentro Ltda. Esta empresa mantiene un convenio con BCI en virtud del cual el Banco procesa un amplio volumen de pagos que la empresa le instruye efectuar, con cargo a su propia cuenta corriente, en favor de diversas personas naturales y jurídicas.

Por ello, y siguiendo la instrucción de la referida empresa, el BCI procedió a efectuar el depósito de $ 700.389.- en la cuenta del recurrente. Sin embargo, agrega, que el Banco ignora totalmente el concepto o razón de dicho pago, desconociendo si obedece a sueldo, sobresueldo, bonos, gratificaciones, asignaciones o indemnizaciones legales o convencionales, etc., como tampoco sabe si ello corresponde a un adelanto, al pago de una quincena o corresponde al total del sueldo mensual líquido. El Banco BCI, sólo se ha limitado a ejecutar un pago que la citada empresa instruyó efectuar a favor del recurrente.

Agrega que, a pesar que el Banco entiende que no ha cometido ilegalidad alguna, así como tampoco ninguna arbitrariedad, se resolvió restituir y devolver al recurrente la suma en cuestión. Ella se practicó con fecha 13 de noviembre de 2018, mediante un único abono de la misma cantidad de $ 700.389.- depositado en la misma cuenta bancaria.

Señala, luego, en todo caso que el recurrente mantiene obligaciones impagas con el BCI, derivadas del crédito con Aval del Estado que aquel contrajo en su oportunidad. Dado que esas obligaciones no fueron servidas en tiempo y forma, se dedujo la correspondiente acción ejecutiva ante el 1° Juzgado Civil de Curicó, Rol C-443-2016, despachándose mandamiento de ejecución y embargo con fecha 11 de marzo de 2016 por la suma de 422,574 Unidades de Fomento. En virtud del marco legal que regula esta clase especial de créditos CAE, una vez que se inicia la respectiva cobranza, el Banco está habilitado para hacer efectiva la garantía estatal que cubre una parte de estos créditos impagos, sin perjuicio de perseverar en la cobranza judicial respectiva hasta lograr el pago íntegro de lo adeudado. Esta cobranza judicial, por efecto de la aludida garantía estatal, interesa y compromete no sólo al BCI sino que también al propio Fisco, en vista de los recursos públicos afectos al pago de la aludida garantía que deben ser restituidos por el deudor real de los dineros.

Añade que, con posterioridad al inicio del juicio ejecutivo, el recurrente procedió a la apertura de la cuenta vista N° [cuenta reservada], lo que se concretó con fecha 28 de septiembre de 2018. Así, el propio contrato de cuenta vista afecto a los cargos objetados, reserva al Banco en su punto Tercero la facultad "....para cargar en su Cuenta Vista, el monto de las cuotas atrasadas y/o las morosas de los créditos que se le cursen". En consecuencia, el acto reprochado no es ilegal puesto que reconoce su preciso amparo en las facultades contractuales ya indicadas.

Agrega que el recurrente cree ver en la acción que reprocha una supuesta vulneración al carácter inembargable de la remuneración, y que consagra el art. 57 del Código del Trabajo. Dado que la inembargabilidad es un privilegio excepcional, toda vez que la regla general es que todos los bienes están dentro del comercio humano, ella debe ser interpretada restrictivamente, tal como sucede con la descripción contenida en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil.

Por ello, en concepto del informante, la protección especial del artículo 57 del código laboral, sólo subsiste mientras los dineros están en manos del mismo empleador y mientras adeude sueldos, sobresueldos, bonos, gratificaciones, indemnizaciones, etc. Por lo mismo, una vez que los dineros salen de las manos del empleador, tal como aconteció en la especie, en que voluntariamente fueron puestos en manos del Banco, desapareció y se extinguió tal privilegio, por tratarse de dinero que es esencialmente fungible. Como consecuencia de ello, el BCI no ha cometido ninguna acción u omisión ilegal ni arbitraria.

CUARTO: Que, mediante escrito de 16 de noviembre, la parte recurrente pide se tengan presente las consideraciones que formula respecto del informe evacuado por el banco recurrido, al que esta Corte proveyó que se tuviera presente en la vista de la causa.

1.- Es efectivo el cargo efectuado y que dejó la cuenta con un saldo de $0.

2.- Como consta de la cláusula segunda del contrato de apertura de la cuenta vista, “El presente contrato tiene por principal propósito permitir que las remuneraciones que percibe por parte del empleador… se le paguen en su cuenta vista”. Consta, asimismo, de la cartola acompañada, que los $ 700.389.- corresponde a la integridad de la remuneración que le corresponde percibir al señor nombre reservado.

3.- A la fecha de presentación de este escrito, los fondos no han sido reintegrados en su totalidad. En efecto, el día 13 de noviembre, el Banco restituyó la suma de $ 690.082.- De esta suma, el señor nombre reservado pudo rescatar la suma única de $ 200.000.- Dicha operación se efectuó en la mañana del día 14 de noviembre mediante giro por cajero automático, pues es el monto máximo que se permite por ese medio. Al intentar retirar por caja la suma restante no lo pudo hacer, ya que nuevamente se realizó un descuento, esta vez por la suma de $ 490.082.- dejando otra vez la cuenta con un saldo de $0.- A la fecha del presentación de este escrito, el Banco aún no ha restituido el saldo de $ 510.389.- que ilegítimamente descontó.

4.-En relación con la supuesta deuda, el actor reitera que la vigencia y monto no le constan. El Banco recurrido no acompañó ni acta de notificación ni resolución judicial pertinente que lo autorice a descontar la totalidad de las remuneraciones depositadas en la cuenta vista.

5.- En relación con la facultad para cargar la cuenta vista, basta leer la cláusula tercera del contrato de apertura de Cuenta Vista, donde se señala que el Banco tendrá la facultad “para cargar en su Cuenta Vista, el monto de las cuotas atrasadas y/o morosas de los créditos que se cursen”. Es evidente que, dicha facultad así pactada opera respecto de los créditos que se otorguen a futuro.

Concluye la presentación, señalando que el Banco recurrido, se atribuyó facultades que no están consagradas en cuerpo legal alguno, ni tampoco fueron pactadas con el recurrente, por lo que se infringieron sus garantías constitucionales.

QUINTO: Que con fecha 20 de noviembre de 2018, se trajeron estos autos en relación. Luego, se procedió a la vista de la causa, escuchándose la intervención oral de los apoderados de ambas partes.

SEXTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley- o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 del texto constitucional, entre las cuales se encuentra la invocada por el recurrente prevista en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Excluyendo aquella contemplada en el numeral 3 del referido artículo del texto constitucional, que sólo se encuentra protegida con este arbitrio por lo señalado en su inciso quinto, que no se refiere al derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de arrogarse facultades jurisdiccionales, que es aquello invocado por el recurrente.

OCTAVO: Que, en la especie, los derechos que reclama la parte recurrente no se encuentran discutidos, como aparece del examen del proceso y de las presentaciones de las partes, así como de la documentación acompañada, particularmente del reconocimiento que la recurrida hace en el informe cuando expresa: “A pesar que este Banco entiende que no ha cometido ilegalidad alguna, ni tampoco ninguna arbitrariedad, se ha resuelto restituir y devolver al recurrente la suma en cuestión. Dicha devolución se hizo con fecha 13 de noviembre mediante un único abono de la misma cantidad de $ 700.389.- depositado en la misma cuenta bancaria.”; todo según se señaló extensamente en los considerandos expositivos precedentes.

NOVENO: Que han quedado establecidos y acreditados en los antecedentes de la presente acción cautelar, los siguientes hechos:

a).- El actor fue demandado ejecutivamente por el Banco, en el Primer Juzgado Civil de Curicó, causa Rol C-443-2016, despachándose mandamiento de ejecución y embargo en su contra con fecha 11 de marzo de 2016, por una suma muy superior a aquella a que se refieren estos antecedentes;

b).- Con fecha 28 de septiembre de 2018, el actor aperturó la cuenta vista [cuenta reservada] en el banco BCI;

c).- El contrato suscrito entre las partes, faculta al Banco “para cargar en su Cuenta Vista, el monto de las cuotas atrasadas y/o morosas de los créditos que se le cursen”;

d).- La señalada Cuenta Vista, fue abierta por el actor en consideración a que su empleador “Comercial Multicentro Ltda.”, suscribió un convenio con BCI para que el banco procesara múltiples pagos que dicha empresa efectuaba a diversas personas, entre ellos, las remuneraciones de sus trabajadores;

e).- Con fecha 6 de noviembre de 2018, el banco recurrido, efectuó dos cargos en la cuenta del actor, uno por $ 690.082.- y otro por $ 10.307.- lo que hace un total de $ 700.389.-;

f).- El día 7 de noviembre, el empleador hizo depositar en la cuenta de su empleado, su sueldo correspondiente al mes de octubre de 2018, ascendente a $ 700.389.-;

g).- Con fecha 13 de noviembre, el banco restituyó a la cuenta del actor, la suma de $ 690.082.- Lo anterior hace que no sea efectivo lo señalado por el Banco, en el sentido de haber devuelto la suma de $ 700.389.-;

h).- El mismo día 13 de noviembre, el Banco vuelve a cargar la cuenta en la suma de 490.082.- por concepto de pago de crédito;

i).- El día 14 de noviembre, el actor giró a través de un cajero automático, el máximo que podía retirar diariamente, lo que ascendió a la suma de $ 200.000.-; y, j).- Tras los últimos movimientos anteriores, la cuenta nuevamente quedó con saldo cero.

DÉCIMO: Que de los hechos establecidos en el motivo anterior, se desprende que de los $ 700.389.- que se abonó en la cuenta vista del recurrente, correspondiente a su remuneración del mes de octubre de 2018, a la fecha de la vista de la causa, el actor sólo había podido percibir efectivamente la suma de $ 200.000.- que corresponde al giro en un cajero automático, ejecutado el día 14 de noviembre de 2018. Por lo anterior, el banco BCI, ha cargado indebidamente en la cuenta vista del actor la suma de $ 500.389.- Por ello, y tal como se anticipó, no es efectivo que el Banco haya restituido la totalidad de los fondos ($ 700.389.-) al actor, con fecha 13 de noviembre de 2018, como lo asegura en su informe, y si lo hizo como figura en la cartola respectiva, al día siguiente la volvió a cargar, quedando un saldo deudor a favor del actor de la suma indicada, esto es $ 500.389.- UNDÉCIMO: Que, en concepto de esta Corte, al Banco BCI recurrido, no le asistía derecho alguno para cargar la cuenta del recurrente, de la forma en que lo hizo. En efecto, en primer lugar no tenía facultad judicial para hacerlo toda vez que había iniciado la cobranza judicial de su acreencia en el año 2016 y, a la fecha, la demanda no ha sido notificada y el expediente respectivo ha vuelto al archivo del tribunal de Curicó, con fecha 20 de noviembre de 2018. En segundo lugar, el contrato que une al Banco con el recurrente, no admite que se le carguen créditos cursados hace años, ya que sólo se refiere al cargo de créditos que se le pudieran cursar en el futuro. Tercero, los dineros que fueron cargados en la cuenta vista del recurrente, corresponden a su remuneración del mes de octubre de 2018, lo que consta no solo en la liquidación de sueldo respectiva, sino, además, en la propia documentación emitida por el Banco recurrido, por lo que resulta inembargable según lo dispone el inciso 1° del artículo 57 del Código del Trabajo. Por último, no debe perderse de vista, que el Banco recurrido ha faltado a la verdad en su informe, en cuanto a la devolución de los dineros, toda vez que ello no ha ocurrido en su mayor parte.

DUODÉCIMO: Que, en cuanto a la garantía constitucional que el recurrente estima como que le ha sido vulnerada, contenida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, en concepto de estos sentenciadores, dicha vulneración resulta efectiva, toda vez que se le ha afectado su derecho de propiedad sobre la remuneración pagada por su empleador, sin existir facultad legal alguna para hacerlo, configurando una actuación ilegal y arbitraria por parte del banco BCI recurrido.

El Banco, no puede bajo circunstancia alguna, retirar el todo o parte de los depósitos, hechos en una Cuenta Vista, para hacerse de esos dineros, por cualquier concepto, sin que exista una autorización expresa del titular de esa cuenta.

DÉCIMO TERCERO: Que, así las cosas y en conformidad a los hechos descritos en los motivos precedentes, no cabe sino concluir que el Banco BCI, recurrido, ha excedido sus atribuciones al disponer de dinero ajeno sin autorización de su titular, ni de tribunal competente, para hacerse pago de obligaciones muy anteriores a la apertura de la Cuenta de que se trata, lo que, además, resulta arbitrario al obrar de manera distinta a su propia decisión de accionar judicialmente para obtener el pago de las obligaciones que el actor tiene pendiente con la entidad bancaria, afectando severamente el derecho de propiedad del actor, cuya cautela corresponde a esta Corte, sobre la totalidad de los dineros depositados en la cuenta vista del actor con fecha 7 de noviembre de 2018 y que exceden la suma de $ 200.000.- que el actor pudo retirar por medio de un cajero automático, con fecha 14 de noviembre del mismo año, y que corresponde a la suma de $ 500.389.- debiendo el Banco recurrido adoptar las medidas para restablecer el imperio del derecho y devolver, a la mayor brevedad, el indicado saldo o aquel que reste por devolver a la presente fecha.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE la acción cautelar deducida con fecha 8 de noviembre de 2018, por don nombre reservado, en contra de Banco de Crédito e Inversiones (BCI), debiendo esta entidad bancaria reintegrar en la cuenta vista que mantiene el recurrente en dicho Banco, la suma de $ 500.389.- más reajustes e intereses corrientes, que se devenguen o se hayan devengado, entre la fecha del cargo indebido, 6 de noviembre de 2018 y la fecha en que se produzca o haya producido el reintegro efectivo; con costas.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense estos autos.

Redacción del abogado integrante Sr. Asenjo.

N° Protección-79992 – 2018.- Pronunciada por la Novena Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Carlos Gajardo Galdámes y conformada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y por el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.