nombre reservado con UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

22 Santiago, uno de febrero de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°79.953-2020 comparece doña nombre reservado, estudiante, domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana quien interpone acción de protección en contra de la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO, persona jurídica de derecho público representada por su Rector don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por incurrir y avalar un actuar arbitrario y discriminatorio a lo largo de una serie de actos en relación a su proceso de evaluación del ramo de Toxicología de la carrera de Farmacología impartida por dicha Universidad, resultando en la reprobación del ramo y la expulsión de la carrera, vulnerando con ello sus derechos constitucionales al debido proceso, igualdad ante la Ley y derecho a la educación, garantías que consagra la Constitución en el artículo 19 números 2, 3 y 10. Solicita que el recurso sea acogido, restableciendo el imperio del derecho, por los antecedentes y argumentos que expone.

El año 2018, dice, presentó una denuncia en contra del profesor nombre reservado, del curso de Toxicología, por actos discriminatorios en su contra, los cuales incluían acoso dentro del aula y trato discriminatorio en la comunicación de sus resultados académicos y evaluaciones, lo que terminó en su reprobación del ramo por primera vez. La denuncia tuvo un resultado exitoso en un primer momento, sancionándose al profesor según la normativa interna de la Universidad de Santiago.

Sin embargo, al tomar el ramo por segunda vez, se encontró con la situación de tener como profesor al mismo denunciado, porque sería el único profesor de Toxicología de la facultad. Por ello desarrolló un episodio depresivo y ansioso, a falta de una protección efectiva como víctima y a una exposición innecesaria a su agresor.

Este daño es consecuencia directa de que la Universidad no cumpliera íntegramente con lo dictaminado en la denuncia, en tanto la protección adecuada y objetiva que debió brindar la autoridad.

La Universidad había garantizado que, a pesar de rendir el ramo con el mismo agresor, las evaluaciones serían corregidas por otras autoridades, lo que no sucedió y de lo cual se habría enterado con posterioridad a la entrega de sus evaluaciones. Finalmente, fue evaluada negativamente por el mismo denunciado, reprobando el ramo por segunda vez.

Según la normativa interna de la Universidad, tuvo la opción de rendir el ramo por tercera vez.

El curso de toxicología es el último ramo y el único requisito para egresar de la carrera de farmacología en la Universidad de Santiago.

Prorrectoría habría contratado a don nombre reservado, profesor particular, para dar por tercera vez el ramo durante el segundo semestre del año 2019, quien debía entregar el material de estudio y evaluarla bajo ciertas condiciones dentro de la facultad misma. Como acreditará, se firmó un acuerdo con los términos de las evaluaciones y de la situación en general.

A continuación, se refiere al acto arbitrario y discriminatorio del profesor nombre reservado y la Universidad de Santiago, expresando que dicho profesor debía impartirle clases en la Universidad y evaluar dentro de sus límites, bajo el reglamento de la propia Universidad. Debido a los sucesos del mes de octubre de 2019 la Universidad cerró sus puertas, por lo que no fue posible realizar clases presencialmente.

A pesar de ello, tuvo contacto con el profesor mediante correos, y acuerdo que asistiría a clases donde también trabajaba el profesor, siendo aquellos lugares la Universidad Bernardo O’Higgins y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

A pesar de que rindió sus dos exámenes en el tiempo reglamentado, 14 y 22 de enero, ambas notas de las evaluaciones le fueron entregadas sólo un día antes del cierre del segundo semestre del año 2019, el día 23 de enero de 2020.

Las pruebas, según se habría acordado en decanato, serían evaluadas en dependencias del mismo decanato, para una mayor revisión y transparencia, pero eso no ocurrió nunca. El profesor la citó a su lugar de trabajo en el Hospital clínico de la Universidad de Chile para informarle que en su primera evaluación tendría nota 3,5 y en la segunda un 4,7. Esta última prueba fue ajustada según una nueva escala luego de que se eliminaran algunos contenidos no entregados por el profesor y que estaban previamente excluidos.

Con aquellas notas tendría el ramo aprobado; sin embargo, el profesor nombre reservado luego de entregarle las notas y evaluarlas, reconsideró su opinión sin justificación o solicitud de su parte y decide reevaluar la segunda nota, bajándola y reprobándola.

Frente a tal acto, angustiada por la situación sugirió, ante la inminente reprobación y expulsión de la carrera, entregar un trabajo para subir sus notas, a lo que el profesor se negó sin argumento, ofreciendo solamente una nueva evaluación para el día siguiente, para la cual no estaba preparada psicológicamente. Considerando que esta situación es arbitraria, decide comunicarse con decanato para solucionar el problema.

Tras haber modificado las notas, el profesor nombre reservado le ofrece dar un examen el día 24 de enero, cuestión que no estaba regulada previamente, ni autorizada por decanato o por cualquier control administrativo de la Universidad, además que se encontraba en un estado ansioso y depresivo, sumado a la incertidumbre de su reprobación y de una nueva evaluación injusta.

Se comunicó en varias ocasiones con la Decana Dra. nombre reservado y con la nombre reservado Dra. Brenda Modak, para dar cuenta de la modificación arbitraria y discriminatoria de su prueba, decisiva para su egreso de la carrera.

Ante ello, las autoridades niegan cualquier ayuda o entrega de una solución e incluso, desestiman su denuncia. Solicitó una reunión con ambas autoridades, pero le fue negada esa opción, alegando que el profesor nombre reservado les ha hecho saber la situación de reprobación con un informe –del cual no tiene respaldo ni conocimiento– y desestiman su derecho a una evaluación objetiva y justa. Las autoridades, en cierto momento, le ofrecen como solución congelar la carrera, cuestión fuera de lugar que sólo da cuenta de la falta de competencias para resolver el caso.

Las autoridades referidas le hacen saber mediante correos que la evaluación final del curso, debido a la anterior reprobación, se realizaría el día 12 de marzo del presente año, lo que se le comunicó el día 5 de marzo. Días antes del examen intentó comunicarse con dichas autoridades para buscar una solución distinta, pero nuevamente no recibió respuesta.

No rindió el examen en la fecha entregada, ante la falta de solución sobre la calificación de sus notas previas, y la falta de transparencia en cuanto al contenido del examen o su revisión.

El 16 de marzo de 2020 interpuso ante la Superintendencia de Educación Superior una denuncia por la vulneración de derechos en que incurrió la Universidad de Santiago.

Luego de una larga espera a diversos documentos que debía aportar la Universidad requeridos por la Superintendencia, sumado a su insistencia, se decidió otorgarle la oportunidad de una prueba cuando sea posible rendirla de manera presencial ante las autoridades de la Universidad. Esta medida no soluciona la incertidumbre en que se encuentra, además de ser incierta y arbitraria.

Acusa que todo este actuar la ha perjudicado, ya que se encuentra sin el apoyo administrativo adecuado, sin posibilidades de ser escuchada y con faltas administrativas al debido proceso, perjuicio que llega hasta el punto de necesitar ayuda psicológica para llevar la situación, peligrando su titulación.

A pretexto del ejercicio de su autonomía legal, agrega, la Universidad de Santiago ha aplicado procesos arbitrarios y respaldado acciones ilegales y discriminatorias, atribuyéndose con ello facultades exorbitantes y extraordinarias, otorgando un trato discriminatorio y reñido con el debido proceso legal, resultante en su expulsión de la carrera, en circunstancias que ya podría egresar e incluso titularse, lo que termina por producir privación, perturbación y amenaza de garantías fundamentales del artículo 19 de la Constitución y que se contraponen con la legislación expresa que regula la materia.

El actuar ilegal y arbitrario de la Universidad de Santiago, consistente en alterar el debido proceso, al no corregir faltas administrativas en su contra, finalmente acarrearían su reprobación del ramo de Toxicología y expulsión de la carrera, generando un trato discriminatoria y perturbando el derecho a la educación, conculcando sus derechos constitucionales y que hace procedente la interposición del presente recurso.

Aduce que la vulneración de derechos descrita ha continuado en el tiempo desde el mes de marzo del presente año, a pesar de todos los esfuerzos para llegar a acuerdo, pues se ha continuado con las vulneraciones. Los efectos de la vulneración persisten en el tiempo, afectándola y sin la posibilidad de egresar ni terminar con la carrera, cuestión que habría podido hacer en normales circunstancias de no haberse vulnerado sus derechos por los actos ilegales y arbitrarios de la Universidad de Santiago.

A mayor abundamiento, dice, la Universidad de Santiago no se ha comunicado en ninguna ocasión con ella desde principios de marzo, ni para comunicar su expulsión o modificación de su situación Universitaria.

Se enteró de su expulsión luego de la denuncia realizada ante la Superintendencia de Educación Superior, la cual sólo es confirmada por una comunicación informal a través del portal de denuncias de la Superintendencia. La última comunicación de la Universidad fue a través de un correo electrónico en el cual se le niega una nueva solución sobre las faltas y vulneraciones en su contra, con fecha 30 de julio.

Añade que hay que encuadrar este último acto que se comunicó el 30 de julio de 2020 como parte de todo un proceso, de modo que vino a renovar los plazos respecto de cada uno de los actos que se fueron desarrollando en el tiempo. Hay una unidad en todos estos que no puede ser desconocida. Por lo demás, y en el evento de no considerar todos los actos como un conjunto, habría que atenerse a que la situación de reprobada que se generó originalmente tiene efectos permanentes en el tiempo, razón por la cual no puede estimarse que se está fuera de plazo si sus efectos siguen vigentes a la fecha.

Sostiene que el accionar de la Universidad, junto con el acto discriminatorio del profesor nombre reservado contravienen los derechos consagrados por la Constitución en su artículo 19, números 2 y 3, pues vulnera las pretensiones de igualdad y no discriminación, como en el proceso institucional, educativo y demás prácticas, afectando el derecho a la educación, que aunque no está cubierto de protección, es deber del Estado y sus organismos proteger, lo que implica su no afectación por discriminaciones o diferencias arbitrarias según la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre Derechos del Niño y la Convención contra las discriminaciones en el dominio de la educación, todas ratificadas y vigentes en Chile.

Con respecto a la modificación arbitraria de las notas de su evaluación por el profesor nombre reservado, de un 4,7 a nota reprobatoria, sin ninguna justificación ni motivo, es una contravención al debido proceso, en cuyo caso no se respetaron los acuerdos entre la Universidad, el profesor y suyos, como tampoco los estatutos de la Universidad de Santiago en caso de la revisión de una evaluación, ni las garantías que establece la Constitución en su artículo 19 N°3.

El hecho de modificar la nota de su evaluación sin motivo alguno, sin pauta de corrección, ni con un método objetivo, pues la nota la determinó el profesor en aquel mismo instante, da cuenta de falta de rigurosidad, de un indebido proceso evaluativo, que no se adecua a los estatutos internos de la misma Universidad ni a lo determinado por las autoridades previamente con ella. El Reglamento General de Régimen de Estudios de Pregrado señala en su artículo 8 sobre la información general de las asignaturas a cursar, indicando, entre otros, que se deben conocer y entregar al alumnado criterios de evaluaciones de ponderación y evaluación -de los cuales el profesor falla–, sistemas y fechas de evaluación y procedimiento para recuperación de pruebas. El artículo 11 del Reglamento es enfático en señalar procedimientos que en el caso no se cumplieron o se cumplieron imperfectamente. El precepto señala: “Las y los alumnos tienes derecho a conocer las calificaciones parciales de todas las evaluaciones aplicadas durante el período lectivo correspondiente en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados desde la fecha de la realización de la respectiva evaluación.

“La publicación de las notas de las y los alumnos debe realizarse mediante el RUN de la cédula de identidad, sin utilizar el nombre de la o el alumno.

“Adicionalmente, no podrá efectuarse una evaluación escrita programada si el profesor no ha dado a conocer las notas de la evaluación escrita programada realizada anteriormente, con a lo menos 2 días hábiles con anterioridad.

“La o el alumno tiene derecho a revisar sus pruebas y conocer las respectivas pautas de evaluación. Para hacer valer este derecho el o la alumna tiene 5 días hábiles en que se informó la nota. Si el o la alumna estuviese en desacuerdo con la evaluación podrá solicitar la recorrección de la misma según los procedimientos establecidos al inicio del curso. La no existencia de esa solicitud implica tácitamente su conformidad.”

Con las particularidades del curso, si bien algunos de estos puntos se modificaron para adecuarlo a las circunstancias, el hecho de que se le negara su derecho a una recorrección -el cual hice valer desde el momento en que se modificó su segunda nota- o a una mera audiencia para mostrar su disconformidad y la falta de rigurosidad del profesor aludido, es una clara violación al reglamento de la carrera. Acusa que los procedimientos que llevó a cabo la Universidad van en contra de sus propios reglamentos, con arbitrariedad manifiesta, pues las autoridades no han procedido con una debida audiencia al estudio, ponderación y evaluación de su conducta, ni a revisar antecedentes de su parte.

Reitera que no se le escuchó en ningún momento, existiendo motivos claros y suficientes de una falta y discriminación por parte del profesor nombre reservado, no se le permitió rendir prueba, ni entablar algún recurso administrativo interno.

Tales hechos son entendidos como transgresiones al debido proceso tanto en doctrina como jurisprudencia, citando un caso al efecto.

Dentro de los estatutos de la propia Universidad de Santiago, el Protocolo de Prevención, Sanción y Reparación frente al acoso sexual, violencia de género y otras condiciones discriminatorias es muy claro. Define la discriminación arbitraria conforme a lo prescrito por la Ley 20.609, artículo 2, de la siguiente manera: "Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.”

El hecho de establecer una prueba sin mediar control ni autorización por la Universidad, o haberlo hecho en una instancia antojadiza, son actos administrativos de la Universidad que no están exentos de cumplir con las garantías dictadas por la Constitución ni con los principios básicos de la Administración del Estado. De estos últimos cabe mencionar: "Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte.

“Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”

“Principio de Transparencia y de Publicidad.

El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. Derechos de las personas. Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a:

a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa;

b) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos;

c) Eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento, o que ya se encuentren en poder de la Administración;

d) Acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley;

e) Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales;

f) Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución;”

Sostiene que el acto arbitrario del profesor nombre reservado debe dejarse sin efecto, con el fin de que se mantengan las notas que en un principio debieron ser permanentes, específicamente la segunda prueba con nota 4,7, anulando el proceso discriminatorio y arbitrario que siguió a partir de la modificación que hizo dicho profesor, concluyendo en su reprobación y expulsión de la carrera.

Si bien no está protegido por este instrumento jurídico, el Estado y sus órganos tienen obligaciones inmediatas sobre el derecho a la educación consagrado en el artículo 19 N°10 de la Constitución pues, como garantía, éste se debe ejercer sin discriminación alguna y se deben adoptar todas las medidas para lograr su plena aplicación. De tales obligaciones, se deben evitar todas las medidas que obstaculicen o impidan el disfrute del derecho a la educación.

El artículo 19 N° 2 consagra la Igualdad ante la Ley de todas las personas. El hecho de que el profesor nombre reservado cambiara arbitrariamente la nota de su evaluación y luego la Universidad avalara tal actuar, implica un trato discriminatorio al que comparativamente puede recibir otro alumno de la misma casa de estudios. Cada alumno recibe una nota luego de una evaluación; si aquel no está de acuerdo con aquella tiene la posibilidad de requerir una nueva corrección, especialmente si ha ocurrido una vulneración en el método evaluativo. En su situación, la Universidad no ha prestado y no ha resuelto adecuadamente sus requerimientos, por muy básicos aquellos, tales como una evaluación objetiva y su no modificación. Por tanto, dice, existe una perturbación al legítimo ejercicio de sus derechos.

Aclara que no está solicitando que sus notas sean modificadas, solo requiere que se mantenga su nota inicial de 4,7 como nota final de la segunda evaluación del ramo de Toxicología, nota que, por lo demás, habría sido evaluada por el profesor y entregada en un mismo acto, y que sin motivo fue después modificada. Hace notar que no ha podido acceder físicamente a su evaluación ni al “informe” a que aluden las autoridades indicadas de la facultad del profesor nombre reservado para justificarla.

La conducta descrita, expresa, constituye un acto arbitrario o ilegal, fuera de toda regla ordinaria o común, que atenta contra las garantías del artículo 19 números 2 y 3 de la Constitución Política, ha sido perturbada y privada arbitrariamente de su derecho a recibir un debido proceso evaluativo, infringiendo cualquier protocolo con respecto a la corrección y modificación arbitraria de notas, vulnerando la igualdad que tiene todo alumno de solicitar revisiones, una audiencia con la autoridad de la Universidad, presentar un reclamo y pedir el correcto funcionamiento Universitario.

Verificándose, a su juicio, todos los requisitos de la acción de protección solicitada, pide que sea acogida tomando las providencias que indicará o las que la Corte estime en justicia.

Pide tener por interpuesta acción de protección contra la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO, representada por su Rector don nombre reservado, por el acto arbitrario, ilegal e injustificado de modificar la nota de su evaluación del ramo de Toxicología de la facultad de Farmacología, concluyendo en su expulsión de la carrera, lo que constituye privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política, N°2, igualdad ante la ley y prohibición de establecer diferencias arbitrarias y N°3, consistente en el derecho al debido proceso, acogerlo a tramitación y condenar a la Universidad recurrida a tomar las siguientes medidas:

1. Suspender la realización de pruebas adicionales o extraordinarias en orden a aprobar el ramo de Toxicología de la nombre reservado de Farmacología de la Universidad de Santiago, o para lograr la reincorporación a la carrera de Farmacología impartida por la Universidad.

2. Mantener la nota 4,7 con la que se habría evaluado la segunda prueba del ramo singularizado.

3. Luego de aquello, al no existir otro requisito, aprobar el ramo de toxicología con las notas ya mencionadas, puesto que, con tales evaluaciones, según los estatutos de la Universidad de Santiago, ya habría aprobado la asignatura.

4. Disponer todas las medidas que el tribunal estime conducentes para restablecer el imperio del derecho.

5. Todo lo anterior con expresa condenación en costas.

2°) Que ha comparecido don nombre reservado, abogado, por la recurrida UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, quien evacua el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción cautelar deducida por doña nombre reservado, alumna de la carrera de química y farmacia, dada su manifiesta improcedencia.

En primer lugar, hace una reseña breve de las alegaciones de la recurrente, y luego agrega que su representada controvierte todas y cada una de las afirmaciones y acusaciones expuestas por la recurrente. Todas las actuaciones de la Universidad han guardado relación con el principio de concordancia en la acusación, juridicidad y legalidad.

Alega que el recurso fue interpuesto fuera de plazo, recordando que el numeral 1 del auto acordado de la Corte Suprema contenido en el acta Nº94-2015, dispone que la acción de protección debe entablarse “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

Advierte que se señala como acto arbitrario y discriminatorio el del profesor nombre reservado, hecho que habría acontecido en el mes de marzo de este año, o sea, extemporáneo para reclamarlo por esta vía, teniendo presente que la acción fue interpuesta el 29 de agosto de 2020.

Añade que podría concluirse como hecho denunciado la respuesta de decanato, lo que la recurrente sitúa también en el mes de marzo, fuera del plazo establecido para accionar por esta vía.

De los dichos de la recurrente es posible concluir que el acto más cercano que le causa privación, perturbación o amenaza es la comunicación de la Superintendencia de Educación, en ese sentido, debió ocurrir ante dicho órgano público, pues la Universidad de Santiago no tuvo injerencia en dicho proceso más que limitarse a informar lo solicitado a través del canal dispuesto por la Superintendencia.

Añade que no se señala de manera concreta un hecho preciso y determinado vulneratorio de garantías constitucionales, ya que se indican una serie de hechos que solo dan cuenta de las veces en que la recurrente ha reprobado la asignatura de toxicología, sin señalarse el acto concreto en contra del cual se recurre. Si bien es cierto, lo que caracteriza a la acción constitucional de protección es ser un procedimiento de urgencia e informal, a lo menos debe observarse un estándar que permita al tribunal otorgar los elementos de convicción mínima para pronunciarse por esta vía.

A continuación, se refiere a los ANTECEDENTES DE HECHO SOBRE LA SITUACIÓN VENTILADA EN AUTOS.

Dice que el año 2018 la alumna nombre reservado cursó la cátedra de toxicología con el profesor nombre reservado, reprobándolo. En dicho contexto, ella denunció al profesor por discriminación, instruyéndose sumario en el cual se aplicó una medida disciplinaria de multa del diez por ciento de remuneración mensual al profesor, medida que fue notificada a las partes y que se encuentra pendiente de resolver por recursos pendientes tanto de la alumna, como del docente.

Agrega que en el primer semestre de 2019 la recurrente volvió a tomar la cátedra con el mismo profesor, dado que es el único que lo imparte en la carrera; sin embargo, las autoridades tomaron los resguardos a fin de proteger a la estudiante, disponiendo que sus evaluaciones fueran tomadas de forma individual, en la oficina de la Sra. nombre reservado. A pesar de dicho beneficio, nuevamente reprobó la cátedra. Posteriormente la alumna insiste señalando que el hecho de su reprobación se origina en la presencia del profesor en clases, ya que se siente acosada por él. Durante este tiempo la alumna tomó contacto con la Dirección de Género, Inclusión y Equidad de la Universidad, encargada de apoyar a los estudiantes objeto de acoso y discriminación. La Dirección descartó el caso, señalando que la problemática es netamente académica, habiéndose ya tomado todos los resguardos por parte de las autoridades de la nombre reservado.

Informa que la Universidad de Santiago es una persona jurídica de derecho público, independiente, autónoma, que goza de libertad académica, económica, administrativa y que se relaciona con el Estado a través del Ministerio de Educación, conforme establece el DLF Nº149 de 1981, que aprueba el Estatuto Orgánico de esta casa de estudios.

Añade que las evaluaciones de una cátedra universitaria son una materia de naturaleza estrictamente académica y sobre asuntos de naturaleza académica rige el DFL Nº149, de 1981, (Estatuto de la Universidad de Santiago de Chile), las Leyes Nº21.091 “Sobre Educación Superior” y 21.094 “Sobre Universidades Estatales”, la Resolución Exenta Nº2.563 de fecha 02.05.2019 (Aprueba Reglamento General de Régimen de Estudios de Pregrado) y el Modelo Educativo Institucional que rige el principio de la autonomía académica de la Universidad y orienta la forma en que imparte la docencia universitaria.

El Modelo Educativo, vigente desde el año 2014, plantea que cada una de carreras y programas de postgrado impartido se compromete con los estudiantes a que éstos tengan al término de sus programas las competencias declaradas en el perfil de egreso de cada plan de estudios y con el medio que estos titulados(as) y egresados(as) han adquirido una serie de competencias declaradas en este perfil para el ejercicio profesional y académico. Es un compromiso bidireccional, cada estudiante, mediante su trayectoria curricular, debe demostrar que ha adquirido de manera gradual estas competencias y cada curso, dependiendo del ciclo en que se encuentre, tributa al logro de distintas competencias contempladas en este perfil. La aprobación del plan de estudios completo no solo entrega un título profesional, sino que permite a la Universidad cumplir con el compromiso adquirido con el(la) estudiante de tener competencias para el desarrollo de su labor profesional y con la excelencia que se exige a una Universidad acreditada en todas las áreas de evaluación.

En este modelo, además de establecer la forma en que se componen y orientan las estructuras curriculares, pone en el centro del modelo la labor del (de la) estudiante en su proceso formativo, ya que es el (la) estudiante que en base a su estudio, el aprendizaje autónomo, el empleo de herramientas dispuestas, las estrategias de aprendizaje activo empleadas en el aula y su capacidad para resolver problemas, será quien adquiera las competencias comprometidas.

Afirma que la aprobación de un curso no depende de un(a) docente o un(a) académico(a) o conocer a cabalidad una materia, sino que está relacionado a la adquisición de competencias y con el trabajo desarrollado por cada estudiante. La obligación del cuerpo académico es acompañar el proceso, entregando herramientas y contenidos mínimos para evaluar el cumplimiento de las competencias comprometidas de cada curso de forma comprensiva e integral, en conformidad con los reglamentos académicos, los programas y otros cuerpos normativos de la Universidad.

Aduce que a la estudiante se le han otorgado las mejores condiciones para la rendición de sus evaluaciones y exámenes finales, inéditas para cualquier estudiante que haya cursado una carrera en cualquier establecimiento de Educación Superior, incluso contar con un profesor particular, el Dr. nombre reservado, profesional de gran trayectoria profesional y docente, quien fue contratado para dedicarse en forma particular a la situación de la recurrente, tanto a la exposición de la cátedra como a su evaluación.

Con todo, y sin perjuicio del dictamen de la Dirección de Género que desechó el caso de la Srta. nombre reservado, durante el segundo semestre de 2019, previa autorización de Prorrectoría, se dispuso la contratación del profesor nombre reservado, especialmente dispuesto para la estudiante a fin de apoyarla para que pudiese aprobar la cátedra de Toxicología. En dicho contexto, durante una evaluación realizada a fines del semestre, la alumna reclamó nuevamente, esta vez respecto del profesor particular, acusándolo de evaluar temáticas no consideradas en sus clases. Ante el reclamo, el profesor optó por anular dichas preguntas en la evaluación referida, no siendo consideradas en la calificación final de la prueba, pero de igual manera desembocó en una nueva reprobación de la cátedra. La alumna reclamó, pero las autoridades de la nombre reservado, en cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento de estudios de pregrado, cursaron la reprobación, lo que se sustenta en el principio de igualdad respecto de otros estudiantes, que no han tenido los beneficios dispuestos para este caso.

Expresa que resulta imposible seguir otorgándole otras instancias para solucionar su problema. Hace presente que, citada a rendir examen de suficiencia, tampoco accedió, y por su propia negativa y actitud rebelde la estudiante se mantiene en una situación de reprobación.

Por lo mismo, el Dr. nombre reservado y el equipo directivo de la nombre reservado de Química y Biología, unidad mayor que aloja al programa, tiene las atribuciones para realizar las evaluaciones de naturaleza académica y establecer las calificaciones que sean adecuadas para reflejar el desempeño académico de la estudiante en su conjunto.

Informa que la nombre reservado de Química y Biología, desde el año 2018, ha trabajado de forma ardua en que la recurrente obtenga los mejores resultados en las evaluaciones realizadas en la asignatura de toxicología, se ha hecho todo lo posible para que la Srta. nombre reservado obtenga los resultados de aprendizaje, situación que ella tiene pendiente desde esa época.

Así, añade, las circunstancias que reclama la estudiante nombre reservado en relación a una supuesta reconsideración injusta de una calificación no resultan acertadas. Si bien no logra aprobar el curso de toxicología en las condiciones expuestas, siempre ha sido evaluada en base a la adquisición de competencias en todas las ocasiones indicadas. En la última instancia, dictada en modalidad tutorial de forma exclusiva para la estudiante por un académico de destacada trayectoria de otra Universidad como el Sr. nombre reservado durante el segundo semestre de 2019, la estudiante reprueba en base a un programa acordado y conocido (que ella misma adjunta a los autos). Dicho programa debió ajustarse en relación con las contingencias sociales y sanitarias que han afectado al país desde octubre de 2019.

Comprendiendo las condiciones particulares en las cuales se enmarca dicho semestre y como se puede hacer en una situación normal, se posibilitó la opción de que la estudiante Srta. nombre reservado pudiese rendir un Examen de Suficiencia para evaluar si ha adquirido las competencias correspondientes durante el mes de marzo de 2020, antes del inicio de las actividades académicas del primer semestre 2020, examen que no fue rendido porque la estudiante presenta una licencia médica.

La recurrente, a diferencia de la mayoría de los estudiantes de la nombre reservado, ha cursado la asignatura de toxicología en más de tres oportunidades, incluso, contratándosele un profesor externo especial para atender las necesidades que la recurrente expresó, pero sin perjuicio de ello, se aceptó que rindiera por cuarta vez la realización de la cátedra con un profesor prestigioso, especialista en el tema, de otra Universidad, todo a fin de asegurarle la imparcialidad, pero aun así presentó “dudas” sobre la objetividad en la evaluación.

A este respecto, como Institución de Educación Superior, de alto prestigio, velan por la calidad de sus docentes y cuentan con herramientas que evalúan su desempeño.

Por último, reitera que no es aceptable que un asunto de naturaleza académica sea resuelto sobre la base de consideraciones que no sean académicas, principalmente porque el compromiso de la Universidad con la estudiante y con el medio en donde ella se desempeñará a futuro se basa en la adquisición de las competencias indicadas en el perfil de egreso de la carrera, y no cumplir con ello significa que la Universidad estaría faltando a la excelencia que la caracteriza y le exige la ley.

Concluye que la estudiante debe aprobar la totalidad de los hitos formativos para optar al título profesional de Químico(a)-Farmacéutico(a).

A continuación, el informante afirma que NO EXISTE NINGUN ACTO U OMISIÓN ARBITRARIO O ILEGAL IMPUTABLE A LA UNIVERSIDAD.

En relación con las supuestas acciones arbitrarias y discriminatorias contra la estudiante, éstas no resultan efectivas, señala, ya que en todo momento se le proporcionó acceso a los mecanismos de ayuda y apoyo, contando incluso con la intervención de la Dirección de Género, Inclusión y Equidad, siendo el único requisito que se rindiera un examen de suficiencia para aprobar el curso.

Indica que del acápite “El Derecho”, solo se hace alusión al supuesto acto del profesor nombre reservado, el que sería atentatorio de garantías fundamentales. Señala que dichos hechos ocurrieron en el mes de enero de este año (extemporáneo), y en segundo lugar, autoridad alguna puede disponer que se apruebe a ningún alumno por sobre lo que disponga el profesor de la cátedra, ni que se le evalúe en consideración a notas anteriormente obtenidas, ni menos aún que se le ordene al mencionado profesor que cambie una nota. La aprobación de una cátedra sólo puede ser obtenida con el cumplimiento de los requisitos académicos de la misma.

Es por todo lo anterior que, aún dadas las múltiples instancias en que se le ha informado a la alumna, reitera que la alternativa que tiene para aprobar su curso de Toxicología es mediante un examen de suficiencia presencial, el que se rendirá con las garantías necesarias para que sea objetivo y cuando se restablezcan las actividades presenciales.

Afirma que si existiese algún atentado a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, éste sería en beneficio de todos los demás compañeros de la Srta. nombre reservado, a quienes no se les ha dado ninguna de las prerrogativas que ha tenido ella a la hora de cursar el ramo de toxicología.

Añade que la sede cautelar de protección se encuentra consagrada para amparar aquellas garantías de carácter indubitado, ante actos u omisiones contrarios a derecho o arbitrarios de por sí, esto es, sin fundamentación alguna, lo que en la especie no ocurre.

El recurso de protección ha sido contemplado por la Constitución como una acción extraordinaria diseñada para restablecer con urgencia el imperio del Derecho ante acciones u omisiones que afecten garantías indubitadas.

Por último, pide tener por informado el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, y en el mérito del mismo decretar el total rechazo de la acción cautelar, con expresa condena en costas.

3°) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

4º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

5°) Que, en primer término, la parte recurrida ha alegado la extemporaneidad del recurso, en razón de que respecto de la concreción de todas las conductas reprochadas hasta la interposición de la acción de que se trata, pasaron de sobra los 30 días que el Auto Acordado respectivo otorga.

Dicha alegación, que pareciera tener cierto fundamento, será no obstante rechazada, en atención que lo que se reclama, en verdad, es todo un proceso de evaluación en relación con el ramo de toxicología que corresponde a la carrera cursada por la actora, en el que intervinieron dos profesores, además de la Universidad recurrida, y también intervino la Superintendencia del ramo, y el recurso ha tomado como referencia lo resuelto por este último organismo. Cuestión diversa, desde luego, es que el recurso pueda prosperar en relación con lo actuado por los profesores cuestionado, en términos de que esta Corte se encuentre en condiciones de dejar sin efecto notas, haciendo prevalecer alguna sobre otra y, en fin, dar por aprobado el ramo cuya reprobación impide a la recurrente su egreso y titulación.

Efectivamente, el recurso se ha interpuesto, tal como surge de la parte inicial del mismo, porque se acusa a la Universidad de Santiago de incurrir y avalar un actuar arbitrario y discriminatorio a lo largo de una serie de actos en relación a su proceso de evaluación del ramo de Toxicología de la carrera de Farmacología impartida por la Universidad de Santiago de Chile, resultando en la reprobación del ramo y la expulsión de la carrera, vulnerando con ello sus derechos constitucionales al debido proceso, igualdad ante la Ley y derecho a la educación, garantías que consagra la Constitución en el artículo 19 números 2, 3 y 10.

Como se advierte, no se reclama de una sola actuación sino, como se dijo, de todo el procedimiento.

En cualquier caso, se trata de una cuestión que aún produce sus efectos, al punto que la propia Universidad no ha dado por cerrado el capítulo, pues le ha ofrecido una nueva oportunidad de rendición del examen a la recurrente, la que no lo ha hecho, presentando una licencia médica en una primera oportunidad, y es por ello que aún pende dicha rendición, lo que fue corroborado en estrados por el Sr. nombre reservado que concurrió en representación de la señalada casa de estudios superiores.

Esta Corte puede entender que resulta difícil para la alumna, en estos momentos, rendir el examen, ya que es de toda evidencia que no puede estar en las mejores condiciones de ánimo como para poder hacerlo, y no desde el plano puramente académico, ya que la situación de que da cuenta el recurso ha llegado demasiado lejos, prueba de lo cual es la propia interposición del recurso de protección, lo que revela, sin lugar a dudas, que el momento es complejo no solo para la alumna, sino también para la Universidad producto del presente asunto.

En fin, por lo anterior, se desestima la extemporaneidad alegada por la Universidad recurrida.

6°) Que, en relación con el fondo de la materia, como se ha visto, la situación que se ha expuesto es compleja, de un largo desarrollo, más el recurso se dirige en contra de la Universidad de Santiago, pero en relación con las actuaciones de dos profesores de dicha casa de estudios, a quienes se acusa de discriminación, incluso en el caso del primero de ellos, la denuncia fue acogida, al punto de sancionarse administrativamente al referido profesor, para finalmente contratarse a un segundo maestro. También se ha cuestionado el manejo de la propia Universidad de este asunto.

Empero, el presente no es un problema que pueda dilucidarse por medio del recurso de protección. Ello, aun estimándose que puede haber constituido un grueso error de la Universidad el permitir que la recurrente tomara un ramo reprobado, por segunda vez, con el mismo profesor que había sido denunciado por ella en el periodo previo, por acoso, y lo más grave, habiéndose acogido la denuncia y por lo mismo, sancionado al profesor en cuestión. Ello debe haber generado, lugar a dudas, una de tensión permanente no solo para la alumna, sino igualmente para el profesor, y que no podía terminar de buena manera.

Más, aparte de ese reproche que puede dirigirse a la actuación de las autoridades responsables de dicha situación, hay que señalar, en primer término, que no se ha establecido que la Universidad incurriera en alguna actuación u omisión que puedan catalogarse como ilegales o arbitrarios ya que al contrario, acogió una primera denuncia de acoso, y finalmente dispuso que un profesor distinto al primero, impartiera el curso de toxicología.

No obstante, se ha recurrido debido a que este segundo profesor habría variado una nota que ya había sido asignada a la recurrente, bajándola, hasta el punto de que ésta ya reprobó el ramo por el número de veces que la normativa permite, por lo que dicha recurrente estaría al borde de perder la carrera.

Sin embargo, estas son cuestiones que no puede esta Corte remediar, pues no solo se apartan de la finalidad del recurso utilizado, sino que porque, según se anunció, no se han comprobado la ilegalidad o arbitrariedad denunciadas.

7°) Que, en seguida, tampoco es posible acoger el recurso y hacer lugar a todas las peticiones que el mismo contiene, dado que, según se ha señalado, éste no constituye la herramienta jurídica idónea para ello.

En efecto, el recurso de protección constituye una acción cautelar, de emergencia, que se puede intentar por quien se sienta afectado en algunas de las garantías constitucionales protegidas, por actos u omisiones ilegales o arbitrarios que le ocasionen un perjuicio que sea claramente identificable y que, por lo mismo, pueda ser reparado mediante la adopción de medidas de resguardo también de urgencia o emergencia.

La situación planteada en esta causa dista mucho de lo anterior, pues constituye todo un proceso complejo de evaluaciones hechas por dos diversos profesores, acusaciones de acoso de por medio y reclamos ante la Superintendencia respectiva.

Entonces, tratándose de una situación de la naturaleza dicha, no existe medida que esta Corte pueda adoptar, ya que es tal la cantidad de actuaciones reprochadas, que simplemente el asunto escapa de la esfera de actuación del tribunal, respecto de la acción intentada, el que de otro lado no está en condiciones de sustituir a la Universidad recurrida, en los términos que plantea el petitorio del recurso, el cual sobrepasa los términos en que puede actuar.

Nótese que se ha pedido:

“1. Suspender la realización de pruebas adicionales o extraordinarias en orden a aprobar el ramo de Toxicología de la nombre reservado de Farmacología de la Universidad de Santiago, o para lograr la reincorporación a la carrera de Farmacología impartida por la Universidad.

“2. Mantener la nota 4,7 con la que se habría evaluado la segunda prueba del ramo singularizado.

“3. Luego de aquello, al no existir otro requisito, aprobar el ramo de toxicología con las notas ya mencionadas, puesto que, con tales evaluaciones, según los estatutos de la Universidad de Santiago, ya habría aprobado la asignatura.

“4. Disponer todas las medidas que el tribunal estime conducentes para restablecer el imperio del derecho.”

Basta con la simple lectura de un pedimento así estructurado, y por cierto el resto del libelo recursivo, para entender que nada de lo que se solicita se puede resolver por esta Corte, por exceder del marco de cautela o emergencia de la acción de protección, la que ha sido utilizada simplemente como si se tratara de un supra recurso, que permitiera disponer medidas que son imposibles de acoger.

8°) Que, de otro lado, se reitera que tanto en el informe como en los alegatos ante esta Corte, se ha señalado que la alumna no está expulsada de la carrera y que tiene una nueva oportunidad de rendir su examen y aprobarlo, para concluir sus estudios y poder titularse. Y parece que esa es la única solución viable del problema presentado a la consideración de esta Corte, que no puede hacer más que desestimar el recurso, por las razones expuestas, sin que sea necesario analizar las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de recursos como el de la especie, se declara que se rechaza la acción de protección entablada por doña nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO, persona jurídica de derecho público, representada por su Rector, don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°79.953-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.