nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso, la abogado doña Alejandra Miranda Delgado, por 10 minutos; y contra el mismo, el abogado de la Tesorería General de la república don Julio Covarrubias Vásquez, por 10 minutos. Santiago, 16 de diciembre de 2019.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña Alejandra Miranda Delgado, abogado, domiciliada en domicilio reservado, a favor de don nombre reservado, profesor, quien recurre de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada legalmente por su Tesorera doña nombre reservado, ingeniero, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber denegado, en forma arbitraria e ilegal, el derecho a percibir el bono post laboral de la Ley N°20.305; vulnerando la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°2 (igualdad ante la ley) y 19 N°24 (propiedad sobre el empleo y las remuneraciones) de la Constitución Política.

Pide se ordene a la recurrida dejar sin efecto el Ordinario N°2012 del 13 de agosto de 2019, estableciendo que el recurrente tiene derecho al bono de la Ley N°20.305 y, en consecuencia, debe pagársele mensualmente a contar del 1 de octubre de 2018.

Funda su pretensión cautelar señalando que el 2 de mayo de 2018, el recurrente don nombre reservado, profesor de la I. Municipalidad de Santiago, presentó al Departamento de Educación del señalado Municipio, su renuncia anticipada e irrevocable al cargo, conjuntamente con su solicitud de eximición de la evaluación docente, lo anterior, con el objeto de acogerse a las disposiciones contempladas en la Ley N°20.158, que modifica el estatuto docente permitiendo percibir una indemnización a los profesores que presenten su renuncia anticipada y que le falten 3 años o menos para cumplir la edad de jubilar.

Indica que el recurrente nació el 10 de mayo de 1953, por lo que, a la fecha de la renuncia, tenía 64 años de edad y dejó de prestar servicios el 10 de mayo de 2018.

Agrega que el 3 de julio de 2018, la I. Municipalidad de Santiago pagó al señor nombre reservado la suma de $13.909.269, correspondiente a la indemnización señalada en el artículo 73 del estatuto docente y el 21 de agosto de 2018, el actor presentó formulario de solicitud de bono post laboral ante el Departamento de Educación de la referida Municipalidad.

Señala que el 27 de septiembre de 2018, la Superintendencia de Pensiones determinó que la tasa de reemplazo líquida, para efectos del bono post laboral, equivalía a un 34,3%, fijando la pensión de vejez en $337.136 y el 25 de abril de 2019, la I. Municipalidad de Santiago, emite el decreto N°2651, concediendo el referido bono al señor nombre reservado.

Añade que el 13 de agosto de 2019, la Tesorería Regional Metropolitana emite un ordinario (N°1021) dirigido a la Dirección de Educación de la I. Municipalidad de Santiago, señalando que la primera debe notificar al interesado que no tiene derecho al bono porque “para optar a él es necesario haberlo requerido y terminar sus funciones dentro de los 12 meses siguientes de alcanzar 65 años de edad en el caso de los hombres”.

Hace presente que la Municipalidad notificó al interesado, informalmente, el día 18 de agosto del año en curso señalando que el acto es del todo arbitrario porque incurre en un error de hecho, a todas luces inaceptable y es que el señor nombre reservado sí postuló y terminó sus funciones como profesor dentro de los 12 meses siguientes a los 65 años de edad, ya que recién cumplió 66 años el 10 de mayo de 2019, por lo que, a la fecha de la postulación cumplía con todos los requisitos establecidos en la ley 20305.

Sostiene que el acto es también ilegal, porque el señor nombre reservado cumple con todos los requisitos de la ley 20.305, esto es, presentó su renuncia voluntaria, posee más de 20 años de servicio, tiene una tasa de reemplazo inferior al 55% y a la fecha de postulación había cumplido 65 años de edad, por lo que en términos procedimentales, ha actuado dentro de plazo, dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3° de la mentada ley, el que señala: “El jefe superior de servicio o la jefatura máxima que corresponda, deberá recibir del trabajador que haya cumplido las edades indicadas en el número 4 del artículo 2°, la solicitud para acceder al bono dentro de los 12 meses siguientes al cumplimiento de las edades antes mencionadas, debiendo proceder a verificar los requisitos señalados en el inciso final del artículo 1°, y en los números 1, 2 y 4 del artículo 2°, además de determinar la remuneración promedio líquida. Asimismo, deberá requerir a la Superintendencia de Pensiones, la estimación acerca de la tasa de reemplazo líquida del trabajador de conformidad a lo dispuesto en el número 3 del artículo anterior”.

Finalmente, indica que el artículo 8° de la ley 20.305 señala que el Servicio de Tesorerías deberá pagar el bono al beneficiario, a contar del día primero del mes subsiguiente a aquel en que se haya presentado la solicitud que en este caso, se presentó el 21 de agosto de 2018.

Estima que el acto impugnado violenta la igualdad ante la ley, señalando que, contrariamente a lo dispuesto en el texto constitucional, pareciera ser que en Chile sí existen personas privilegiadas. Estando en idénticas condiciones a las del señor nombre reservado, miles de profesores que presentaron su renuncia, conjuntamente con la eximición de la evaluación, accedieron al bono post laboral. ¿Por qué entonces él, a quién se le otorgó, debe perderlo por una actitud arbitraria e ilegal de la Tesorería?. ¿Por qué respecto de él y no de los demás se produjo tal diferencia?.

En cuanto al derecho de propiedad, sostiene que, aunque el bono no constituye remuneración propiamente tal, incrementa el monto de la jubilación en, al menos, $70.000. Es un derecho y no una mera expectativa. El señor nombre reservado percibe una pensión mensual de $337.136. Con el bono, superará los $400.000. El acto arbitrario e ilegal de Tesorería vulnera su derecho a la propiedad sobre el monto de su pensión mensual.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, el recurrente acompañó siguientes documentos: 1. Ordinario 1021, del 13 de agosto de 2019, emitido por la Tesorería general de la República; 2. Certificado de antigüedad, emitido por el Ministerio de Educación, con fecha 16 de abril de 2018; 3. Acta de notificación de acceso a bonificación que indica, de 2 de mayo de 2018, emitido por el Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Santiago; 4. Certificado de antigüedad, de fecha 13 de marzo de 2018, emitido por el Departamento de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de Santiago; 5. Estimación de tasa de reemplazo, emitida con fecha 27 de septiembre de 2018, por la Superintendencia de Pensiones; 6. Solicitud de eximición de evaluación docente, dirigida por don nombre reservado, de fecha 2 de mayo de 2018, al Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Santiago; 7. Decreto de encasillamiento del Ministerio de Educación de fecha 1 de julio de 1982; 8. Solicitud de bono post laboral, de fecha 21 de agosto de 2018, dirigido por don nombre reservado al Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Santiago; 9. Dictamen 13893, de fecha 7 de marzo de 2011, emitido por la Contraloría General de la República.

Tercero: Que, evacua el informe requerido don Julio Covarrubias Vásquez, abogado, en representación de la Tesorería General de la República, quien solicita el rechazo del recurso.

Funda sus alegaciones señalando que el 5 de diciembre de 2008, se publicó la Ley Nº 20.305, modificada por las leyes Ns. 20.403 y 20.636, que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del Sector Público con bajas tasas de reemplazo en sus pensiones y el artículo 1° del citado texto normativo, en su inciso primero, otorga un bono de naturaleza laboral para el personal que, a su entrada en vigencia, a saber, el 1 de enero de 2009, desempeñe un cargo de planta o a contrata y al contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos regidos por las normas que se señalan, previo cumplimiento de los requisitos que dispone el artículo 2° de la misma ley.

Expone que mediante decreto Nº 2651, de 25.04.2019, la Municipalidad de Santiago, concedió al recurrente el beneficio del Bono Post Laboral, condicionado al hecho de que se cumplieran los requisitos legales para ello, tal y como se lee en ese mismo decreto, específicamente, en su numeral 2 de la parte resolutiva, el que señala expresamente: “siempre y cuando se acrediten todos los requisitos para impetrarlo”.

Indica que la Tesorería General de la República recibió a trámite el decreto antes indicado, verificando que el interesado no cumplía con el requisito establecido en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 20.305. El artículo 2° de la citada ley, previene que para tener derecho al bono, será necesario cumplir con los requisitos copulativos que establece, entre los cuales, en el numeral 1, se preceptúa el de “Tener las calidades mencionadas en el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 20.305 en los referidos organismos o en sus antecesores legales, tanto a la fecha de la postulación para acceder al bono como con anterioridad al 1 de mayo de 1981”. En efecto, el interesado no puede acceder al señalado beneficio, puesto que no reúne los requisitos exigidos por esa normativa, toda vez que cesó en sus funciones al cumplir la edad de jubilación, al acogerse a lo previsto en el inciso final del artículo 70 de la ley N° 19.070.

Precisa que el recurrente cesó de acuerdo a lo prescrito en el artículo 72, letra k), de la ley N° 19.070, es decir, por acogerse a la renuncia anticipada conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 70 de ese texto legal. Esta última norma señala, en lo que interesa, que podrán eximirse del proceso de evaluación docente, los profesionales de la educación a quienes les falten tres años o menos para cumplir la edad legal para jubilar, siempre que presenten la renuncia anticipada e irrevocable a su cargo, la que se hará efectiva al alcanzarse la indicada edad, por el solo ministerio de la ley.

Sobre el particular, expresa que el artículo 2°, N°1, de la ley N°20.305 determina que para tener derecho al beneficio que concede, es necesario, en lo pertinente, desempeñarse en los organismos mencionados en su artículo 1° o en sus antecesores legales, tanto a la fecha de postulación para acceder a ella, como con anterioridad al 1 de mayo de 1981. De igual modo, el N°5 del mismo artículo 2°, así como el artículo 3°, inciso primero, señalan que para optar al bono en comento, es preciso haberlo requerido y terminar sus funciones dentro de los 12 meses siguientes de alcanzar los 65 años, en el caso de los hombres.

Refiere que de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que el recurrente cesó en su cargo el 10 de mayo de 2018 -data en que cumplió la edad de 65 años-, con el fin de acogerse a lo previsto en el inciso final del artículo 70 de la mencionada ley N°19.070, de lo que se desprende que no tiene derecho a recibir el bono de la ley N°20.305. Lo anterior, por cuanto, de acuerdo con lo establecido, entre otros, en el dictamen N° 97.563, de 2015, de la Contraloría General de la República, los docentes que finalicen su relación laboral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, letra k, de la ley N° 19.070 -como ocurrió en este caso- cesan por el solo ministerio de la ley al cumplir la edad de jubilación, lo que les imposibilita reunir las exigencias necesarias para acceder al beneficio de la ley N° 20.305, esto es, solicitarlo y desvincularse dentro de los 12 meses siguientes de alcanzarse la edad antes indicada, ya que el derecho para pedir ese bono solamente nacería el mismo día en que ya han expirado sus funciones.

Afirma que, al haber presentado la solicitud de bono post laboral el 21 de agosto de 2018, esto es, con posterioridad al cese de funciones que, de acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, se verificó el 10 de mayo de 2018, no cumple con el requisito del numeral 1° del artículo 2° de la ley 20.305, referido a tener la calidad de funcionario público a la fecha de postulación al beneficio.

Concluye que el recurrente no tiene derecho al bono que otorga el artículo 1° de la ley N° 20.305, toda vez que presentó la respectiva solicitud con posterioridad a su cese de funciones.

Destaca que el artículo 13 de la Ley Nº19.041, confiere a Tesorería un rol fiscalizador de los egresos no tributarios, de manera que es deber de la Tesorería General de la República verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2° de la Ley 20.305 para acceder al bono. En efecto, el artículo 13 de la Ley Nº 19.041, preceptúa, en su inciso primero, que corresponde al Servicio de Tesorerías requerir todos los antecedentes necesarios que justifiquen los egresos de carácter no tributario (naturaleza que detenta el Bono Post Laboral) que deba efectuar en ejercicio de sus funciones, tales como las bonificaciones y el pago directo de algunas prestaciones previsionales, agregando en su inciso segundo que “En el ejercicio de esta potestad, el Servicio de Tesorerías podrá solicitar el respaldo de la documentación original que justifica tales operaciones; requerir información a los organismos que estime pertinente; verificar domicilios del destinatario del egreso y cualquier otra acción que asegure el correcto cumplimiento del egreso en resguardo del interés fiscal, en especial suspender o rechazar el pago respectivo cuando los antecedentes lo ameriten.”

Destaca que la facultad concedida a la Tesorería General para suspender o rechazar un egreso de carácter no tributario, como lo es el bono post laboral, fue otorgada por el legislador a través del artículo 5° de la ley 20.636, que modificó la ley 20.305 que estableció este bono, ratificando la competencia legal de este Servicio para suspender o rechazar el pago de un egreso de carácter no tributario cuando no se cumplan los presupuestos legales que lo hagan procedente.

Concluye que el Servicio de Tesorerías tiene atribuciones para verificar el cumplimiento de todas las exigencias establecidas en el artículo 2° de la ley que habiliten para percibir el beneficio y en ejercicio de este rol fiscalizador de los egresos no tributarios y de custodio de los fondos y valores fiscales que le encomienda el artículo 1° del DFL Nº 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene su Estatuto Orgánico, que el Servicio de Tesorerías debe verificar que los decretos y resoluciones de pago cumplan con todos los requisitos legales para proceder a su ejecución.

Precisa que una reiterada jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida en los dictámenes Ns. 61401 y 22830, entre otros, ha señalado que los docentes que finalicen su relación laboral acorde con lo que dispone el artículo 72, letra K), de la ley N° 19.070 –como ocurrió en la especie-, cesan por el solo ministerio de la ley al momento de tener la edad de jubilación, lo que les imposibilita reunir las exigencias necesarias para acceder al beneficio de la ley N° 20.305, esto es, pedirlo y desvincularse dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse la edad indicada, ya que la prerrogativa para impetrarlo nace el mismo día de la expiración de sus actividades, jurisprudencia administrativa que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, es obligatoria para los órganos de la Administración del Estado.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: a) Copia de decreto N° 2651, del alcalde de la I. Municipalidad de Santiago, de 25 de abril de 2019. b) Copia del decreto N°1766, del alcalde de la I. Municipalidad de Santiago, de 8 de mayo de 2018. c) Dictámenes de la Contraloría General de la República referidos a la materia controvertida.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Séptimo: Que, para una acertada resolución del asunto sometido a conocimiento, conviene precisar que son hechos no discutidos los siguientes:

a) Que, el 2 de mayo de 2018, el recurrente don nombre reservado, profesor de la I. Municipalidad de Santiago, presentó al Departamento de Educación del señalado Municipio, su renuncia anticipada e irrevocable al cargo.

b) Que, el actor dejó de prestar sus servicios el 10 de mayo de 2018.

c) Que, el 21 de agosto de 2018 el recurrente presentó el formulario de solicitud de bono post laboral ante el Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Santiago;

d) Que, el 25 de abril de 2019, la I. Municipalidad de Santiago dictó el decreto N°2651 que concedía el bono al actor;

e) Que el 13 de agosto de 2019, la Tesorería Regional Metropolitana emite el Ord. N°1021 por el cual rechaza el pago de dicho bono.

Octavo: Que, para una acertada resolución de la presente acción constitucional, hay que resaltar que el inciso 1° del artículo 1° de la Ley N°20.305 establece que: “Establécese un bono de naturaleza laboral de $50.000 mensuales, en adelante el bono, para el personal que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley desempeñe un cargo de planta o a contrata y al contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la ley N° 18.575; el decreto N° 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la ley N°10.336; el decreto N° 291, de 1993, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de la ley N° 19.175; la ley N° 18.838; el párrafo 2° del título III de la ley N° 18.962; la ley N° 16.752; el título VII de la ley N° 19.284; la ley N° 19.140; los artículos 4° letra i) y 19 de la ley N° 18.348; las leyes N° 17.995 y N°18.632, y las municipalidades, y a los trabajadores de sectores de la Administración del Estado que hayan sido traspasados o se traspasen a dichas municipalidades en virtud de lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley N°1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior”.

Por su parte, el artículo 2° de dicho cuerpo normativo establece las exigencias que hacen procedente el pago de dicho bono, señalando que: “Para tener derecho al bono del artículo anterior será necesario cumplir con los siguientes requisitos copulativos:

1. Tener las calidades mencionadas en el inciso primero del artículo 1° en los referidos organismos o en sus antecesores legales, tanto a la fecha de la postulación para acceder al bono como con anterioridad al 1 de mayo de 1981;

2. Tener a lo menos 20 años de servicios en las instituciones señaladas en el artículo anterior o las que sean sus antecesores legales, a la fecha de la publicación de la presente ley.

3. Tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior a 55% y acceder a una pensión de vejez líquida regida por el decreto ley N°3.500, de 1980, igual o inferior al monto del límite máximo inicial de pensiones de las ex cajas de previsión fusionadas en el Instituto de Normalización Previsional, a que se refiere el artículo 9° de la ley N° 19.200, vigente a la fecha en que la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones solicite la información señalada en el inciso segundo del artículo 3° (…)

4. Tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad tratándose de las mujeres.

5. Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo, en las instituciones señaladas en el artículo 1º, sea por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad con el decreto ley Nº 3.500, de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas en el número anterior, según corresponda (…)”.

Noveno: Que, el primer requisito enunciado en el artículo 2° exige que el solicitante mantenga la calidad de funcionario de planta o a contrata al momento de la postulación, situación que no concurre en la especie, toda vez que es un hecho asentado y reconocido en estos autos que el recurrente había cesado en su cargo al momento de formular la solicitud del pago del bono, razón por la cual, incumple con uno de los requisitos de carácter copulativo, cuestión que conlleva a declarar improcedente el pago del bono pretendido.

En este escenario, la pretensión contenida en el recurso intentado no puede prosperar, desde que no goza de un derecho de carácter indubitado que merezca su tutela por la presente vía cautelar.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña Alejandra Miranda Delgado, a favor de don nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-79.896-2019.