ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A. con INSPECCION

Santiago, cinco abril de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña Paulina Espinoza Vaganay, abogada en representación de Adecco Recursos Humanos S.A., interponiendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago y en contra de la fiscalizadora nombre reservado, por haberle cursado la multa administrativa N° 1735/17/36-1,2,3,4.

Señala que la empresa que representa es de recursos humanos y presta servicios a empresas de diversos giros. En ese contexto, explica que el día 12 de octubre pasado se apersonó la fiscalizadora recurrida en una sucursal de la empresa Sencillito, que es su cliente, solicitando información respecto de algunos trabajadores de la sucursal.

Continúa, indicando que cuenta con autorización para centralizar sus documentos en su domicilio comercial, ubicado en la comuna de Las Condes, razón por la cual la mayoría de dichos documentos se encuentra en dicho domicilio. Al explicar la situación a la fiscalizadora, igualmente insistió en obtener los contratos de trabajo y liquidaciones de sueldo requeridas, algunas de las cuales le fueron presentadas en el acto, pero al ver la fiscalizadora el tiempo que se demorarían en conseguir la totalidad de los documentos, la dejó citada a audiencia de 16 de octubre del mismo año.

El día de la audiencia, menciona, le fue imposible asistir, por lo cual asumió la respectiva multa por no comparecer. Sin embargo, prosigue, el 26 de octubre de 2017 le notificaron la resolución de multa que mediante esta acción reclama, estableciendo cuatro infracciones: 1. No contener el contrato de trabajo la estipulación referida al monto, forma y período de pago del bono responsabilidad de una trabajadora; 2. No contener las liquidaciones de remuneraciones un anexo junto al detalle de las comisiones y cada operación que le da origen respecto de la misma trabajadora, en un período determinado; 3. No exhibir la documentación exigida por la fiscalizadora; y, 4. No comparecer a la audiencia. En total, se le condenó al pago de 121 Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes a $8.336.086.- Arguye que la multa vulnera su garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 3 inciso 5° y en el artículo 19 N° 24, toda vez que se aleja del principio de legalidad, vulnerando también el principio de proporcionalidad que obliga a la autoridad administrativa. Ello, por cuanto desconoce cuándo efectivamente se realizó la fiscalización y la consecuente imposición de multa, ya que la fiscalizadora la dejó citada a comparendo, pero luego se le impone una multa por las supuestas infracciones cometidas en la visita de la sucursal. Asimismo, aduce infringido el principio de probidad administrativa, establecido en los artículos 54 y 55 de la Ley N° 18.575. Previas citas legales y reiteración de sus argumentos, solicita se acoja la presente acción y se deje sin efecto la resolución de multa ya individualizada, con costas.

SEGUNDO: Que compareció don nombre reservado, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, solicitando el rechazo de la presente acción, con costas.

En primer lugar, señala que el recurso es improcedente atendida la naturaleza del acto recurrido, pues se trata de una resolución de multa administrativa, la cual puede ser impugnada tanto en sede administrativa, conforme a los artículos 53 y siguientes de la Ley N° 19.880 y artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, como en sede judicial, conforme al artículo 503 del mismo código. Así, el recurso de protección no puede ser utilizado como un sustituto jurisdiccional.

En segundo lugar, aduce que la fiscalizadora dictó la resolución dentro de sus competencias.

Luego, postula que el recurso es inadmisible por falta de requisitos constitucionales para su interposición, pues el día 29 de septiembre del año pasado, se recepcionó una denuncia interpuesta por una dependiente de la recurrente, informando que ésta no informa a los trabajadores de los riesgos laborales y no paga la remuneración íntegra a sus dependientes. La fiscalización se realizó entre el día 12 y el día 16 del mes de octubre. En la visita inspectiva se pidió documentación de muestra de siete trabajadores, constatándose que estaba incompleta, por lo cual se citó a la empresa para el día 16 del mismo mes y año a fin de que acompañara la documentación faltante, no compareciendo.

Continúa indicando que el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, establece el derecho a la libertad de trabajo y su protección y que la materialización de dicha obligación se encuentra en el artículo 2° inciso final del Código del Trabajo, siendo la encargada de la fiscalización del cumplimiento de dicha garantía, la Dirección del Trabajo.

También hace presente que la recurrente es una empresa que tiene una planilla de trabajadores sobre los dos mil dependientes y que durante los últimos seis meses se le han cursado siete multas por infracciones.

Por estas razones, solicita el rechazo de la acción, con costas.

TERCERO: Que la acción de protección de garantías constitucionales, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción destinada a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir particulares o autoridades. Ha sido creada para la mantención regular del orden jurídico; en otras palabras, para reparar de inmediato la juridicidad quebrantada y devolver a las partes al estado en que se hallaban antes de padecer la reclamada afectación de sus garantías amparadas por la Carta Fundamental.

CUARTO: Que por esta razón, para que prospere, deben concurrir ciertos requisitos tales como la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria; que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho indubitado; y, que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Éstos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de este Tribunal.

Acorde a lo anterior, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1º del Código Civil, es decir, todo aquello que implica antijuridicidad, violación o vulneración del ordenamiento jurídico- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntarismo de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que del libelo de protección, aparece entonces que el acto que se estima arbitrario e ilegal consiste en haber las recurridas cursado multas por haber incurrido la recurrente en una serie de infracciones a normas del Código del Trabajo. Por ello, estima esta Corte que en su actuar, la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago y su fiscalizadora la señora nombre reservado no han cometido un acto ilegal o arbitrario, porque conforme se deduce del relato de la propia recurrente, actuaron dentro de sus facultades y de conformidad a la ley.

Como se viene razonando, lo cierto es que analizados los antecedentes conforme a los principios que rigen la sana crítica, aplicable en este procedimiento cautelar, no es posible concluir que la recurrida haya realizado algún acto ilegal o arbitrario que pudiere vulnerar las garantías constitucionales denunciadas por la recurrente, sino que ha actuado conforme a la normativa aplicable, por lo que, al faltar tan necesario supuesto, no cabe acoger la protección solicitada.

SEXTO: Que de otro lado, la recurrente no ejerció los recursos que la ley provee a fin de reclamar por las multas que estima ilegales, proveyendo la ley de más de un camino –administrativo y jurisdiccional-, para ello.

En efecto, sin perjuicio de los medios administrativos contemplados en la Ley N° 19.880 –cuerpo normativo que la propia recurrente cita-, pudo, de conformidad a los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, presentar una solicitud de reconsideración o ejercer la acción que contempla el artículo 503 del mismo código ante un Juzgado del Trabajo.

Por lo anterior, es claro que el recurso de protección no es la vía idónea para la resolución de este tipo de conflictos, toda vez que, como se ha explicado, su objeto es tomar u ordenar las medidas adecuadas para restablecer el imperio del derecho frente a un acto ilegal o arbitrario, pero no revisar la legalidad de un acto administrativo, existiendo otras herramientas dispuestas por la ley para dicho fin.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, no solo existen otros medios idóneos para reclamar de las multas impuestas, si no que no se configuran en la especie los presupuestos exigidos para que la acción de protección prospere, esto es, que exista un acto objetado que sea ilegal o arbitrario. Por estas razones, el presente recurso debe desestimarse y por ende, no es necesario emitir pronunciamiento respecto de la garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente, en razón de lo concluido precedentemente.

Por lo anterior y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el deducido por Paulina Espinoza Vaganay en representación de Adecco Recursos Humanos S.A.

Redactó la abogado integrante señora Carolina Coppo Diez.

No firma la Ministro señora González Quiroz, quien concurrió a la vista del recurso y al acuerdo, por hacer uso de su feriado legal.

Regístrese y archívese.

N° 79.834-2017 Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por la Ministro señora Patricia González Quiroz y la abogado integrante señora Carolina Coppo Diez.