nombre reservado con nombre reservado PRESIDENTE TRIBUNAL DE ETICA COLEGIO PROFESIONAL TECNICOS EN SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS EN AERONAVES DE CHILE A.G.

Santiago, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, don Tomás Pablo Jordán Díaz, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, Presidente del Colegio Profesional de Técnicos en Salvamento y nombre reservado A.G, interpone acción de protección en contra de nombre reservado, presidente del Tribunal de Ética del mismo colegio, domiciliado en domicilio reservado, Santiago por el acto arbitrario e ilegal consistente en el fallo dictado por el Presidente del Tribunal de Ética del Colegio Profesional de Técnicos en Salvamento y nombre reservado A.G, de 8 de octubre de 2018, que lo sanciona con censura por escrito a través del cual priva el ejercicio legítimo de sus derechos establecidos en los artículos 19 N° 3 inciso 5° y articulo 19 n° 12 de la Constitución Política de la República.

Indica que el recurrente fue sancionado a través de un procedimiento irregular, iniciado por declaraciones que realizó en el diario electrónico “El Ciudadano”, donde dio a conocer las condiciones laborales y socioeconómicas de los asociados al Colegio Profesional. Con fecha 25 de mayo de 2018, el Presidente del Tribunal de Ética, le comunicó al recurrente el inicio de una investigación en su contra, por haber dado la aludida entrevista, considerándose “falta grave al Código de Ética”, con base a ocho denuncias recibidas, que a juicio del Presidente de dicho tribunal, infringían los Numerales 2.6 y 2.6.1; artículos 10, 23, 29, 32, 3,39, 40 letra c), 48, 50, letra a) 52, 54 y 63 letra c) del Código de ética mencionado, resolviéndose el 8 de octubre aplicar la sanción disciplinaria de “Censura por escrito por incumplimiento estatutario de mediana gravedad”, lo cual trae como consecuencia no poder postular al cargo de Presidente por un período.

El día 10 de octubre de 2018 la Directiva Nacional del Colegio publica un acuerdo donde expone su disconformidad con lo resuelto por el Tribunal de Ética, especialmente por el error en la dictación del fallo fuera de plazo, lo que les hace imposible llevar a cabo el cumplimiento de lo decidido por considerarlo inválido. Frente a lo anterior, el 17 del mismo mes, el Presidente del Tribunal de Ética rechaza dicho acuerdo, compeliendo al cumplimiento del fallo.

Señala que el Tribunal de Ética debió actuar de acuerdo a las normas del debido proceso establecidos en los artículos 31 inciso 2° de los Estatutos del Colegiado Profesional de Técnico de S.S.E.I., y 58 inciso 1° del Código de Ética. Respecto de la forma en que el Tribunal debe adoptar sus acuerdos se encuentra establecido en el artículo 34 del Estatuto el cual señala “El tribunal de ética funcionará, sesionará y adoptará sus acuerdos, con la mayoría absoluta de sus miembros, salvo que estos mismos estatutos establezcan un quórum distinto”.

Por cuanto el Tribunal de Ética del Colegio de S.S.E.I es un órgano colegiado y que debe adoptar sus decisiones por mayoría, por lo que se exige la concurrencia en sus resoluciones y en el fallo final la acreditación de la intervención de sus miembros, al estar constituido por tres integrantes. Del examen del expediente disciplinario se observa que todas las actuaciones del tribunal transgreden la normativa aplicable, ya que en todas ellas aparece sólo la firma del Presidente del mismo señor nombre reservado, no teniendo éste facultades de representación del Tribunal ya que el régimen legal atingente no se lo otorga.

En este mismo orden de ideas, se expresa que el tribunal de ética tuvo un vicio de parcialidad desde el comienzo del proceso, pues uno de sus denunciantes señor Roberto Lorca Villarroel es a la vez miembro del tribunal. De las ocho denunciadas recibidas por el reportaje dado por el Presidente de Colegio Profesional, una de ellas es de un miembro del propio tribunal de ética. Además se suma el hecho que un miembro del Tribunal de Ética renunció en medio del proceso por considerar que no se estaba respetando la imparcialidad que debía guardarse, pues había miembros que eran juez y parte.

Todo lo anterior vulneraría uno de los principios centrales de todo órgano llamado a conocer y resolver un asunto sometido a su conocimiento y que es la imparcialidad del juzgado, debiendo tener para ello la exigencia de ausencia de todo prejuzgamiento con relación a las partes y/o el litigio mismo.

Se arguye, además, que se vulneró el inciso 11° del artículo 34 del Estatuto del Colegio de Profesionales S.S.E.I., al dictarse el fallo fuera de los 15 días hábiles establecidos para ello. Asimismo, que hay infracción del artículo 25 letra c) del Estatuto mencionado que establece “Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y acuerdos de la Asamblea General y Directorio Nacional”.

Señala que según lo establecido en el artículo 15 del Código Ética en el cual se consagra los deberes de los colegiados se lee “deberá contribuir y participar activamente en toda iniciativa pública o privada que procure garantizar el derecho a cumplir la misión del Servicio S.S.E.I.”, esto en relación al apartado 1.1.1 el Colegio tiene como misión velar por la buena conducta profesional de los Colegiados, manteniendo la disciplina y la ética profesional, con lo que se sustenta el rol central del Presidente en la difusión pública que le permiten cumplir la misión de conferir protección a la población, argumentando con ello, que el cargo fue arbitrariamente imputado, pues de la simple lectura del reportaje el señor nombre reservado dio leal cumplimiento a los objetivos que se tornan como imperativos para todos los asociados, y en particular para su Presidente. Por otro lado dice que el cargo “falta de prudencia” no existe.

Del mismo modo, argumenta que la aplicación de la infracción al artículo 10 del Código de Ética es arbitraria, debido a que se refiere al deber de denuncia que tiene los asociados frente al incumplimiento de los deberes legales o reglamentarios, por ende, no es aplicable en el caso en comento produciéndose una infracción en su aplicación (una cosa es denunciar las faltas a las leyes, reglamentos, normas y otra, denunciar las condiciones laborales).

Por otro lado, se menciona la infracción de los artículos 48 y 49 del mismo cuerpo normativo, sobre el secreto profesional indicando que existe en su aplicación una confusión conceptual del Presidente del Tribunal de Ética. Lo que constituye secreto profesional tiene que ver con el ejercicio de la profesión y el conocimiento personal que puede producirse a través suyo.

Además se le sancionó por realizar “propaganda” cuando el fin es diverso de atraer adeptos o compradores.

Se le sancionó además por resolver al vulnerar el derecho de propiedad intelectual (artículos 52 y 54) sin que las opiniones del recurrente se vinculen con ella.

Lo anterior, relacionado con el artículo 63 letra c) sobre el deber de actuar con responsabilidad de la Directiva Nacional, el cual no tendría aplicación ya que el recurrente expresó opiniones públicas fundadas que fueron acompañadas de imágenes que daban cuenta del mal estado de la infraestructura que cobija a los bomberos aeronáuticos.

En consecuencia, indica que por medio de un fallo ilegal y arbitrario se comete una grave infracción y privación de los derechos contemplados en el artículo 19 N° 3 y 12 respectivamente;

2°) Que informando don nombre reservado en representación de la recurrida Aeropuerto nombre reservado, concluye que el acto recurrido se encuentra ajustado a derecho, reitera los hechos mencionados en la acción constitucional y expone otros que se aludirán más adelante.

Posteriormente se mencionan los argumentos que tuvo el Tribunal de Ética para fallar en contra del señor nombre reservado indicando:

Primero, que las acciones del Colegiado Sr. nombre reservado fueron realizadas bajo el cargo que ostenta de Presidente del Directorio Nacional, por tanto, para determinar si existió transgresión a la conducta ética por el Colegiado Sr. nombre reservado, debe observarse el articulo Vigésimo Quinto de la norma estatutaria del Colegio que establece las obligaciones y atribuciones del Presidente del Directorio Nacional, respecto de las cuales no se le atribuye al cargo ninguna representación ante externos al Colegio, salvo judicial o extrajudicial. Por lo que puede interpretarse que al Colegiado Sr. nombre reservado no le asistía ninguna obligación o atribución cuando el indica "lo que hice fue para dar a conocer las malas condiciones de trabajo (sic)," conforme afirma en sus descargos. Por otra parte, el Tribunal, también consideró que el Colegiado Sr. nombre reservado es obviamente parte integrante del Directorio Nacional y sujeto al Articulo Décimo Noveno de la norma estatutaria que le atribuye al Directorio Nacional la representación de los profesionales colegiados ante personas jurídicas nacionales, como pudiese haber sido el caso, con el diario electrónico El Ciudadano.

Pese a lo anterior, el Tribunal no tiene a la vista ningún antecedente que acredite que el Colegiado Sr. nombre reservado en su calidad de Presidente hubiese sido mandatado por el Directorio Nacional, sino que por el contrario, por lo que es claro para el tribunal que el recurrente se atribuye un deber de representación que el estatuto y el Colegio no le otorga.

Segundo, es concluyente que todo lo obrado por el recurrente corresponde de la interpretación personal que el mismo otorga al cargo de Presidente, llevándolo a no ser prudente en su actuar infringiendo el Código de Ética en el Capítulo II, Numeral 2.6.1 en su primer párrafo.

Tercero, para el tribunal no cabe duda que el recurrente incumplió el artículo 10 del Código de Ética, que restringe a que las denuncias sean dirigidas solo a los órganos competentes, esto es, a la Directiva Nacional o a la Fiscalía Local.

Asimismo, en el numeral cuarto se argumenta que transgredió el artículo 38 del Código de Ética, al no haberse asegurado que su acción no afectaría el prestigio de colegas y jefes, como si lo establecen algunos de los denunciantes; recogiendo el Tribunal que todas las personas entienden el concepto del prestigio como las cualidades en el trabajo como lo son la legitimidad, la credibilidad y el trabajo bien hecho, que como se desprende de los denunciantes que se desempeñan como jefes, estos se sintieron afectados, entendiéndose que las condiciones de trabajo se atribuyen a la acción a la gestión de jefes y no como se desprende de los descargos del recurrente que releva el prestigio a la función, comprendiendo el tribunal que el descargo corresponde a la acción operativa del servicio.

Quinto, entiende el tribunal que se incumplió lo establecido en el artículo 48 del Código de Ética, al interpretar por sí mismo la norma confiando en su criterio e indicando que cabe considerar públicos esos datos. Nuevamente el Tribunal observa que ese punto argumental de los descargos del Colegiado es contrario a la norma estatutaria artículo Décimo Noveno, letra s), que indica con claridad y precisión que la interpretación es facultad privativa del Directorio Nacional.

Sexto, se ve vulnerado el artículo 49 del Código de Ética, al interpretar por sí mismo la norma, lo que se observa en la línea argumental del Colegiado aseverando "Ese es el derecho que ejercitamos mediante el reportaje, que se encuentra permitido, bajo determinadas condiciones, por los artículos 49 y 50 ", por el contrario para el Tribunal el artículo 49 del estatuto de Colegio S.S.E.I. es tácito, para cualquier colegiado, en este caso el recurrente, quien al no tener una potestad entregada por el Directorio Nacional, reconociendo el Tribunal que la calidad de Presidente no otorga atribución, es de conocimiento que la prohibición estipulada en el artículo 49 se mantiene aunque el hecho sea del conocimiento público.

Séptimo, el artículo 50, letra a), del Código de Ética, al interpretar el Colegiado, lo que se observa cuando indica el mismo que no ha afectado la reputación de la especialidad o de la institución "pues difundimos información para que se corrijan los defectos denunciados", al respecto el Tribunal recoge que todas las personas entienden el concepto de reputación como la opinión positiva que mucha gente tiene sobre una persona o una cosa por sus buenas cualidades, aspecto que para el caso publicitado a todas luces es todo lo contrario, pues el resultado conocido fue una opinión negativa sobre las condiciones que se revelaron del Servicio S.S.E.I. Claramente el artículo 50 establece una prohibición que no fue acatada por el recurrente.

Octavo, los artículos 52 y 54, del Código de Ética, sustancialmente ambas normas indican que para difundir datos e información debe contar con autorización escrita y expresa, aspectos que no los cumplió el Colegiado, más aun el mismo argumenta que todo lo señalado al medio de prensa es verdadero, no obstante, la norma legal es clara y precisa, el colegiado debe ser autorizado situación que no se dio en este caso.

Noveno, el artículo 63, letra c), del Código de Ética, considerando que en atención a lo razonado por este Tribunal respecto del proceder del Colegiado, vistos en los párrafos anteriores, que efectivamente cometió infracción a normas estatutarias del Colegio y varios artículos del Código de Ética, son acciones que demuestran sin lugar a dudas que el recurrente tuvo un actuar irresponsable aun cuando los hechos publicitados eran ciertos.

Décimo, se señala sobre el actuar reprochable del Colegiado quien fue sujeto de pronunciamiento de rebeldía en su contra, como así quedó establecido en Sesión del Tribunal del día 20 de junio de 2018, no obstante que posteriormente con fecha 06 de julio haya presentado sus descargos.

Décimo Primero, el tribunal acoge las alegaciones establecidas por los denunciantes.

Culmina el informe, que la medida disciplinaria de censura no debiese interpretarse como agraviante, sino como el resultado de las acciones del colegiado señor nombre reservado y las normas trasgredidas del Código de Ética, las que fueron aplicadas por el Tribunal de Ética en el marco de sus atribuciones e imparcialidad en sus decisiones.

3°) Que la publicación que motivó las denuncias de asociados, el inicio del procedimiento seguido por integrantes del Tribunal de Ética, que culminó con la sanción del recurrente, a la sazón, Presidente del Colegio Profesional de Técnicos en Salvamento, tiene como título “Las desconocidas y Precarias Condiciones Laborales que denuncian los Bomberos de Aeropuertos”. Se señala la función que desempeñan, como trabajo al interior de los aeropuertos, ocuparse de controlar los animales que pueden entorpecer el tráfico aéreo, combatir incendios en las proximidades de los aeropuertos e incluso labores de emergencia ocasionadas por incendios forestales (verano de 2017). Dependen de la Dirección General de Aeronáutica Civil y técnicamente serían empleados civiles de la Fuerza Aérea de Chile. Se señala en la entrevista el deterioro de los cuarteles, como puertas corredizas y mecánicas inservibles, colchones en mal estado, no pago de horas extras, diálogo poco fluido para solucionar las dificultades existentes;

4°) Que, el acto recurrido es la sentencia del Tribunal de Ética contemplado en los Estatutos del Colegio Profesional de Técnicos en Salvamento y nombre reservado en Aeronaves de Chile A.G., la cual tiene fecha de 8 de octubre de 2018. En ella se aplica la sanción de Censura por Escrito, una de las medidas disciplinarias contempladas en el artículo Noveno de los Estatutos recién referidos, y que es una de las que puede aplicar el Tribunal de Ética conforme el mismo artículo. En el fallo, que hay un voto en contra del señor nombre reservado quien fue de parecer “de una Amonestación verbal” y la firma un solo miembro: nombre reservado, Presidente del Tribunal. No se indica el nombre del tercer integrante del Tribunal;

5°) Que, en el informe de la parte recurrida se hizo constar como hechos, entre otros, los siguientes: El 7 de julio de 2018 –ya comenzada la indagación- sesionó el Tribunal de Ética y considerando que el Secretario del Tribunal Sr. Roberto Lorca Villarroel estaba en el extranjero, se acordó esperar a su regreso para continuar con el proceso el 17 de julio. El 18 de julio se reinicia la sesión, instancia en que sólo participó el tercer integrante del Tribunal de Ética, Sr. nombre reservado y el Presidente del Tribunal, Sr. nombre reservado, quedando en acuerdo que la entregaría (su opinión, su voto, se entiende) lo que no ocurrió. El 22 de julio el Secretario del Tribunal, Sr. Roberto Lorca Villarroel 4 días al correo del Presidente del Tribunal, Sr. nombre reservado, sus consideraciones estatutarias y veredicto del caso, señalando que su voto es el de censura por escrito por incumplimientos estatutarios de mediana gravedad. El 23 de julio el Tribunal reinicia sesión reiterando el Presidente al tercer integrante que debe hacer llegar su resolución del caso, lo que no obstante tampoco ocurrió. La tercera vez fue el 24 de julio, habiéndose abierto un debate interno entre el Presidente y el tercer integrante, Sr. nombre reservado, en el que este último hizo ver su parecer en orden a que no debió haberse llevado a cabo un proceso en contra del Sr. nombre reservado (recurrente). El 31 de julio el tercer integrante del Tribunal renunció al cargo. El Presidente se dirigió entonces al Directorio Nacional del Colegio SSEI solicitando nombramiento de un suplente. Intertanto en la Asamblea Ordinaria (del órgano principal) queda en acuerdo por la mayoría de los colegiados presentes que el Tribunal de Ética vuelva a sesionar con el suplente que sigue en el listado que aparece en el Código de Ética y continúe el proceso contra el Presidente del Colegio Profesional. Se designó a don nombre reservado como tercer integrante, pero no podía sumir por una medida que registraba y que le impedía por 3 años asumir cargos en cualquier órgano del Colegio. Se designó entonces al Sr. nombre reservado.

En esta secuencia, lo último es que se formó mayoría entre el Presidente Sr. nombre reservado y el Sr. nombre reservado pero que el tercer integrante estuvo también por sancionar pero sólo con amonestación;

6°) Que el integrante del Tribunal de Ética, Sr. Roberto Lorca Villarroel aparece denunciando el mismo reportaje y las mismas conductas por las que finalmente es sancionado el Presidente del Colegio Profesional. En efecto, cuatro días después de la publicación del reportaje (18 Mayo, 22 Mayo) en correo de la DGAC, don nombre reservado remite a nombre reservado, nombre reservado, integrantes del Tribunal de Ética, texto de la carta comunicado y correo de los colegiados del Aeródromo Balmaceda representado por su delegado nombre reservado. El mensaje reenviado proviene de Roberto Lorca Villarroel, fechado el 22 de mayo a las 14:30 horas, comunicado a más de un centenar de correos electrónicos. El comunicado del personal SSEI del aeródromo a que se refiere, manifiesta que el señor nombre reservado se tomó la atribución de hablar o exponer en representación de todos los funcionarios del Servicio de Seguridad y Salvamento y nombre reservado en Aeronaves, sin preguntar, encuestar o tomar el parecer de los entes que “conformamos esta organización”. Más adelante entrega su opinión personal del reportaje efectuando una crítica al proceder del reporteado y solicita como delegado del Colegio SSEI del Aeródromo Balmaceda, al Tribunal de Ética del Colegio Profesional de Técnicos SSEI, realizar una investigación que tenga como propósito establecer si las declaraciones realizadas por el Presidente del Colegio, incurren en falta a las conductas que “debemos mantener en nuestro diario desempeño personal y laboral”.

Don nombre reservado, que más tarde llegaría a ser el tercer integrante del Tribunal de Ética dirigió correo electrónico al Presidente del Colegio (el recurrente) expresando su inquietud ante las palabras y documentos hechos públicos por parte de los señores colegiados don nombre reservado y don Roberto Lorca Villarroel, quienes pertenecen en calidad de titulares al Comité de Ética de “nuestro” Colegio y los cuales ya expresaron de antemano su postura “a los hechos acontecidos”. Lo anterior el 24 de mayo de 2018. El 26 de septiembre el Sr. nombre reservado remitió su voto fundado y el 4 de octubre escribió al Presidente del Tribunal un correo en que dice haber leído el fallo propuesto “por usted” y que vuelve a recalcar que el fallo es extemporáneo entregando las razones que cree le asisten para ello.

Ahora bien, ya está dicho que el Sr. nombre reservado reemplazó en el cargo al renunciado Sr. nombre reservado, quien al renunciar señaló que el motivo fundamental de su decisión es el actuar que no estima el más adecuado del Presidente del Comité de Ética y por haber ocurrido ciertas situaciones que a su parecer anulan lo actuado, afirmando que cuando en una actividad social le fue tocado el tema muy superficialmente él mencionó que lo más probable era que se inhabilitaría, pues más allá de lo formal, en el fondo muchas cosas serían ciertas, habiéndosele planteado que no lo hiciera y se actuara “en consecuencia”. Esta fue la misma oportunidad (una actividad social donde un amigo común) en que se habría decidido abrir la investigación. Así lo habrían decidido, el señor nombre reservado, además de los otros dos integrantes. Así se lo habría comunicado el Sr. nombre reservado;

7°) Que, en concepto de estos jueces es incuestionable que uno de los tantos asociados que efectuaron denuncias o manifestaron su disconformidad con lo vertido en el reportaje por el Presidente del Colegio Profesional nombrado, fue don nombre reservado, quien era además miembro titular del Comité de Ética y del Tribunal llamado a conocer del asunto. Está dicho que además de la denuncia formulada por él como delegado del Colegio SSEI del Aeródromo Balmaceda, vertió opiniones, en este caso críticas, pero de todos modos opiniones que lo predisponían en un determinado sentido, como precisamente lo fue, cuando él y el Presidente del Tribunal acuerdan sancionar al Presidente del Colegio Profesional con la medida de censura por escrito. Tal condición no era desconocida entre los asociados o colegiados, toda vez que su denuncia y el texto correspondiente se había hecho llegar todos quienes pudieran interesarse, tanto así, que hubo quienes –como lo vimos- que no estuvieron de acuerdo y criticaron que él que ya había adelantado opinión formase parte del Tribunal que iba a juzgar éticamente la conducta del ahora recurrente;

8°) Que, del modo establecido, no cabe duda de la falta de imparcialidad, al menos del Sr. nombre reservado, siendo una comisión especial la que se forma ad hoc para conocer de un determinado asunto, por lo mismo que no existe ninguna garantía de su imparcialidad, lo que en este caso, era peor, porque se sabía de antemano con certeza la decisión que este miembro del tribunal iba a adoptar. La ausencia de imparcialidad es esencial para juzgar la existencia de una Comisión Especial. De esta forma, quiere decir, que el recurrente de autos no fue juzgado con arreglo a las normas del debido proceso, concretamente, en cuanto interesa, en lo concerniente al tribunal. Es extremadamente delicado, que pese a las advertencias que existieron, dicha persona no se haya inhabilitado o no haya considerado inhabilitado por el tribunal de que formó parte. Esta omisión constituye una ilegalidad ciertamente, porque contraviene los Estatutos de la Institución conforme a los cuales “Todos los procedimientos que emplee el Tribunal de Ética para conocer y fallar las transgresiones a la ética y a la disciplina, deberán ajustarse a las normas del justo proceso, que estarán establecidas en el Reglamento respectivo” y, porque de acuerdo al artículo 63 del Código de Ética Colegio Profesional S.S.E.I., los miembros de los Tribunales de Ética, entre otros órganos internos, deben actuar con total responsabilidad, mostrando disciplina y calidad moral tanto en su quehacer profesional y actuar personal, procurando en todo momento, hacer una digna representación de todos los colegiados SSEI.

Ahora bien, este principio inspira la legislación constitucional y legal del orden jurídico en materia de condiciones de validez de los actos de un tribunal.

Por de pronto el artículo 11 de la Ley N°19.880 se ocupa de él en términos de que la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, en materia de procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

La señalada ilegalidad vulnera la garantía constitucional contemplada en el inciso 5° del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, garantía expresamente amparada por el artículo 20 de la Carta Política.

9°) Que, en estas condiciones, corresponde acoger el recurso de protección que se ha venido analizando, sin que la Corte deba inmiscuirse en las cuestiones de fondo resueltas en el acto impugnado.

Por estos fundamentos y lo dispuesto, además, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se acoge el recurso de protección deducido por Tomás Pablo Jordán Díaz, abogado, en representación de nombre reservado, Presidente del Colegio Profesional de Técnicos en Salvamento y nombre reservado A.G., disponiéndose que se deja sin efecto la sentencia dictada con fecha de ocho de octubre de dos mil dieciocho, por el Tribunal de Ética del Colegio Profesional ya aludido, con costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 79.742-2018.

Redacción del Ministro señor Silva Cancino, quien no firma por haber asumido en la Excma. Corte Suprema.

No firma la Ministra señora Barrientos, por estar haciendo uso de su feriado legal, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por el Ministro señor Mauricio Silva Cancino, conformada por el Ministro señor Carlos Gajardo Galdames y la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero.